El anuncio del presidente de Colombia Abelardo De La Espriella de iniciar operativos contra la migración irregular y proceder con deportaciones genera preocupación entre representantes de la comunidad venezolana en ese país, que advierten sobre el riesgo de asociar la falta de estatus migratorio con la criminalidad.
La orden fue impartida el domingo, 23 de agosto, durante un consejo de seguridad celebrado en Barranquilla y contempla operativos coordinados entre Migración Colombia y la Policía. De La Espriella señaló que las primeras acciones estarán dirigidas contra extranjeros involucrados en delitos y posteriormente contra quienes permanezcan en el país sin haber regularizado su situación migratoria.
“Aquí no voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”, afirmó el mandatario.
De La Espriella aseguró además que los operativos deben comenzar esta misma semana y fue enfático al referirse al destino de quienes permanezcan irregularmente en territorio colombiano. “Los que no tienen regularizada su situación, en el término de la distancia tendrán que ser deportados”, sostuvo.
La medida tiene especial relevancia para la comunidad venezolana, la población migrante extranjera más numerosa radicada en Colombia. Según el informe más reciente de Migración Colombia, en el país se contabilizaban 2.841.048 venezolanos hasta enero de 2026. De ellos, el 82% se encontraba en condición migratoria regular.
Gaby Arellano, activista venezolana exiliada en Colombia, pidió a la nueva administración que el fenómeno migratorio sea abordado a partir de datos oficiales y rechazó que se establezca una relación generalizada entre la migración venezolana y los índices de criminalidad.
Arellano aseguró que la mayoría de los venezolanos que han llegado a Colombia se han incorporado de manera productiva a la sociedad y llamó al gobierno a priorizar mecanismos de integración y regularización.
“Invitamos a que el debate sea de integración, de producción y de unión, de regularización y de hermandad, no de discriminación ni de narrativas xenófobas”, afirmó. También pidió a la nueva administración ofrecer cifras actualizadas sobre el número de venezolanos que se encuentran actualmente en condición irregular.
Matí Noticias consultó a José Antonio Colina, quien consideró que las autoridades deben establecer una diferencia clara entre los extranjeros involucrados en actividades criminales y aquellos que, pese a encontrarse en situación irregular, no han cometido delitos. “Obviamente que los criminales, los delincuentes, sean sometidos con todo el peso de la ley”, afirmó Colina, quien pidió que los casos de los venezolanos sin estatus regular sean evaluados individualmente.
Colina sostuvo que la situación política, económica y social que durante años provocó la salida masiva de venezolanos debe ser considerada al momento de aplicar las nuevas medidas. “Lo que estamos pidiendo es que no se generalice y que no se intente criminalizar a aquellas personas que por una razón u otra no han regularizado su situación dentro del territorio colombiano”, agregó.
La decisión del nuevo gobierno colombiano ocurre cuando se registra uno de los mayores movimientos migratorios en la región.
Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), cerca de 7,9 millones de refugiados y migrantes venezolanos se encuentran fuera de Venezuela, de los cuales más de 6,9 millones permanecen en países de América Latina y el Caribe.
Colombia ha sido durante años uno de los principales países receptores de esta población y, de acuerdo con las cifras oficiales, más de tres cuartas partes de los venezolanos que llegaron al país manifestaron intención de establecerse allí de manera permanente.
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