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La Ley de Comunicación: la piedra en el zapato de Correa


Una protesta en Quito para exigir la libertad de prensa

Este miércoles se suspendió la votación para su aprobación. De concretarse, el 33% de las frecuencias estaría en manos del Estado ecuatoriano.

Este miércoles se suspendió la votación para su aprobación. De concretarse, el 33% de las frecuencias estaría en manos del Estado.

Para hoy estaba prevista en la Asamblea Nacional de Ecuador la sesión en la que se votaría por fin la tan llevada y traída Ley de Comunicación, pero el presidente de esa entidad, Fernando Cordero, sorpresivamente la suspendió. Nadie sabe exactamente las razones, pero se sospechan pues la ley de marras, que lleva tres años entrando y saliendo del congelador, se ha convertido en la piedra en el zapato del Gobierno.

Con la presencia de 122 legisladores, la Asamblea Nacional había decidido continuar este miércoles la sesión 136, para someter a votación el proyecto final de Ley Orgánica de Comunicación, presentado por el asambleísta oficialista Mauro Andino. Pero los parlamentarios quedaron de nuevo con los crespos hechos.

En el pasado feriado de Semana Santa, la mayor preocupación de la oposición era que el oficialismo se dedicara a “comprar conciencias” por no tener todavía la cantidad de votos necesarios para la aprobación.
Uno de los asambleístas que más ha combatido la Ley es César Montúfar, de Concertación Nacional, quien es partidario de que se archive el proyecto por “antidemocrático y monopolizador de frecuencias”, una idea cuya sola mención aterra al oficialismo.

Montúfar alertó el lunes pasado sobre la inclusión de un inciso que permitiría al presidente de la República crear medios públicos bajo los mismos parámetros de una empresa estatal, lo que le daría potestad para controlarlos directamente. O bajo la figura de algún ministerio. También advirtió sobre el hecho según el cual, de aprobarse la ley, el 33% de las frecuencias estará en manos del Estado.
En esta entrevista, el asambleísta exorciza los demonios de la controvertida Ley.

¿El oficialismo correísta no tendrá los votos necesarios para la aprobación de esta Ley?

Nadie tiene una bola de cristal, pero yo espero que los asambleístas actúemos de acuerdo con el mandato que tenemos. Y ese mandato es el de no aprobar ninguna Ley, ninguna norma que viole el derecho más importante, el de pensar y expresarse libremente de quienes los eligen. Aprobar esta Ley de Comunicación es ponernos una mordaza, es entregarle al presidente y al Gobierno la posibilidad de determinar qué debemos escuchar, que debemos mirar en la televisión. Y sin libertad de expresión no hay democracia, por eso espero que ese proyecto sea archivado y que aprobemos una ley de comunicación que promueva los derechos de todos.

¿La Corte pudiera entrar a jugar de no ser aprobada en la Asamblea la Ley de Comunicación?

Si es que leemos correctamente la Constitución no habría ninguna razón para que la Corte Constitucional, ni dé un plazo a la Asamblea, ni expida una ley constitucional. La Constitución es muy clara en el sentido de que cuando, por omisión, no se observe un mandato constitucional entonces la Corte podría operar. En este caso no ha habido omisión, yo fui el primer asambleísta que presentó un proyecto de Ley, hemos venido discutiendo esto desde septiembre del año 2009, así que no ha habido omisión y no cabe la intervención de la Corte. Lo único que sería posible es que la Asamble reinicie un proceso, apruebe una verdadera Ley de comunicación que sea democrática e incluyente. Pero en este mundo de arbitrariedad -donde se hace y deshace en función de los intereses del Ejecutivo- todo puede pasar.


En la nueva Ley apareció un inciso según el cual se podrán crear medios públicos siguiendo los mismos parámetros con los que se crean las empresas del Estado, lo que traiciona la verdadera función de un medio público. ¿Qué opinión le merece ese cambio?

Mire, yo creo que ese es el único cambio que se ha introducido después del llamado “proceso de socialización”. Y es muy grave pues oficializa de un solo plumazo algo que ya existe en la realidad, pero se legaliza mediante un decreto ejecutivo: que el Secretario de Comunicación tenga bajo su cargo Ecuador TV, Radio Pública, El Telégrafo… y todos los medios públicos que ahora serán creados como empresas estatales. Eso es una tergiversación aberrante de lo que fue un avance en la Constitución, la creación de medios públicos, medios de y para la ciudadanía. Lo que tenemos es un proceso en el que, al transformar los medios públicos en gubernamentales, estos se convierten en propiedad de funcionarios públicos, de autoridades elegidas por votación popular. Ellos concentrarían el 33% de las frecuencias.

¿El 33% de las frecuencias?

Como si el ser elegido para ejercer un cargo público le diera la potestad de tener un medio de comunicación. Vamos a tener la posibilidad de que cualquier funcionario cree medios públicos y estos se conviertan en altavoces de propaganda proselitista. Eso es una tergiversación del principio constitucional, y conduce a lo que es el objetivo principal de este gobierno: la concentración y el monopolio de la comunicación.


¿Cómo quedarían los medios incautados por el Gobierno al grupo Isaías de acuerdo con ese nuevo cambio?

Es increíble que no se diga nada de esos medios incautados, que no se establezca, como propusimos, que sean vendidos inmediatamente luego de una auditoría. Lo que se busca es que permezcan como hasta ahora, siendo altavoces de la política de comunicación del Ejecutivo. Si a esto usted le suma que en el proyecto de ley no hay ninguna limitación a la propaganda, a las cadenas nacionales, nos encontramos con un esquema en el cual el Gobierno busca tener el monopolio de la información. No sólo de la propiedad sino también de las audiencias, y eso es profundamente antidemocrático.

¿Quién controlará a estos llamados medios públicos en la nueva Ley?

En teoría siempre estuvieron también regulados los públicos, pero la pregunta es: ¿Quién controla al Consejo de Regulación?, es muy difícil que los medios en manos del Estado vayan a tener algún control. Más que eso se trata de las atribuciones que tiene este consejo para castigar a los medios. Este ente es una comisaría, los medios van a ser bombardeados por denuncias administrativas. El Consejo será regulado por el Presidente, quien va a ser básicamente el que determine y castigue a los medios de comunicación cuando publiquen noticias que no le convienen.

¿Los periodistas de un medio público no tendrán que darle cuentas a nadie, si van a ser una suerte de funcionarios públicos intocables?

Tendrán que darle cuentas a la institución pública que creó el medio, es decir si es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, será el presidente de ese organismo quien dirija el medio de comunicación. Si es un Ministerio, si es una Secretaría Nacional, el propio ejecutivo, lo que tenemos ahí es un esquema de medios estatales, no públicos. Por eso creo que esta Ley, lejos de ser democratizadora como tanto se llenan la boca diciendo, es más bien concentradora, autoritaria.
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