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Derechos Humanos

¿Ciudadano cubano? En peligro tu libertad de movimiento

Vista de un pasaporte cubano.
Vista de un pasaporte cubano.

El artículo 25 de la actual Ley Migratoria cubana señala que “toda persona que se encuentre en el territorio nacional, no puede salir del país” mientras este sujeto a proceso penal, pendiente al cumplimiento de una sanción o medida de seguridad, o pendiente al cumplimiento del Servicio Militar.

Durante 2017 decenas de opositores y periodistas independientes cubanos han sido impedidos de viajar al extranjero, y en ocasiones hasta de salir de sus provincias de residencia, como parte de la coerción del gobierno para que abandonen el activismo político o su labor de comunicadores.

En unos casos, los afectados recibieron la notificación en el aeropuerto minutos antes de abordar el avión, y en otros les dieron la información en las oficinas del carnet de identidad de los municipios donde residen, o antes de salir de sus casas.

Algunos fueron detenidos antes del viaje, y recluidos durante días sin justificación legal.

A excepción de los opositores que han recibido multas, calificadas por los afectados de "injustas y arbitrarias", o están pendientes de procesos judiciales por su activismo, no ha recibido una explicación de las razones por las que no se les permite viajar.

A continuación, una lista de los casos de prohibición de viaje en Cuba que ha reportado Martí Noticias en 2017:

Noviembre:

El expreso político Jorge Luis García Pérez (Antúnez) tenía previsto ofrecer su testimonio en Washington ante la Comisión Internacional para la Fiscalización de los Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo. Las autoridades le informaron en la localidad de Placetas que no le permitirían viajar.

Robert Jiménez Gutiérrez y César Iván Mendoza Regal se dirigían al Aeropuerto José Martí, en La Habana, para viajar al evento Cuba Internet Freedom, en Miami, y nunca llegaron a abordar el avión. Fueron detenidos por más de 9 días.

Wendy Castillo viajaría a un evento en Perú, pero una vez en el aeropuerto recibió la informacion de que no podía viajar. Tampoco le dieron razones de la negativa.

Augusto Cesar San Martín Albístur periodista independiente recibio la notificación en el Aeropuerto Internacional José Martí. Había sido invitado a la Conferencia Regional “El futuro del periodismo”, en Ciudad Panamá del 1 al 4 de diciembre del 2017.

Después de chequear su boleto, el periodista fue retirado de los controles de inmigración y conducido a una oficina donde le informaron que no podía viajar.

Octubre:

Yoandy Izquierdo Toledo, del equipo directivo del Centro de Estudios Convivencia, residente en Pinar del Río, fue informado de la prohibición de viaje en el aeropuerto de La Habana, cuando se disponía a tomar un vuelo hacia Europa. Tenía previsto dictar una conferencia en la Universidad de Valencia, España, y participar en un taller de jóvenes.

Una oficial le retiró los documentosy lo llevó a una oficina para informarle que tenía una prohibición de salida del país. Luego le rompió su pase de abordar y le dijo que debía recoger la maleta, pues no haría el viaje.

Agosto:

Mayli Estévez Pérez, Joan Manuel Núñez Díaz y Carlos Alejandro Rodríguez no pudieron viajar a México, donde habían sido invitados a un taller de Periodismo Digital.

En esa ocasión, Rodriguez publicó pormenores del incidente en el portal digital El Estornudo. “Nos prohíben la salida del país por nuestras "actividades" con las organizaciones de periodistas IPYS (Instituto Prensa y Sociedad, de Perú) y TAZ PANTER (de Alemania)”, escribió el periodista.

Ninguno de los implicados recibió respuesta de las autoridades de Aduanas acerca de la prohibición, ni tampoco en las oficinas municipales donde atienden Emigración, adonde acudieron en busca de una explicación.

Omar Sayut Taquechel, organizador del concurso “Cantando por la Libertad”, tenía previsto viajar a Miami con el apoyo de la Fundación “Alma Cubana”. Cuando se presentó en el Aeropuerto Antonio Maceo, de Santiago de Cuba, una funcionaria de aduanas le impidió abordar el avión.

Julio:

Los periodistas independientes Víctor Manuel Domínguez y Yusimí Rodríguez, y los miembros del Comité Ciudadano por la Integración Racial Jorge Amado Robert y Fernando Palacios fueron impedidos de viajar a Colombia. Estaban invitados a un intercambio en Cali sobre el racismo en ambos países.

Junio:

Agentes de la Seguridad del Estado detuvieron a Félix Llerena López pocos minutos de abordar un avión en el aeropuerto de Santa Clara. Intentaba viajar a Cancún, México, para asistir a un foro regional de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (RedLat).

Lía Villares, que también iba al foro de la RedLat, fue abordada el 17 de junio por oficiales de Inmigración en la terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, en la ventanilla de salida, antes de acuñar el pasaporte. La llevaron a una oficina y le dijeron que no podía volar porque tenía "una limitante de salida.

Lia Villares publicó esta foto en Twitter en señal de protesta por la prohibición de viaje.
Lia Villares publicó esta foto en Twitter en señal de protesta por la prohibición de viaje.

Kirenia Yalil Núñez y María Elena Marrero fueron arrestadas en La Habana antes de llegar al aeropuerto, y retenidas hasta que pasó el horario del vuelo del avión que debían tomar para asistir a un evento en México.

Los opositores Juan Madrazo Luna, Fernando Palacio y Marthadela Tamayo también fueron notificados de que no podrían viajar a México.

Joanna Columbié fue informada de que no viajaría fuera del país en el Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana, luego de pasar por un riguroso control de los funcionarios encargados del procedimiento de viajes. Había sido invitada al Curso “Juventud, participación y derechos: Herramientas para analizar y promover el diálogo sobre la situación de los jóvenes”, que se celebró en Lima, Perú, como parte del proyecto Aulas Abiertas.

Saylí Navarro, y el exprisionero político Iván Hernández Carrillo, promotores de la campaña Cuba Decide, fueron impedidos por el Gobierno de viajar a Bruselas, para asistir a un evento convocado por el Parlamento Europeo.

La activista dijo que un “ciudadano nombrado Alain” alegó que sobre ella pesa una “restricción de viaje, porque según las computadoras tiene una multa impuesta" que Navarro desconoce.

Henry Constantín y Sol García Basulto, director y editora de la revista independiente La Hora de Cuba, ambos de Camagüey, no pudieron participar en eventos convocados por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), de la que Constantín es vicepresidente, porque sobre ellos pesa una "regulación " que les impide salir del país.

Mayo:

El opositor cubano Carlos Amel Oliva, de la Unión Patriótica de Cuba, estaba invitado por el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, para asistir a un intercambio de ideas entre activistas de la sociedad civil de ambos países. Una vez en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, poco antes de abordar el avión, le comunicaron que no podría viajar.

Abril:

Marthadela Tamayo, Aimée Cabrera y Roberto de Jesús Quiñones Haces.

Marthadela Tamayo, principal gestora en el área de Comunicación de la Plataforma Política #Otro18, y Aimée Cabrera, integrante de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, debían asistir a un seminario sobre liderazgo y empoderamiento femenino, auspiciado por el Instituto Simone de Beauvoir, con sede en la capital mexicana.

En el caso de Tamayo, un oficial de la Seguridad del Estado le comunicó que no podía viajar y no la dejó salir de su casa hacia el aeropuerto.

Cabrera sí logró llegar al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, pero un agente de la Seguridad del Estado le dijo que no podía viajar, y no se le permitió subir al avión.

Roberto de Jesús Quiñones Haces, abogado y periodista independiente residente en Guantánamo, denunció que las autoridades de Migración de Cuba le negaron la posibilidad de prorrogar su pasaporte para viajar a Jamaica, a visitar a su hijo.

El abogado solicitó conversar con la jefa de la Oficina de Trámites, quien se negó a atenderlo. Fue entonces que el Jefe de la Unidad, "un oficial con rango de Mayor", le confirmó que en su expediente aparecía la palabra “regulado”, reiterándole que no podía ofrecerle mayor información, y que debía acudir a la Oficina de Atención a la Ciudadanía y quejarse.

Marzo:

Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, recibió notificación de negativa de viaje en el Aeropuerto Internacional de La Habana, cuando un oficial vestido con uniforme de Aduanas la detuvo y le dijo que no podía viajar al extranjero, porque debía el pago de "una multa por arrojar papeles en la calle".

Había sido invitada a un evento en Los Ángeles, donde tendría lugar un debate sobre el tema de la tortura, y esperaba reunirse con el relator especial de las Naciones Unidas sobre libertad de expresión y opinión, David Kaye.

Febrero:

Ernesto Oliva Torres y Lizandra Robert Salazar, que realizarían trámites para obtener la visa de Perú, fueron detenidos y trasladados al Centro de Detención El Vivac, en las afueras de La Habana. La detención, arbitraria e injustificada, impidió que pudieran obtener la visa para viajar a Lima, y asistir a un curso sobre juventudes y liderazgo, al que habían sido invitados.

El arresto fue calificado por defensores de derechos humanos como parte de una “política represiva” del régimen para impedir que los activistas viajen al exterior.

Enero:

El presidente de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI, Nelson Gandulla Díaz, que tenía previsto viajar a Colombia para participar en talleres de capacitación de esa comunidad, recibió la comunicación de que no podría salir del país a su llegada al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.

Al indagar las razones de la negativa, un oficial le comunicó que no tenía información al respecto, y que buscara informacion con las autoridades de Cienfuegos, donde reside.

(Resumen elaborado con reportes de Martí Noticias)

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Régimen cubano vuelve a "tácticas de línea dura" contra grupos religiosos, alerta CWS

Peregrinos se dirigen al Santuario Nacional de San Lázaro, en el Rincón, La Habana, para venerar al milagroso santo católico, o a su equivalente en la religión yoruba, Babalú Ayé.
Peregrinos se dirigen al Santuario Nacional de San Lázaro, en el Rincón, La Habana, para venerar al milagroso santo católico, o a su equivalente en la religión yoruba, Babalú Ayé.

El gobierno cubano “está volviendo a tácticas de línea dura en sus esfuerzos por afirmar el control sobre la sociedad civil independiente, incluidos los grupos religiosos”, alertó este lunes Christian Solidarity Worldwide (CSW) en su más reciente informe sobre la situación de la libertad de religión o de creencias en la isla.

Según la organización, el número de violaciones de la libertad de religión o de creencias documentadas se mantuvo estable, con 622 registradas en 2023, en comparación con 657 en 2022. Sin embargo, señala que al igual que en 2022, “la gravedad persistente de la represión a lo largo de 2023 se relaciona con los esfuerzos del gobierno para llevar a la población bajo su control tras las protestas a nivel nacional del 11 de julio de 2021”.

El informe dice que “los grupos registrados y no registrados sufren regularmente violaciones de la libertad de expresión y grupos religiosos o de creencias de todo tipo se ven afectados, incluidas las comunidades afrocubanas, los testigos de Jehová, judías, protestantes y católicas romanas”.

“Los cristianos protestantes y los líderes de grupos religiosos afrocubanos independientes denuncian acoso y amenazas constantes, así como la interrupción periódica de sus servicios y rituales por parte de funcionarios del gobierno. La mayoría de estos líderes señalan que no eligen operar ilegalmente, pero el gobierno les ha negado repetidas solicitudes para registrarse y designar lugares autorizados para que practiquen su fe”, subraya CSW.

El informe menciona que “los adultos y niños asociados con grupos religiosos registrados y no registrados sufren regularmente discriminación debido a su fe. Varios casos documentados involucraron a adultos despedidos de su lugar de trabajo o degradados debido a su asociación con un grupo religioso o líder religioso que el gobierno ha calificado de "contrarrevolucionario".

"Todos hemos visto varios casos de personas despedidas de su trabajo por ser parte de un grupo religioso no autorizado, no registrado. También en el caso de niños hemos visto casos ambos de protestantes cristianos y de Testigos de Jehová, niños y niñas abusados en clase a manos de adultos, de los profesores, gente de la administración, abuso ambos verbal y físicos", dijo en entrevista con Martí Noticias, la Jefa de Promoción de CSW, Anna Lee Stangl.

La organización subraya que el gobierno ha atacado especialmente a los presos políticos, sus familias y los líderes religiosos cercanos a ellos.

"A los presos políticos se les niega sistemáticamente el derecho a conservar una Biblia u otra literatura religiosa o a recibir visitas de un líder religioso, en violación de las Reglas Mínimas de la ONU para el Trato de los Reclusos", dice el informe.

CWS menciona entre los presos políticos a varios líderes religiosos encarcelados durante las protestas del 11 de julio de 2021, y después de ellas, incluido el pastor protestante Lorenzo Rosales Fajardo y los líderes religiosos afrocubanos Loreto Hernández García y su esposa, Donaida Pérez Paseiro. "Todos denunciaron violaciones constantes de la libertad de creencias y otros derechos humanos en prisión”, explica la organización.

El informe de CSW apunta que, a pesar de la creación en 2022 del nuevo Departamento gubernamental de Atención a Instituciones Religiosas y Grupos Fraternales, líderes religiosos de la isla han dicho a la organización que, en la práctica, todos los asuntos siguen siendo dirigidos por la Oficina de Asuntos Religiosos (ORA), del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Junto con el Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria, la ORA sigue siendo el principal responsable de estas violaciones a la libertad religiosa, afirma el reporte.

CSW instó al gobierno cubano a “eliminar la ORA tal como existe actualmente, o reformarla para que funcione de forma transparente dentro de parámetros legales definidos. y con recurso de apelación”.

"Hay una cosa que cambiará todo y es eliminar la Oficina de Asuntos Religiosos, que aunque el gobierno creó otro departamento que supuestamente iba a tratar los asuntos de religión, sigue siendo la Oficina de Asuntos Religiosos la que dirige todo. Todo tiene que pasar por esta oficina y este oficina es del Partido Comunista", dijo Stangl.

Recomendó, además, “modificar la constitución y las leyes civiles, administrativas y códigos penales", para incluir disposiciones reforzadas para la libertad de religión o creencias, y otros derechos humanos en consonancia con las normas internacionales.

También instó al régimen a que, como miembro del Consejo de Derechos Humanos, defienda “los más altos estándares en la promoción y protección de derechos humanos", y que elimine el requisito para que grupos religiosos se registren en línea, con las mejores prácticas internacionales de registro no discriminatorio.

CSW recomendó además al régimen de la isla que garantize “la libertad de los líderes religiosos para realizar su trabajo sin acoso, amenazas u otra presión gubernamental dirigida a ellos o sus familias”; que salvaguarde la libertad de todos los cubanos de reunirse en un culto, según la religión o creencia profesada; y que ponga fin al "acoso, las amenazas y el encarcelamiento de defensores de los derechos humanos, incluidos defensores de la libertad de religión o creencias”, entre otras recomendaciones.

La ONG también presentó varias recomendaciones para el gobierno estadounidense, entre ellas que la Embajada de Estados Unidos en Cuba mantenga “un diálogo abierto con líderes religiosos de todas las denominaciones, grupos religiosos y regiones del país, teniendo en cuenta las sensibilidades políticas bajo las cuales deben trabajar muchos líderes religiosos”, y que continúe “buscando formas de interactuar con los miembros de sociedad civil independiente cubana, ofreciendo apoyo cuando sea adecuado”.

A la Unión Europa, CSW recomendó que exija una reunión urgente con el gobierno cubano en virtud del artículo 85, apartado 3, del Diálogo Político UE-Cuba y Acuerdo de Cooperación (PDCA), para investigar formalmente y revisar su cumplimiento con sus obligaciones de los derechos humanos, como lo exigen multiples resoluciones del Parlamento Europeo, y que introduzca sanciones Magnitsky a individuos responsables de violaciones de derechos humanos, como pidió el Parlamento Europeo en sus resoluciones del 16 septiembre y 16 de diciembre de 2021.

“Esto debe incluir Oficiales de Seguridad del Estado y altos funcionarios de la Oficina de Asuntos Religiosos responsables de graves violaciones de la la libertad de religión o creencias”, precisó la organización.

Prisoners Defenders registra otros 9 presos políticos en Cuba; la cifra total es de 1.067

La lista contiene 1.067 prisioneros políticos y de conciencia de los cuales 113 son mujeres / Foto: Franklin Reyes (AP)
La lista contiene 1.067 prisioneros políticos y de conciencia de los cuales 113 son mujeres / Foto: Franklin Reyes (AP)

El régimen cubano encarceló por motivos políticos a otras nueve personas en el mes de febrero, lo que eleva a 1.067 la cifra de prisioneros políticos en la isla, según el más reciente informe de Prisoners Defenders (PD).

"La lista vuelve a crecer", comentó Javier Larrondo, presidente de la organización, en un audio al que tuvo acceso Martí Noticias.

Larrondo precisó que en febrero de este año la cantidad de prisioneros políticos subió un diez por ciento en relación a ese mismo mes de 2023. "Una tendencia al alza que podría empeorar por la miseria en la que el régimen tiene sumido al pueblo y que ya está comenzando a salir nuevamente a las calles, tanto en el oriente como en el ocidente del país".

"La lista contiene 1.067 prisioneros políticos y de conciencia de los cuales 113 son mujeres, dos de ellas trans y 30 menores de edad, aún condenados", puntualizó.

Javier Larrondo: "Cuba sufre de un régimen que no deja respirar a su pueblo"
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La media de presos políticos que entran a la lista de la organización es de 14 al mes. Sólo en el último año se han añadido a 168 nuevos prisioneros políticos en el registro. “Esto supone que a lo largo de estos 12 meses estuvieron presentes en la lista un total de 1.234 prisioneros políticos”, destaca el documento.

Larrondo recordó que más de 200 de los encarcelados por motivos políticos en la isla tienen problemas de salud y el sistema les niega la atención médica adecuada.

"Cuba sufre de un régimen que no deja respirar a su pueblo, que lo esclaviza, que no lo deja prosperar, que no lo deja salir ni entrar a la isla, salvo a su antojo", cuestionó.

Hace apenas dos semanas el Parlamento Europeo condenó las violaciones y abusos sistemáticos de los derechos humanos en Cuba y reiteró su llamado al Consejo de la Unión "para que aplique las sanciones globales de la UE" contra los responsables.

"La situación de los derechos humanos en Cuba es profundamente preocupante, en particular con respecto a las poblaciones vulnerables, como las mujeres, las minorías étnicas y la comunidad LGBTIQ+", dijeron.

Familia de Navarro responsabiliza a la Seguridad del Estado por mantenerlo sin atención médica en la cárcel de Agüica

De der a izq. la familia de opositores cubanos, Saily Navarro, Sonia Alvarez Campillo y Félix Navarro. El líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel era al momento de su detención en el verano de 2021, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
De der a izq. la familia de opositores cubanos, Saily Navarro, Sonia Alvarez Campillo y Félix Navarro. El líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel era al momento de su detención en el verano de 2021, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.

La familia del preso político Félix Navarro responsabiliza a la Seguridad del Estado por mantenerlo sin atención médica en la cárcel de Agüica, en Matanzas.

Las autoridades penitenciarias de la cárcel ubicada en el municipio matancero de Colón, en coordinación con el personal médico de la prisión, informaron al opositor de 70 años que solo había dosis del medicamento que necesita para controlar su diabetes hasta el 29 de febrero. Tampoco hay en el penal las imprescindibles tiras de prueba de glucosa en sangre.

“El martes 5 [de marzo], llevaron a Saily a un conduce para ver a su papá a la prisión de Agüica, el 7 tuve llamada telefónica con ella y me comunicó que su papá desde el 29 de febrero no toma los medicamentos de la diabetes porque no hay en la prisión”, explicó a Martí Noticias, la esposa de Navarro, Sonia Campillo.

De igual modo, responsabilizó del riesgo que corre el preso político por la falta de una atención médica adecuada “a la Seguridad del Estado, al régimen y al jefe de la prisión de Agüica, Emilio Cruz”.

Navarro, condenado tras las protestas del 11 de julio de 2021 a 9 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado y desorden público, es uno de los exprisioneros políticos y de conciencia de la Primavera Negra de Cuba que se negó al destierro.

El líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel era al momento de su detención en el verano de 2021, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.

En los meses de octubre y noviembre pasados sufrió pérdidas de conocimiento, presuntamente, producidas por hipoglicemias y también ha experimentado una notable baja del peso corporal, según dijo su familia, que luego denunció ante la Fiscalía Municipal de Colón que las autoridades penitenciarias no garantizaban la debida atención médica a Navarro.

Fue arrestado, junto a su hija Saylí Navarro, en la localidad de Perico, en Matanzas, cuando se presentaron en la estación de la policía local a pedir información sobre algunos miembros de su organización. Ella fue condenada a 8 años años de privación de libertad.

“A Saily, mi hija que está en la cárcel de mujeres conocida como La Bellotex, le hicieron una requisa, sin motivos. Le quitaron su libreta de diario, dos fotos que tenía y también una libretita donde ella tenía anotado los números de teléfono para llamarnos a nosotros”, relató Álvarez Campillo.

Saily Navarro, junto a Tania Echevarría y Sissi Abascal, las tres Damas de Blanco, llevaron a cabo un ayuno el 11 de julio de 2023 en recordación del histórico suceso en que los cubanos salieron a las calles a protestar contra el régimen y que, con otros cientos de personas, las condujo a prisión.

La Habana rechaza decenas de recomendaciones sobre derechos humanos y dice que son "sesgadas políticamente"

Delegación de Cuba en el EPU, encabezada por el canciller Bruno Rodríguez. La Habana recibió fuertes críticas por la situación de los presos políticos, la pena de muerte, y el nuevo Código Penal.
Delegación de Cuba en el EPU, encabezada por el canciller Bruno Rodríguez. La Habana recibió fuertes críticas por la situación de los presos políticos, la pena de muerte, y el nuevo Código Penal.

El régimen de La Habana rechazó decenas de recomendaciones que le hicieron en el IV Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza.

En el EPU, celebrado en noviembre de 2023 Cuba recibió fuertes críticas por la situación de los presos políticos, la pena de muerte, el nuevo Código Penal, la necesidad de tipificar como delito el feminicidio y de ratificar los Pactos de Derechos Humanos la ONU. También hubo llamados a respetar las libertades de expresión, asociación y movimiento y a no criminalizar a los activistas y prensa independiente.

El Consejo de Derechos Humanos aprobó el informe con las 361 recomendaciones presentadas a Cuba.

Sin embargo, La Habana descartó decenas de señalamientos. Para ello, el gobierno comunista argumentó que se trata de un grupo minoritario de recomendaciones "sesgadas políticamente y construidas sobre bases falsas, derivadas de los intentos de desacreditar a Cuba por parte de quienes, con sus ambiciones hegemónicas, se niegan a aceptar la diversidad y el derecho de libre determinación del pueblo cubano. Esas recomendaciones no se avienen al espíritu de cooperación y respeto que exige este ejercicio".

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) dijo este jueves que se trata de observaciones que apuntaban "precisamente, al núcleo duro de la represión en Cuba y exigían la liberación de los presos políticos".

"El régimen se opone a liberar a los presos políticos y de conciencia, un reclamo presentado en el EPU por países como Nueva Zelandia, Alemania o Lituania, y que está en sintonía con el de importantes actores internacionales, realizados en otros contextos, como el Vaticano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Parlamento Europeo. Muy preocupante es además su rechazo a la recomendación que pedía “garantizar la atención médica necesaria a los opositores políticos encarcelados", indicó la ONG con sede en Madrid, España.

La entidad criticó que el régimen de Cuba se niega a reformar o derogar los artículos del Código Penal que persiguen el ejercicio pleno de la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación.

Lista de las recomendaciones descartadas por el gobierno de Cuba

44.92 Poner fin al acoso, la represión y las detenciones y privaciones de libertad arbitrarias que sufre la sociedad civil, en particular los defensores de los derechos humanos, y salvaguardar todos los derechos civiles y políticos, incluida la libertad de circulación, garantizados por la Constitución cubana (Reino de los Países Bajos);

44.93 Poner en libertad de manera inmediata e incondicional a todos los presos de conciencia que hayan sido privados de libertad por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica (Nueva Zelandia);

44.94 …. permitir el acceso de observadores independientes de los derechos humanos a los juicios y a las prisiones y demás centros de privación de libertad (Suecia);

44.95 Poner en libertad a todas las personas recluidas por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica, de opinión y de expresión, especialmente a los niños (Ucrania);

44.96 Poner en libertad a las aproximadamente mil personas recluidas injusta o arbitrariamente, entre ellas las que, según se informa, fueron encarceladas por ejercer su derecho de reunión pacífica, por investigar actividades del Gobierno e informar sobre ellas o por expresar su disidencia. Una vez puestas en libertad, se les debe permitir viajar libremente, tanto dentro como fuera del país (Estados Unidos de América);

44.99 Poner en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las personas recluidas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica (Bélgica);

44.101 Poner en libertad sin demora a todas las personas que siguen encarceladas por las protestas del 11 de julio de 2021 y a todos los demás presos políticos (Alemania);

44.102 Derogar el artículo 176 del Código Penal cubano (Irlanda);

44.112 Poner fin a su sistema unipartidista para permitir la celebración de elecciones realmente libres y limpias, en las que participen múltiples partidos políticos y que ofrezcan a los ciudadanos alternativas reales para su gobierno (Estados Unidos de América);

44.119 Introducir las modificaciones necesarias en la legislación para retirar a los tribunales militares la competencia de juzgar a civiles (Montenegro);

44.126 Mejorar la transparencia de las debidas garantías procesales en el momento de la detención y antes del juicio, así como durante las audiencias de imposición de la pena, especialmente en el caso de las personas que han sido privadas de libertad por defender los derechos humanos en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 u otras protestas (Canadá);

44.127 Modificar la competencia de los tribunales militares para impedir que conozcan de casos en los que haya civiles implicados (Chile);

44.139 …poner en libertad a todos los presos políticos, en particular los menores de edad, …(Lituania);

44.141 Prevenir y erradicar las privaciones de libertad arbitrarias, el acoso y la intimidación, las amenazas y los ataques contra la reputación sufridos por los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los artistas (Luxemburgo);

44.148 Velar por que los miembros de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y los periodistas puedan actuar con libertad y seguridad, particularmente mediante la derogación de las restricciones que establece el nuevo Código Penal (Rumanía);

44.149 Reformar las disposiciones del Código Penal que impiden el ejercicio pleno de la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación (España);

44.152 Modificar las disposiciones de su Código Penal a fin de impedir que se utilice para restringir la libertad de expresión y de reunión (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte);

44.153 Poner fin a la práctica de recluir arbitrariamente a periodistas, miembros de la oposición, defensores de los derechos humanos, agentes religiosos y otras personas que intentan ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales (Estados Unidos de América);

44.155 Poner fin a las restricciones arbitrarias y la criminalización del derecho a la libertad de reunión pacífica y adoptar nuevas medidas para evitar el uso excesivo de la fuerza por los agentes del orden que vigilan las reuniones (Armenia);

44.156 Modificar o derogar las disposiciones del nuevo Código Penal que limitan aún más la libertad de expresión, como los artículos 143 y 120, apartado 1 (Bélgica);

44.159 Modificar el nuevo Código Penal para erradicar el acoso y la intimidación contra las organizaciones no gubernamentales y eliminar las restricciones que les son aplicables, también en lo que respecta a los periodistas independientes, los artistas, los estudiantes universitarios y los activistas de la oposición (Canadá);

44.160 Velar por que el Gobierno no obstaculice indebidamente el acceso a Internet mediante controles de uso injustificados, reconociendo que los cubanos han adoptado ampliamente la utilización de la tecnología móvil para ejercer el derecho a la libertad de expresión (Canadá);

44.166 Prevenir y hacer cesar los actos de hostigamiento, intimidación, amenaza y descalificación contra defensores de los derechos humanos, periodistas, artistas y sus familias (Ecuador);

44.169 Derogar las leyes que restringen la libertad de expresión y de asociación y adecuar el marco jurídico a las normas internacionales, como se recomendó anteriormente (Finlandia);

44.172 … crear un clima favorable para una sociedad civil independiente, en particular modificando debidamente los artículos 143 y 120 del Código Penal cubano, entre otros (Alemania);

44.175 Poner en libertad a las personas que han sido recluidas por ejercer la libertad de reunión pacífica y la libertad de expresión (Irlanda);

44.176 Modificar las disposiciones del Código Penal que tipifican como delito la difamación y que limitan la libertad de opinión y de expresión, tanto en línea como en medios no electrónicos (Irlanda);

44.178 Salvaguardar la actividad libre e independiente de los defensores de los derechos humanos y los periodistas sin que esta entrañe ningún tipo de perjuicio ni consecuencia legal o penal (Italia);

44.198 Cumplir las normas internacionales del trabajo y dejar de utilizar prácticas coercitivas para manipular y presionar a los trabajadores a fin de que participen en el programa de exportación de mano de obra, como las misiones médicas (Estados Unidos de América);

44.200 Establecer un marco jurídico que garantice plenamente y sin restricciones los derechos laborales de los periodistas, en particular la posibilidad de asociarse para crear medios de comunicación independientes y trabajar en ellos (Bélgica);

44.221 Garantizar la atención médica necesaria a los opositores políticos encarcelados (Eslovaquia).

“Fue traumática la estancia mía en prisión... la represión", confiesa un condenado del 11J tras cumplir sanción

El preso político recién liberado Carlos Michael Morales Rodríguez relató que fue víctima de torturas físicas y psicológicas, agresiones y maltratos por parte de sus carceleros.
El preso político recién liberado Carlos Michael Morales Rodríguez relató que fue víctima de torturas físicas y psicológicas, agresiones y maltratos por parte de sus carceleros.

Las autoridades cubanas liberaron este miércoles al preso político Carlos Michael Morales Rodríguez, un periodista independiente y youtuber apresado durante las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Caibarién, provincia Villa Clara.

El 24 de noviembre de 2021, el Tribunal Municipal de su localidad lo encontró culpable de cometer “Desórdenes públicos”, delito por el que lo condenó a dos años y 10 meses de cárcel.

“Fue traumática la estancia mía en prisión, la represión. Hoy no me querían soltar. En la Prisión Provincial de Villa Clara, conocida como El Pre de Santa Clara, desde el desayuno sueltan a los presos que les corresponde libertad y eran las 11 de la mañana y a mí no me habían soltado, yo estaba al punto de estallar”, refirió a Martí Noticias, el preso político pocos minutos después de llegar a su hogar.

“Entonces los presos políticos me llamaban a la calma: ‘Ten cuidado’, me decían; porque hasta el día anterior [los jefes del penal] estaban valorando la posibilidad de levantarme otra causa. Lo que pasa es que el alto mando de la Seguridad del Estado no los dejó”, señaló.

Morales Rodríguez relató que durante su prisión política fue víctima de torturas físicas y psicológicas, agresiones y maltratos por parte de sus carceleros, que repetidas veces lo recluyeron en celdas de aislamiento y en tapiadas.

“Para contrarrestar el efecto de estas acciones represivas que tomaban, tuve que recurrir a las huelgas de hambre en múltiples ocasiones. Estoy pagando las consecuencias de ellas: muchos dolores de columna, dolores en los huesos, extremadamente delgado”.

Las huelgas de hambre debilitaron su salud: padece gastritis y una úlcera en el estómago, problemas en la vesícula y en los riñones, agregó.

Atrás dejó, con dolor, a varios de sus compañeros, pero sabe que ellos están tan orgullosos de él, como él de ellos.

A mediados de 2022, el fiscal general de Cuba emitió un comunicado en el que detallaba la condena de los manifestantes a los que el gobierno acusó de atentar contra la estabilidad del Estado socialista.

Más de la mitad de los detenidos el 11 y 12 de julio de 2021 siguen tras las rejas, incluidos menores de edad.

En los últimos días de su encierro, fue amenazado por oficiales de la Seguridad del Estado, entre ellos el Jefe de Enfrentamiento a la Contrarrevolución de la provincia, quienes le advirtieron que regresaría a la cárcel si no se abstiene de su labor como periodista independiente, pero Morales Rodríguez asegura que las amenazas no lo amilanan.

“Yo extinguí mi sanción por completo. Decidí no acogerme a ningún plan de reeducación. Para mí es indigno trabajar en un campamento para el MININT (Ministerio del Interior), las fuerzas represivas. Percibir un salario que beneficia a las fuerzas represivas, para mí es indigno. Yo no critico al que lo haga porque tiene muchos años echados, por la familia, por los hijos, pero yo, particularmente, decidí cumplir mi sanción completa”, recalcó.

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