La Corte Suprema de Estados Unidos permitió de forma provisional que la administración del presidente Donald Trump continúe deportando a inmigrantes a terceros países. El Tribunal también acordó escuchar los argumentos del caso en diciembre.
La decisión del martes deja en pausa, por ahora, una orden de un tribunal federal que exigía que los inmigrantes recibieran una notificación y una oportunidad significativa para plantear posibles riesgos de persecución o tortura antes de ser enviados a un país distinto al suyo.
El Fiscal General de Estados Unidos, Todd Blanche, celebró el fallo y dijo que la deportación a un tercer país "es totalmente legal y una herramienta fundamental para la aplicación de la ley de inmigración".
Blanche elogió que a diferencia del tribunal inferior, la Corte Suprema "esperó escuchar a ambas partes antes de tomar la decisión".
Precisamente sobre este punto la abogada de inmigración, Laura Jiménez, dijo a Martí Noticias que la decisión debe entenderse con cautela porque no constituye todavía una determinación definitiva sobre la legalidad de las deportaciones a terceros países.
Según la especialista, el gobierno solicitó a la Corte Suprema suspender la decisión del tribunal inferior mientras continuaba el proceso de apelación. Sin embargo, el máximo tribunal decidió además asumir el caso y programar argumentos para diciembre.
La abogada explicó a Martí Noticias que entre las cuestiones que deberán analizar los magistrados está si el tribunal de Massachusetts tenía jurisdicción para conocer el caso y si tenía autoridad para emitir una orden con alcance nacional. También deberán examinar si la política de deportaciones a terceros países respeta las garantías del debido proceso.
“Yo creo que es una batalla, pero no la guerra ganada”, resumió Jiménez.
Mientras el caso avanza, la decisión tiene un efecto inmediato: las deportaciones a terceros países pueden continuar. Organizaciones y abogados de inmigración han cuestionado precisamente la falta de aviso previo y de una oportunidad real para que los inmigrantes planteen los riesgos que enfrentarían en el país receptor.
¿Qué significa para los inmigrantes en situación irregular?
Para una persona que enfrenta una posible deportación a un tercer país, Jiménez advierte que el escenario cambia de manera inmediata porque la orden que había frenado esas deportaciones queda temporalmente suspendida.
“Lamentablemente, de manera inmediata no va a cambiar nada desde el punto de vista de algún recurso legal, porque la decisión de la Corte del Distrito de Massachusetts está en una pausa. No tiene un efecto legal en este momento”, explicó.
La experta insiste en la importancia de tener los expedientes migratorios preparados, particularmente cuando existen antecedentes de persecución o temor de regresar al país de origen.
“Es importante que los inmigrantes que están en un caso de este tipo tengan sus casos bien documentados”, dijo Jiménez y agregó que esa documentación debe incluir información sobre la persecución sufrida en el país de origen, la historia biográfica y migratoria del solicitante y cualquier circunstancia relevante que pueda demostrar los riesgos que enfrenta.
“Si el caso no está bien documentado desde el inicio sobre la persecución en su país de origen, sobre su historia biográfica y migratoria en general, si es una persona que nunca ha viajado a este tercer país al que posiblemente lo intenten deportar”, señaló.
La abogada también advierte que estas situaciones pueden presentarse de manera inesperada durante un proceso migratorio, incluso durante una audiencia.
“Todas estas mociones se presentan muchas veces de manera imprevista, en momentos incluso inesperados, en la primera audiencia o en la audiencia final”, explicó.
Por eso recomienda que una persona que reciba una notificación o enfrente una moción para cerrar su caso y proceder con una deportación a un tercer país solicite tiempo para responder y busque asesoría legal inmediatamente.
“Desde el primer momento en el que el inmigrante sospecha o le informan o están presentando en ese momento una moción para desestimar su caso de asilo y deportarlo a un tercer país, el inmigrante debe pedir un tiempo; debe pedir ya sea tiempo para contratar un abogado, ya sea tiempo para responder”, aconsejó.
La abogada considera que todavía existen interrogantes sobre qué países están aceptando a determinados inmigrantes, qué condiciones les garantizarán una vez lleguen y qué mecanismos tendrán para solicitar protección.
La Corte Suprema deberá ahora escuchar los argumentos del caso en diciembre. Hasta entonces, la autorización provisional permite que las deportaciones a terceros países continúen mientras los magistrados analizan las cuestiones legales planteadas por ambas partes.
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