El prisionero político Liosnel López Arocha, condenado a 12 años de cárcel tras las protestas del 11 de julio de 2021, se encuentra en huelga de hambre y celda de castigo, denunció su madre Maira Arocha.

Según explicó, supo la noticia en la tarde del miércoles por el testimonio de otros reclusos. Este jueves "me dirigí a la prisión donde me lo confirmaron".

A Arocha no la dejaron ver a su hijo. "Les digo que no voy a dejar de denunciar, mi hijo tiene una madre que está dispuesta a todo", aseguró.

La mujer insistió en que "nadie está autorizado a darle golpes y cualquier cosa que le pase es responsabilidad de ustedes".

" ABAJO El COMUNISMO asesino, destructor de muchas vidas y familia. Libertad, libertad, libertad mil veces para todos nuestros presos políticos", escribió Arocha en sus redes sociales.

El joven fue condenado tras las masivas manifestaciones por los supuestos delitos de "desórdenes públicos" y "atentado".

Al cierre de marzo, Cuba alcanzó los 1.250 presos políticos, según el más reciente informe de la organización Prisoners Defenders, que documenta un agravamiento sostenido de la represión en la isla.

“Este informe vuelve a demostrar que en Cuba la represión no tiene límites, que la prisión política sigue creciendo y que el silencio desprotege a las víctimas”, dijo a Martí Noticias Javier Larrondo, presidente de la organización.

Un hombre perdió la vida por el ataque de un malhechor que, junto a otros, intentaban robar en la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) Victoria de Girón situada cerca del poblado Cuatro Esquinas, en el municipio matancero Los Arabos.

Pedro Ruiz murió en la madrugada del 14 de abril por un disparo, presuntamente de una escopeta de cartuchos, cuando intentó proteger a su hijo, custodio de la entidad estatal.

“Fue sobre las dos de la mañana, los criminales se enredaron en una gresca con los custodios del lugar. Uno de ellos era el hijo de Ruiz que cuando sintió el escándalo fue corriendo a auxiliar al hijo y recibió un disparo en el pecho que le provocó la muerte”, relató a Martí Noticias, el activista Lázaro Ariel Padrón, residente de la comunidad.

“Se rumora que ya la policía descubrió a los asesinos. Hay como cuatro o cinco detenidos. Aquí la comunidad está conmovida por este tipo de situación: El vandalismo y la criminalidad acecha”, lamentó.

La tenencia de escopetas de cartucho en Cuba es legal, pero está estrictamente regulada y requiere una licencia emitida por el Ministerio del Interior (MININT). No es un derecho ciudadano, sino un permiso excepcional que se otorga principalmente para actividades de caza o deportivas.

El más reciente informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) documentó 2.833 reportes de delitos en 2025, resaltando que en 34 de ellos se registró el uso de armas de fuego, incluyendo algunas de fabricación casera.

“Este dato, aunque menor frente al volumen total, funciona como un indicador de peligrosidad social, ya que la presencia de armas incrementa la letalidad de los conflictos, favorece la escalada violenta en robos y asaltos, y marca una transformación del delito de acciones oportunistas y de subsistencia hacia escenarios más agresivos y con mayor riesgo para las víctimas”, asegura el dossier.

Las evidencias señalan que la delincuencia en Cuba atraviesa una etapa de expansión, diversificación y mayor impacto nocivo en la sociedad, arraigándose con más fuerza a nivel local, destaca.

La creciente inseguridad ciudadana es consecuencia directa de la crisis estructural del Estado, marcada por la pobreza extrema, la incapacidad de proveer servicios esenciales y el deterioro de los mecanismos de orden no políticos, asegura.

Otros observadores han alertado del aumento de la delincuencia armada y de los delitos cometidos con armas de fuego, incluyendo asaltos con armas largas para el robo de motocicletas en La Habana y asesinatos a tiros.

A principios de 2025, se reportó el uso de armas de fuego en un feminicidio, lo que representa una escalada en la letalidad de la violencia de género, tradicionalmente cometida con armas blancas.

Se ha reportado frecuentes incautaciones de armas por la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) de lo que podría inferirse el incremento de la portación y tenencia ilegal de armas de fuego en las calles.