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Nueva audiencia en el caso de Argentina contra acreedores


Archivo (2014) El abogado del Gobierno argentino Carmine Boccuzzi (2i) camina junto a su equipo legal a la salir del Tribunal del Segundo Circuito de Nueva York .

No se espera la presencia de altos funcionarios argentinos, pero el Gobierno de Buenos Aires, parte involucrada en esta audiencia, estará representado por los abogados que lo defienden en esta causa y que hoy mismo presentaron documentación al tribunal.

Un tribunal de Nueva York celebrará este martes una nueva audiencia en el caso que enfrenta a Argentina con fondos acreedores y que puede resultar clave en un litigio que, de no resolverse, coloca al país en riesgo del cese de pagos. La audiencia fue convocada el pasado 16 de julio por el juez Thomas Griesa, que lleva el caso del reclamo presentado por fondos de acreedores que no se sumaron a los planes de reestructuración aprobados por Buenos Aires en 2006 y 2010.

La cantidad reclamada, incluyendo intereses y capital, alcanza cerca de 1.500 millones de dólares, pero puede ser mayor si los efectos del pleito se extienden a otros acreedores que no forman parte del grupo de querellantes. El juez ha convocado a varios bancos para las "aclaraciones" que han planteado, así como a la "reconsideración parcial" presentada por uno de los principales fondos litigantes, NML, en una audiencia que comenzará a las 10 y medio de la mañana.

No se espera la presencia de altos funcionarios argentinos, pero el Gobierno de Buenos Aires, parte involucrada en esta audiencia, estará representado por los abogados que lo defienden en esta causa y que hoy mismo presentaron documentación al tribunal. Las aclaraciones han sido planteadas por bancos que han
solicitado al juez Griesa que defina qué hacen con fondos que han recibido de parte de Argentina para cubrir vencimientos de deuda canjeada y que, de momento, están congelados.

El Gobierno argentino ha pedido al juez Griesa una medida cautelar para que mantenga frenada la aplicación de un fallo a favor de los fondos de inversión querellantes, con el fin de que pueda hacer efectivos sus compromisos de vencimiento de deuda. Pero los fondos litigantes han pedido al magistrado el embargo de esos desembolsos, lo que puede complicar a Argentina sus obligaciones presentes y futuras en el cumplimiento de sus vencimientos de deuda soberana.

De no darse vía libre al pago al que ya se ha comprometido Argentina, en un plazo que vence el 30 de julio, entraría en una especie de cese de pagos técnico, no tanto por voluntad del emisor de la deuda sino por la imposibilidad de cumplir con el pago.

Uno de los mayores problemas al que se enfrenta el Gobierno de Argentina es una cláusula que obliga a extender a la totalidad de los tenedores de bonos cualquier mejora que obtengan los fondos querellantes. Esta cláusula, conocida por sus iniciales en inglés de RUFO (Derechos sobre Futuras Ofertas), es a la que se opone el Gobierno de Argentina, según reiteraron en el memorando que entró con fecha de hoy en el tribunal.

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