Venezuela
Periodistas alertan sobre plan del chavismo de instaurar un "Estado Mayor de la Comunicación"
El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela alertó sobre el peligro de que el régimen chavista instaure el denominado "Estado Mayor de la Comunicación", que conduciría al dominio absoluto de los medios de prensa en ese país, durante un contexto electoral.
La entidad que acoge a casi 27 mil periodistas rechazó el plan anunciado por el Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Fredyy Ñáñez de crear esta estructura militar para conseguir "la integración, tanto de los comunicadores sociales, populares, claps (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), medios alternativos y comunitarios con el Ministerio de Comunicación e Información a fin de facilitar los enlaces interinstitucionales".
De acuerdo a este funcionario, es necesaria la modernización de las leyes para conseguir una «transformación y recuperación de la identidad nacional".
El Colegio Nacional de Periodistas destacó que este plan se da cuando Venezuela se encamina a celebrar elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024.
"El ecosistema de medios del país se encuentra reducido al mínimo, con el cierre sistemático de cientos de estaciones de radio y de programas de opinión, la desaparición práctica de la prensa escrita a partir de maniobras de asignación de papel periódico y de otros insumos, de persecución y criminalización de reporteros y comentaristas que investigan sobre irregularidades gubernamentales, del bloqueo constante a páginas de Internet cuando se muestran críticas a la actuación del régimen, de la censura como norma, de la opacidad de las instituciones nacionales a la hora de ofrecer los datos de su gestión pública y de la aprobación de una ley que regula de manera ilegítima las organizaciones no gubernamentales donde la sociedad civil hace vida, entre otras tantas maneras de control total sobre el hecho comunicacional y periodístico", denunció el colegio.
La declaración del gremio de periodistas consideró que esta nueva maniobra consolida "la hegemonía comunicacional estatal" que ha sumido "en el silencio periodístico a una buena parte del país".
El comunicado criticó la instauración de un organismo de inspiración militar "aplicado al pensamiento y la cultura, a la libre circulación de las ideas y a derechos fundamentales del hombre como lo son el de la libre expresión, el acceso a la información, a la creación artística, a la libertad de cátedra y de asociación".
Venezuela acusa a Rocío San Miguel de ser espía
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, acusó este lunes a la activista de derechos humanos y abogada especialista en asuntos militares Rocío San Miguel de ser “espía” y de compartir información de seguridad nacional con un embajador extranjero.
Saab aseguró en una conferencia de prensa en Caracas que San Miguel tenía en su poder 18 mapas cartográficos donde se detallaban varias instalaciones militares y sus respectivas zonas de seguridad. El funcionario dijo que esa información habría sido obtenida con colaboración militar y resaltó que la demarcación de ese tipo de zonas son consideradas datos de inteligencia reservados al Estado.
El fiscal dijo que el número telefónico de San Miguel estaba en la lista de contactos de militares que lideraban la llamada Operación Brazalete Blanco, que, según las autoridades venezolanas, pretendía atentar contra el presidente Nicolás Maduro y generar caos en el país, y dijo que San Miguel fungía como espía "a través de parejas o relaciones públicas con miembros de las Fuerzas Armadas para planificar acciones en contra de la soberanía nacional".
San Miguel fue detenida la semana pasada e imputada por los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación.
Saab dijo que poseer mapas y las gacetas oficiales donde se crearon las zonas de seguridad es una cuestión pública, aunque dijo considerar que su acumulación sistemática es parte de “un trabajo de inteligencia sostenido”.
Saab también cuestionó que la prensa se refiera a San Miguel como una activista de derechos humanos. “La actividad de Rocío San Miguel era ajena a los derechos humanos. Su ONG es una fachada para hablar en contra de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Incluso hay declaraciones de ella pidiendo sanciones contra el Estado”, añadió.
Saab dijo que San Miguel tenía perfiles, listas y comunicaciones sobre el Alto Mando militar, y la acusó de ser “una agente” a la que le habría hecho varios pagos en dólares una trasnacional petrolera, uno de ellos por presuntamente hacer un análisis de entorno de una instalación militar en Venezuela.
Según Saab, San Miguel “le entregó información a un embajador europeo sobre el fortalecimiento del sistema de defensa antiaéreo”, y dijo que la activista tuvo reuniones con diplomáticos de al menos cuatro países, aunque no mencionó cuáles.
También aseguró que su despacho pudo constar reuniones de San Miguel en Europa y Estados Unidos con funcionarios militares para presuntamente transmitir información, y acusó a San Miguel de preparar un protocolo para “esconder” sus equipos electrónicos si era detenida.
San Miguel es presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, especializada en leyes y compras militares.
Gobiernos extranjeros y organismos multilaterales, entre ellos la oficina del Alto Comisionario para los derechos humanos de las Naciones Unidas, expresaron su preocupación por la detención de San Miguel y exigieron su liberación inmediata.
El exfiscal Zair Mundaray ironizó en redes sociales que los mapas “ahora son objetos de ilícita tenencia” y que “se crea el delito de porte ilícito de mapas”, a raíz de las acusaciones.
Su hija pudo verla, se dice inocente
Este lunes, nueve días luego de su detención, San Miguel pudo ser visitada por su hija Miranda en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), en El Helicoide, en Caracas, informó el abogado Joel García.
“A pesar de la injusta privación de su libertad, [San Miguel] se encuentra fortalecida y muy confiada de su inocencia. [Dice] que no existe nada que la comprometa en los delitos que les imputan”, indicó el jurista en la red social X.
El abogado Juan Carlos González precisó que San Miguel pudo compartir con su hija “por cerca de tres horas”.
“Reitera su inocencia, fuerte en sus convicciones, y reclama que no se le ha permitido designar abogados de su confianza”, escribió en sus redes sociales.
Fiscalía de Venezuela confirma la detención de la activista Rocío San Miguel
El fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó el domingo la detención de la activista Rocío San Miguel por su supuesta vinculación a una presunta "trama conspirativa" e intento de "magnicidio" contra el presidente Nicolás Maduro.
En un mensaje de la red social X, el fiscal dijo que San Miguel enfrentaba una orden de aprehensión por el caso denominado "Brazalete Blanco" que, según señaló, buscaría "atentar contra la vida del jefe de Estado", además de otros altos funcionarios, y atacar a unidades militares.
Saab no proporcionó evidencia que avale las acusaciones mencionadas, e indicó que se continúan recabando elementos en contra de personas relacionadas a los hechos denunciados, a quienes no identificó. Tampoco se refirió al lugar ni a las condiciones en que se encuentra San Miguel.
La abogada venezolana de 57 años es presidenta de la organización Control Ciudadano, especializada en la defensa de derechos, seguridad y fuerzas armadas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le concedió a ella y su hija medidas cautelares en 2012.
San Miguel fue detenida el viernes en el aeropuerto de Maiquetía, Caracas, cuando acompañada de su hija "se disponía a salir del país por el asueto de carnavales", indicó a The Associated Press Gonzalo Himob, director vicepresidente de la organización no gubernamental Foro Penal.
"No se sabe hasta esta hora dónde está", agregó Himob, y adelantó que recopilan información del caso.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos en Venezuela condenaron la detención de la activista, a quien consideran una de las figuras más representativas en la lucha por el respeto a dichos derechos en ese país.
El organismo activista Civilis Derechos Humanos condenó el hecho y calificó de "arbitraria" la detención de la activista, al tiempo que exigió "saber de su paradero" luego de que han transcurrido dos días en que no se sabe de ella, según reclamó en un mensaje en X.
Una foto de San Miguel con el mensaje "#DondeEstáRocío" circuló en la cuenta de la organización.
Por su parte, la organización no gubernamental Provea denunció el sábado que San Miguel "ha sido víctima de acoso, persecución y discriminación por parte del Estado venezolano", lo que consideró un hecho "muy grave" que pone en evidencia "el empeño del gobierno por reprimir a las voces críticas", según señaló en su cuenta de X, y exigió que sea liberada de inmediato.
Según cifras del Foro Penal, una organización de carácter humanitario que brinda asistencia jurídica ante detenciones "arbitrarias" en Venezuela, hasta el 5 de febrero se contabilizaban 261 presos políticos, entre los cuales hay 18 mujeres y 146 militares, y 123 que no han sido declarados culpables.
EEUU anuncia revisión de acuerdo con Venezuela
Estados Unidos anunció este sábado que revisaría el Acuerdo de Barbados con el gobierno de Nicolás Maduro, tras la reciente ratificación de la inhabilitación para ejercer cargos públicos de la candidata presidencial opositora María Corina Machado y del excandidato presidencial Henrique Capriles por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela.
Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, dio a conocer esta decisión en un comunicado en el que explica que Estados Unidos está revisando la política de sanciones a Venezuela, "basándose en este hecho y en los recientes ataques políticos contra candidatos de la oposición democrática y la sociedad civil".
Tras el diálogo de Barbados, con la mediación de Noruega, Washington acordó levantar durante seis meses parte de las restricciones a las operaciones de hidrocarburos y gas, y a cambio Venezuela se comprometió a avanzar en un cronograma electoral, revisar las inhabilitaciones y liberar algunos presos políticos.
En diciembre, EEUU liberó a Alex Saab, un aliado cercano de Maduro, a cambio de la liberación de 10 estadounidenses encarcelados en el país sudamericano y la extradición de un contratista de defensa fugitivo. Ese mismo mes, el chavismo ordenó la detención de más de una decena de personas, entre las que se encuentran varios líderes de oposición por presuntos cargos de traición a la patria, conspiración, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
"La decisión de la Corte Suprema de Venezuela del 26 de enero de descalificar a la ganadora de las primarias de la oposición democrática, María Corina Machado, es inconsistente con el compromiso de los representantes de Nicolás Maduro de celebrar unas elecciones presidenciales venezolanas competitivas en 2024", afirma la nota de prensa.
"El proceso de reinstalación careció de elementos básicos, ya que Machado no recibió una copia de la acusaciones contra ella ni se le dio la oportunidad de responder a ellas", indica la declaración de Miller.
Washington considera que se trata de una decisión "profundamente preocupante" que va en contra de los compromisos asumidos por Maduro y sus representantes en virtud del acuerdo de hoja de ruta electoral de Barbados de permitir que todos los partidos seleccionen a sus candidatos para las elecciones presidenciales.
En octubre de 2023, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, había dicho en una audiencia en un comité senatorial que si el régimen de Maduro violaba el acuerdo al que llegó con la oposición en Barbados, Estados Unidos tomaría las medidas necesarias.
María Corina Machado, optimista y firme sobre el futuro de Venezuela, asegura Antonio Ledezma
Persisten muchas incógnitas en materia de elecciones presidenciales en Venezuela, afirmó este jueves el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma en declaraciones a Martí Noticias AM.
El político exiliado en España dijo que, como bien afirmó la candidata de la oposición María Corina Machado, “hay que seguir resolviendo esas dificultades”.
“El régimen no define la fecha de las elecciones y no culmina de despejar las dudas para que los venezolanos tengamos la certeza de que participaremos en un proceso electoral utilizando todas las reglas del juego que nos ofrece la legislación venezolana”, enfatizó el político, exiliado en España.
Agregó que “María Corina está persuadida de las amenazas que existen contra la salida cívica que hemos estado proponiendo, pero tiene mucho optimismo de cara al futuro, y fortaleza para dirigirse a los hermanos venezolanos, y ese fue precisamente el mensaje enviado por ella en Año Nuevo”.
La candidata es como una maratonista que tiene que emplearse a fondo, saltando todo tipo de barricadas hasta alcanzar la meta, dijo Ledezma.
Machado ganó las primarias de la oposición con más del 92% de los votos, siendo la candidata perfecta para las presidenciales del 2024. Está inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años, acusada de irregularidades en su mandato como diputada (2011-2014), y de haber pedido sanciones contra el país.
Las elecciones presidenciales de Venezuela están previstas para el segundo semestre de 2024, pero la fecha exacta aún se desconoce y debe ser determinada por el oficialismo.
Ledezma explicó que la inhabilitación de la candidata opositora, más que un problema jurídico, es un problema político.
"Es una arbitrariedad que pretenden legalizar. Fue un dispositivo accesorio que aplicó el contador Galindez en el año 2015 por doce meses, como dijo en aquel entonces. Por lo tanto, esa inhabilitación es un ardid del régimen para neutralizar su participación en las elecciones”.
En opinión del exalcalde de Caracas, solo hay una salida a estos obstáculos. “Los acuerdos de Barbados de octubre del 2023 deben honrarse lo más pronto posible, apartando las tinieblas que oscurecen el panorama legislativo del país , para ungir a María Corina Machado como nuestra candidata presidencial”, enfatizó.
“Ella ha pedido a la ciudadanía hacer de todo, emplearse a fondo, refiriéndose a 600 mil venezolanos que defenderemos la voluntad soberana de votar en el proceso electoral de este año (...). Ha insistido en actuar de manera disciplinada, no dejarnos arrebatar el ánimo y que no nos desmonten el espíritu de lucha ni las ilusiones con el futuro del país”, concluyó Ledezma, coordinador del Consejo Político Internacional de Vente Venezuela, el partido fundado por Machado en 2012.
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