La crisis económica, los prolongados apagones y la escasez continuaron alimentando el descontento social en Cuba durante mayo. Sin embargo, en lugar de responder a las demandas ciudadanas, el régimen intensificó la represión, la censura y el control social, según denuncia el más reciente informe mensual de Cubalex.
La organización documentó 304 eventos represivos y 597 incidentes de hostigamiento en 57 municipios de todas las provincias del país.
En declaraciones a Martí Noticias, el abogado de Cubalex, Alain Espinosa, afirmó que la respuesta del gobierno cubano ante el incremento de las protestas fue reforzar los mecanismos de represión.
"Durante el mes de mayo, la profunda crisis económica, los apagones y la escasez en Cuba continuaron impulsando las protestas ciudadanas. Como ya nos tiene acostumbrados, el gobierno, ante esta situación, no respondió atendiendo a las demandas de sus ciudadanos, sino intensificando el control social y la censura", señaló.
El informe indica que La Habana, Camagüey y Santiago de Cuba fueron las provincias donde se registró el mayor número de acciones represivas.
En paralelo, Cubalex documentó 106 protestas populares, alcanzando un máximo de 30 manifestaciones en un solo día, el 13 de mayo, cuando cientos de personas salieron a las calles para protestar por los prolongados apagones y el deterioro de las condiciones de vida.
Para la organización, estos datos reflejan el creciente malestar social que atraviesa el país y la decisión del Estado de responder mediante el uso de la fuerza y la intimidación.
El informe identifica al sistema penitenciario como el entorno donde se cometen las violaciones más graves de derechos humanos.
Durante mayo, Cubalex documentó 136 violaciones contra personas privadas de libertad, entre ellas golpizas, aislamiento, negación deliberada de atención médica, manipulación de medicamentos y restricciones arbitrarias a las comunicaciones.
"Esta represión se sigue concentrando mayormente en las cárceles, donde más de 130 incidentes estuvieron dirigidos específicamente contra personas privadas de libertad y el gobierno cubano continúa utilizando el sistema penitenciario como un instrumento de tortura psicológica y física contra las personas privadas de libertad", denunció Espinosa.
El abogado explicó que la organización verificó más de 30 casos de negación deliberada de atención médica, una práctica que, según Cubalex, pone en riesgo la vida de numerosos reclusos.
"Documentamos la negación deliberada de atención médica en más de 30 ocasiones y la manipulación de los beneficios penitenciarios, sobre todo en los casos de las personas privadas de libertad por motivos políticos", afirmó.
Espinosa añadió que las autoridades también restringen severamente las comunicaciones de los presos políticos.
"Se les prohíben realizar llamadas internacionales para evitar que denuncien las condiciones infrahumanas que padecen dentro de estas prisiones y las violaciones de derechos humanos que hay en las mismas", indicó.
El informe también documenta seis muertes bajo custodia estatal durante mayo, atribuidas a la desnutrición crítica, la falta de medicamentos y la negligencia médica, así como 14 presos políticos en huelga de hambre, quienes recurrieron a esa medida para exigir atención médica y el respeto a sus derechos fundamentales.
Cubalex advirtió además sobre la consolidación del destierro como una política para desarticular la oposición política dentro de la isla.
Según Espinosa, el régimen está condicionando la excarcelación de presos políticos a que abandonen el país.
"Se sigue consolidando la táctica del destierro y se utiliza el exilio forzado como moneda de cambio, obligando a las personas privadas de libertad, sobre todo en los casos por motivos políticos, a abandonar el país como única forma de excarcelación", afirmó.
Como ejemplo, mencionó el caso de la presa política y Dama de Blanco Sissi Abascal, quien salió recientemente de Cuba tras recibir una visa humanitaria.
Otro de los hallazgos del informe es el incremento de la censura digital.
Cubalex registró 22 cortes selectivos de internet y telefonía móvil, el mayor número documentado por la organización en un solo mes.
El caso más significativo ocurrió el 14 de mayo, cuando el país sufrió una caída masiva del tráfico de internet coincidiendo con una jornada de protestas por los apagones.
"El gobierno cubano utiliza la desconexión como un arma táctica para aislar a los manifestantes, impedir la articulación ciudadana y ocultar las evidencias de los abusos policiales que se cometen", aseguró Espinosa.
Para la organización, estas interrupciones no obedecen a fallas técnicas, sino que forman parte de una estrategia deliberada para impedir la circulación de información y limitar la capacidad de organización de la sociedad civil.
Además de la represión política, el informe documentó 26 asesinatos, incluidos siete feminicidios, una cifra que, según Cubalex, refleja el deterioro de la seguridad ciudadana mientras el Estado continúa destinando gran parte de sus recursos al control político.
La organización también advierte sobre un incremento de la militarización, el hostigamiento contra activistas, periodistas independientes, defensores de derechos humanos, afrodescendientes, menores de edad y familiares de presos políticos.
"No estamos hablando de un grupo de excesos aislados, sino que los defensores de derechos humanos, los afrodescendientes, los menores de edad y los familiares de presos políticos enfrentan diariamente operativos, amenazas y detenciones arbitrarias", afirmó Espinosa.
"Esto es una maquinaria represiva que cada vez se va sofisticando más, que apaga el tráfico de internet en las calles, incomunica a los ciudadanos y los destierra directamente desde las cárceles para garantizar mantenerse en el poder y que los ciudadanos no puedan ejercer de manera efectiva sus derechos humanos", concluyó.
Cubalex señaló que el informe busca documentar con evidencia el deterioro sostenido de la situación de los derechos humanos en Cuba y alertar a la comunidad internacional sobre el uso sistemático de la represión para contener el creciente descontento social generado por la crisis económica y humanitaria que vive la isla.
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