La actual crisis de salud pública en Cuba es mucho más severa de lo que el régimen reconoce, sostiene el más reciente informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), publicado por el laboratorio de ideas Cuba Siglo 21. El estudio expone que las muertes provocadas por el chikungunya y otros virus que circulan en la isla podrían ascender a 8.700.
“Aplicamos distintos escenarios hipotéticos, del más moderado al más grave. El escenario que presentamos es hasta 185 veces mayor que las muertes reconocidas oficialmente por el régimen”, explicó a Martí Noticias el historiador Juan Antonio Blanco, presidente de Cuba Siglo 21.
Las autoridades han reconocido que más del 30% de la población del país habría enfermado de chikungunya durante la actual epidemia. El informe destaca que esa cifra fue mencionada públicamente por Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, quien afirmó en un panel televisivo el 12 de noviembre que “en las evaluaciones realizadas se han encontrado porcentajes de alrededor de un 30 %, 30 y tantos por ciento” de contagios.
A partir de ese dato oficial y de parámetros epidemiológicos internacionales, el OCAC estima que, en un escenario de letalidad moderada (0,3%), las muertes atribuibles al chikungunya podrían ascender al menos a 8.700, una cifra que supera ampliamente las defunciones reconocidas oficialmente hasta mediados de diciembre (47).
Incluso bajo un cálculo más conservador, con una letalidad baja del 0,1%, el número de fallecidos se situaría en torno a 2.900, más de 60 veces superior al balance gubernamental, destacan.
El informe advierte sobre un subregistro sistemático de casos y muertes, similar al observado durante la pandemia de COVID-19. En escenarios de mayor severidad, con sistemas de salud colapsados y poblaciones vulnerables, el número de decesos podría ser aún mayor, alcanzando decenas de miles, según el análisis.
El documento atribuye el agravamiento de la crisis a factores estructurales como la falta de medicamentos, hospitales con recursos limitados, la reducción del personal médico debido al éxodo y a la exportación de profesionales, así como a años de subinversión en salud pública y servicios básicos como la recolección de desechos, lo que favorece la proliferación de vectores.
“Hicimos la estimación usando datos del propio Ministerio de Salud Pública, insistió Blanco y recordó que el análisis de ese brote debe tener un enfoque sistémico: "hospitales sin recursos, falta de medicamentos, ausencia de reactivos, médicos que han emigrado en masa y una crisis energética que agrava todo el cuadro”.
La investigación también cuestiona la negativa del Estado a permitir evaluaciones independientes y mecanismos de cooperación internacional, lo que refuerza la dimensión política del daño.
Mantener a la población en condiciones de malnutrición, indefensión sanitaria y exposición a riesgos epidemiológicos constituye, según el informe, una forma de “violencia estructural” ejercida desde el poder.
El análisis concluye que la crisis sanitaria forma parte de un colapso más amplio del modelo político y económico del país, en el que convergen la escasez de alimentos, agua potable, electricidad, transporte y servicios médicos, configurando una crisis de la responsabilidad estatal de proteger a la población.
“Esto es violencia estructural del Estado. Cuando una epidemia controlable se convierte en un cataclismo nacional por abandono, ocultamiento y desvío de recursos, esa violencia también produce muerte”, dijo Blanco.
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