América Latina
Ante falta de independencia judicial, Venezuela necesita monitoreo internacional, afirman 125 organizaciones civilistas

"El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debe renovar el mandato de su Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela", señalaron 125 organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en temas de Venezuela.
"La Misión, establecida en 2019 para investigar violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela, ha desempeñado un papel central en el reclamo de que haya rendición de cuentas por delitos graves cometidos en el país y asegurar el escrutinio internacional sobre la crisis en curso, manifestaron las organizaciones en un documento conjunto de preguntas y respuestas", indicó Human Rights Watch (HRW) en un comunicado de prensa.
Los expertos de la Misión presentarán su tercer informe durante la sesión 51 del Consejo de Derechos Humanos, desde el 12 de septiembre al 7 de octubre. Se requiere una resolución para extender el mandato después de septiembre. En el pasado, un grupo de países de América Latina lideraron esta iniciativa y presentaron un texto que establecía la adopción del mandato de la Misión. De someterse a votación, requerirá una mayoría simple de los miembros votantes para que se apruebe.
"Los gobiernos latinoamericanos", señalaron los 125 grupos civilistas, "deberían encabezar nuevamente esta iniciativa para promover medidas de rendición de cuentas y los esfuerzos de monitoreo en curso, además de urgir a todos los estados miembros de la ONU a renovar el mandato". Estas ofrecerán una conferencia de prensa sobre este tema el 17 de agosto a las 10 am, hora de Caracas.
El Consejo de Derechos Humanos creó la misión de determinación de los hechos en 2019 con el objeto de investigar “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014”, incluyendo violencia sexual y de género, con miras a “asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”. En 2020, el mandato inicial de un año que se había otorgado a la misión se extendió por otros dos años, hasta septiembre de 2022.
En 2020, la misión concluyó que había motivos suficientes para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad, que “autoridades de alto nivel tenían conocimiento de esos delitos” y “jefes y superiores sabían o debían haber sabido de esos delitos y [...] no tomaron medidas para impedirlos o reprimirlos”.
En su segundo informe, publicado un año más tarde, la misión documentó la falta de independencia judicial y la impunidad por las violaciones de derechos humanos, y manifestó que el sistema judicial de Venezuela funcionaba "como un mecanismo de represión en lugar de garante de derechos, alentando a los agentes del Estado a continuar perpetrando abusos", precisó HRW.
La falta de implementación de las recomendaciones de la misión por parte de las autoridades venezolanas y las condiciones estructurales que llevaron a la creación de la misión persisten, incluyendo la impunidad, la falta de mecanismos internos de reparación a las víctimas y continuos intentos, por parte del gobierno, de eludir el escrutinio internacional, dijeron las organizaciones.
Frente a un gobierno venezolano que no responde seriamente a las recomendaciones, la misión "ha avanzado en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación para las víctimas y sobrevivientes de violaciones de derechos humanos".
Si se renovara el mandato, "los expertos podrían continuar reuniendo evidencias sobre las graves violaciones de derechos humanos que todavía se cometen, podrían reportar sobre las dinámicas en el país y proveer recomendaciones necesarias".
Las elecciones presidenciales están previstas para el año 2024, y las elecciones legislativas y regionales para el 2025. La represión gubernamental ha alcanzado niveles máximos durante los últimos períodos electorales. En este contexto, la misión puede tener un papel clave de alerta temprana que contribuya a disuadir tales abusos, señalan las organizaciones.
El documento conjunto explica que la misión de determinación de los hechos complementa y respalda el papel de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). También destaca que la misión puede ayudar a fortalecer las negociaciones políticas, ayudando a asegurar que cualquier discusión incluya un enfoque de derechos humanos que contribuya a mejorar la situación en Venezuela.
Las autoridades venezolanas están adoptando una estrategia de aparente colaboración —que no es genuina— con el Consejo de Derechos Humanos y los procedimientos de este organismo, tal como ocurrió en 2019 y 2020, indicó HRW. No obstante, en su actualización oral de julio 2022, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, informó que a su equipo ya no se le permite el acceso a dos centros de detención de Venezuela, Helicoide y Boleíta, ni a centros de detención militar donde los presos se encuentran arbitrariamente detenidos por motivos políticos.
Las autoridades tampoco pusieron en práctica recomendaciones que formularon varios expertos de los mecanismos de derechos humanos de la ONU.
Las reformas al sistema de justicia anunciadas recientemente por las autoridades venezolanas no abordaron de modo significativo el grave daño causado a la independencia judicial, y no garantizan que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas y eficaces de las violaciones de derechos humanos, explicaron las 125 organizaciones.
Los firmantes:
AC Conciencia Ciudadana
AC Instituto Mead de Venezuela
AC Liderazgo y Vision
AC Los Naguaritos
AC Médicos Unidos de Venezuela
AC Trabajando Sin Frontera
Acceso a la Justicia
Acción En Positivo
Acción Solidaria
AlertaVenezuela
Alianza de Familiares de Víctimas en Venezuela (AlfavicVzla)
Amnesty International
Asociación Cauce
Asociación de Liderazgo para la Mujer (ALMA)
Asociación Mujeres Sin Fronteras
Asociacion Venezolana para la Hemofilia
Asosaber
Aula Abierta
Bandesir Lara
CADAL
Caleidoscopio Humano
Caminos de la Memoria
Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado
Center for Intercultural Dialogue (North Macedonia)
Center for Justice and Peace (CEPAZ)
Centre for Civil and Political Rights (CCPR-Centre)
Centro de Atención Integral Psicopedagogica Individual (CAIPI)
Centro de Atención Psicosocial CAPS
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)
Centro de Investigación Social, Formación y Estudios de la,Mujer (CISFEM)
Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Children Believe
Ciudadanía Con Compromiso AC
Civil Rights Defenders
Civilis Derechos Humanos
Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa
Comisión de Derechos Humanos/COMISEDH
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos
Comisión Episcopal de Acción Social – Peru
Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Lara
Comisión ULA Mujer
Comité de DDHH para la defensa de pensionados, jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad
Comunidad en Movimiento AC
Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional
Coordinadora de Lucha Vecinal Lara
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
DefensActiva
Defiende Venezuela
Diverlex Diversidad e Igualdad a Través de la Ley
Doria Esther Benaim
Due Process of Law Foundation/Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Entretejidas
Epikeia Derechos Humanos
Espacio Público
Foro Penal
Freedom House
Funcamama, fundación de lucha contra el cáncer
Fundacion Aguaclara
Fundación Aylwin Chile firma
Fundación Ciudadanía y Desarrollo
Fundación Construir
Fundación Euménica para el desarrollo y la paz (FEDEPAZ)
Fundación Iribarren Lucha
Fundación Lucelia
Fundacion Prodefensa del Derecho a la Educación y la Niñez
FundaRedes
FUNDEMUL Venezuela
Global Centre for the Responsibility to Protect
GobiérnaTec
Hearts On Venezuela
Hombres por la equidad e igualdad
Human Rights Watch
Iniciativa para Una Justicia Igualitaria ONG
Instituto de Prensa y Libertad de Expresión IPLEX
Instituto Prensa y Sociedad IPYS (Perú)
Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos -INVESP
International Center for Transitional Justice
International Commission of Jurists (ICJ)
International Service for Human Rights (ISHR)
Justicia Encuentro y Perdón
KISTH
Laboratorio de Paz
Maria Antonieta Torres Ferrer
María Teresa Sánchez.
Monitor de Víctimas
Movimiento Manuela Ramos
Movimiento Ciudadano Dale letra
Movimiento Decode
Movimiento San Isidro (MSI)
Mulier
Observatorio de Derechos Humanos Universidad de Los Andes
Observatorio Global de Comunicacion y Democracia
Observatorio Venezolano de Prisiones
ODEVIDA, Capítulo Venezuela
Ong Hombres por la equidad e igualdad
Operación libertad internacional
Pacientes Oncologícos
Panamerican and Caribbean Union for Humans Rights PACUHR
Paz y Esperanza
People in Need
Prepara Familia
PROMEDEHUM
Provea
Proyecta Ciudadanía AC
Race & Equality (Raza e Igualdad)
Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos
Red naranja Venezuela
Robert F. Kennedy Human Rights
Rosibel Torres
Sinergia, Red venezolana de organizaciones de la sociedad civil
SOS Pacientes Renales
The Kota Alliance
Transparencia Venezuela
Una Ventana a la Libertad
UNFPA
Unión Afirmativa
Unión Vecinal para la Participación Ciudadana AC
Veneactiva Perú
Washington Office on Latin America (WOLA)
Women Riots
Women’s Link Worldwide
WUNRN-Women’s UN Report Network
100 voces
100% Estrógeno ONG
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"Es mucho el flujo de migrantes", reconoce López Obrador y convoca a cancilleres de 10 países (VIDEO)

México convocó a una reunión a los cancilleres de 10 países latinoamericanos para definir un plan global que permita hacer frente a la crisis generada por el creciente flujo de migrantes.
Así lo anunció el miércoles el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien indicó que en los próximos diez días se realizará en su territorio una reunión para discutir la problemática migratoria con diez cancilleres de países del Caribe, Centroamérica y Sudamérica, de donde provienen la mayoría de los migrantes que han saturado en las últimas semanas las ciudades fronterizas mexicanas en su ruta hacia Estados Unidos.
No especificó cuáles serán los 10 países participantes en la cita.
Durante su conferencia matutina, López Obrador dijo que en la reunión se buscará definir un "plan conjunto de ayuda" para atender las causas que obligan a los nacionales de cada país a abandonar sus comunidades para migrar.
"Es mucho el flujo de migrantes de Guatemala, de Honduras, Nicaragua, de Ecuador, de Venezuela, Cuba, Colombia...", enumeró el mandatario sobre el ingreso diario de miles de migrantes a México. Adelantó que su gobierno presentará a los diez cancilleres una "propuesta para el desarrollo", pero no ofreció detalles.
Las autoridades mexicanas se han visto desbordadas en las últimas semanas ante la masiva llegada de miles migrantes que están utilizando todos los medios de transporte, incluido los trenes, para llegar a la frontera sur de Estados Unidos. El creciente flujo de migrantes que se está movilizando en los vagones de los trenes de mercancías obligó la semana pasada a Ferromex, la mayor empresa ferroviaria del país, a paralizar varias decenas de sus trenes de cargas.
El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que han detenido a unos 9.000 migrantes por día en septiembre, un incremento significativo en comparación con el promedio diario de unos 6.125 en los primeros ocho meses del año. En lo que va del año las autoridades mexicanas han detenido a 1,47 millones de migrantes y deportado a 788.089.
Durante una visita a Nueva York, la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, anunció la semana pasada que López Obrador quiere viajar a Washington en noviembre para conversar con su homólogo estadounidense Joe Biden sobre la crisis migratoria.
Bárcena admitió que el gobierno mexicano está muy preocupado por la ola de migrantes y el cierre temporal de algunos cruces fronterizos que acordaron en las autoridades estadounidenses ante el creciente flujo de extranjeros.
La canciller señaló que unos 140.000 migrantes aguardan en la ciudad sureña mexicana de Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala, para obtener permisos de tránsito por el país o recibir papeles de solicitud de asilo, y admitió que se requiere ayuda para procesarlos.
Estados Unidos también se ha visto desbordado. En los primeros 17 días de septiembre hubo 142.037 detenciones de migrantes en la frontera, un 15% más que las 123.777 del mismo periodo del mes pasado, según registros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que difundieron autoridades mexicanas. Esas cifras incluyen hasta 1.450 personas admitidas diariamente con una aplicación móvil para citas de asilo, llamada CBP One, pero la gran mayoría son entradas ilegales.
La creciente llegada de migrantes ha revertido los resultados que se dieron luego de que el gobierno de Biden introdujera en mayo nuevas restricciones de asilo, lo que permitió un descenso en las cifras de detención de extranjeros.
El aumento del flujo migratorio tiene que ver con la crisis económica y la inestabilidad política y social que enfrentan algunos países de la región que obliga a sus habitantes a huir en busca de mejores oportunidades de vida.
La desinformación en contextos electorales alienta “ataques a la democracia” (VIDEO)
![Expertos exponen durante Cumbre Global sobre Desinformación este miércoles donde se abordó las diferentes temáticas alrededor de noticias falsas y mensajes engañosos y manipulados. [Foto: Captura de pantalla de tranmisión en línea]](https://gdb.martinoticias.com/01000000-c0a8-0242-fcb7-08dbc02fc123_w250_r1_s.jpg)
La desinformación toma fuerza en los contextos electorales y los países latinoamericanos no escapan a este fenómeno global que se muestra como una clara amenaza a la democracia con narrativas que impulsan a la polarización, el odio y la desconfianza al sistema democrático, dijeron expertos.
Las campañas con mensajes engañosos y falsos crecen durante los procesos electorales en los países latinoamericanos, alientan los “ataques a la democracia” y son un abono para la polarización y el odio, coincidieron expertos este miércoles.
En países como Brasil, Argentina, Guatemala, Ecuador, Colombia, con procesos electorales más recientes o en curso, se han visto estas oleadas de mensajes falsos y para el director del proyecto Comprueba, Sergio Lüdtke, "la mentira es más sexy que la verdad”.
Lüdtke está al frente de una iniciativa a la que se han sumado más de 40 medios de comunicación en Brasil para desenmascarar contenidos sospechosos.
A medida que se polariza más una sociedad, las urnas reciben menos votos como efecto directo y medible de la desinformación en el sistema democrático, explicó Lüdtke. “Las elecciones muy polarizadas tienen como efecto menos votos”, apuntó.
El experto, junto a otros más, participó de la primera jornada de la tercera Cumbre Global sobre Desinformación organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que junto a otras organizaciones latinoamericanas buscan hacer frente a este fenómeno global.
Uno de los casos más recientes de análisis es Guatemala, donde el equipo de DFRLab, basado en Colombia, detectó cómo a través de cuentas de Twitter -ahora X- y Telegram fluía una "coordinación sospechosa" para imponer la narrativa de fraude electoral "y de ataques" al presidente electo Bernardo Arévalo, que ganó las elecciones con más del 60 % de los votos el 20 de agosto, comentó en su participación el investigador Daniel Suárez.
Y esas narrativas se "amplifican en Facebook y otras redes sociales", apuntó.
El reto: identificar la procedencia
Para el académico Silvio Waisbord, ex profesor de la Escuela de Medios en la Universidad George Washington, la desinformación durante procesos electorales en países democráticos debe verse desde varias aristas.
En primer lugar, encontrar la procedencia de esa desinformación para que los esfuerzos para combatirla tengan éxito, porque si no se entiende como funciona la desinformación “es difícil saber que hacer frente a ella”.
Tampoco se puede pasar por alto las fuentes que promueven los mensajes engañosos o falsos durante elecciones, los primeros asomos al problema indican que atrás hay “fuentes que tienen capacidad de crear desinformación a gran escala”.
Aunque a escala global -dijo Waisbord- el volumen de informaciones falsas es diametralmente inferior a las noticias verdaderas no puede subestimarse el alcance por los grados de penetración e impulso que adquieren gracias a las redes sociales.
Redes sociales, algoritmos y perfiles de usuarios
Las grandes tecnológicas y los motores por donde fluye la desinformación también responden a algunas lógicas propias de las nuevas tecnologías y hasta ahora, explica desde Argentina Daniel Dessein, del diario La Gaceta, son en parte responsables de acrecentar las avalanchas de contenidos falsos.
“Las plataformas tienen enorme responsabilidad”, dijo y criticó además como estas se nutren con contenidos confiables creados por los medios de comunicación, mientras atrás pasan sin control otros contenidos engañosos.
Al final del ciclo, apuntó Dessein, las ganancias por publicidad se quedan en las grandes tecnológicas que dejan en desventaja a los medios tradicionales, que tienen además que hacer esfuerzos para publicar verificados y dedicar recursos para un servicio orientación a la ciudadanía.
Por su parte, Waisbord agregó que la lucha para combatir la desinformación en procesos electorales se vuelve más compleja ante “un rol de súperpropagadores” que no podemos pasar por alto que está dirigido y segmentado para audiencias específicas a partir de algoritmos que operan por los perfiles de usuarios.
Cuenta mucho “nuestra conducta digital, la desinformación busca usuarios más que redes”, el problema de fondo es que la ciudadanía “está mal informada”, no sólo de los procesos electorales, dijo.
La trinchera en las salas de redacción
En tanto, Sergio Lüdtke dijo que desde Comprueba establecieron un plan de trabajo muy claro desde las pasadas elecciones presidenciales de Brasil, para tener claridad sobre el escenario en que estaban operando, con raudales de contenidos falsos y engañosos en las redes sociales.
El equipo planeó una cobertura más centrada en las propuestas, el impacto en el país ante la decisión de los electores, y dibujaron escenarios, con lo que los periodistas no debían correr tras cada frase de los políticos, sino hacia ejes concretos de contenido para hacer contrapeso con información útil para las audiencias.
Por ahora los esfuerzos de verificadores siguen siendo válidos, aunque no suficientes ante la cantidad de desinformación que se genera durante las campañas electorales, dijo y alertó que “en elecciones polarizadas, la desinformación puede romper, sólo necesita ser atractiva” y las mentiras durante las elecciones pueden llevar a “decisiones equivocadas” que ponen en riesgo la democracia.
Evo Morales anuncia quinta candidatura a presidencia de Bolivia: "Tenemos fuerza todavía"

El exgobernante boliviano Evo Morales anunció este domingo su quinta candidatura a la presidencia, una decisión que, aseguró, toma en respuesta a los pedidos de sus seguidores.
"Hemos decidido aceptar los pedidos de nuestra militancia y de tantas hermanas y hermanos que asisten a las concentraciones en todo el país para ser candidato a la presidencia de nuestra querida Bolivia", escribió Morales en la red social X, anteriormente Twitter.
También dijo que decidió adelantar el anuncio de su candidatura ante los presuntos ataques del Gobierno del actual presidente Luis Arce.
"Me han convencido que sea candidato, la gente quiere, pero me obligaron, tanto ataque contra Evo, todos contra Evo, el Gobierno, la derecha, medios de la derecha, el imperio”, dijo Morales en la emisión dominical de su programa de radio.
El primer presidente indígena de Bolivia gobernó el país cocalero durante 14 años, al relegirse a la presidencia en 4 ocasiones consecutivas. En 2019, en su último mandato, partió al exilio tras renunciar al cargo en medio de acusaciones de fraude electoral y una profunda crisis política en el país.
En 2020, al regreso de su corto exilio, Morales ocupó la presidencia de su partido Movimiento al Socialismo (MAS) y reasumió las riendas del sindicato cocalero más importante de Bolivia.
“Evo Morales pretende volver a gobernar a un país que ya le dijo no. Y que no le importó que Bolivia le dijo no. Es el problema que tenemos en Bolivia, cualquiera cree que tiene un futuro político, peor cómo dirigió al país y el intento de robarse las elecciones”, declaró a periodistas el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic Rivera.
"En las últimas horas hemos comprobado cómo el gobierno y la extrema derecha separatista coinciden en oponerse a esta candidatura promovida por el pueblo. Si la economía está bien ¿porqué les preocupa la presentación de un candidato?", respondió el expresidente boliviano en X.
Las presidenciales bolivianas están previstas para 2025. "Voy a dar todo lo que pueda. Tenemos fuerza todavía", concluyó Morales.
EEUU otorga TPS a cientos de miles de migrantes venezolanos

El gobierno del presidente Joe Biden anunció el miércoles que se otorgará Estatus de Protección Temporal (TPS por sus iniciales en inglés) a cientos de miles de venezolanos que ya se encuentran en territorio estadounidense, con lo que podrán empezar a trabajar más pronto, mientras lidia con el creciente número de personas que huyen de la nación sudamericana y de otros países para llegar a la frontera sur de Estados Unidos.
La medida, junto con las promesas de acelerar la emisión de permisos de trabajo para muchos migrantes, podría tranquilizar a miembros del Partido Demócrata que han presionado a la Casa Blanca para que haga más para ayudar a los solicitantes de asilo, aunque previsiblemente también será usada en su contra por los republicanos, quienes aseguran que el presidente ha sido muy tolerante en materia migratoria.
El Departamento de Seguridad Nacional planea otorgar TPS a alrededor de 472.000 venezolanos que llegaron al país hasta el 31 de julio de 2023, lo que les facilita obtener permisos para trabajar dentro de Estados Unidos. Esa ha sido una de las demandas clave de alcaldes y gobernadores demócratas que pasan apuros para atender a un número cada vez más grande de migrantes bajo su cuidado.
La cifra se suma a los cerca de 242.700 venezolanos que ya eran elegibles para TPS antes del anuncio del miércoles.
Las protecciones para los venezolanos son significativas, porque ellos representan a una gran proporción de los migrantes que han estado llegando al país en los últimos años.
Venezuela quedó inmersa en una crisis política, económica y humanitaria en la última década, la cual ha obligado a por lo menos 7,3 millones de personas a emigrar y ha hecho que los precios de alimentos y otras necesidades sean inaccesibles para quienes permanecieron en el país.
La gran mayoría de las personas que huyeron se han asentado en países vecinos de América Latina, pero en los últimos tres años muchos de ellos comenzaron a llegar a Estados Unidos después de atravesar el peligroso Tapón del Darién, una franja de selva en Panamá.
Los venezolanos que lleguen a Estados Unidos después del 31 de julio de este año no tendrán derecho a la protección. Los que ahora son elegibles deberán presentar una solicitud para obtenerla.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, otorgó la expansión y una extensión de 18 meses a quienes ya contaran con TPS debido al "incremento en la inestabilidad de Venezuela y la falta de seguridad debido a las perennes condiciones humanitarias, de seguridad, políticas y ambientales", señaló la agencia en un comunicado.
El gobierno indicó que aceleraría la emisión de permisos de trabajo para las personas que han ingresado al país desde enero mediante el uso de la app CPB One que otorga citas para solicitar asilo en los cruces fronterizos terrestres con México, o mediante permisos humanitarios otorgados a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que cuentan con patrocinadores financieros y llegaron a Estados Unidos vía aérea. El objetivo es brindarles permisos de trabajo en un plazo no mayor a 30 días, en comparación con los 90 días que deben pasar actualmente.
La promesa de acelerar la emisión de permisos de trabajo no aplica para quienes cruzaron ilegalmente la frontera y piden asilo, quienes, de acuerdo con las leyes, deben esperar seis meses para obtener un permiso de trabajo.
Los alcaldes y gobernadores le han estado implorando a Biden que encuentre una manera para que el gobierno permita que los migrantes recién llegados puedan trabajar de forma legal y se puedan mantener.
Funcionarios demócratas en Nueva York, Massachusetts, Chicago y otras partes del país se han quejado sobre la presión que aplican los migrantes recién llegados a sus recursos, en particular en Nueva York, en donde el gobierno está obligado a brindar albergue a todo el que lo necesita. La ciudad paga actualmente para alojar a cerca de 60.000 migrantes recién llegados.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, señaló en un comunicado difundido la noche del miércoles —después de que se dio a conocer la noticia— que estaba "agradecida con que el gobierno federal haya actuado tan rápido para otorgar una de nuestras principales prioridades: Estatus de Protección Temporal para solicitantes de asilo y migrantes venezolanos que ya han llegado a este país".
El alcalde de la ciudad, Eric Adams, ha sido particularmente crítico con el gobierno federal. Sin embargo, el miércoles aplaudió la decisión de conceder la protección a los venezolanos y le agradeció al gobierno por atender las preocupaciones de la ciudad.
El número de migrantes que intentan cruzar la frontera sur de Estados Unidos va en aumento. Eso representa un gran desafío para el gobierno, que ha pasado problemas para demostrar que tiene el control de la frontera ante las críticas de los republicanos. La ciudad de Eagle Pass, que colinda con México a lo largo del río Bravo — también conocido como Grande — en el sur de Texas, anunció el miércoles un estado de emergencia debido a un "incremento severo de inmigrantes indocumentados".
De acuerdo con el jefe de policía del condado de Maverick, Tom Schmerber, unos 2.700 migrantes cruzaron hacia Eagle Pass el martes y otros 3.000 el miércoles.
La Casa Blanca informó que también utilizará a elementos del Departamento de Defensa para brindar apoyo al personal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) en la frontera. El DHS ya dispone de alrededor de 2.500 elementos de la Guardia Nacional para ayudar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés).
En el comunicado, el DHS señaló que se desplegaría a la frontera a cerca de 800 elementos en activo adicionales, quienes entre otras cosas cumplirán funciones de logística para que los agentes de la CBP puedan cumplir con mayores responsabilidades de primera línea.
El DHS también recurrió a elementos en activo en mayo pasado para respaldar sus operaciones, cuando se registró un incremento de encuentros en la frontera de cara al final de la medida de Título 42. En aquel momento, los funcionarios del DHS enfatizaron que los elementos en activo no serían utilizados en aspectos como el trabajo directo con migrantes, sino exclusivamente para desahogar al personal de la CBP.
El DHS señaló que también tomará otras medidas, como intensificar un proceso que comenzó en mayo pasado para expulsar de forma expedita a las familias que no contaban con los argumentos para permanecer en el país. La agencia indicó que también ha aumentado la capacidad en sus centros de detención a lo largo de la frontera sur.
Además anunció que ha incrementado el número de personas expulsadas del país. Desde el 12 de mayo ha retirado a 253.000 personas de poco más de 150 países, señaló el departamento, en comparación con las 180.000 repatriaciones durante el mismo periodo de 2019, antes de que la pandemia alterara drásticamente la capacidad del gobierno para expulsar a los migrantes.
"Es más doloroso el silencio": una prisión en Venezuela llega al corazón de Nueva York

Expresos políticos del Helicoide, la cárcel en forma de pirámide del Servicio de Inteligencia de Venezuela, llevaron hasta el Times Square neoyorquino un proyecto de realidad virtual que muestra con escalofriante detalle cómo es vivir en una de las celdas.
Un proyecto de realidad virtual trajo hasta Times Square la escalofriante experiencia de vivir en una cárcel del Servicio de Inteligencia de Venezuela, un proyecto creado por exprisioneros políticos que advierten que por muy dolorosa que sea la memoria, peor es no compartirla.
La iniciativa, presentada durante la tarde noche de este martes en la céntrica plaza de Nueva York, fue un mensaje a los líderes mundiales reunidos en la ciudad para la Asamblea General de las Naciones Unidas. "Esto está pasando ahora mismo en Venezuela", dijo a la Voz de América uno de los creadores del proyecto, Víctor Navarro.
Con la experiencia de haber sido exprisionero político en el Helicoide, la famosa cárcel en forma de pirámide de tres lados, Navarro explicó que utilizaron las memorias de presos como él para crear "La Memoria está viva", una suerte de museo virtual que busca educar sobre las serias violaciones a los derechos humanos en el país suramericano.
"Es muy difícil revivir todas esas experienciVIDEOas, pero hoy estando aquí, viendo a todas estas personas alzando la voz por los presos políticos, creo que es más doloroso el silencio, es más doloroso el olvido. Ahorita hay alrededor de 300 presos políticos en Venezuela, (...) yo creo que es más doloroso que callemos", insistió el joven activista, rodeado de otros exiliados que alzaban carteles en protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Una realidad sofocante
Detras la oscuridad que dejan las gafas de realidad virtual y lel silencio momentáneo en los audífonos, una voz comienza a guiar a quien experimenta el recorrido por los detalles de las celdas, desde las inscripciones en las paredes de ladrillo, hasta las cucarachas que pululan en el centro.
Un remolino de fotografías de presos te acompaña en la caída hasta que llegas a unas cuatro paredes con cuerpos hacinados y memorias de insalubridad, resiliencia y dolor.
La experiencia "no es para entretener", advierte la voz desde los audífonos. "Es para actuar" completa Víctor Navarro.
"Es una herida, aunque es imborrable, aunque nos toca lidiar porque no se supera, hay que contarlo, hay que contarlo y el mundo tiene que saberlo, principalmente porque sigue pasando. Hoy están torturando en Venezuela. (El presidente Nicolás) Maduro tiene hoy alrededor de 17 centros clandestinos. El Helicoide es un centro de tortura donde hay alrededor de 79 presos políticos", denunció.
A Adriana, una venezolana que salió de su país hace siete años, la experiencia la abrumó. "Es muy duro, es muy real", contó sobrecogida a la VOA tras quitarse las gafas.
Al igual que ella, decenas de personas se acercaban intrigadas por la propuesta. Cubanos exiliados que llegaron hasta la icónica plaza se solidarizaron con los que llamaron "hermanos en dificultad".
La razón de llevar "La Memoria está viva" a Times Square fue enviar dos mensajes, según Navarro.
"El primero es al mundo, al mundo que se mueve aquí todos los días. Son alrededor de 300 000 personas que pasan por aquí todos los días. Y le estamos diciendo a todas esas personas, que en Venezuela se está torturando, pero también le estamos hablando a todos los que están en las Naciones Unidas, a esos que toman decisiones, a esos que con la palabra pueden cambiar lo que está pasando en Venezuela", insistió.
Según el activista, los líderes mundiales "no pueden dar permisividad a la tortura, no pueden hablar de democracia, justicia y libertad, y recibir a Maduro".
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