La Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que sesionó en la ciudad de Salt Lake, Estados Unidos, entre los días 27 y 30 de octubre, condenó las agresiones a la prensa en países como Cuba, Venezuela, Bolivia y Colombia, Brasil y Perú entre otros.
“Durante el año 2017 parece haberse consolidado un patrón de conducta de agresiones en contra de la prensa, tanto de parte del crimen organizado como de las autoridades y los gobiernos. Esta conducta de persecución y acoso se manifiesta en agresiones físicas que en algunos casos llega hasta el asesinato o el intento de asesinato”, expresa el comunicado general de la organización donde desglosa ejemplos en las naciones antes mencionadas.
En el caso de Cuba, refiere el organismo, “no puede ser peor. A las agresiones contra los periodistas se han agregado ahora sus familiares y los usuarios de las redes sociales”, señala el informe.
La argumentación legal del régimen cubano para coartar la libertad de expresión, se basa en la misma Constitución, que indica “la prensa debe estar conforme a los fines de la revolución socialista”. En el país, recalca la SIP, se “prohíbe la propiedad privada de los medios de comunicación”
En un mismo párrafo las conclusiones de la Asamblea General apuntan a que el gobierno de Cuba “castiga a quien pudiera haber indagado secretos del Estado, con lo cual queda eliminada toda posibilidad de acceso a información que debiera ser pública. Continúa restringido el acceso a internet y quienes se dedican al periodismo sufren detenciones arbitrarias y condenas absolutamente inaceptables”.
Casos puntuales
En un informe anterior, que data del día 26 de octubre, el organismo regional detalló el ambiente de represión bajo el que laboran los periodistas independientes en Cuba, agravado por las difíciles condiciones económicas y el control estricto del Ministerio del Interior (MININT) sobre las voces discordantes del diiscurso oficial.
Entre los caso son citados los de los periodistas Sol García Basulto y Henry Constantín Ferreiro (Vice-Presidente regional de la SIP), que elaboran el medio independiente La Hora de Cuba, desde la ciudad central de Camagüey.
Otros de los casos que citan son los de Maykel González Vivero, detenido en varias ocasiones mientras realizaba entrevistas para su labor como reportero y el de Karla Pérez Sánchez, colaboradora de Somos +, expulsada de la universidad y que finalmente debió salir del país.
A continuación el informe detallado de la SIP para el caso de Cuba:
La situación de la libertad de prensa se ha agravado en este período debido al incremento de las agresiones en contra de periodistas independientes y hasta sus familiares y usuarios de las redes sociales por parte de los órganos policiales del Ministerio del Interior y la colaboración del Ministerio de Justicia.
El crecimiento de las agresiones se debe también al contexto político; por un lado, el traspaso poder en febrero de 2018 a alguien fuera de la familia Castro y, por el otro, las relaciones más tensas con el gobierno de Donald Trump. A esto se suma un cada vez más tenso clima social debido a la situación económica como parte de mayores restricciones a la actividad privada.
El gran problema es que el ciudadano carece del mínimo control sobre las leyes. No puede cuestionarlas en público, usarlas para su defensa en contra del gobierno o sus agentes. La impunidad es absoluta.
El freno legal primario reside en el artículo 53 de la Constitución que reconoce la libertad de palabra y prensa siempre y cuando se use "conforme a los fines de la revolución socialista", y prohíbe la propiedad privada de los medios de difusión.
El Código Penal es el artilugio más empleado por las autoridades para restringir las libertades. El Art. 149 del Código Penal sobre "Usurpación de capacidad legal" es el que está siendo más usado para procesar o amenazar periodistas que carecen del título universitario.
El Art. 103.1 sobre propaganda enemiga estipula que castigará a quienes confeccionen o distribuyan propaganda, lo cual el gobierno considerará a todo trabajo crítico, y entre tantas otras disposiciones, castiga a quien difunda noticias falsas.
El Art. 130 castiga a quienes puedan haber indagado secretos del Estado, con lo que toda concepción de acceso a la información pública queda solo a discreción del Estado. El Art 144. 1. Penaliza a quien le falte el respeto a la autoridad, o a los funcionarios públicos. El Art. 147, a quien desobedezca las órdenes de las autoridades; y el 204 a quien denigre a las instituciones oficiales. El Art. 210 penaliza a los que impriman y circulen publicaciones, y el 228, a quien practique actividades comerciales sin licencia del Estado.
Respecto del Reglamento Escolar vigente desde 2012 para todos los estudiantes de 5 a 18 años, establece que deben "amar y estar dispuestos a defender la Patria Socialista" y no pueden entrar a la escuela materiales subversivos, bajo la advertencia de perder el derecho a estudiar en una universidad.
Respecto de la educación superior, los estudiantes de Periodismo deben afiliarse a la Unión de Jóvenes Comunistas - brazo político juvenil del Partido Comunista de Cuba - y deben realizar durante dos meses cada curso prácticas laborales obligatorias en los medios de prensa oficiales.
Los incipientes medios de prensa no solo enfrentan la agresividad de la Policía Nacional y la Seguridad del Estado. También se suman las limitantes legales y las precarias condiciones económicas en las que un paquete de 500 hojas tamaño carta cuesta un tercio del salario promedio del país, dos horas de conexión a internet valen 3 dólares y una laptop o una impresora son productos que solo pueden comprarse en el mercado negro.
También la ley 88, o Ley Mordaza, un instrumento legal cuyos artículos 4.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10, 11 y 12 están redactados en forma ambigua, permiten condenar a prácticamente cualquier persona que hable de libertad, aunque las autoridades prefieren censurar mediante el Código Penal.
El internet sigue estando controlada por el monopolio estatal de las telecomunicaciones, ETECSA, que cobra precios descomunales (casi 2 USD por hora de conexión, y unos 40 centavos de dólar por minuto de llamada en la telefonía celular, en un país con salario medio de 25 USD) y viola permanentemente la seguridad y privacidad de los usuarios, llegando incluso a permitir que agentes del Ministerio del Interior accedan a las cuentas personales de determinados usuarios y suplanten su identidad.
Tanto el contrato de acceso a Internet como el de telefonía celular contienen advertencias al usuario de que perderá el servicio si viola "las normas de comportamiento ético que promueve el Estado cubano" o la usa "contra la moral, el orden público, la seguridad del Estado", respectivamente.
La agresiones también están dirigidas contra nuevos proyectos de comunicación, como Convivencia (Pinar del Río), Palenque Visión (Guantánamo) y La Hora de Cuba (Camagüey) lo cual las hace más vulnerables por razones policiales y tecnológicas.
Estos son los hechos más sobresalientes del período:
En septiembre fue condenada a tres años de cárcel (prisión domiciliaria) Karina Gálvez Chiu, miembro del Consejo de Redacción de la revista Convivencia y su principal articulista de temas económicos. Su casa, sede de la revista fue confiscada, por un supuesto delito de evasión fiscal. Por la compra de su casa ya había sido multada por más de mil dólares.
Sol García Basulto, periodista y diseñadora gráfica de la revista La Hora de Cuba, se encuentra oficialmente en arresto domiciliario desde el 24 de julio, como medida cautelar. Se mantiene la investigación en su contra por el supuesto delito de "usurpación de capacidad legal" (artículo 149 del Código Penal cubano, sancionado con hasta 1 año de prisión) al "hacer entrevistas en la vía pública sin estar autorizada", acusación que le fue hecha el 20 de marzo. Desde entonces se le impide salir del país. A esto se suman seguimientos en la vía pública, uso de sus vecinos como vigilantes, interrogatorios policiales a sus fuentes periodísticas y amistades, espionaje de su teléfono celular y navegación por internet, y ciber-acoso desde blogs anónimos y en las redes sociales.
Maykel González Vivero, periodista, ha sido detenido en dos ocasiones mientras hacía entrevistas, y en ambas Seguridad del Estado borró su trabajo. Junto a su pareja, también periodista, fue conminado a desnudarse para revisación y se les tomó fotografías.
Karla Pérez Sánchez, estudiante de primer año de Periodismo en la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, y colaboradora del movimiento político Somos Más, fue expulsada de la universidad luego de un proceso político por haber publicado opiniones críticas en sitios digitales independientes, contra Somos Más.
Henry Constantín Ferreiro, director de la revista La Hora de Cuba y vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, está bajo investigación, desde el 17 de marzo, debido a "usurpación de capacidad legal" por hacer entrevistas en la calle. Se le prohíbe viajar fuera del país y cuando intenta viajar a otras partes del país se le cita a la policía para impedirle el viaje. Además, su teléfono y el de sus principales colaboradores, su acceso a internet y su domicilio están vigilados. La Hora de Cuba es víctima de ciber-acoso desde blogs anónimos y cuentas de Facebook de funcionarios oficiales.
Además, existen decenas de personas que cumplen prisión –en condiciones higiénicas y alimenticias graves, con pésima atención médica y mezclados con presos comunes de los que reciben frecuentes agresiones- solo haberse expresado en medios. El caso más relevante es de Eduardo Cardet, del Movimiento Cristiano Liberación, detenido, juzgado y condenado luego de emitir opiniones tras la muerte de Fidel Castro.
En este período, además, los juicios y las amenazas de juicio afectaron a Karina Gálvez, Iris Mariño, Inalkis Rodríguez, Sol García Basulto, Jorge Bello, Manuel León y Henry Constantín.
Varios periodistas fueron impedidos de viajar al extranjero, entre ellos, Regina Coyula, Sol García Basulto, Maykel González Vivero, Yoandy Izquierdo, Anderlay Guerra, Raúl Velázquez, Roberto de Jesús Quiñones, Iván Hernández Carrillo, Abel Estrada y Henry Constantín.
Otros como Dagoberto Valdés, Yoandy Izquierdo, Rolando Rodríguez Lobaina fueron requisados exhaustivamente en aeropuertos.
A muchos se les dictaron actas de emergencia: Iris Mariño, Sol García Basulto, Irina León, Lisandra Orraca, Iván García Quintero, Dagoberto Valdés, Yoandy Izquierdo, Jorge Bello y Ramón Góngora).
Numerosos periodistas vieron confiscados sus herramientas de trabajo y borrados imágenes, audios y registros: Karina Gálvez, Martínez Jerez, Maykel González Vivero, Rolando Rodríguez Lobaina e Iván Hernández Carrillo.
Varios periodistas como Iris Mariño, Sol García Basulto, Serafín Morán, Maykel González Vivero, Mario Echevarría y Esteban Ajete denunciaron ser perseguidos en la vía pública.
También los familiares de varios periodistas como Iris Mariño, Sol García Basulto, Iván García Quintero, Rolando Rodríguez Lobaina y Henry Constantín fueron molestados por las autoridades.
Ante eventos públicos especiales, las autoridades prohibieron salir de sus viviendas y en algunos casos de sus provincias a los siguientes periodistas: Sol García Basulto, Karina Gálvez, Tania de la Torre, Santiago Márquez, Yordani Blanco, Roberto Moreno, Yuniel Blanco, Carlos Torres, Raúl Velázquez, Osniel Carmona y Henry Constantín).
Los periodistas Iris Mariño, Sol Basulto y Henry Constantin fueron espiados permanentemente, sufriendo casos de ciber-acoso a través de redes sociales y redes sociales anónimas.
Existen algunos hechos positivos.
La perseverancia de algunos proyectos comunicativos y periodistas que, no obstante haber sido especialmente agredidos, insisten en trabajar desde dentro de Cuba y sus provincias.
El envío de delegaciones europeas de alto nivel hasta provincias del interior del país, para que visitaran al equipo del proyecto Convivencia y a la sede de la revista La Hora de Cuba.
La extensión del acceso a internet a barrios en varias ciudades del país. Pese a los altos precios, por lo menos se rompió la hegemonía de que los únicos que podían acceder a internet eran aquellos en puestos de jerarquía en el gobierno.