Cuba
"Poco o nada" dicen nuevas medidas migratorias-consulares para opositores regulados
Con el fin de “beneficiar a los cubanos residentes en Cuba y en el exterior, así como la relación familiar entre estos”, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba anunció este martes la aprobación de tres nuevas medidas de carácter migratorio-consular que entrarán en vigor el próximo primero de julio y flexibilizarán la política con respecto a los ciudadanos cubanos residentes en el exterior. Sin embargo, para quienes permanecen regulados (con prohibición de salida) en la isla, o desterrados en otros países, esta noticia dice poco o nada.
“Regulado no, yo tengo bloqueado el derecho de salida, así es como le digo, porque esa palabrita de regulados es un descaro de los comunistas que nosotros hemos asumido”, aclaró a Martínoticias el opositor y periodista independiente Boris González Arenas, residente en La Habana y colaborador de Diario de Cuba.
Boris González no puede viajar fuera de Cuba desde 2019. Lo supo en el Aeropuerto Internacional José Martí, cuando intentó tomar un vuelo a Panamá para asistir a una reunión entre opositores cubanos y las autoridades prohibieron que abordara. Su caso no era el único.
Si bien desde los primeros años del régimen castrista siempre hubo restricciones a la libertad de movimiento de los ciudadanos, tras la reforma migratoria de 2013, durante el mandato de Raúl Castro, muchas figuras de la disidencia comenzaron a viajar al exterior con frecuencia, pero esa situación no perduraría.
Una investigación de Diario de Cuba y CONNECTAS, publicada en 2020, documentó 245 casos de artistas, religiosos, comunicadores y activistas cubanos que estuvieron o estaban regulados por motivos políticos entre enero de 2019 y finales de marzo de 2020. Al régimen comenzó a molestarle que las personas que catalogaba como disidentes salieran y volvieran a la isla y no emigraran definitivamente.
Sin dudas, las medidas recientemente anunciadas constituyen uno de los pasos más importantes dados por Cuba en materia migratoria desde 2013. Incluyen la extensión de la validez del pasaporte ordinario de seis a diez años para los mayores de 16 años de edad, la eliminación del requisito de prórroga cada dos años, la disminución del costo de los trámites en los consulados, la equiparación del tiempo de estancia en Cuba de los cubanos emigrados con el de sus familiares extranjeros y el establecimiento del requisito de presentar el pasaporte cubano para quienes emigraron antes del primero de enero de 1971.
Pero para González Arenas esos cambios no tienen ninguna importancia. “No me traen ningún beneficio y realmente no veo ningún cambio en nuestra condición en un futuro inmediato”, dijo.
“Yo creo que impedirnos salir de Cuba, como impedirles a algunos activistas entrar, como dificultar la vida a los activistas dentro de Cuba o fuera de Cuba, como los presos políticos, es parte de una misma política del agravamiento del seno represivo del castrismo frente a la realidad de que ha perdido poder, a no ser el poder de la fuerza. No se lo pueden permitir. Es una cuestión de sobrevivencia de ellos”, comentó.
El activista Adelth Bonne Gamboa, quien se encuentra regulado desde agosto de 2022, afirmó que en el caso de las personas como Boris y él ese tipo de noticias no generan tristeza ni alegría. “Nos da igual”, dijo.
“Es una artimaña más de ellos (el régimen) para intentar atraer más gente y que la gente vuelva. Ese discurso que ellos tienen de que su prioridad es que los cubanos se reconcilien con la patria y esa bobería, a personas como nosotros, que estamos regulados, no nos incluye. Nos da igual que el pasaporte dure un día, dos años, que 20 años, porque no podemos salir de aquí. Ellos nos tienen presos”, afirmó.
Las nuevas disposiciones tampoco significan mucho para quienes no pueden regresar a Cuba por motivos políticos, sea porque fueron explícitamente desterrados o porque tienen temor a sufrir represalias. Una realidad que, al igual que la de Boris y Adelth, existe desde los mismos años sesenta. Desde esa década existen testimonios y reportes de personas que fueron impedidas de volver o incluso forzadas a irse del país.
Entre los casos más emblemáticos de este siglo se encuentra el del Grupo de los 75 presos políticos de la Primavera Negra de 2003. La mayoría salió de la cárcel entre 2010 y 2011 directo para el exilio en España junto con sus familias, luego de una serie de negociaciones entre los gobiernos de Cuba y España y la Iglesia Católica.
Muy pocos decidieron desafiar al régimen y continuar en Cuba haciendo activismo y, de estos, dos se encuentran de nuevo privados de libertad desde las protestas populares de julio de 2021: los líderes José Daniel Ferrer y Félix Navarro, de Santiago de Cuba y Matanzas, respectivamente.
Años más tarde, en 2019, la organización española PrisonersDefenders realizó un informe con cuatro relatores especiales de Naciones Unidas que informaron que al menos 39 defensores de derechos humanos, periodistas y activistas sociales y políticos de Cuba habían sido obligados a expatriarse entre el 18 de marzo de 2015 y el 26 de mayo de 2019.
Sin embargo, muchos de esos casos no tuvieron la repercusión mediática del Grupo de los 75 o de otros que vendrían después, como los de los artistas Hamlet Lavastida, Tania Bruguera y Camila Lobón, el dramaturgo YuniorGarcía, la escritora Katherine Bisquet, la curadora Carolina Barrero, los activistas Esteban Rodríguez y Héctor Luis Valdés, entre otros.
La periodista Luz Escobar, colaboradora de Diario de Cuba y quien llegó a España en 2022 con sus dos hijas menores de edad y su esposo, contó a Martínoticias que ella estuvo regulada desde mayo de 2019 hasta que decidió salir de Cuba con su familia definitivamente y se lo comunicó a la Seguridad del Estado durante un interrogatorio con el propósito de que levantaran la prohibición.
“Desde que yo empecé en el periodismo, las primeras amenazas eran esas, de que me iban a regular. Ellos no lo hicieron durante varios años, hasta 2019, y después empezaron a decir que me iban a meter presa. Y bueno, salí de Cuba antes de que eso se volviera una realidad”, explicó.
Antes de tomar el avión, Escobar tuvo que hablar con varios oficiales de la Seguridad del Estado. Dijo que ahí le “leyeron la cartilla” y le advirtieron que la dejarían salir si era con la intención de establecerse en otro país, pero que ella continuaría regulada. “Me dijeron que podía salir pero que no podía estar virando, a no ser que pasara algo muy excepcional, y que no podía estar trayendo dinero o equipos para periodistas”, agregó.
Pero esa no ha sido la historia de la periodista Karla Pérez, la profesora e investigadora Omara Ruiz, la curadora AnamelyRamos o el periodista Carlos Manuel Álvarez, que han sido impedidos de abordar vuelos con destino Cuba desde Panamá y Estados Unidos. Y no son los únicos reportados en los últimos años sino apenas los más mediatizados.
En el caso de Karla Pérez, ocurrido en marzo de 2021, el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores que esta semana se pronunció a favor del acercamiento de las familias cubanas con sus nuevas medidas, organizó una conferencia de prensa para justificar la prohibición de entrada de la joven, que entonces tenía 22 años. La funcionaria YaíraJiménez Roig, jefa de Comunicación e Imagen de la institución, dijo entonces que Pérez era “un instrumento” para “acciones desestabilizadoras contra Cuba” y, por tanto, no podía volver a su país natal.
En Cuba, a Karla Pérez la esperaban entonces sus padres, una hermana, más otros familiares y amigos, a quienes no veía desde hacía unos cuatro años, luego de que la expulsaran de la carrera de Periodismo en la Universidad Marta Abreu por sus posturas políticas y marchara a Costa Rica a estudiar. También en Cuba Isabel Urquiola, la madre de Omara Ruiz, espera por su hija, como mismo esperan tantas otras familias de personas exiliadas o desterradas por medidas para “cubanos” que también incluyan a sus seres queridos.
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Informe de Cuba a Comité de los Derechos del Niño de ONU reconoce encarcelamiento de 39 menores por el 11J
El régimen de La Habana reconoció que al menos 39 menores de edad fueron condenados a privación de libertad por las protestas de julio de 2021, en un informe presentado al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (ONU).
“Se ha hecho público un vergonzoso informe de Cuba al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en respuesta a un demoledor informe sobre Cuba de este comité, en su examen periódico del año pasado”, dijo este lunes a Martí Noticias Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, organización no gubernamental con sede en Madrid.
“Numerosas de las acusaciones que hace el Comité, gravísimas, ni siquiera han tenido respuesta por parte de Cuba. Lo que sí hace el régimen es reconocer lo que Prisoners Defenders ha venido denunciando: que más de 3 decenas de niños han sido detenidos, torturados, sometidos a proceso penal y condenados por el regimen de la familia Castro”, subrayó.
Larrondo indicó en Twitter que las autoridades cubanas no detallaron "los detenidos con menos de 16 años, de los que sólo dice (el informe) que se les aplican 'medidas de carácter administrativo, reorientación y educación especializada".
De acuerdo al reporte de Cuba al Comité de los Derechos del Niño, "se han sancionado 488 personas, incluyendo 39 jóvenes con edad entre 16 y 18 años, fundamentalmente por delitos de sedición, sabotaje, robo con fuerza y violencia, atentado, desacato y desórdenes públicos".
"Todos han sido sentenciados a la pena de privación de libertad, si bien algunos han sido "beneficiados" con subsidios de pena (sustitución provisional de la privación de libertad con otra pena, siempre bajo amenazas", enfatizó, por su parte, la organización defensora de los presos politicos cubanos.
Según un fragmento del informe del régimen cubano a ONU publicado por Prisoners Defenders en la red social, 11 menores están internos en campamentos de trabajo forzado, 11 están condenados a trabajo correccional sin internamiento y otros 11 más en limitación de libertad. Seis tienen sanciones de privación de libertad en cárceles de la Isla.
Entre los cargos imputados por los tribunales cubanos a los niños está el de sedición.
“Este delito ha sido considerado ilegítimo por parte, tanto de la CIDH [Comisión Interamericana de Derechos Humanos] como de Naciones Unidas”, subrayó Larrondo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó en 2018 a Cuba “adoptar las medidas necesarias para adecuar sus leyes, procedimientos y prácticas a las normas internacionales sobre derechos humanos. En particular, derogar las figuras penales que, como el delito de sedición y el delito de incitación previstos en los artículos 100 y 125 del Código Penal, respectivamente, resultan incompatibles con el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y asociación”.
El régimen cubano acepta, en su respuesta al Comité de los Derechos del Niño, haber imputado a los menores otros delitos que han sido condenados por los mecanismos internacionales de derechos humanos “como son el desacato, el atentado, los desórdenes públicos y también el sabotaje por haber sido juzgados por tribunales militares frente a menores civiles. Todos los menores, además, son torturados por el régimen”, recalcó Larrondo.
Cuban Prisoners Defenders reportó en su informe correspondiente al mes de abril la existencia de, al menos, 1.048 presos políticos en la Isla.
Asesinato en Guantánamo eleva a 31 cifra de feminicidios este año en Cuba
Yericel Hernández González fue asesinada el pasado viernes en la provincia de Guantánamo. El presunto agresor fue su esposo, y padre de sus dos hijas.
Reportes en redes sociales indican que el hombre se habría entregado a la Policía tras cometer el crimen.
Un día antes fue asesinada Daniela Thalía Tasse Arias, una joven de 22 años, que trabajaban como maestra en la escuela Luis Marcano, en Bayamo, provincia de Granma.
De acuerdo a testimonios recogidos por el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), el hecho ocurrió frente a estudiantes y trabajadores del centro educativo.
Horas antes, YoSíTeCreo en Cuba había informado de otro feminicidio. Tomasa, una mujer de unos 60 años, asesinada presuntamente por su esposo en Luyanó, provincia de La Habana.
Estos tres crímenes reportados la pasada semana en Cuba elevan a 31 los feminicidios registrados en el país en lo que va de 2023. En la mayoría de los casos, se señaló como victimarios a hombres que habían sido, o eran, parejas de sus víctimas.
Por tercer año consecutivo, las plataformas feministas han hecho un llamado a las autoridades del régimen de La Habana para que declaren el estado de emergencia por violencia de género, un mecanismo que consiste en establecer medidas para prevenir y erradicar conductas que promuevan la violencia de género, junto a protocolos de protección para las sobrevivientes.
“Nos están matando porque vivimos en un Estado feminicida, que criminaliza el activismo feminista y LGBTIQA+ (y a todos los activismos), y no quiere implementar mecanismos de protección para los que es imprescindible la sociedad civil”, explica la declaración conjunta de las organizaciones firmantes.
Yanelys Nuñez, coordinadora del OGAT, comentó a Martí Noticias la importancia de que Cuba aprueba una Ley Integral contra la Violencia de Género.
“Esto no solo reconocería las distintas formas de violencia de género que se pueden expresar en la sociedad cubana, sino que atravesaría todo el cuerpo jurídico del país y tendría en cuenta el tema de la prevención y la atención a las víctimas… Ayudaría además a desarrollar de manera sistemática el trabajo que hay que hacer desde edades tempranas para educar contra los estereotipos de género y sensibilizar, que al final es la base de la lucha contra la violencia de género”, apuntó.
En el año 2022, el Observatorio de Feminicidios de YoSíTeCreo en Cuba y el OGAT, contabilizaron 36 feminicidios en el país, la misma cifra en 2021, 32 en 2020 y 14 en 2019, cuando comenzaron a registrar estos hechos en sus plataformas.
Núñez aclara que los recursos humanos y económicos de las plataformas que hoy llevan los subregistros de los feminicidios en Cuba son insuficientes. “Sabemos que, por supuesto, son muchas más que los 36 casos que contabilizamos el año pasado. Incluso tenemos alertas que no pudimos verificar con todos los requisitos que tomamos en cuenta para incluirlos en nuestros informes”.
Para la activista, hay varios factores que influyen en el aumento de este tipo de hechos en Cuba.
“Primero, hay un aumento de la violencia en el país y ahí están las denuncias sistemáticas de asaltos y asesinatos. Esto unido a un aumento de la precariedad, del estrés social y de la crisis institucional que no da seguimiento a las denuncias… No hay refugios para las mujeres víctimas de violencia de género y todo eso se traduce en muertes”, cuestiona.
“No hay trabajo por parte de las instituciones, ni seguimiento de la policía a las denuncias que reciben. Son muchos factores que se unen para dar estas cifras que son alarmantes. No estamos ni a mitad de año y casi llegamos a las cifras del año anterior. Ya contabilizamos 31 y tenemos una alerta aún por confirmar”, concluyó.
Premian a editor de medio independiente elTOQUE con el LASA Media Award 2023 (VIDEO)
El periodista cubano José Jasán Nieves, editor jefe del medio digital independiente elTOQUE, fue galardonado la semana pasada por la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) con su premio anual, en reconocimiento al "rigor periodístico al reportar temas de considerable impacto social en Latinoamérica, basado en datos duros y análisis no-partisanos".
El jurado, integrado por Iria Puyosa, de Digital Research Lab-Atlantic Council; Luz Mely Reyes, de Efecto Cocuyo; Rosental Alves, de la Universidad de Texas; y Omar Rincón, de la Universidad de los Andes, señaló que "el trabjo de Nieves también muestra gran capacidad de innovación en técnicas de investigación periodística y diversos formatos multimedia para presentar contenidos a las audiencias".
LASA reconoció, además, la amplia gama de proyectos que impulsa elTOQUE, que incluye periodismo de transparencia, de servicio público, de verificación de datos, suplementos de humor creativo, podcasts y el desarrollo de una aplicación para la lectura de noticias fuera de línea, "particularmente relevante para las audiencias en países con conectividad limitada a internet", recalcó Puyosa, al dar lectura al acta del jurado.
El trabajo desarrollado por Nieves también refleja su compromiso con la "defensa de los derechos humanos y la justicia social", añadió, y demuestra que "es posible hacer buen periodismo y defender el derecho a la información, incluso en un contexto represivo, con autoridades o normas hostiles que restringen el trabajo de los periodistas".
El académico estadounidense Ted A. Henken, de la City University of New York, dijo que tuvo la idea de nominar a Nieves y elTOQUE al premio de LASA meses atrás, cuando el medio independiente cubano era víctima de "una de las muchas oleadas de represión" por parte del gobierno cubano.
Tras presiones de la Seguridad del Estado, varios miembros del medio digital renunciaron y partieron al exilio. En un comunicado, elTOQUE denunció entonces que el Estado cubano cometía "tortura psicológica" y alertó sobre un "ataque propagandístico" en los medios oficialistas en contra de la plataforma independiente, que se materializó luego con la publicación de videos y declaraciones donde aparecen sus colaboradores, grabados durante largos interrogatorios, bajo la presión de la policía política.
En un conversatorio entre Henken y Nieves, tras el anuncio del premio durante el Congreso LASA, celebrado en Vancouver, Canadá, entre el 23 y el 27 de mayo, el periodista cubano señaló que el galardón "es claro que no es para mí, es un premio para elTOQUE, para el periodismo independiente cubano, para el periodismo independiente de la región latinoamericana, que resiste el embate de gobiernos autoritarios, totalitarios, de dictaduras".
Nieves añadió que, con su trabajo, los miembros de elTOQUE buscan "contribuir al rescate o la construcción de democracias y sociedades civiles resilientes en nuestros países".
En el 2018, otro medio independiente cubano, el diario 14ymedio, recibió una mención honorífica del LASA Media Award.
Fallece paramédico baleado en Guantánamo por policía de tránsito
El paramédico Luis Miguel Bartoló Tamayo, herido en un ataque feminicida en enero pasado, en Guantánamo, por un policía de la Unidad Motorizada de la Dirección Provincial de Tránsito, falleció el domingo tras meses de batalla por su vida en el hospital Dr. Agostinho Neto, informó en Facebook el periodista oficialista Miguel Reyes.
Bartoló Tamayo resultó herido de gravedad por el agresor y sufría de "una parálisis diafragmática izquierda y otras patologías asociadas a la primera causa, que lo hicieron dependiente de la ventilación artificial y por ende, complicaron su estado de salud", detalló Reyes, quien seguía de cerca el caso.
El feminicidio ocurrió el 5 de enero en Guantánamo, cuando Damixi Rodríguez Domínguez, doctora en los Servicios de Terapia Intensiva del Policlínico del municipio El Salvador, se encontraba dentro de una ambulancia junto a Bartoló Tamayo, dijo entonces a Radio Martí la activista Yanelys Núñez, de la plataforma feminista Alas Tensas.
El presunto agresor disparó "con su arma reglamentaria", matando a Rodríguez Domínguez, e hiriendo a Bartoló Tamayo, al parecer su pareja en ese momento, añadió entonces Alas Tensas en su cuenta de Facebook.
"Solo pudiste vivir 47 años y hoy partes del plano terrenal. Trataré de seguir recordándote como ese hombre jovial, trabajador, entregado por completo a tu trabajo, cuántas vidas salvaste y fundamental tu entrega incondicional cuando la COVID en tu trabajo del SIUM, me duele mucho tu partida, pero es real", expresó en Facebook la usuaria Marianela La Cruz Jurjo, junto a otros mensajes de dolor por el fallecimiento del paramédico.
Alas Tensas consideró el de Rodríguez Domínguez como el primer feminicidio en Cuba del 2023, un año en el que ya se contabilizan 30 asesinatos de mujeres por violencia machista.
Sin voto popular eligen en Cuba a gobernadores y vicegobernadores
Los gobernadores y vicegobernadores provinciales fueron elegidos este domingo en Cuba, no por voto popular, sino por los delegados municipales del Poder Popular, tras las propuestas del gobernante Miguel Díaz-Canel.
“En el proceso de la gestión de gobierno, del poder local debería estar involucrada la población, porque la ciudadanía es la que tiene que tocar la puerta de toda esa estructura de poder para recibir respuesta a las diversas problemáticas”, señaló en conversación con Martí Noticias Juan Antonio Madrazo Luna, del Observatorio de Derechos Electorales, un capítulo del Comité Ciudadano por la Integración Racial.
La Ley 127, Ley Electoral cubana, estipula que para la elección de los cargos de gobernador y vicegobernador en la instancia provincial, la propuesta la realiza el Presidente de la República, pero debe contar con la anuencia del Partido Comunista (PCC) en cada territorio.
La Comisión de Defensa Electoral (COCUDE) denunció recientemente que el Presidente de la República y Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, con la aprobación de la policía política y la contrainteligencia militar, determinan las autoridades territoriales para la gestión gubernamental.
“Durante la farsa electoral, conocías a los delegados por provincia, por municipios, sin embargo, no sucede en el caso de los gobernadores, los vicegobernadores y los intendentes, que son los que tienen que darle el pecho a la población”, dijo Madrazo Luna.
Raudiel Peña, coordinador del Observatorio Legislativo de Cuba, con sede en Buenos Aires, consideró que este tipo de proceso eleccionario no se destaca por su carácter democrático.
“La primera limitante, en este sentido, es que justamente los electores no intervienen, y eso le permite al Ejecutivo, en este caso, el presidente de la República y a los delegados municipales, controlar quiénes son las personas nominadas y electas para estos cargos, porque también depende solamente de que las personas nominadas obtengan a menos el 50% de los votos válidos de los delegados”, dijo.
“Entonces, con un umbral de elección tan bajo, siendo además personas nominadas por el presidente de la República, pues es muy fácil que ocupen el cargo”.
En las primeras elecciones de este tipo que se hicieron en Cuba, en 2020, ocurrió que exactamente las mismas personas que fueron nominadas por el presidente de la República fueron electas a partir del voto de los delegados municipales del Poder Popular.
“Algo que fue notable en ese momento, y que es posible ocurra ahora también, es que en todas las provincias, uno de esos dos cargos fue ocupado por una mujer. Esto es un mecanismo que le permite al Ejecutivo asegurarse de la inclusión de mujeres en estos cargos con el objetivo de legitimarse”, subrayó Peña.
Por su lado, el periódico oficialista Cubadebate informó que los delegados se reunieron para elegir “por derecho propio, mediante el voto libre, igual, directo y secreto, a quienes resultarán las máximas autoridades gubernamentales de la provincial”.
“Para la propaganda oficial, los procesos eleccionarios en Cuba son democráticos, pero es nula la participación de los ciudadanos”, indicó María Mercedes Benítez, del grupo Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales (COPE).
“El pueblo no conoce quiénes son esas personas antes de ser designadas. Estas ‘elecciones’ que hacen ellos son a puerta cerrada”, concluyó.
“El proceso no consiente ni un resquicio por donde la ciudadanía pueda monitorearlo, ni en las nominaciones, ni en la votación, escrutinio o validación de resultados. Todo está circunscripto a quienes votan y quienes cuentan los votos”, lamentó Benítez.
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