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Acusan de cohecho a empresario mexicano


Nadie está seguro: Centro de Negocios MIramar para empresarios extranjeros, entre ellos los de ABC Import Export.

El comparendo cursado a Alfredo Capetillo sería seguido de una requisitoria y posible juicio en ausencia, el mismo método aplicado a los hombres de negocios chilenos Max y Marcel Marambio.

La policía cubana conminó públicamente al empresario mexicano Alfredo Capetillo a comparecer ante su órgano de Instrucción el próximo miércoles, acusado de cohecho (soborno), según una citación publicada este sábado en la Gaceta Oficial.

Se conmina "por medio de la presente CITA a la persona antes descrita para que se presente ante el que suscribe (Mayor Carlos Martínez) el día 20 de noviembre de 2013", advierte el texto.

Capetillo, de 57 años, representaba en Cuba a la empresa extranjera International ABC Import-Export, que se ocupaba de comercio mayorista para el sector del turismo.

"Se le apercibe que de no presentarse en la fecha indicada, se procederá a liberar la correspondiente Requisitoria", señala el comunicado.

El delito de cohecho está prescrito en el Código penal cubano como "quien dé la dádiva o presente, o favorezca con cualquier otra ventaja o beneficio, o haga ofrecimiento o promesa al funcionario para que realice, retarde u omita un acto propio de su cargo".

Igual procedimiento requisitorio se emprendió en 2011 contra los empresarios chilenos Max y Marcel Marambio, los que fueron juzgados en ausencia en junio de ese año y condenados a penas de 20 y 15 años, respectivamente, bajo cargos de "actos de corrupción administrativa".

El portal Café Fuerte apunta que la representación en Cuba de la sociedad anónima International ABC Import Export ocupa la oficina 115 del edificio Beijing, en Miramar. La firma se dedica a la compraventa mayorista y entró en Cuba para sacar partido del turismo, comercializando muebles, equipos e insumos de hotelería y gastronomía.

Alfredo Jaime Capetillo es hijo del empresario mexicano Alfredo Jaime Villalonga, quien se dedica al giro del turismo.

Según el código penal cubano el empresario mexicano podría encarar sanción de dos a cinco años de prisión, o una multa de 500 a 1,000 cuotas, mientras que los funcionarios cubanos involucrados encajarían entre cuatro y 20 años, en dependencia de si exigieron, solicitaron, recibieron o simplemente aceptaron el ofrecimiento.


El nuevo episodio de procesamiento judicial de un empresario foráneo ocurre mientras La Habana se esfuerza por estimular la inversión extranjera en su nueva Zona Especial de Desarrollo del puerto del Mariel.

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