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Cuba

Grupo opositor resume temas de la sociedad cubana de hoy

PROTESTA CONTRA EL GOBIERNO VENEZOLANO
PROTESTA CONTRA EL GOBIERNO VENEZOLANO

El Grupo consultor de la sociedad civil cubana está integrado por Henry Constantín, Manuel Cuesta, Reinaldo Escobar, Guillermo Fariñas, José Daniel Ferrer, Karina Gálvez Pastor Mario Lleonart, Félix Navarro, Sacerdote José Conrado Rodríguez y Elizardo Sánchez, Berta Soler y Wilfredo Vallín.

Una nueva asociación de opositores, blogueros y activistas cubanos, denominada Grupo consultor de la sociedad civil cubana, ha publicado un informe sobre la situación económica, política, social y cultural de la isla y han resumido la Cuba de finales de 2013 en dos palabras: reforma y represión.

El grupo está integrado por el bloguero Henry Constantín; el historiador y activista Manuel Cuesta; el periodista y bloguero Reinaldo Escobar; los opositores Guillermo Fariñas, José Daniel Ferrer, Félix Navarro y Berta Soler; la economista Karina Gálvez; el pastor Mario Lleonart; el sacerdote José Conrado Rodríguez; el abogado Wilfredo Vallín y el presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Elizardo Sánchez.

Las reformas se han dirigido mayormente hacia la dirección adecuada, pero de forma superficial y a una velocidad excesivamente lenta. Además de intentar cumplir el objetivo de paliar la situación económica producida por años de voluntarismo y menosprecio a las más elementales leyes económicas, las reformas tratan de formalizarle a los emprendedores el mínimo espacio que ya venían conquistando desde la ilegalidad, quizás para que no se sientan incentivados a abandonar el país ni a pasar a la oposición.

La represión se ha caracterizado por el aumento de las detenciones breves y arbitrarias y por el mantenimiento sistemático de los actos de repudio en los que una parte de la población es conducida, mediante presiones y estímulos a agredir e insultar a otros ciudadanos que de forma pacífica expresan su disconformidad con la política gubernamental. Esto, sin dudas, constituye una incitación a cometer actos calificables como delitos de odio. Uno de los objetivos de la represión es aislar a los opositores y aterrorizar a los disconformes que aún no se han atrevido a traspasar la difusa frontera entre lealtad y oposición.

UNA REFORMA PARA DEMORAR EL CAMBIO E ILUSIONAR A EMPRENDEDORES

Es harto conocida de todos la lista de aspectos que sustantivan las reformas implantadas por el general Raúl Castro desde que formalmente asumió el mando del país a comienzos del 2008:

El libre acceso a la telefonía celular, el permiso para hospedarse en hoteles, la compra-venta de autos y casas, la ampliación de la lista de trabajos autorizados a cuentapropistas, la extensión de entregas de tierra en usufructo, la abolición del Permiso de salida y del concepto de Salida Definitiva, la apertura de la red Nauta para conexión a Internet, las llamadas cooperativas no agropecuarias, la permisibilidad de contratar mano de obra, la tácita aceptación del profesionalismo en el deporte y otras medidas de mayor o menor calado, pudieran levantar una corriente de optimismo para creer que los cambios podrían anticipar finalmente El Cambio.

El límite que lastra esta plataforma cambista es que no llega a lo esencial. Al no aceptar de manera explícita la propiedad privada sobre los medios de producción, ni tampoco la actividad de comerciante en su sentido más amplio, impide la aparición de pequeñas y medianas empresas que generarían la aparición de una clase media nacional. Falta un compromiso político que deje claro que la prosperidad no será criminalizada. La decisión de que no se permitirá la concentración de la propiedad, planteada con toda claridad en los lineamientos del 6to Congreso del PCC, deja un marco muy estrecho y se convierte en una auténtica camisa de fuerza para el desarrollo de la nación fuera de los agotados caminos del socialismo.

La economía del país sigue siendo un feudo de las decisiones estatales, especialmente el comercio exterior, la industria y la banca. Las deudas entre las empresas, las plantillas infladas, la improductividad, la falta de diversidad, la ausencia de iniciativa resultan aún signos distintivos de lo que burocráticamente se denomina como “sector estatal”.

Por otra parte, la dualidad monetaria, la insuficiencia del salario como medio de subsistencia, los impuestos excesivos, los precios inaccesibles de productos de primera necesidad y la corrupción generalizada crean una atmósfera de desconfianza e inseguridad que aleja a posibles inversionistas foráneos.

Hasta tanto no se disponga de una base jurídica sólida que consagre el derecho a la propiedad y ofrezca garantías a los emprendedores nacionales, las reformas se verán con recelo y suspicacia, como meros instrumentos para ganar tiempo y mantener en el poder a la élite gobernante. No obstante dichas reformas han tenido consecuencias reales sobre las opciones de vida de la población. El hecho de que cerca de 400 mil cubanos dedicados al trabajo por cuenta propia ya no dependan del estado abre perspectivas sociológicas que eran impensables hace apenas una década.

En esta dinámica de reforma y represión el cuentapropista es mirado desde los sectores más radicales del oficialismo como un mal necesario; alguien muy alejado de la utópica aspiración del “hombre nuevo”; una mala hierba que se había intentado extirpar desde la Ofensiva Revolucionaria de 1968 y que ahora resurge como una nueva clase para subrayar las inevitables desigualdades sociales. Paradójicamente, desde los sectores más radicales de la oposición el cuentapropista suele ser calificado como un “cómplice de la dictadura” que ni protesta ni colabora con ninguna acción contestataria con tal de mantener a flote su negocio. En realidad, con sus luces y sus sombras, el cuentapropista es el signo más dinámico de este momento. Su existencia y crecimiento desmiente todo el discurso político de medio siglo.

A mediados de 2013 y como parte de estas reformas, el gobierno cubano anunció la apertura de 118 puntos de acceso a Internet a lo largo de todo el país. Bajo el nombre de Nauta, el nuevo servicio incluye correo electrónico y navegación a precios que oscilan entre 1.50 CUC y 4.50 CUC la hora de conexión. La medida, insuficiente pero bienvenida, permitió que más de 100.000 cubanos en apenas dos meses se convirtieran en usuarios de este servicio. Sin embargo, tal flexibilización no llenó las expectativas en relación con el cable de fibra óptica entre Cuba y Venezuela. La mayoría de los consultados al respecto, esperaba que se hubiera permitido el acceso a Internet –sin considerandos ideológicos y en moneda nacional- desde las casas.

Aún así se puede hablar de un aumento de nuevas alternativas de conectividad fomentadas por el desarrollo de la tecnología más que por la permisividad del gobierno. La aparición de redes inalámbricas de intercambio de ficheros; la consagración de la memoria USB como mecanismo de traspaso de información; los llamados “combos” o “paquetes” de audiovisuales que circulan en mercado cuentapropista o ilegal y las perseguidas antenas parabólicas para captar la señal televisiva de países cercanos, entre otros, son algunos de los caminos paralelos usados por la población cubana para acceder a noticias, documentales, libros digitales e información sacada de sitios webs.

La prensa oficial ha abierto algunos espacios de crítica y debate en el último lustro. Entre ellos las páginas de cartas a la redacción del periódico Granma. La aparición también de secciones de análisis de cuestiones de interés nacional en los noticiarios televisivos, apuntan a una intención de acercarse a la realidad pero sin aludir ni a la falta de legitimidad de los gobernantes ni a la inviabilidad del sistema. En consecuencia, sigue existiendo un estricto monopolio partidista sobre los medios de difusión masiva. No ha habido avances legales en cuanto a permitir la existencia de una prensa no asociada al Partido Comunista. Sin embargo, en el último lustro ha aumentado considerablemente el número de páginas de internet, boletines, publicaciones periódicas y blogs hechos desde el sector crítico y sin permiso oficial.

LA REPRESIÓN COMO CONTROL DE CIUDADANOS SIN DERECHOS

La principal asignatura pendiente de las llamadas reformas raulistas está en el campo de los derechos políticos y sociales. La libertad de expresión y de asociación son las más quebrantadas, pero también persiste la afectación a la libertad de culto y, a pesar de modestos avances, se mantienen signos de discriminación racial, de género y debido a preferencias sexuales.

Las integrantes de las Damas de Blanco, los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, los activistas de la Demanda Ciudadana Por Otra Cuba que exigen al gobierno la ratificación de los pactos de derechos y numerosos periodistas o bibliotecarios independientes han sido víctimas del acoso policial. No han faltado las agresiones verbales, las amenazas, los golpes y vejaciones de todo tipo. Según datos documentados por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, desde enero de este año hasta la fecha en que se presenta este informe, las detenciones arbitrarias rondaban la cifra de 4000, dato que habrá que sumar a los 12 800 casos reportados desde 2010, año en que comenzó la excarcelación de los presos políticos de la primavera negra.

La vida espiritual del pueblo cubano, rica en matices y tradiciones, se vio bruscamente lastimada por décadas de la imposición oficial del ateísmo. Sólo a partir de 1991 se dieron señales de alguna tolerancia pero todavía se mantiene la existencia de un rígido control ejercido desde la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del PCC. Esta entidad, a pesar de estar legitimada como una instancia partidista, cumple funciones gubernamentales por encima de jerarquías religiosas o de asociaciones fraternales, regulando permisos para la reparación de templos, importación de bienes, autorización de cuentas bancarias y otras gestiones administrativas, cuyo principal propósito es el de poner condiciones políticas al desarrollo de las vida espiritual.

El tema de la discriminación racial en Cuba no puede reducirse a la simple comparación con los tiempos anteriores a la revolución. A contrapelo de acuerdos partidistas y resoluciones ministeriales, la población penal cubana sigue siendo mayoritariamente negra y lo mismo puede decirse de las personas con menos ingresos. Son además los que tienen menor presencia en los entornos académicos, científicos, diplomáticos y políticos. En los medios de difusión, en la publicidad comercial (escasa, pero existente) la presencia del abanico racial no se corresponde, ni se acerca, al mestizaje que nos identifica.

En lo referente a la discriminación por motivo de género o de preferencia sexual, cabe apuntar que los roles de la masculinidad siguen siendo los preponderantes, con un discurso en el que la virilidad se expresa como virtud. Hay una sola organización femenina autorizada que funciona con el clásico esquema de ser polea de transmisión para imponer a las mujeres lo que resulta conveniente para el estado según las circunstancias, ya sea la incorporación al trabajo o la lactancia materna. Sólo en los últimos años, de forma tímida y tardía, se ha venido promoviendo la aceptación de la diversidad de preferencias sexuales, pero no se admite que estas propuestas partan del interior de la comunidad LGBT, sino que son las instituciones oficiales las que dictan lo que se debe hacer y hasta donde se debe llegar.

El ideologizado sistema nacional de educación convierte la más inocente clase de lectura en la enseñanza primaria en un adoctrinamiento político que los padres no pueden impedir. El lema de que “la universidad es para los revolucionarios” no es el simple slogan de una organización estudiantil; sino una política oficial. Todavía hoy ocurren casos de estudiantes universitarios que son separados de sus carreras sin apelación posible por motivos políticos y muchos más los que se ven obligados a llevar una máscara de simulación para poder terminar sus estudios.

RESPUESTAS CIUDADANAS A LA REFORMA Y A LA REPRESION

En todo este tiempo ni la sociedad civil alternativa ni los grupos de la oposición política han logrado articular una respuesta efectiva ante la insuficiencia de las reformas ni frente a los desmanes de la represión. El partido-gobierno que rige los destinos del país, o que al menos intenta conducirlos, tiene una plataforma basada no ya en una ideología, sino más bien en un estribillo, que repite sin cesar: Orden, Disciplina, Exigencia. En medio de un panorama de deterioro y pérdida de principios éticos y morales, la tardía lucha por rescatar estos valores forma hoy parte indisoluble de las consignas gubernamentales. Esta batalla es fruto de un secuestro hecho al discurso de la oposición, lo mismo puede decirse de la reforma migratoria, y de la mayor parte de las medidas tomadas por el gobierno, aplicadas, eso sí, de forma mediatizada sin la profundidad propuesta en su momento por los opositores.

El reto de la sociedad civil y la oposición pacífica no es ahora negar la existencia misma de las reformas, sino aprovecharse de ellas de forma creativa. No se trata de aplaudirlas acríticamente sino de señalar sus insuficiencias y desenmascarar sus trampas, que son muchas. Frente a la represión solo queda la resistencia ciudadana y pacífica; la denuncia oportuna y verídica de cada hecho y la solidaridad de quienes tienen la posibilidad de que su mensaje sea escuchado por otros.

Existe una gran diversidad entre los proyectos que acomete la sociedad civil cubana y se aprecia una tendencia leve, pero creciente a encontrar puntos comunes, aunque en principio solo sean mínimos consensuados. Entre ellos se destacan la exigencia por el respeto a todos los aspectos enumerados en la Carta de Derechos Humanos, la vocación por la democracia, el respeto irrestricto a la pluralidad de tendencias y la renuncia a la violencia. Este primer informe, que no pretende abarcarlo todo, es un modesto intento de comprender los problemas desde una óptica compartida, es una invitación al debate y a la búsqueda de soluciones.

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Crece la preocupación por Ferrer: EEUU, Amnistía y la CIDH exigen su libertad inmediata

José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, está detenido desde el 11 de julio de 2021, cuando se unió a las manifestaciones antigubernamentales junto a su hijo.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, está detenido desde el 11 de julio de 2021, cuando se unió a las manifestaciones antigubernamentales junto a su hijo.

La organización Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno de Estados Unidos han exigido la libertad inmediata del preso político José Daniel Ferrer García, encarcelado en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba.

"El gobierno cubano continúa deteniendo injustamente a José Daniel Ferrer y violando sus derechos humanos. Estamos gravemente preocupados por su salud y pedimos su liberación inmediata e incondicional", escribió Brian Nichols, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental.

Un mensaje similar fue divulgado este martes por Amnistía Internacional: "Tememos por la vida de José Daniel Ferrer. Tras meses sin tener contacto con él, su familia pudo verlo el pasado 18 de marzo y constatar el grave estado de salud en que lo mantienen las autoridades cubanas".

"Exige a Díaz-Canel liberarlo ¡YA!", escribió la ONG en sus redes sociales.

La entidad reconoce a Ferrer García como un preso de conciencia, por lo que ha exigido en numerosas ocasiones que sea puesto en libertad de inmediato y sin condiciones.

El líder del grupo de oposición política Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) está detenido desde el 11 de julio de 2021, cuando se unió a las manifestaciones antigubernamentales junto a su hijo.

El prisionero político y su familia han denunciado desde entonces que está sometido a un régimen de incomunicación, en confinamiento solitario prolongado, así como el agravamiento de sus problemas de salud, como dolores gástricos, de cabeza y pérdida progresiva de la visión, entre otros.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la OEA, expresó el lunes preocupación por la salud del prisionero de conciencia cubano, y subrayó que los Estados tienen la obligación de proporcionar servicios de salud a las personas bajo su custodia.

Víctimas de la represión comparten sus testimonios mientras se discute en la ONU las violaciones de derechos humanos en Cuba

Conferencia de prensa en Miami convocada por el Centro por una Cuba Libre (CCL) / Foto: Martí Noticias
Conferencia de prensa en Miami convocada por el Centro por una Cuba Libre (CCL) / Foto: Martí Noticias

Víctimas de la represión la isla participaron este martes en una conferencia de prensa organizada por el Centro por una Cuba Libre (CCL) en la Universidad Internacional de Florida (FIU).

El encuentro tuvo lugar en el marco de la presentación sobre Cuba en el Examen Periódico Universal, que se celebra cada cuatro años en la sede de Naciones Unidos.

Entre los participantes estuvo Rufina Velázquez, hija del exprisionero político Ramón Velázquez Toranzo, detenido el pasado 10 de marzo en la Isla luego de convocar a una protesta pacífica desde El Cobre, en Santiago de Cuba.

“Mi padre estuvo en El Cobre desde el ocho de marzo y dos días después lo sacaron de allí a la fuerza y lo mantuvieron incomunicado durante una semana”, explicó la mujer en declaraciones a Martí Noticias, minutos antes de comenzar la reunión.

“La única opción que le dan es deportarlo a Estados Unidos y prohibirle la entrada a Cuba. Mi padre se mantuvo en huelga de hambre por 13 días. Estuvo muy delicado de salud, muy débil y depuso la huelga el pasado sábado 23, pero todavía no acepta el destierro, que es la única opción que le están dando”.

Según dijo, desde el pasado sábado no tienen comunicación con él. “Todavía no lo han acusado formalmente de ningún cargo. Según le dijeron a mi familia, la fiscalía de Santiago de Cuba está tratando de crearle un caso sobre un llamado al desorden institucional. Hasta ahora están supuestamente en el proceso investigativo. No creemos que tengan ninguna base porque mi padre no ha roto ninguna ley”, detalló.

En el encuentro también estuvo presente, vía online, Osiris José Puerto Terry, quien recibió tres balazos en diferentes zonas del cuerpo en la tarde del 11 de julio de 2021, durante las manifestaciones populares de ese día.

Puerto Terry se encontraba en la Calzada de Diez de Octubre, en La Habana, zona que transitaba habitualmente ya que tenía una heladería ambulante. Todavía recuerda cuando en medio de las manifestaciones escuchó a uno de los oficiales ordenar al resto que dispararan contra el pueblo. Casi tres años después, sigue bajo las presiones de la policía política.

“Justicia es lo que estamos exigiendo”, comentó el hombre, que asegura que todavía debe presentarse mensualmente en la estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) para firmar documentos. También lo presionan “cada vez que llega una fecha señalada. Así estamos aquí”, dijo.

Otra de las asistentes al avente fue Elizabeth León Martínez, madre de José A. Gómez León, Frandy González León, Adonis A. Remón León y Santiago Vázquez León, manifestantes del 11 de julio. Tres de ellos permanecen todavía en prisión.

León Martínez hizo un recuento de la represión contra su familia el día de las protestas y de las irregularidades durante el proceso que llevó a sus hijos a los tribunales.

Este martes activistas cubanos testificaron ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. “A pesar de la brutal represión, los cubanos están protestando pacíficamente en las calles, reclamando el cambio democrático”, dijo en su intervención Rosa María Payá, fundadora de la iniciativa Cuba Decide.

“Instamos a la comunidad internacional a exigir que Cuba libere a los presos políticos y respete todas las garantías electorales y los derechos humanos fundamentales con el objetivo de realizar un plebiscito vinculante para cambiar el sistema e iniciar una transición a la democracia. Señor vicepresidente, es hora de ponerse de parte del pueblo cubano y expulsar de este Consejo a la dictadura cubana”, declaró.

(Con reportes de Alejandro Marcano Santelli)

Activistas acuden a la Cruz Roja Internacional ante deterioro de salud de presa política cubana

Lizandra Góngora, prisionera política del 11J. (Foto: Facebook)
Lizandra Góngora, prisionera política del 11J. (Foto: Facebook)

Activistas de derechos humanos dentro y fuera de Cuba solicitaron en una carta a la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja su mediación ante las autoridades cubanas por el deterioro del estado de salud de la presa política Lizandra Góngora Espinosa, informaron a Martí Noticias disidentes cubanos.

Desde el poblado de Cabañas, en el Mariel, el profesor Moisés Leonardo Rodríguez explicó el objetivo de la misiva.

“El propósito es ver si la Cruz Roja Internacional y su sección América toman cartas en el asunto de Lizandra, puesto que se trata de una urgencia médica que no está siendo debidamente atendida, según establecen las normas internacionales, en particular las reglas mínimas de atención a reclusas de Naciones Unidas, de la cual está dictadura es miembro de su Consejo de Derechos Humanos", argumentó.

Activistas acuden a la Cruz Roja ante negación de asistencia médica especializada a presa política cubana
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"Intentamos agotar este recurso para ver si al fin la dictadura sede y se le concede la atención médica debida a esta prisionera política y de conciencia”, destacó el promotor de la organización disidente Corriente Martiana.

Por su parte, el también activista Lázaro González Valdés señaló que las autoridades cubanas están violando las reglas internacionales de tratamiento a reclusos.

“Estamos tocándole la puerta a la señora Mirjara Spoljaric, poniéndole sobre su despacho el caso de Lizandra Góngora Espinosa. Se están violando las Reglas Mandela, que en su regla número 24 establecen claramente que la prestación de los servicios médicos es una responsabilidad del estado, y que debe tener los mismos estándares disponibles que en el exterior penal", señaló.

El opositor agregó que, en la regla número 27, se especifica que, en casos especiales de cirugía, las autoridades penitenciarias tienen que actuar rápidamente a favor del recluso. "En este caso, Lizandra tiene una patología de alto riesgo, un fibroma que requiere cirugía, una operación de urgencia”, recordó.

Desde Güira de Melena, en Artemisa, Ángel Delgado, esposo de Góngora Espinosa, describió el estado de salud de la presa política, que fue internada a inicios de marzo en el Hospital General Docente Héroes del Baire, en Nueva Gerona. Los médicos dijeron que su caso requería cirugía, pero que allí no tenían los insumos ni el especialista para practicarla.

Mientras, en el penal de mujeres Los Colonos, las condiciones son precarias.

“Hay que cargar el agua en cubos; Lizandra no puede hacer fuerza con un fibroma... Allá adentro no hay nada, por eso fue que yo me decidí a reclamar un traslado para un hospital aquí, en La Habana”, describió el esposo de la activista.

Lizandra Góngora Espinosa, de 38 años de edad, madre de cinco niños, fue condenada a 14 años de prisión por el Tribunal Militar de la Región de Occidente por los presuntos delitos de sabotaje, robo con fuerza y desórdenes públicos, tras su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021, en el poblado de Güira de Melena, en la provincia de Artemisa.

Payá pide expulsión de Cuba del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

La activista cubana Rosa María Payá (izq.) habla ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Ginebra, 26 de marzo del 2024.
La activista cubana Rosa María Payá (izq.) habla ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Ginebra, 26 de marzo del 2024.

En su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas este martes la activista Rosa María Payá dijo que la constitución impuesta por el gobierno cubano niega al pueblo el derecho de vivir en democracia, y que por ello hacía un llamado a que “Cuba sea expulsada del organismo".

“Instamos a la comunidad internacional a exigir que Cuba libere a los presos políticos y respete todas las garantías electorales y los derechos humanos fundamentales con el objetivo de realizar un plebiscito vinculante para cambiar el sistema e iniciar una transición a la democracia. Señor vicepresidente, es hora de ponerse de parte del pueblo cubano y expulsar de este Consejo a la dictadura cubana”, declaró la fundadora de la iniciativa Cuba Decide.

Además, señaló que el gobierno cubano emplea el terrorismo de Estado usando la ejecución extrajudicial de sus oponentes, “tal como sentenció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” cuando responsabilizó al estado cubano por el asesinato de los opositores Oswaldo Payá, y Harold Cepero.

Asimismo añadió que el régimen “reprime, encarcela y tortura a los que piensan distinto” y que hay más de 1000 personas en prisión en Cuba por manifestar su opinión públicamente, incluyendo al líder opositor José Daniel Ferrer, que es sistemáticamente torturado y está en peligro de muerte.

Expresó además que el régimen viola los derechos humanos e impide a los cubanos prosperar con el fruto de su trabajo, “forzando al pueblo a una profunda crisis humanitaria”.

Añadió que “a pesar de la brutal represión, los cubanos están protestando pacíficamente en las calles, reclamando el cambio democrático” e instó al Consejo a exigirle “a los dirigentes cubanos que se sometan a la voluntad soberana de la ciudadanía”.

Payá fue una de varias activistas que testificaron ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuyo Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal examinó el historial de Cuba en materia de derechos humanos.

Kirenia Nuñez, coordinadora de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, dijo que la población cubana continúa enfrentándose a represión, arrestos arbitrarios y desapariciones forzosas cuando se manifiesta. Señaló ademas que en marzo de este año se realizaron protestas en varias ciudades del país, principalmente en el este, y que hasta ahora conocen de 10 personas privadas de libertad como parte de la represión de las manifestaciones.

Una representante de Amnistía Internacional dijo en una intervención por video que la organización está profundamente preocupada por los continuos desafíos a los derechos humanos en Cuba, particularmente en lo que respecta a la libertad de expresión y de reunión.

Después de las intervenciones, el Representante Permanente Adjunto de Cuba ante las Naciones Unidas, Embajador Yusnier Romero Puentes, calificó de acusaciones falsas las declaraciones de los que expusieron las violaciones de derechos humanos en Cuba.

“No podemos estar aquí escuchando acusaciones falsas de quienes reciben dinero de una potencia extranjera para intentar subvertir el orden interno de nuestro país”, dijo.

Régimen permite 111 procesiones salvo en Bayamo y una en El Vedado (VIDEO)

El sacerdote cubano Lester Rafael Zayas Díaz, junto a sus feligreses, en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en el Vedado.
El sacerdote cubano Lester Rafael Zayas Díaz, junto a sus feligreses, en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en el Vedado.

Las autoridades cubanas autorizan más de un centenar de procesiones de Semana Santa en Cuba, pero deniegan las de la diocésis de Bayamo-Manzanillo y la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en La Habana.

El padre Ariel Suárez, secretario adjunto de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, informó que el gobierno autorizó 111 procesiones religiosas de Viernes Santo y Pascua de Resurrección.

“En la diócesis de Bayamo-Manzanillo no aprobaron ninguna y no aprobaron las del padre Lester en La Habana”, dijo el padre Reyes.

“Si la procesión no les va a suponer a ellos un peligro, no hay por qué impedirlas, o sea el problema es eso, cuando ellos ven que la procesión puede complicarle las cosas (...) En ningún lugar de Bayamo hay procesión porque Bayamo acaba de levantarse en protesta, entonces tú ten en cuenta que aquí la prioridad es el sistema, el filtro de todas las decisiones es el sistema”, agregó el sacerdote.

Otro lugar donde ocurrieron protestas recientemente es en Santiago de Cuba. Pero el arzobispo de esa ciudad, Dionisio García Ibáñez, dijo a Martí noticias que allí no hay tradición de procesión de Viernes Santo. La hubo en otra época, pero después de la revolución no se hizo ninguna más, precisó.

"En ningún lugar de Bayamo hay procesión porque acaban de levantarse en protesta"
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Por otra parte, la prohibición de la procesión a la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en la barriada habanera del Vedado, fue denunciada el lunes como una violación a la libertad religiosa por su párroco, Fray Lester Rafael Zayas Díaz.

En un detallado post en Facebook, el líder religioso informó a sus feligreses y a la comunidad que había sido informado a través de "los canales pertinentes" que no sería aprobada la procesión del Santo Entierro por las calles del Vedado, a pesar de que fue solicitada oportunamente.

"Lamento que se vea maltratada la libertad religiosa de una parcela del pueblo de Dios, por cosas que podrían ser tratadas en un diálogo franco y sereno", escribió.

"La solicitud de la procesión no es una iniciativa del párroco, es fruto del deseo de la feligresía y por tanto del pueblo que quiere manifestar públicamente su fe, quiere llevar la religión que profesan a sus barrios, a sus calles, a sus casas, a su vida diaria, es por tanto un derecho soberano del Santo Pueblo Fiel de Dios. Negarla como castigo a un párroco es además de absurdo, una violación de la libertad religiosa. El párroco es solo el portavoz del deseo del pueblo, es quien la solicita a la autoridad competente pero no es un deseo personal suyo", explicó el sacerdote.

El sacerdote cubano Lester Rafael Zayas Díaz.
El sacerdote cubano Lester Rafael Zayas Díaz.

Zayas Díaz es firmante de la carta “He visto la aflicción de mi pueblo”, publicada en enero de 2021, en la que un grupo de sacerdotes, laicos y feligreses alientan a romper “las cadenas” frente a la crisis política, económica y socia en la isla y en noviembre de ese mismo año, ante los temores de que la Marcha Cívica por el Cambio en Cuba fuera reprimida como ocurrió con los manifestantes del 11 de julio, estuvo entre los sacerdotes cubanos que dirigieron un mensaje a militares, reclutas y población civil de abstenerse de emplear la violencia contra los cubanos, con la exhortación "¡No alces la mano contra tu hermano!".

En el mensaje de esta semana, el religioso admite que el contenido de alguna de sus homilías "pueda resultar incómodo" pero defiende que "jamás ha sido usado el púlpito para hacer política, al estilo de los partidos políticos o como ellos entienden la política pues no es competencia del predicador hacer eso".

"Si alguien ha querido ver en mis homilías otra cosa, ya sea de dentro o de fuera, no es correcta ni bien intencionada su visión. Nunca en mis años de sacerdocio he hecho uso del espacio público, dígase durante las procesiones para exhortar a nada que no sea la piedad. Soy muy consciente del espacio público y máxime defensor de un estado laico, como para saber distinguir entre el espacio público que lleva un tipo de tratamiento y el espacio religioso que lleva otro. Es por ello que no comprendo los temores que pudieran haber llevado a la negativa de la procesión. Como sacerdote y hombre adulto conocedor de las leyes y de la actual Constitución de la República sé qué me es permitido y qué no", agregó en su comentario.

[Incluye reporte radial de José Luis Ramos]

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