El régimen de La Habana intensificó en las últimas horas las acciones de vigilancia e intimidación contra activistas, periodistas y miembros de organizaciones civiles, en una escalada represiva que coincide con la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos.
“Hoy 10 de diciembre de 2025, continúa operativo represivo de la Seguridad del Estado en Lawton contra Ángel Moya Acosta y contra mí; los represores también vigilan la sede de Las Damas de Blanco donde residimos”, afirmó la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler.
Vecinos reportaron la presencia de varias patrullas policiales en la zona y agentes de la Seguridad del Estado.
Otro de los casos es el del periodista Boris González Arenas. Su esposa, Juliette Isabel Fernández Estrada, escribió en Facebook que “desde primera hora tiene vigilancia" y "no tiene servicio de internet”.
"Este gobierno solo tiene energía para reprimir al pueblo al que está matando de hambre”, apuntó.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) informó también que agentes de la Seguridad del Estado visitaron a cuatro de sus integrantes —Eroisis González, Fernando Palacio, Juan Manuel Moreno y Zelandia Pérez— como parte de operativos que incluyeron advertencias y restricciones de movimiento. En los casos de Moreno y Pérez, ambos convalecientes de chikungunya, se les prohibió salir de sus viviendas bajo amenaza de ser acusados de “desacato”, señaló la organización.
Denuncias similares fueron reportadas por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), que documentó presiones y citaciones arbitrarias contra colaboradores en Camagüey, Santa Clara y otras provincias. Entre los afectados figuran Juan Carlos Hernández Zaldivar, Cecilia Castellano Guillén, Ramón Jiménez Arencibia, Irel Gómez Moreira y Lázara Sánchez Fiallo, sometidos a prohibiciones de tránsito, restricciones de reuniones dentro del hogar, interrogatorios intimidatorios y órdenes de no salir este 10 de diciembre.
La activista Yamilka Lafita, conocida como Lara Crofs, relató que fue visitada en su vivienda por un hombre que se identificó como “jefe de los combatientes” acompañado de dos policías. “Vino a mi casa para informarme que no puedo salir. Dicen que ‘por el motivo que yo sé’”, indicó.
“Mi puerta puede estar vigilada, pero mi voz no la callan”, dijo y sostuvo que continuará defendiendo los derechos humanos “aunque cueste la libertad o el exilio”.
En Santa Clara, el OCDH alertó sobre la situación de su colaborador Ramón Jiménez Arencibia, a quien la Seguridad del Estado ordenó no salir de su casa este 10 de diciembre, le prohibió transitar por el parque Vidal y le impuso limitar a tres personas las visitas en su domicilio. Durante el interrogatorio, según el organismo, fue advertido de que no se tolerarían “alteraciones del orden”.
Analistas consultados por Martí Noticias este martes señalaron que este 10 de diciembre llega marcado por un contexto de represión sostenida.
“Llegamos en una situación bien precaria, con un montón de derechos insatisfechos”, dijo el politólogo Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del CTDC, quien afirmó que la sociedad “demanda cambios profundos”.
La organización Prisoners Defenders reportó que hasta noviembre de este año se contabilizaban 1.192 presos políticos en Cuba, en cárceles hacinadas y con carencias de atención médica y alimentos.
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