Estados Unidos anunció este jueves nuevas sanciones contra el régimen de Cuba, dirigidas específicamente a tres militares y ocho entidades cubanas.
Las personas sancionadas son Joaquín Francisco Cancio Monteagudo, Coronel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y director del Centro de Investigación y Desarrollo de Simuladores; Julio Hurtado Betancourt, Primer Coronel y Jefe del Centro de Investigación y Desarrollo de Armamento de Infantería de la Unión de Industria Militar; y Dioglis Pedrera Argüello, científico del Centro de Investigación y Desarrollo Naval (CID-NAV).
Las entidades designadas, en su mayoría empresas estatales vinculadas a investigación, desarrollo de armamento, simuladores, naval, electrónica de comunicaciones y al sector del níquel en Holguín, son el Centro de Investigación y Desarrollo de Armamento de Infantería (CIDAI, en Camagüey), el Centro de Investigación y Desarrollo de Simuladores (también conocido como CID-SIM, ECTSIM o SIMPRO, en La Habana), el Centro de Investigación y Desarrollo Naval (CIDNAV, en Regla, La Habana), el Centro de Investigación, Desarrollo y Producción Grito de Baire (también conocido como CIDP-GB, GELCOM o Grupo de la Electrónica de Comunicaciones, en La Habana), el Centro de Investigaciones del Níquel Capitán Alberto Fernández Montes de Oca (CEDINIQ o CEINNIQ, en Moa), la Empresa de Ingeniería y Proyectos del Níquel (CEPRONIQUEL, en Moa), la Empresa de Servicios Técnicos de Computación, Comunicaciones y Electrónica (SERCONI, en Moa) y Pinares S.A. (en Nicaro, Holguín).
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro durante el segundo mandato de Donald Trump ha implementado más de 130 acciones y designaciones de sanciones contra individuos, entidades y esquemas de ingreso que sostienen a la dictadura cubana.
El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, dijo a PBS que el ritmo de las sanciones, prácticamente semanal o quincenal, ha estancado las conversaciones bilaterales, aunque reveló que se han mantenido reuniones directas y secretas entre ambos gobiernos, las cuales prefieren manejar con total discreción para evitar filtraciones a los medios.
Fernández de Cossío admitió abiertamente que el régimen de La Habana se tomaría como "ingenuo" si no contemplara seriamente la amenaza de una invasión militar por parte de EEUU.
La base legal y el mecanismo operativo de la OFAC para ejecutar las sanciones a Cuba se sustentan principalmente en dos nuevas órdenes presidenciales que expandieron radicalmente la arquitectura de las sanciones.
La Orden Ejecutiva 14380, del 29 de enero de 2026, declaró una emergencia nacional respecto a Cuba. A partir de este decreto, la OFAC obtuvo facultades adicionales para perseguir las vías de financiamiento del régimen.
Por otra parte, la Orden Ejecutiva 14404, anunciada el 1 de mayo de 2026, "Imposición de Sanciones a los Responsables de la Represión en Cuba y por Amenazas a la Seguridad Nacional y la Política Exterior de los Estados Unidos", introdujo un cambio histórico. Por primera vez bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), la OFAC fue autorizada a aplicar sanciones secundarias.
Esto significa que no solo penaliza a entidades cubanas, sino también a instituciones financieras extranjeras y terceros países que realicen transacciones significativas con los sancionados.
Bajo este nuevo marco, la OFAC ha actualizado continuamente su Lista de Nacionales Designados Especialmente (Lista SDN) con sanciones al conglomerado militar GAESA, a la empresa estatal petrolera Unión Cuba-Petróleo (CUPET), las firmas ENERSA, CEINPET y EINARBO, al Ministerio de Turismo de Cuba (MINTUR), a la Terminal de Contenedores del Mariel y la naviera Coral Marítima, a entidades como Orbit S.A., encargada de la gestión de remesas en la isla, y el fondo CEIBA Investments Limited y Metal Cuba y Geominera S.A..Sanciones, entre otras empresas.
Durante el segundo mandato de Donald Trump, la Oficina de Control de Activos Extranjeros ha incluido en la Lista de Nacionales Especialmente Designados al círculo familiar íntimo de los gobernantes cubanos, los ministros responsables de la gestión económica estatal y los altos mandos civiles y militares que sostienen al régimen de La Habana.
En el centro de las penalizaciones individuales se encuentra el núcleo familiar del gobernante cubano, encabezado por el propio Miguel Díaz-Canel Bermúdez, su esposa Lis Cuesta Peraza, y su hijastro y asesor Manuel Anido Cuesta. A este grupo se suman vinculadas a la familia Castro, como el coronel Alejandro Castro Espín y su sobrino Raúl Alejandro Castro Calis.
La lista de sancionados civiles se extiende de igual manera a los principales diseñadores de la política del país, incluyendo a Juan Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional, y a Roberto Morales Ojeda, secretario de organización del Partido Comunista de Cuba y a ministros clave del gabinete como Vicente de la O Levy (Energía y Minas), Mayra Arevich Marín (Comunicaciones), Rosabel Gamón Verde (Justicia) y René Mesa Villafaña (Construcción).
Entre los militares designados destacan los generales de cuerpo de ejército y de división Joaquín Quinta Solá, Ramón Espinosa Martín, Andrés González Brito, Ricardo Riger Tejeda y Lázaro Alberto Álvarez Casas.
Foro