Cuba
EEUU incluye la tortura en informe anual sobre abusos de derechos humanos en Cuba
El informe anual 2017 del Departamento de Estado norteamericano sobre prácticas de derechos humanos en el mundo incluyó "torturas y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes a personas percibidas como opositores políticos" en su apartado sobre los problemas más importantes detectados en ese campo en Cuba durante el período.
Entre estos se documentaron además: condiciones penitenciarias tan severas que ponen en riesgo la vida humana; detenciones y arrestos, en ocasiones violentos, por motivos políticos; una total falta de independencia de los tribunales; procesos judiciales que en la práctica dejan a los acusados sin más alternativa que defenderse a sí mismos y tratar de probar su inocencia; y la existencia de presos políticos en las cárceles.
Abusos físicos
"Hubo informes, sin embargo, de que miembros de las fuerzas de seguridad intimidaron y agredieron físicamente a defensores de los derechos humanos y prodemocracia, disidentes políticos y otros detenidos y presos durante la detención y el encarcelamiento, y que lo hicieron con impunidad. Algunos detenidos y prisioneros también sufrieron abusos físicos por parte de otros reclusos con la aquiescencia de los guardias", dice el reporte del Departamento de Estado publicado el viernes.
"Hubo informes de que la policía agredió a detenidos o fue cómplice de hostigamiento público y agresiones físicas contra manifestantes pacíficos", denuncia el reporte anual.
En el inciso dedicado a la tortura y otros tratos y castigos crueles el informe se extiende sobre el caso del artista del graffiti y disidente político Danilo Maldonado, de nombre artístico “El Sexto”.
Señala que las fuerzas de seguridad del Estado mantuvieron encarcelado a Maldonado del 26 de noviembre de 2016 al 21 de enero por pintar con un aerosol "Se fue" en un edificio la noche de la muerte de Fidel Castro.
Según el artista, las autoridades de la prisión lo mantuvieron desnudo y el Día Internacional de los Derechos Humanos lo confinaron en régimen de aislamiento; pusieron sedantes en sus alimentos; lo golpearon y amordazaron al menos en una ocasión; y difundieron el rumor de que sería asesinado a tiros durante un simulado intento de fuga.
El denunciante relató que las autoridades lo trasladaron a seis cárceles diferentes durante el período de ocho semanas para dificultar que su familia y su novia lo visitaran; las visitas le eran rutinariamente canceladas, denegadas o reprogramadas; y no se le proporcionó el tratamiento médico adecuado.
Violación de libertades y derechos
El Resumen Ejecutivo del acápite dedicado a Cuba toma nota asimismo de que continuaron las interferencias arbitrarias en la privacidad, incluidas operaciones de registro y requisas domiciliarias y la vigilancia y censura de las comunicaciones privadas.
La libertad de expresión continuó circunscrita a las manifestaciones que "se ajusten a los objetivos de la sociedad socialista", con una estricta censura que castiga incluso a quienes distribuyan ejemplares de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Se mantuvieron las prohibiciones a la importación de materiales informativos; el control estricto de todas las formas de prensa; las restricciones a la Internet, incluyendo una severa limitación en su disponibilidad y bloqueos de sitios web.
También se restringió la libertad académica, castigando cualquier desviación de la línea oficial del gobierno; penalizando las críticas a dirigentes del gobierno; y limitando severamente la libertad académica y cultural, incluido el acceso a materiales de las bibliotecas.
En cuanto a los derechos de reunión se coartaron en aquellos casos en que el gobierno consideró que se ejercían "contra la existencia y los objetivos del estado socialista"; criminalizando reuniones de tres o más personas que no hubieran sido autorizadas por las autoridades, y empleando actos de repudio planificados por el gobierno en forma de turbas organizadas para asaltar y dispersar a quienes se reunieran pacíficamente.
Solo se permitió participar en el proceso político a aquellos que contaran con la aprobación del gobierno. En ese sentido el gobierno pospuso las elecciones municipales de octubre debido a los esfuerzos de recuperación relacionados con el huracán Irma, pero las llevó a cabo en noviembre, aunque no fueron ni libres ni justas. Una comisión de candidaturas controlada por el Partido Comunista decantó a todos los candidatos, y el gobierno trabajó activamente para bloquear a los que no contaran con el aval del Partido.
La libertad de asociación fue denegada al rechazarse el reconocimiento de asociaciones independientes; se continuó limitando la libertad de movimiento interno y externo; los sindicatos independientes siguieron prohibidos y se reportaron casos de corrupción oficial, trabajos forzados y trata de personas.
La mayoría de los abusos contra los derechos humanos en la isla fueron perpetrados por funcionarios del gobierno, obedeciendo órdenes de sus superiores, y la impunidad de los perpetradores siguió siendo generalizada, denuncia el Departamento de Estado en el apartado Cuba de su informe anual 2017 sobre prácticas de derechos humanos.
A continuación algunos apuntes de este informe:
Prisioneros políticos
El reporte destaca la resistencia del gobierno cubano a aceptar la existencia de prisioneros políticos y la negativa a brindar acceso a prisiones y centros de detención a organizaciones humanitarias internacionales y, especialmente, a las Naciones Unidas.
“El número exacto de presos políticos fue difícil de determinar, aunque las organizaciones independientes de derechos humanos estimaron que había entre 65 y 100 presos políticos”, indica el informe.
En el capítulo dedicado a Cuba también se señala la falta de transparencia gubernamental y las sistemáticas violaciones a los debidos procesos, artificios que permiten al gobierno procesar a activistas pacíficos bajo cargos criminales y “peligrosidad precriminal”.
“El gobierno usó la designación de "contrarrevolucionario" para los reclusos considerados como oposición política, pero no publicó esos números. El gobierno monitoreó de cerca a las organizaciones que rastrean a las poblaciones de prisioneros políticos, que a menudo enfrentan hostigamientos por parte de la policía estatal”, detalla.
El informe menciona especialmente el caso de Eduardo Cardet, director de la la organización de derechos humanos Movimiento Cristiano Liberación, condenado a tres años de prisión por agresión a un oficial de la policía.
Amnistía Internacional declaró a Cardet un prisionero de conciencia y explicó que fue arrestado porque criticó a Fidel Castro y su gobierno, en los días posteriores al fallecimiento del mandatario comunista. En varias ocasiones su familia ha denunciado irregularidades en su proceso legal y en el tratamiento que recibe en prisión, explica el documento.
Libertad de Expresión
Sobre la libertad de expresión el informe indicó que el gobierno de Cuba ha mostrado “poca tolerancia al ejercicio de la crítica pública de los funcionarios y programas gubernamentales y limitó el debate público sobre temas considerados políticamente sensibles”.
El texto detalló que la Seguridad del Estado acosó regularmente a los organizadores de foros independientes que intentaron debatir temas culturales y sociales, para limitar así el análisis de aspectos de la vida nacional considerados como “controvertidos”.
Las presiones, -dijo el informe-, fueron desde vigilancia con cámaras hasta agresiones y detenciones contra activistas. Algunos, entre ellos profesores y estudiantes universitarios fueron incluso censurados, degradados o expulsados de sus centros de trabajo por organizar eventos independientes.
Entre los casos que sobresalen está la estudiante de Periodismo Karla María Pérez, expulsada de la Universidad Martha Abreu en abril del 2017 por sus ideas políticas y por pertenecer al movimiento opositor Somos Más.
El Departamento de Estado dijo que grupos religiosos informaron sobre una mayor libertad para expresar sus opiniones en misas y reuniones, aunque la mayoría en la cúpula religiosa siguió ejerciendo la autocensura.
Sobre la libertad de prensa y de medios, el texto apuntó a que el gobierno comunista es “el propietario de todos los medios impresos y la radiodifusión”.
El gobierno “también limitó la importación de materiales impresos” y “los corresponsales extranjeros tuvieron acceso limitado y, a menudo, se les negaba entrevistas con funcionarios”, expresó el informe.
Además explicó que el gobierno prohibió a periodistas estatales colaborar con medios alternativos, mientras que reporteros independientes no fueron reconocidos y a con frecuencia detenidos.
El informe incluyó la censura contenida en la propia ley que prohíbe la distribución de materiales impresos catalogados como “contrarrevolucionarios” o críticos del gobierno.
Internet
El Departamento de Estado criticó la manera en que el régimen cubano controla el uso de internet en la isla y selecciona de manera intencional a quienes otorga el acceso de este servicio en los hogares.
“El gobierno restringió el acceso a Internet y hubo informes fidedignos de que monitoreó sin la debida autorización legal el uso de correos electrónicos, redes sociales, salas de chat en Internet y navegación por parte de ciudadanos y extranjeros”, plantea el reporte.
Excepto “unas pocas misiones diplomáticas y un número pequeño, pero creciente de redes subterráneas”, todo el control pasaba por manos del estado cubano, asevera el informe.
En el mismo año 2016 en que las autoridades cubanas aumentaron los puntos de acceso Wi-Fi y redujeron el precio de la conexión a internet, indica el documento, también “revisaron el historial de navegación de los usuarios, y censuraron y revisaron el correo electrónico, y bloquearon el acceso a al menos 41 sitios web considerados objetables”.
Aunque las leyes no son específicas aún en este campo, en Cuba es ilegal tener una antena parabólica que proporcione acceso a Internet sin censura. “El gobierno restringió la importación de enrutadores inalámbricos, atacó activamente puntos de acceso inalámbricos privados y confiscó estos equipos”, señala la declaración.
Otra cuestión importante, referente a la seguridad de las personas que son críticas al régimen está expresado en el mismo texto:
“El uso de software cifrado y la transferencia de archivos cifrados también son ilegales. A pesar del acceso deficiente, el acoso y los desafíos de infraestructura, un número creciente de ciudadanos mantuvo blogs en los que publicaron opiniones críticas con el gobierno, con la ayuda de amigos desde el extranjeros que a menudo construían y mantenían los sitios de blogs fuera de Cuba”, señaló el informe.
"Al igual que otros críticos del régimen, los bloggers enfrentaron el hostigamiento del gobierno, incluida la detención y los abusos físicos”, apuntó el Departamento de Estado.
Libertad de movimiento
Continuaron las restricciones a la libertad de circulación en el país, los viajes al extranjero y la migración con derecho a devolución. El gobierno también controló la migración interna. Las personas que buscan migrar legalmente enfrentaron interrogatorios policiales, multas, acoso e intimidación, incluido el despido involuntario del empleo.
La ley establece penas de prisión de hasta tres años o una multa de 500 pesos (CUP) ($ 20) para los "balseros" que se lanzan al mar por primera vez. La mayoría de las personas atrapadas intentando salir a través del mar fueron detenidas brevemente. En el caso de desertores militares, de la policía, o aquellos que viajan con niños, el castigo podría ser más severo.
Según los términos de los Acuerdos de Migración entre Cuba y Estados Unidos de 1994-95, el gobierno acordó no enjuiciar ni tomar represalias contra los migrantes que regresaran de aguas internacionales o de EE. UU. o de la Estación Naval de Guantánamo, después de intentar emigrar ilegalmente si no han cometido ningún penal anterior.
Movimiento en el país: La Constitución cubana dice que todos los ciudadanos pueden viajar a cualquier parte del país, los cambios de residencia a La Habana se restringieron. La comisión local de vivienda y las autoridades del gobierno provincial deben autorizar cualquier cambio de residencia. El gobierno multa a las personas que viven en un lugar sin la autorización de estos organismos y enviarlos de vuelta a su lugar de residencia legalmente autorizado
La ley permite a las autoridades excluir a un individuo de un área determinada dentro del país, o restringir a un individuo a un área determinada, por un máximo de 10 años. Según esta disposición, las autoridades pueden exiliar internamente a cualquier persona cuya presencia en un lugar determinado se considere "socialmente peligrosa". Los disidentes informaron que las autoridades les impidieron salir de sus provincias de origen o las detuvieron y las devolvieron a sus hogares a pesar de no presentar restricciones escritas o formales contra ellos.
Viajes al extranjero: el gobierno siguió requiriendo que varias clases de ciudadanos obtuvieran permiso para viajar como emigrantes, incluido personal médico altamente especializado; personal militar o de seguridad; muchos funcionarios gubernamentales, incluidos los académicos; y muchos ex prisioneros políticos y activistas de derechos humanos.
(Redactado por Rolando Cartaya con información del Departamento de Estado)
Vea todas las noticias de hoy
Preso político se sintió humillado al ser conducido encadenado "como criminal" a un hospital
El preso político Luis Robles Elizastigui dijo que se sintió humillado cuando fue llevado esta semana al hospital al hospital Miguel Enrique, en La Habana, al que llegó esposado de pies y manos.
Su familia denunció en varias ocasiones que el joven necesitaba asistencia especializada por problemas de salud, que lo aquejan en el penal Combinado del Este, en La Habana, donde cumple una sentencia de cinco años de privación de libertad por cargos de propaganda enemiga y desobediencia, tras manifestarse con un cartel y de forma pacífica, en el Boulevard de San Rafael, en Centro Habana.
En una grabación publicada en Twitter por el diario digital Cubanet, Robles expresó: “Me sacaron encadenado de pies y manos, me llevaron por la calle. Pasé tremenda vergüenza, como si fuera un criminal”.
“A quien se le ocurre que usted va a llevar a una persona, está bien, está presa, pero la va a llevar a un médico, a que la evalúe un médico, usted no sabe cómo esa persona se siente”, dijo a Radio Martí, Yindra Elizastigui, madre de Robles.
Robles, a quien se le aprobó en agosto el paso a un régimen de menor severidad, no ha sido trasladado aún, porque según le han informado las autoridades a su madre, ahora el Departamento de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior, ubicado en 15 Y K en el Vedado, La Habana, tiene que analizar su expediente.
“El día 9 de este mes fue que llegó ese expediente allí a la entidad, a la dirección nacional, donde ahora hay que esperar que el órgano de allí se reúna y dé su aprobación, porque yo pensé que, ya aprobándolo el centro penitenciario, nada más era allí. Porque yo escuché que siempre tenía que llegar allí a la dirección nacional, pero era por la firma y ya. Bueno, ahora hay que esperar que ellos lo aprueben, entonces se me dijo que volviera antes del día 10 de octubre, así que eso es lo que pienso hacer. No obstante Luis me mantiene informada de cómo va, por lo menos si se le ha dicho algo a él. De momento, esa es la respuesta que se me dio”, afirmó.
La abogada Laritza Diversent, directora de Cubalex, organización no gubernamental de consulta jurídica dijo a Martí Noticias que en el caso de Luis Robles "hay que analizar, por ejemplo, si el era primario o no, para saber si las autoridades están cumpliendo en el pase de un régimen a otro, pero además hay categorización de recluso, que son los internos priorizados, que cualquier decisión sobre estos internos pasa por el Departamento de Establecimientos Penitenciarios, del Ministerio del Interior, entonces el director o jefe de ese departamento es el máximo responsable de decidir si progresa en el régimen o la libertad condicional”.
El pasado año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una medida cautelar a favor del preso político Luis Robles Elizastigui por considerar que se encuentra actualmente privado de libertad en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba.
Cientos de cubanos con prohibición de salida del país por impago de impuestos y pudieran ser más
El Ministerio del Interior de Cuba (MININT) ha emitido la prohibición de salida del país a cientos de cubanos que han incumplido sus obligaciones tributarias y lo seguirá haciendo, según informó esta semana una alta funcionaria de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT).
Yudith Navarro Ricardo, jefa del Departamento de Cobranza de Dirección de Recaudación de la ONAT, dijo que hasta hoy 600 contribuyentes ha sido "regulados", definición con la que las autoridades cubanas se refieren a las personas que tienen prohibición de salida al extranjero.
"La medida consiste en la prohibición de salida al extranjero a los deudores que pretenden viajar y el aviso de entrada a los que se encuentran fuera del país, porque viajaron antes de que les fuera determinada la deuda y notificada la regulación", explicó la oficina de Administración Tributaria.
La funcionaria dijo que la sanción a los contribuyentes deudores se aplica por medio de un convenio entre la ONAT y la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería (DIIE) del MININT.
Los deudores estarán imposibilitados de salir de la isla "hasta tanto no liquiden sus adeudos con el Presupuesto del Estado".
Otras sanciones previstas para los contribuyentes morosos son los recargos y las multas, el embargo de cuentas bancarias, el cierre de establecimientos y el retiro de incentivos fiscales
Si luego de todas las acciones administrativas llevadas a cabo por la ONAT el deudor no paga, la Oficina puede acusarlo del delito de evasión fiscal ante el tribunal, con multas y penas de privación de libertad.
El artículo 25 del Decreto Ley 302 de 2013, de Reforma Migratoria, establece que “un nacional o extranjero no podrá salir de Cuba cuando razones de Defensa y Seguridad Nacional así lo aconsejen; por razones de seguridad y protección de información oficial; o por razones de interés público”.
Visita de dueños de mipymes a Miami amplía expectativas a la inversión en Cuba (VIDEO)
Desde que La Habana en 2021 abrió una hendija a la empresa privada y permitió el alquiler de casas, restaurantes, entre otros negocios, se han establecido en Cuba unas 9.000 micros, medianas y pequeñas empresas particulares (MIPYMES).
La movida, que acabó con décadas de estatismo, llegó poco después de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, que dejaron más de mil detenidos y estallaron en medio de una economía estrangulada por un modelo de planificación estatal que ha probado distar mucho de la eficiencia.
En el plano externo, el gobierno de Estados Unidos ha mostrado interés en apoyar al naciente empresariado privado en la isla. Así lo han manifestado funcionarios del Departamento de Estado y el actual encargado de negocios de la Embajada de EEUU en La Habana, Bejamin Ziff.
“Hay mucha gente trabajando, digamos aún en contra de las limitaciones que intenta imponer el régimen cubano. Y esta gente está dando empleo, comida, ingresos a una gran parte de la isla. Así que parte de la visión de nuestros principios y nuestro trabajo en la isla es hacer lo posible para alentar y apoyar al sector privado”, dijo Ziff en una entrevista reciente con Martí Noticias.
Precisamente una representación de esa gente mencionada por el diplomático ha venido a Miami en busca de asesoramiento y para conocer las leyes que rigen las operaciones comerciales entre empresas de Cuba y Estados Unidos.
El excongresista federal por el Partido Demócrata, Joe García, es de los que apuesta por el desarrollo de una relación comercial profunda entre empresarios estadounidenses y el sector privado en la isla. De ahí que haya organizado la visita al sur de Florida de unos 70 empresarios privados cubanos y dos días de conferencias en las oficinas del bufete Akerman Inteternational, donde los visitantes intercambiaron con empresarios estadounidenses, en su mayoría, de ascendencia cubana.
“Hay algunos empresarios cubanos que llevan mucho tiempo, algunos que acaban de empezar, pero claramente esto es una nueva vertiente, una nueva realidad de Cuba. Sabemos también que para tener una estructura social tiene que existir una sociedad mercantil”, dijo el exdirector ejecutivo de la Fundación Nacional Cubanoamericana.
El gobierno de Cuba ha decidido que necesita al empresario, que se halla en medio de trabas, técnicas, burocráticas y no pocas veces caprichosas.
“Mira, si tú tienes familia en Cuba, si yo tengo amigos en Cuba, parte de la manera que esa persona come, vive, es precisamente con los envíos, con la ayuda de muchas de esas empresas”, comentó García.
La actual administración de Joe Biden ha revertido algunas de las medidas contra la isla adoptadas por su antecesor, Donald Trump, como la reanudación de los vuelos, el envío de remesas y los programas de capacitación a los emprendedores en la embajada de EEUU en La Habana.
John S. Kavulich, presidente del Consejo Económico Comercial Cuba-EEUU, recibió en mayo último la primera licencia que concede el gobierno de Estados Unidos para invertir en una empresa privada en Cuba. Pero aún espera el beneplácito de La Habana.
“El gobierno de Cuba lleva dos años negándose a regular la inversión y la financiación extranjeras. El sector privado todavía requiere que cualquier dinero dirigido a Cuba o que provenga de Cuba se canalice a través de un tercer país. Lo que significa que cada transacción tiene tres actores: un banco principal desconocido, el banco receptor y un banco en un tercer país”, explicó el inversionista.
La revolución, recordó Kavulich, trató de lograr la igualdad social y deshacerse de ricos y pobres. “Si, por definición, se recupera el sector privado, habrá algunas personas que tendrán más éxito que otras, y eso horroriza al gobierno cubano. ¿Cómo se justifica que la Revolución lo permita? Y luego, ¿cómo se maneja la balanza entre los que tienen y los que no? Entonces es realmente complicado", concluyó el consultor sobre asuntos comerciales en Cuba.
Los organizadores de la reunión en Miami entre los empresarios cubanos y sus pares cubanoamericanos, no permitieron que Martí Noticias ingresara al salón de la reunión y entrevistara a los participantes de la isla.
Carlos Saladrigas, presidente de Cuba Study Group, desde 2012 ha estado promoviendo el emprendimiento en la isla, incluso, con la ayuda de la Iglesia Católica, estableció un centro de capacitación para interesados en crear negocios propios.
“No deja de sorprenderme la profundidad, la capacidad, el entusiasmo, las esperanzas que tienen estos jóvenes, algunos no tan jóvenes, emprendedores que quieren empezar sus nuevas vidas con la apertura que existe para la pequeña empresa en Cuba”, dijo Saladrigas que pudo conocer y conversar con algunos de los empresarios visitantes.
Saladrigas, que ha estado varias veces en Cuba, la última en enero pasado, considera que aún falta mucho para que el empresariado privado logre su pleno desarrollo porque no existe un marco jurídico amplio, sin limitaciones.
“Una pequeña empresa está limitada a no más de 100 empleados y como le dije a un funcionario cubano, ustedes están castigando el éxito. Ellos están tratando de modificar estas cosas, porque a todos yo creo les interesa que el sector privado resurja y contribuya a que el pueblo tenga un sustento, una economía, porque bajo cualquier opción política, Cuba lo necesita”, acotó Saladrigas.
Más que limitaciones son restricciones porque Cuba, además de no permitir el financiamiento a los privados, obliga a esas empresas a acudir a dependencias estatales para importar y exportar.
El gobierno cubano no obstante ha entreabierto una compuerta a potenciales inversionistas que se han quedado con la miel en los labios. Y ha sido el gobernante Miguel Díaz-Canel quien en días recientes prometió sin más detalles "nuevas oportunidades de negocios" a un grupo de empresarios estadounidenses con los que se reunió en Nueva York.
“Hemos oído esos cantos de sirena antes. Un gobierno muestra su disposición haciendo dos cosas: enséñeme el presupuesto y enséñeme las leyes. Si Cuba quiere, muéstrame tu disposición, escribe la ley, ponla en el registro nacional para nosotros poder participar en ese paso”, sostuvo García que en 2022 viajó con un grupo de empresarios estadounidense a Cuba y se reunió con Díaz-Canel.
La segunda licencia otorgada por EEUU a un empresario estadounidense para inventir en una empresa privada en Cuba está en manos del excongresista cubanoamericano.
“Tengo una licencia para hacer micro inversión en micro empresas cubanas, una licencia que tiene una serie de requisitos, hay que estudiar cómo hacerla, hay que ser bien específico con ella, porque es un honor que esté considerada, pero hay que encontrar la manera de canalizarlo precisamente para beneficiar a lo que son las mipymes”, reveló García.
La inversión conlleva riesgos, de eso es consciente Saladrigas, un empresario exitoso ya jubilado.
“El inversionista siempre gana dinero porque toma riesgos. Ahora hay ciertos riesgos que no se toman, como yo les expliqué a los muchachos el otro día, el riesgo que no se toma es el riesgo reputacional. Yo no voy a tomar un riesgo que afecte mi reputación ética en el mundo de los negocios. Yo no voy a tomar un riesgo que afecte mi trayectoria”, dijo Saladrigas.
El gobierno de Estados Unidos confirmó a Televisión Martí que no organizó o patrocinó la visita de los emprendedores cubanos a Miami.
"El crecimiento del sector privado en Cuba ofrece una ventana de oportunidades para presentar al pueblo un modelo diferente de sociedad, basado en la economía de mercado en vez del control gubernamental", recalcó esta semana un vocero del Departamento de Estado.
Fiscalía acepta queja sobre salud de preso político Félix Navarro
La Fiscalía Municipal de Colón, en Matanzas, admitió una queja interpuesta por Sonia Álvarez Campillo, la esposa del preso político Félix Navarro.
Álvarez Campillo solicitó al órgano de Justicia que intervenga de forma inmediata con las autoridades de la Prisión Agüica, para que el padecimiento de Navarro sea debidamente atendido.
“El lunes tuve comunicación con la Fiscalía Militar de Matanzas y ellos me dijeron que no tenían que ver con las prisiones. Entonces, el miércoles me presenté aquí en la Fiscalía Municipal de Colón, y la fiscal me tomó toda la información y me dijo que ella lo mandaría para la Provincia, que son los que tienen que ver con las prisiones. No me dio respuesta sobre lo que iban a hacer, ni las medidas que iban a tomar. Tampoco sabía qué tiempo se demoraría la gestión”, relató la Dama de Blanco a Martí Noticias.
El preso político, de 70 años y diabético, ha sufrido, en dos ocasiones, pérdidas de conocimiento, presuntamente, producidas por hipoglucemias, según denunció su hija Saylí Navarro desde el penal de mujeres La Bellotex, tras haber visto a su padre en una visita intercarcelaria.
Los bajos niveles de azúcar en la sangre, que provocan desmayos o convulsiones, podrían conducirlo a un coma diabético e, incluso, a perder la vida.
Navarro, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, y su hija, ambos residentes en el poblado de Perico, aledaño a Colón, fueron condenados a nueve y ocho años de privación de libertad, respectivamente, después de participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en su localidad.
De acuerdo a Saylí, su padre ha sufrido una importante pérdida de peso corporal en poco tiempo.
Por otra parte, el oficial de la policía política, Ramón Pérez, afirmó desconocer el estado de salud del preso político.
“Se presentó en la prisión donde se encuentra Félix el oficial de la Seguridad del Estado, que dice llamarse Ramón. Él le dijo a Félix que no sabía nada de lo que le había sucedido. Ahora estamos más preocupados, porque quiere decir que a ellos no les interesa la enfermedad de Félix”, lamentó Álvarez Campillo.
Crece la pobreza en Cuba y el rechazo al régimen es mayoritario, revela informe
El VI informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, presentado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) en la ciudad de Miami, Florida, refleja un agravamiento de la pobreza extrema en la isla y un creciente rechazo a los gobernantes.
El estudio, realizado con la participación de 1.354 personas de 75 municipios de toda la isla, registra un aumento del 13 % en el estado de pobreza extrema que padece la población del país respecto al 2022, lo cual eleva la cifra porcentual de empobrecimiento a un 88%.
"La precariedad alimentaria que existe en el país queda confirmada por el número de personas que han tenido que dejar de hacer alguna de las comidas diarias por falta de dinero o recursos en los últimos tres meses. Respecto del año anterior, cerca de un 20% más de la población sufre este tipo de carestía: ahora es el 78% quienes en los últimos meses ha dejado de hacer alguna de las tres comidas al día recomendadas para una alimentación saludable", indica el informe.
En entrevista con Martí Noticias, Yaxis Cires, director de Estrategias del observatorio dijo que este informe refleja "la grave situación de empobrecimiento que está viviendo la población cubana".
Además, el sondeo “confirma el estado de gravedad de los derechos sociales en la isla, debido a las crisis estructurales y acumuladas y a la falta de voluntad política de las autoridades para hacer los cambios que el país necesita.
La encuesta (con margen de error de + - 2,53%) se realizó entre el 12 de julio y 7 de agosto de 2023”, aseguró OCDH.
Más adelante, la organización con sede en Madrid, España, afirma que, casi nueve de cada diez hogares tienen problemas para sobrevivir con sus ingresos ; y un 62% de estos manifiesta tener problemas “incluso para comprar lo más esencial para sobrevivir”.
Sobre la valoración que los cubanos hacen de la gestión económica y social del régimen, la encuesta revela: "El peso de los problemas económicos, de sanidad y vivienda, entre otros (a lo que se añade la escasa inversión en estas cuestiones sociales), ha aumentado de forma notable en el último año. Considerando todas las valoraciones negativas, casi 9 de cada diez cubanos (86%) es crítico con la gestión económica y social del gobierno . En este contexto, un 68% de ciudadanos cubanos valora como “muy negativa” la gestión del gobierno (un considerable incremento de +17 puntos respecto del año anterior ). En cuanto a grupos raciales, aumenta la valoración de “muy negativa” hasta un 71% en mulatos o mestizos y 73% en el grupo de raza negra, sumando más de cinco puntos sobre el grupo de raza blanca (65%)" .
"Especialmente críticos han sido los consultados con respecto a la inversión social del gobierno: más del 90% la considera insuficiente en salud pública y hospitales, así como en agricultura y alimentación. Al mismo tiempo, el estudio refleja, incluso en el actual panorama de subsistencia, la repercusión positiva de las remesas familiares, así como ratifica que los principales problemas en la isla son internos, quedando el embargo, una vez más, fuera de las principales preocupaciones para los cubanos", indica el texto.
La mayoría de la población señala a los adultos mayores (con un ascenso notable de +22 puntos con respecto a 2022) y a las personas o familias que no reciben remesas como los sectores más afectados por los problemas sociales.
Foro