Las recientes sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos hacia Cuba han generado diversas reacciones dentro de la sociedad civil independiente en la isla.
Mientras la normativa busca cerrar brechas operativas, eliminando las transferencias "U-Turn" y bloqueando cuentas de mipymes vinculadas a la élite gobernante, activistas, comunicadores y opositores entrevistados por Martí Noticias muestran posturas encontradas sobre su efectividad y los posibles efectos colaterales.
Para el historiador y periodista independiente Boris González Arenas, las medidas revelan un cambio táctico por parte de la administración estadounidense frente al comportamiento del ejecutivo cubano.
"A diferencia de rondas de sanciones anteriores dirigidas a nombres específicos de militares o empresas, ahora se busca neutralizar las estrategias trazadas por el castrismo para evadir el embargo", señaló González Arenas.
El opositor apuntó que el gobierno cubano ha utilizado históricamente la movilidad de académicos e intelectuales para trasladar información sensible o bienes, así como la creación de una clase empresarial adscrita al poder.
"Estas restricciones van dirigidas a una élite de empresarios vinculados directamente al régimen: hijos, hermanos y testaferros de la cúpula política que gestionan fortunas al amparo de la élite comunista", agregó.
Entre los cambios más significativos en materia financiera destaca la eliminación definitiva de las transferencias bancarias conocidas como "U-Turn", las cuales permitían el paso indirecto de fondos internacionales en dólares a través del sistema financiero estadounidense.
Asimismo, la normativa exige el bloqueo inmediato de las cuentas de pequeñas y medianas empresas (mipymes) cubanas en bancos de Estados Unidos, prohíbe operaciones con entidades vinculadas al aparato militar e impone posibles sanciones secundarias a instituciones bancarias de terceros países que mantengan relaciones con los sancionados.
En el ámbito de la movilidad, la OFAC canceló los permisos para viajes educativos grupales bajo la modalidad "people-to-people" y prohibió la participación en conferencias o reuniones profesionales en Cuba. Las visitas individuales quedan condicionadas al patrocinio institucional de organizaciones estadounidenses, si bien las autoridades aclararon que las remesas familiares y la exportación de insumos médicos y alimentos continúan bajo las excepciones permitidas.
Por su parte, el activista político Manuel Cuesta Morúa valoró el esfuerzo por frenar la captación de divisas de los organismos de control y represión, aunque advirtió sobre las repercusiones colaterales que la medida tendrá en la economía popular.
"Es difícil distinguir dónde se castiga al régimen sin perjudicar a los ciudadanos, pero el golpe más duro se lo lleva el emprendimiento que no depende del Estado", indicó Cuesta Morúa.
Según el analista, gran parte de la sociedad cubana se abastece hoy mediante el sector privado de pequeñas y medianas empresas ante la contracción de las prestaciones estatales.
"Golpear el tejido de emprendedores independientes atenta contra la columna vertebral que sostiene las necesidades básicas de la población, lo que difícilmente arroje un saldo positivo para la sociedad en sentido general", puntualizó.
El exprisionero político Fernando Bárzaga Mompié enfatizó que los objetivos del gobierno estadounidense son claros y que no tiene sentido discutir las posibles afectaciones que la OFAC pueda causar a los ciudadanos cubanos porque casi siete décadas de dictadura son "una realidad incomparable con cualquier otra cosa", por lo que considera necesario avanzar hacia la democracia a toda costa.
“Esto, sin necesidad de preámbulos, es lo más importante. Ya quedó claro que en este endurecimiento regulatorio mantendrán las remesas familiares y la ayuda humanitaria legítima”, afirmó.
“El gobierno cubano no solamente pone en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos, sino también el desarrollo, supervivencia y progreso de la raza humana, por lo menos en la nación donde rige. Y esto, por encima de cualquier justificación posible, es un hecho cierto que, traído a la luz, salvará vidas, no de millones, sino de generaciones de cubanos”, subrayó.
El régimen cubano no tardó en condenar el paquete normativo dictado por la OFAC. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, fustigó la política de Washington asegurando que la directiva “daña de forma paralela tanto al sector público como a los emprendedores privados, contradiciendo la narrativa estadounidense de apoyar al emergente empresariado de la isla”.
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