América Latina
Oposición venezolana llama a protestas y redobla presión sobre Maduro
La oposición plantea que para superar la crisis es necesario que sean convocadas elecciones, se designe un Tribunal Supremo "independiente" y se retiren las 56 sentencias emitidas por el máximo Tribunal contra la Asamblea Nacional en los últimos 15 meses.
Con un llamado a intensificar protestas, la oposición venezolana redobla esta semana la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, pese a que el máximo tribunal anuló su decisión de asumir las competencias del Parlamento, de mayoría opositora, tras un fuerte rechazo internacional.
"La intención del gobierno es desmovilizar al pueblo en su justo reclamo y parar la presión de la comunidad internacional, pero esto recién comienza", advirtió este domingo el vicepresidente del Legislativo, Freddy Guevara, en una declaración pública.
El diputado se refería a la marcha atrás que dio el sábado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -acusado por la oposición de servir al gobierno- a sentencias con las cuales se adjudicó las funciones de la Asamblea y retiró la inmunidad de los diputados.
Sin embargo, la oposición no quedó satisfecha con las aclaratorias y denunció que "el golpe de Estado" -como califica los fallos- continúa, por lo que llamó a intensificar las protestas desde esta semana para lograr superar la crisis política con elecciones.
Para el martes fue convocada una movilización hacia el hemiciclo en Caracas.
"Todos activos que la lucha por la libertad no va a parar hasta que se restituya el orden constitucional (...). Lucharemos por las elecciones que nos deben, las de gobernadores, las de alcaldes y las presidenciales para solucionar la crisis", expresó Guevara.
Los comicios presidenciales están previstos para diciembre de 2018, mientras que los de gobernadores, que debieron realizarse a finales del año pasado, fueron pospuestos y aún no tienen fecha.
Las decisiones del TSJ generaron un fuerte rechazo internacional y abrieron una fisura en el oficialismo, pues la fiscal general, Luisa Ortega, confesa chavista, las consideró una "ruptura del orden constitucional".
Ello llevó a Maduro a convocar una reunión de los podres públicos -a la que no acudió Borges-, en la que se pactó modificar las sentencias.
El mandatario, que se reunió el sábado con Ortega en el palacio presidencial de Miraflores, agradeció este domingo a la fiscal por acudir a la cita en la que se acordó, según dijo, "cerrar filas en defensa de la soberanía".
Congresistas buscan remover a magistrados
Legisladores opositores anunciaron que comenzarán el martes un proceso para remover a los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que se atribuyeron las competencias de la Asamblea Nacional y avivaron las tensiones políticas en este país sudamericano marcadamente divido.
"El proceso de remoción es necesario y va a comenzar en la sesión del martes de la Asamblea Nacional", dijo el diputado Juan Miguel Matheus a The Associated Press el domingo. Posteriormente, argumentó que pese a que el Tribunal Supremo suprimió parte del contenido de las sentencias y revirtió la decisión que limitaba la inmunidad de los diputados, "eso no los exime de la falta cometida en desmedro de la Constitución".
Sin embargo, la Defensoría del Pueblo y otras instancias del Poder Ciudadano facultadas para obrar al respecto de manera colegiada, son señaladas de estar controladas por el oficialismo, situación que aleja la posibilidad de que los magistrados sean apartados de sus cargos.
Diputado opositor, herido durante protesta
Precisamente este lunes, el diputado opositor venezolano Juan Requesens resultó herido durante una protesta de parlamentarios en la Defensoría del Pueblo, a la que exigen rechazar que el máximo tribunal se adjudicara brevemente las funciones del Parlamento.
Requesens sufrió un corte profundo sobre la ceja izquierda, y fue sometido a una cirugía menor.
Primero Justicia, el partido del legislador que organizó la manifestación, culpó del ataque a "colectivos", grupos afines al gobierno a los que la oposición acusa de estar armados.
"Mi heridas son simplemente la peor cara de un gobierno que no quiere a Venezuela en la calle. Nosotros sin miedo, hoy, mañana y pasado mañana vamos a seguir luchando", dijo Requesens a la prensa recostado en una camilla. Relató que fue impactado con un palo cuando mediaba para evitar que golpearan a un manifestante.
Los diputados opositores exigen al defensor del Pueblo, Tarek William Saab, apoyar su propuesta de remover a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que la semana pasada emitieron dos sentencias asumiendo las facultades del Parlamento -de mayoría opositora- y eliminaron la inmunidad a los asambleístas.
Magistrados atentaron contra la independencia de poderes
"El gobierno quiere hacerle creer al mundo que ellos dieron marcha atrás y regresaron las competencias a la Asamblea. Esa es una farsa, el hecho es que los magistrados atentaron contra la independencia de poderes, violaron la Constitución y en Venezuela sigue persistiendo el golpe de Estado", manifestó Matheus.
Pese a la "revisión" de las dos sentencias, en la práctica la Asamblea Nacional "sigue privada de sus funciones" por el Tribunal, que ha bloqueado sus competencias desde que el Legislativo fue instalado el 5 de enero de 2016, por primera vez con mayoría opositora en 17 años, resaltó el diputado.
La oposición plantea que para superar la crisis es necesario que sean convocadas elecciones, se designe un Tribunal Supremo "independiente" y se retiren las 56 sentencias emitidas por el máximo Tribunal contra la Asamblea Nacional en los últimos 15 meses.
Los críticos del gobierno sostienen que se mantiene "el desconocimiento" del Congreso puesto que los magistrados insistieron el sábado en que la Asamblea debe someterse a los dictámenes del Tribunal por estar en "desacato" y al parecer siguen vigentes los poderes plenos otorgados al presidente Nicolás Maduro, entre los que destacaba la facultad de crear empresas mixtas petroleras sin el visto bueno de los legisladores.
Maduro llama "histérica al presidente del Parlamento
Durante el programa de televisión "Domingo con Maduro", el mandatario venezolano dijo que el presidente del Parlamento de su país, el opositor Julio Borges, está "histérica" y "necesita un psiquiatra", y lo criticó por supuestamente querer llegar a la Presidencia lo que, aseguró, "nunca" sucederá.
Maduro admitió que se generó un "impasse", pero que se superó en pocas horas.
El mandatario criticó el "linchamiento político" que pretenden hacer contra Venezuela varios países, entre ellos Uruguay, y comentó que estaba llamando al presidente Tabaré Vázquez, a quien dijo apreciar, para conversar sobre la actitud del canciller uruguayo. "No puedo entender cómo su canciller agrede a Venezuela" en el marco de Mercosur, indicó Maduro, insistiendo en que cada país debe resolver sus problemas sin la injerencia de otras naciones.
Maduro también acusó a sus adversarios de buscar "desesperadamente" generar violencia en las manifestaciones del viernes y sábado contra el máximo Tribunal y el gobierno, según él, para respaldar las denuncias que han presentado ante Estados extranjeros sobre violaciones a los derechos humanos.
Enfrentamiento entre el Legislativo y el Poder Judicial
En una rueda de prensa luego de un encuentro con legisladores, Román Duque Corredor, exmagistrado de máximo Tribunal, explicó que las sentencias aclaratorias de la corte se dieron horas después de que Maduro pidiera a esa instancia revisar sus decisiones -luego que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, denunciara que eran violatorias de la Constitución- y en consecuencia "se evidencia una violación de la Constitución y la sujeción del Tribunal Supremo ante el Ejecutivo".
Los magistrados "corrigieron (las sentencias) por petición de un órgano gubernamental... el mejor reconocimiento público de la responsabilidad penal de los siete magistrados que integran la Sala Constitucional", aseveró Duque. "Si no renuncian estos magistrados, la fiscal general... tiene la obligación, como miembro del Consejo Moral Republicano, de solicitar la calificación de las faltas de los magistrados como causales de remoción de sus cargos".
El Poder Ciudadano, uno de los cinco constituidos en Venezuela, es ejercido por el Consejo Moral Republicano, integrado por los titulares de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General y la Contraloría General de la República.
El enfrentamiento entre el Legislativo y el Poder Judicial venezolanos inició en diciembre de 2015, luego que la Sala Electoral de la Corte suspendiera por supuestas irregularidades en su elección a cuatro diputados, tres de ellos opositores.
Luego de casi un año de confrontación, los tres diputados aceptaron la sentencia y renunciaron a sus cargos, pero el Tribunal Supremo mantuvo a la Asamblea Nacional en desacato.
(Con información de AFP, EFE y AP)
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EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro
La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.
“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.
"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.
El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.
La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.
"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.
Boric llama a consultas a su embajador en Caracas
El presidente de Chile Gabriel Boric dijo el jueves que decidió llamar a consultas al embajador chileno en Caracas para que informe sobre la situación en el país, al criticar duramente las declaraciones formuladas por el canciller venezolano sobre la banda criminal Tren de Aragua.
A inicios de esta semana, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, dijo durante una visita a su par colombiano que la existencia de esa organización es una ficción mediática internacional para tratar de crear "una marca".
"Las afirmaciones irresponsables del Canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización", dijo el presidente en la red social X.
"He tomado la decisión de llamar a consulta al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, con el objetivo de recabar información detallada sobre la situación actual en el país e instruirlo a tomar todas las acciones que sean necesarias", añadió, tanto ante el gobierno venezolano como organismos internacionales.
El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato una solicitud de comentario.
Durante la semana altos funcionarios del gobierno chileno, como la ministra del Interior Carolina Tohá y el canciller Alberto van Klaveren, ya habían cuestionado las declaraciones.
Los comentarios de Gil "demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable", añadió Boric.
En los últimos años Chile, uno de los países más estables y seguros de la región, ha visto un aumento de los crímenes violentos y una mayor frecuencia de delitos antes poco comunes como los secuestros extorsivos, que las autoridades atribuyen a la penetración del crimen organizado.
Activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua lanzan campaña para crear conciencia sobre presos políticos
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos y la defensa de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron este jueves la campaña “Está pasando de nuevo” que busca elevar el tema de las personas privadas de libertad.
En una conferencia de prensa virtual, los organizadores subrayaron que hasta finales de febrero de 2024, las cifras de personas prisioneras por motivos políticos son alarmantes con un estimado de 1.092 cubanos, 269 venezolanos, y 121 nicaragüenses bajo privaciones de libertad.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una de las organizaciones que participa en la campaña, dijo que la misma busca la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional para el respeto a los derechos humanos.
“Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Costa Rica, de España. Hay una serie de países que son claves en la región para defender los derechos humanos y esta campaña apela a estos países y a estas democracias para que hagan un esfuerzo”, contestó Larrondo a una pregunta de Martí Noticias sobre el objetivo de la campaña.
“Además vemos como las dictaduras totalitarias no se estancan sino que estamos viendo un proceso de expansión de las mismas y, por lo tanto, es muy importante hacer conciencia, sobre todo ello”, añadió.
Victor Navarro, periodista y ex preso político nicaraguense, director de la ONG Voces de la Memoria, dijo que la campaña necesita las voces de los países democráticos.
“En Venezuela, Cuba y Nicaragua estamos viendo cómo ha aumentado la represión. Hemos visto cómo se han exacerbado las detenciones arbitrarias y cómo cada vez existen más presos políticos… Necesitamos de los países democráticos, cuyas instituciones son más sólidas para nosotros poder alzar más la voz y exigir que ya no hayan más presos políticos en nuestros países”, declaró Navarro.
En la conferencia también participó Alain Espinosa, abogado de Cubalex, quien presentó un panorama de las terribles condiciones en las prisiones cubanas y calificando de lesivas para la condición humana “las condiciones que se establecen en el sistema penitenciario cubano y sobre todo para las personas que están allí por motivos políticos”.
“Lo que describió Luis Manuel Otero Alcántara son catedrales del mal y yo creo que lo primero que hay que plantear es que esto parte siempre de la voluntad política del gobierno que hay en Cuba desde 1959”, dijo Espinosa, refiriéndose al prisionero político y creador del Movimiento San Isidro.
Espinosa opinó además que aumentar la visibilidad de la situación de los presos políticos junto a un aumento de las sanciones contra los regímenes en Cuba, Venezuela y Nicaragua “aumenta el costo político a estos estados y hace realmente que se sientan incómodos y tengan que al menos ir modificando los patrones represivos que utilizan”.
La campaña está presente en Facebook, y en Instagram y tiene también su propia página web https://estapasandodenuevo.com
OEA condena incursión de policía ecuatoriana en embajada mexicana en Quito
Con los votos de 29 países, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que condena la "intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la Misión".
Ecuador votó en contra y El Salvador se abstuvo. México, que rompió relaciones diplomáticas con el país sudamericano, estaba ausente.
La resolución reafirma “la obligación de todos los Estados de velar por el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas y del principio de inviolabilidad, de conformidad con el derecho internacional, como requisito fundamental y crucial para las relaciones pacíficas entre los Estados”.
Asimismo reafirma “la obligación que tienen los Estados Parte de la Convención de Asilo Diplomático de 1954 de respetar en su integridad todas sus disposiciones”.
También reafirma que “sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor; y que también están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado”.
LA OEA en su resolución, exhortó al Ecuador y México a que, “de acuerdo con el derecho internacional, inicien un diálogo y tomen acciones inmediatas para resolver este grave asunto de manera constructiva” y puso a la disposición de ambos gobiernos “los buenos oficios de la Organización de los Estados Americanos para facilitar todo esfuerzo que pueda ser útil”.
En comentarios después de la votación, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora, reiteró el compromiso de Estados Unidos con el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Convención de Viena y dijo que Washington condena cualquier violación de este acuerdo.
“El gobierno ecuatoriano hizo caso omiso de sus obligaciones en virtud del derecho internacional como Estado anfitrión de respetar la inviabilidad de las misiones diplomáticas... Este punto está plasmado en la resolución aprobada por este Consejo”, expresó Mora.
La aprobación abrumadora de la resolución ocurrió a pesar de que en una sesión celebrada la víspera, la delegación de Ecuador justificó las acciones en la sede diplomática mexicana.
En la sesión, el viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos, pidió a la comunidad internacional “revisar y actualizar” las normas sobre asilo diplomático y otros instrumentos internacionales para erradicar los nuevos fenómenos delictivos de crimen organizado trasnacional.
Dávalos aseguró que el exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, acusado de corrupción y que estaba asilado en la embajada de México en Quito cuando entraron las tropas ecuatorianas, “no reunía los requisitos” para recibir el asilo.
Asimismo, dijo que México, con su actitud, “socava y desnaturaliza” la figura del asilo y se promueve la impunidad.
Por su parte, en la sesión del martes, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que se debe respetar el derecho internacional y que las sedes diplomáticas son inviolables. También añadió que la redada del ejército ecuatoriano en la embajada de México el pasado 5 de abril no podía estar justificada por las leyes internas.
“No hay duda que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del orden jurídico internacional”, declaró Almagro en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo.
El Secretario General llamó a "exigir que se retome la senda de la legalidad internacional", porque no se puede permitir, dijo, "que quede como precedente lo ocurrido" e instó a ambos países a encontrar una solución pacífica a las disputas.
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