El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) celebró la decisión unánime de la Corte Suprema de Estados Unidos emitida este 4 de marzo de 2026 sobre la capacidad de impugnar casos de asilo por persecución.
La decisión de la Corte Suprema en Urias-Orellana v. Bondi, respaldada por los nueve jueces, hace más difícil retar las denegaciones de asilo en los tribunales federales, al reducir la capacidad de los jueces para "reevaluar" casos de asilo. Esta medida pudiera afectar los procesos migratorios de cientos de miles de cubanos con I-220A.
Antes de esta decisión, los tribunales de apelaciones federales revisaban la determinación de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) sobre si las amenazas, violencia o maltrato constituían casos de "persecución" bajo la definición legal de asilo en la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Algunos circuitos revertían los casos de la Junta, en algunos tribunales federales (de apelaciones), los jueces disponían revisar todo desde cero.
La Corte Suprema determinó que todos los tribunales federales deben usar el estándar más estricto llamado "evidencia sustancial".
Si el juez de inmigración (o la Junta de Apelaciones de Inmigración, BIA) considera que "no es persecución" y hay alguna evidencia razonable que lo respalde, el tribunal federal debe aceptar esa decisión.
La Corte le dio más poder a los jueces de inmigración y al DHS para decidir si alguien califica para asilo en este punto clave.
El Departamento de Seguridad Nacional se refirió a este veredicto de la Corte Suprema como "una victoria para el pueblo estadounidense, el estado de derecho y el sentido común".
La agencia federal argumentó que "durante años, jueces activistas han utilizado el poder judicial federal para proteger a los inmigrantes indocumentados de las deportaciones, simplemente porque estos podían presentar falsas acusaciones de persecución —a menudo con guiones proporcionados por ONGs que defienden las fronteras abiertas— incluso cuando la Junta de Apelaciones de Inmigración dictaminó que tales temores no eran creíbles".
"La Administración Trump continuará con su misión de deportar a los inmigrantes indocumentados y mantener la seguridad en Estados Unidos", concluye la declaración del DHS.
Cubanos afectados
Muchos cubanos han iniciado procesos de asilo, tratándose de una protección humanitaria disponible para cualquier persona que demuestre un temor fundado de persecución por raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política.
Los inmigrantes de la isla históricamente han tenido tasas altas de aprobación por la represión política del régimen comunista, y muchos siguen presentando solicitudes de asilo, especialmente quienes no pueden acogerse a la Ley de Ajuste Cubano. Los que más comúnmente no califican a este recurso son los cubanos con I-220A y aquellos sin prueba clara de parole o admisión.
Consultado por Martí Noticias, el abogado de Inmigración Alejandro Vázquez Sánchez explicó que esta decisión repercute grandemente entre "casi todos los cubanos que están en corte ahora y que tienen como único remedio viable hasta este momento el asilo político".
"Una denegación de un asilo político conlleva una apelación ante la junta apelativa. Y ahí termina el caso, a no ser que se apele en corte federal. Y este caso lo que limita es la posibilidad de ir a corte federal. Es decir, establece un proceso que se queda el caso en la junta apelativa y ahí se ratifica la orden", comentó el experto.
El abogado agrega que "ir en corte federal va a ser cuesta arriba, va a ser muy difícil, porque el estándar de revisión va a ser tan elevado que no va a permitir a una corte federal de circuito revocar un fallo del ente administrativo, que en este caso son las cortes de inmigración, y esta decisión limita mucho a los jueces federales de entrar a cuestionar un fallo de un juez de inmigración, a no ser que la evidencia sometida no sea probativa y sustancial, pero el estándar de revisión es tan difícil para el que lo promueva, que va a ser muy difícil que un juez federal revoque una decisión del ente administrativo".
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