Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, condenó los incidentes de hostigamiento contra el Encargado de Negocios de su Embajada en Cuba, Mike Hammer, y advirtió a los acosadores que se conocen sus identidades y que enfrentarán las consecuencias de estos actos.
En el mensaje, Landau denuncia que "pequeños grupos de agentes del régimen cubano" han estado acosando a Hammer mientras recorre la isla para cumplir con sus funciones diplomáticas en varias provincias.
"Quiero que estas personas comprendan que sabemos quiénes son y que responderemos en consecuencia, entre otras medidas, con sanciones de visado", escribió el alto funcionario de la Cancillería estadounidense.
El subsecretario de Estado recordó que "según las normas básicas del derecho internacional, los diplomáticos deben tener la libertad de desempeñar sus funciones sin ser acosados por matones".
Los llamados actos de repudio organizados contra Hammes han incluido gritos e insultos de "asesino", "genocida", "marioneta de Trump".
Fuentes del gobierno estadounidenses dijeron esta semana a Martí Noticias que además de identificar a quienes interactúan de forma agresiva con funcionarios estadounidenses recopilarán evidencias sobre participantes en actos hostiles frente a la sede diplomática de EEUU en el Malecón habanero.
El proyecto Represores Cubanos, impulsado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC), informó la incorporación a su base de datos de dirigentes políticos de Camagüey vinculados a la organización de actos de repudio recientes contra Hammer.
Entre los señalados figuran Roberto Conde Silverio, segundo secretario del Partido Comunista en Camagüey; Yaymir Victoria Basulto, secretaria ideológica provincial y Yurisney Gil Monteagudo, primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en la provincia.
Según la FDHC, estos funcionarios habrían participado en la convocatoria, coordinación e instrucción de los manifestantes.
La organización denunció que estos hechos constituyen un incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado cubano, que debe garantizar la protección del personal diplomático acreditado.
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