La decisión del gobierno de Argentina de expropiar el 51 por ciento de la firma petrolera YPF, una filial de la española Repsol, ha desatado una ola de protestas y puesto a la presidenta argentina, Cristina Fernández, en el ojo de una tormenta internacional.
En Madrid, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, dijo que Argentina "se ha dado un tiro en el pie" con su decisión de expropiarle YPF a Repsol y quebró la confianza que durante años tuvo de parte de España y de la comunidad internacional.
El presidente de la firma, el español Antonio Brufau, acusó al gobierno en Buenos Aires de manipular a la opinión pública y de haber expropiado la empresa para "tapar la crisis social y económica que está enfrentando" Argentina.
"El país tiene una crisis, con niveles de inflación superiores a los que declara; de transporte; y crisis cambiara arbitraria que ha llevado a que la economía argentina no sea competitiva a los tipos actuales", dijo el alto directivo.
Según el ministro de Justicia español, Alberto Ruiz-Gallardón, la decisión ha sido "un
error político extraordinario" de Argentina y aseguró que habrá una respuesta contundente "a través de organismos internacionales" y en las propias relaciones bilaterales Madrid-Buenos Aires.
Por lo pronto, el canciller García-Margallo convocó al embajador de Argentina en Madrid, Carlos Bettini, para patentizar la protesta del gobierno español, y la Comisión Europea (CE) suspendió una reunión del comité conjunto con Argentina que iba a celebrarse el 19 y 20 de abril en Buenos Aires.
La CE considera “ilegal” la expropiación si no conlleva una compensación adecuada, que ya la propia Repsol ha situado en al menos $10.500 millones de dólares, de los $18.300 millones de dólares que estima de valor a la compañía.
Entre las voces que salieron en defensa de Repsol está también la de Francia, que reclamó "diálogo" y que se "respete el derecho" por parte del gobierno argentino.
En virtud de los acuerdos bilaterales suscritos entre España y Argentina, Repsol podría acudir a tribunales en Naciones Unidas y el Banco Mundial, una vez que el Congreso argentino apruebe la ley de expropiación decidida por la presidenta Fernández.
En Madrid, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, dijo que Argentina "se ha dado un tiro en el pie" con su decisión de expropiarle YPF a Repsol y quebró la confianza que durante años tuvo de parte de España y de la comunidad internacional.
El presidente de la firma, el español Antonio Brufau, acusó al gobierno en Buenos Aires de manipular a la opinión pública y de haber expropiado la empresa para "tapar la crisis social y económica que está enfrentando" Argentina.
"El país tiene una crisis, con niveles de inflación superiores a los que declara; de transporte; y crisis cambiara arbitraria que ha llevado a que la economía argentina no sea competitiva a los tipos actuales", dijo el alto directivo.
Según el ministro de Justicia español, Alberto Ruiz-Gallardón, la decisión ha sido "un
error político extraordinario" de Argentina y aseguró que habrá una respuesta contundente "a través de organismos internacionales" y en las propias relaciones bilaterales Madrid-Buenos Aires.
Por lo pronto, el canciller García-Margallo convocó al embajador de Argentina en Madrid, Carlos Bettini, para patentizar la protesta del gobierno español, y la Comisión Europea (CE) suspendió una reunión del comité conjunto con Argentina que iba a celebrarse el 19 y 20 de abril en Buenos Aires.
La CE considera “ilegal” la expropiación si no conlleva una compensación adecuada, que ya la propia Repsol ha situado en al menos $10.500 millones de dólares, de los $18.300 millones de dólares que estima de valor a la compañía.
Entre las voces que salieron en defensa de Repsol está también la de Francia, que reclamó "diálogo" y que se "respete el derecho" por parte del gobierno argentino.
En virtud de los acuerdos bilaterales suscritos entre España y Argentina, Repsol podría acudir a tribunales en Naciones Unidas y el Banco Mundial, una vez que el Congreso argentino apruebe la ley de expropiación decidida por la presidenta Fernández.
