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Violento allanamiento a oficina de legislador


Parlamento de Ecuador

La oficina del asambleísta Cléver Jiménez y la casa de su asesor, Fernando Villavicencio, fueron ocupadas por la fuerza.

La polémica y el malestar ciudadano continúan en Ecuador luego de que, la semana pasada, un grupo élite allanó la oficina y la casa de un legislador de la República y su asesor, respectivamente, mediante la figura del “acto urgente”. Algo que molestó es que el propio presidente Rafael Correa revelara conocer detalles de la indagación previa y dijera que “había sospechas” de que lo estaban espiando a él y su gobierno.

La oficina del asambleísta Cléver Jiménez y la casa de su asesor, Fernando Villavicencio, fueron ocupadas por la fuerza (y en plena madrugada, al mejor estilo de las Juntas Militares del Cono Sur, en los setenta) para investigar una supuesta interceptación de correos presidenciales y otras autoridades de Gobierno.

Miembros de la Fiscalía, de la Policía Nacional del Grupo de Operación y Rescate (GIR) y Policía Judicial no tuvieron en cuenta que en la casa del abogado y exasambleísta Fernando Villavicencio había niños pequeños, que han quedado traumatizados después de los sucesos.

Villavicencio es asesor del asambleísta del movimiento Pachakutik, Cléver Jiménez, y, desde hace varios años, se ha convertido en una figura incómoda para el gobierno de Correa por sus revelaciones acerca de la presencia china en Ecuador.

Varias voces críticas, entre ellas las del periodista Carlos Vera, han condenado que unos 30 efectivos militares ingresaran por la fuerza a la vivienda, como si se tratara de la captura de un peligroso narcotraficante, y no de un ex sindicalista, abogado y asesor de un legislador.

Mientras la Policía revisaba los documentos y los equipos en casa de Villavicencio (con los cuales cargaron), al activista se le impedía el acceso a su propia vivienda.
El propio Villavicencio (autor del libro ‘Ecuador, made in China’, que molestó bastante al gobierno cuando salió) confirmó que no fue notificado, y que tampoco se levantó una acta de registro de los artículos que se llevaron las autoridades: una tablet, una laptop y una Pc, con información que tenía gran parte de su trabajo como exasambleísta y asesor parlamentario. Lo que buscaban los comisarios, según explicó Villavicencio, eran varias denuncias documentadas de casos de corrupción que implican a altas autoridades del sector público.

Diversas reacciones han surgido luego de la cadena gubernamental en la que se justificó el allanamiento en las casas y oficinas de Villavicencio y Jiménez. Martha Roldós, ex parlamentaria, lamentó que se hubiera allanado la casa de Villavicencio “en un horario no adecuado y donde hubo niños. Además, no se permitió la entrada de su abogado. A esto se suma que se hayan realizado grabaciones y que no esté claro quiénes filmaron esta incursión”.

Para Roldós (el presidente) Correa está detrás de la orden de allanamiento (lo cual va en contra de la independencia de poderes) y cuestionó que el presidente confesara que “lo tenían todo filmado”.

Para José Luis Jaramillo, el fiscal que manejó el operativo, el caso tiene que ver con “una operación investigativa” enmarcada en el artículo número 35 del Código de Procedimiento Penal, cuya finalidad es “evitar la consumación de un delito y recabar, recaudar y asegurar las evidencias”.

Según Jaramillo, el contenido del llamado “acto urgente” está bajo reserva porque se trata de una conducta que todavía está en proceso de indagación.

Así las cosas, y después del caso del legislador Galo Lara el año pasado (hoy asilado en Panamá), vuelve a discutirse si la figura de la inmunidad parlamentaria sigue teniendo sentido en Ecuador, un país donde cada vez es más visible la intromisión del Ejecutivo en la Justicia.
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