En medio de las tensiones cada vez más crecientes alrededor de Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro, este jueves una misión independiente de Naciones Unidas dio a conocer un informe donde se asegura que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ha cometido graves violaciones de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad durante más de 10 años.
La "Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela” concluye en el documento que la GNB tuvo implicación directa en detenciones arbitrarias, torturas y otras formas de violencia, durante protestas populares y en acciones de persecución política hacia la oposición.
La investigación expone varios escenarios donde se muestra el rol de la GNB como mano represiva del régimen de Maduro, entre ellos las manifestaciones populares contra la dictadura y las fallas del sistema judicial chavista, que permiten la impunidad de funcionarios y efectivos militares.
En cuanto a las protestas, el texto hace una relatoría sobre episodios de represión en los años 2014, 2017, 2019 y 2024, donde la GNB usó armas de fuego de manera indiscriminada, apuntadas a áreas sensibles del cuerpo de los manifestantes. La Misión recibió información de la existencia de una práctica de modificar proyectiles para causar mayor daño.
"Se documentaron detenciones arbitrarias masivas y selectivas, violencia física durante arrestos, siembra de evidencia, torturas y malos tratos, incluso violencia sexual y de género dentro de instalaciones de la GNB usadas como centros de detención transitoria”, asegura un comunicado de prensa de la ONU que aborda los pormenores del informe.
En lo relacionado con el desempeño del sistema judicial venezolano, en manos del chavismo, el informe destaca que existe una estructura orientada a la impunidad, que crea vacíos legales y pone de manifiesto la incapacidad o falta de voluntad para investigar o procesar las violaciones cometidas por la Guardia Nacional Bolivariana.
Entre ellas, el reporte menciona investigaciones sin avances, paralización de procesos de manera prolongada, manipulación de evidencias y obstrucción deliberada por parte de oficiales de la GNB. “La Misión estimó que existen motivos razonables para creer que funcionarios de la Guardia, así como altos mandos militares y políticos podrían ser penalmente responsables”, asegura.
La doctrina de “seguridad nacional” aplicada por el régimen venezolano desde tiempos de Hugo Chávez y que hoy lleva a la práctica fielmente la dictadura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, fusionó las funciones militares y policiales en un cuerpo, la GNB, lo cual amplió su papel en operaciones de mayor control social y de represión interna.
Esta “nueva doctrina” fue parte de la reorganización de la estructura del Estado venezolano, liderada por Chávez y que centralizó la cadena de mando bajo la dirección del “presidente” del país como Comandante en jefe de la Fuerzas Armadas, facilitando la realización de acciones ilícitas sin formas o vías efectivas de control o rendición de cuentas.
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