El presidente de Chile Gabriel Boric dijo el jueves que decidió llamar a consultas al embajador chileno en Caracas para que informe sobre la situación en el país, al criticar duramente las declaraciones formuladas por el canciller venezolano sobre la banda criminal Tren de Aragua.

A inicios de esta semana, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, dijo durante una visita a su par colombiano que la existencia de esa organización es una ficción mediática internacional para tratar de crear "una marca".

"Las afirmaciones irresponsables del Canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización", dijo el presidente en la red social X.

"He tomado la decisión de llamar a consulta al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, con el objetivo de recabar información detallada sobre la situación actual en el país e instruirlo a tomar todas las acciones que sean necesarias", añadió, tanto ante el gobierno venezolano como organismos internacionales.

El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato una solicitud de comentario.

Durante la semana altos funcionarios del gobierno chileno, como la ministra del Interior Carolina Tohá y el canciller Alberto van Klaveren, ya habían cuestionado las declaraciones.

Los comentarios de Gil "demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable", añadió Boric.

En los últimos años Chile, uno de los países más estables y seguros de la región, ha visto un aumento de los crímenes violentos y una mayor frecuencia de delitos antes poco comunes como los secuestros extorsivos, que las autoridades atribuyen a la penetración del crimen organizado.

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos y la defensa de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron este jueves la campaña “Está pasando de nuevo” que busca elevar el tema de las personas privadas de libertad.

En una conferencia de prensa virtual, los organizadores subrayaron que hasta finales de febrero de 2024, las cifras de personas prisioneras por motivos políticos son alarmantes con un estimado de 1.092 cubanos, 269 venezolanos, y 121 nicaragüenses bajo privaciones de libertad.

Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una de las organizaciones que participa en la campaña, dijo que la misma busca la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional para el respeto a los derechos humanos.

“Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Costa Rica, de España. Hay una serie de países que son claves en la región para defender los derechos humanos y esta campaña apela a estos países y a estas democracias para que hagan un esfuerzo”, contestó Larrondo a una pregunta de Martí Noticias sobre el objetivo de la campaña.

“Además vemos como las dictaduras totalitarias no se estancan sino que estamos viendo un proceso de expansión de las mismas y, por lo tanto, es muy importante hacer conciencia, sobre todo ello”, añadió.

Victor Navarro, periodista y ex preso político nicaraguense, director de la ONG Voces de la Memoria, dijo que la campaña necesita las voces de los países democráticos.

“En Venezuela, Cuba y Nicaragua estamos viendo cómo ha aumentado la represión. Hemos visto cómo se han exacerbado las detenciones arbitrarias y cómo cada vez existen más presos políticos… Necesitamos de los países democráticos, cuyas instituciones son más sólidas para nosotros poder alzar más la voz y exigir que ya no hayan más presos políticos en nuestros países”, declaró Navarro.

En la conferencia también participó Alain Espinosa, abogado de Cubalex, quien presentó un panorama de las terribles condiciones en las prisiones cubanas y calificando de lesivas para la condición humana “las condiciones que se establecen en el sistema penitenciario cubano y sobre todo para las personas que están allí por motivos políticos”.

“Lo que describió Luis Manuel Otero Alcántara son catedrales del mal y yo creo que lo primero que hay que plantear es que esto parte siempre de la voluntad política del gobierno que hay en Cuba desde 1959”, dijo Espinosa, refiriéndose al prisionero político y creador del Movimiento San Isidro.

Espinosa opinó además que aumentar la visibilidad de la situación de los presos políticos junto a un aumento de las sanciones contra los regímenes en Cuba, Venezuela y Nicaragua “aumenta el costo político a estos estados y hace realmente que se sientan incómodos y tengan que al menos ir modificando los patrones represivos que utilizan”.

La campaña está presente en Facebook, y en Instagram y tiene también su propia página web https://estapasandodenuevo.com

Con los votos de 29 países, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que condena la "intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la Misión".

Ecuador votó en contra y El Salvador se abstuvo. México, que rompió relaciones diplomáticas con el país sudamericano, estaba ausente.

La resolución reafirma “la obligación de todos los Estados de velar por el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas y del principio de inviolabilidad, de conformidad con el derecho internacional, como requisito fundamental y crucial para las relaciones pacíficas entre los Estados”.

Asimismo reafirma “la obligación que tienen los Estados Parte de la Convención de Asilo Diplomático de 1954 de respetar en su integridad todas sus disposiciones”.

También reafirma que “sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor; y que también están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado”.

LA OEA en su resolución, exhortó al Ecuador y México a que, “de acuerdo con el derecho internacional, inicien un diálogo y tomen acciones inmediatas para resolver este grave asunto de manera constructiva” y puso a la disposición de ambos gobiernos “los buenos oficios de la Organización de los Estados Americanos para facilitar todo esfuerzo que pueda ser útil”.

En comentarios después de la votación, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora, reiteró el compromiso de Estados Unidos con el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Convención de Viena y dijo que Washington condena cualquier violación de este acuerdo.

“El gobierno ecuatoriano hizo caso omiso de sus obligaciones en virtud del derecho internacional como Estado anfitrión de respetar la inviabilidad de las misiones diplomáticas... Este punto está plasmado en la resolución aprobada por este Consejo”, expresó Mora.

La aprobación abrumadora de la resolución ocurrió a pesar de que en una sesión celebrada la víspera, la delegación de Ecuador justificó las acciones en la sede diplomática mexicana.

En la sesión, el viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos, pidió a la comunidad internacional “revisar y actualizar” las normas sobre asilo diplomático y otros instrumentos internacionales para erradicar los nuevos fenómenos delictivos de crimen organizado trasnacional.

Dávalos aseguró que el exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, acusado de corrupción y que estaba asilado en la embajada de México en Quito cuando entraron las tropas ecuatorianas, “no reunía los requisitos” para recibir el asilo.

Asimismo, dijo que México, con su actitud, “socava y desnaturaliza” la figura del asilo y se promueve la impunidad.

Por su parte, en la sesión del martes, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que se debe respetar el derecho internacional y que las sedes diplomáticas son inviolables. También añadió que la redada del ejército ecuatoriano en la embajada de México el pasado 5 de abril no podía estar justificada por las leyes internas.

“No hay duda que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del orden jurídico internacional”, declaró Almagro en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo.

El Secretario General llamó a "exigir que se retome la senda de la legalidad internacional", porque no se puede permitir, dijo, "que quede como precedente lo ocurrido" e instó a ambos países a encontrar una solución pacífica a las disputas.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que se debe respetar el derecho internacional y que las sedes diplomáticas son inviolables. También añadió que la redada del ejército ecuatoriano en la embajada de México el pasado 5 de abril no podía estar justificada por las leyes internas.

“No hay duda que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afecta gravemente los principios fundamentales del orden jurídico internacional”, declaró Almagro en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo.

El Secretario General llamó a "exigir que se retome la senda de la legalidad internacional", porque no se puede permitir, "que quede como precedente lo ocurrido" e instó a ambos países a encontrar una solución pacífica a las disputas.

Por su parte, el viceministro de Movilidad Humana de Ecuador, Alejandro Dávalos, acusó a México de obstaculizar el “funcionamiento del sistema judicial ecuatoriano” al conceder asilo político a exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas , acusado de corrupción.

"México ha hecho énfasis en la importancia y el respeto a la institución del asilo. No obstante, su actitud socava y desnaturaliza el concepto de asilo diplomático, tergiversando el verdadero espíritu de las convenciones que regulan esta institución al concedérselo a un condenado y prófugo de la justicia ecuatoriana, promoviendo la impunidad”, dijo Dávalos.

También pidió actualizar las normas y convenios en materia de asilo político "para erradicar lo que denominó “los nuevos fenómenos criminales del crimen organizado transnacional".

La reunión del martes no contó con la participación de la representante mexicana ante el organismo, Luz Elena Baños, ya que fue una sesión convocada por Ecuador.

Este miércoles, se celebra en Washington una segunda sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA convocada por Colombia y Bolivia y abordará “la violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y su vínculo con la figura del asilo, así como las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador”, según indica la convocatoria.

Mientras tanto, el gobierno mexicano difundió el martes videos inéditos que muestran el momento en el que las fuerzas policiales ecuatorianas irrumpieron en su embajada en Quito para apresar a Glas, que había recibido asilo politico.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, presentó durante su conferencia matutina las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la sede diplomática en las que se observa el instante en el que los agentes ecuatorianos entran de manera violenta a la residencia en medio de la noche.

El asalto provocó una suspensión de las relaciones con Quito por parte de México, y el gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, criticó la inusual incursión diplomática y el arresto como una acto "autoritario" y una violación del derecho internacional y de la soberanía de México.

La Fiscalía de Venezuela anunció este martes la detención del ex ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, un político que hasta hace poco más de un año pertenecía al círculo de confianza de Nicolás Maduro.

El ex funcionario venezolano se encontraba en un limbo legal desde que se destapara una trama de corrupción que afectaba a la estatal PDVSA. El arresto fue anunciado cuando falta poco más de tres meses par las elecciones presidenciales que se disputarán el 28 de julio próximo.

Además, fueron detenidos Simón Zerpa, ex ministro de Economía y Finanzas y ex presidente del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), y el empresario Samark López, acusado de lavado de dinero y a quien señalan como testaferro de El Aissami.

En una rueda de prensa, el fiscal Tarek William Saab dijo que los arrestos fueron posibles gracias a "recientes delaciones de, al menos, cinco testigos" entrevistados por funcionarios del Ministerio Público.

Saab, quien mostró imágenes del momento en el que El Aissami fue capturado, afirmó que será "procesado e imputado por gravísimos delitos”, entre ellos "traición a la patria; apropiación o distracción del patrimonio público; alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias; legitimación de capitales y asociación”.

Sobre López, a quien calificó como un “bichito” que “se las da de empresario”, dijo que jugó un papel “legitimador de capitales y lavador de dinero”.

Zepa, acotó, estaba “vinculado a la mafia financiera a través de fichas que tenía El Aissami dentro del Fonden y el Ministerio de Finanzas”.

"El objetivo y el fin de esta mafia, encabezada por Tareck El Aissami, no era otro que implosionar la economía nacional, destruir nuestra moneda presionando al alza del dólar paralelo, y así hacer fracasar las políticas económicas impulsadas por el Ejecutivo", señaló.

Asimismo, destacó que las operaciones fraudulentas involucraron no solo a PDVSA, sino también a la Superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip) y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

El Aissami, cercano también al fallecido expresidente Hugo Chávez, renunció a su cargo como ministro luego de que fueran detenidos varios altos funcionarios de su entorno.

En 2017, la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU lo había señalado como un “narcotraficante especialmente designado”.

El año pasado las autoridades venezolanas iniciaron operativos en los que decenas de altos funcionarios públicos y empresarios fueron arrestados y acusados de corrupción y malversación de fondos en empresas del Estado.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) correspondiente a 2023, Venezuela es el segundo país más corrupto del mundo.

"Miles de millones de dólares de dinero público han sido malversados sistemáticamente, beneficiando a unos pocos individuos poderosos", cuestionó Transparencia Internacional en el informe.