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Periodismo ciudadano y redes sociales, ¿prohibidos para opositores en Cuba?


Multas, amenazas de cárcel, detenciones arbitrarias y acoso constante presionan a los activistas que buscan llevar información y tomar el pulso al estado de opinión entre los cubanos de la isla.

Las autoridades cubanas sancionan y amenazan con llevar a juicio a varios opositores por divulgar en las redes sociales y distribuir en las calles de la isla material audiovisual con información y opiniones de los ciudadanos sobre lo que ocurre en su entorno.

José Daniel Ferrer, líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, dijo que en las últimas semanas varios miembros de la organización que dirige han sido detenidos y multados.

Arianna y y Alexander Ávila, y Jordanis Labrada, residentes en Alto Songo, Santiago de Cuba; y Eliécer Góngora Izaguirre, en Jobabo, Las Tunas, son algunos de los casos más recientes.

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Góngora Izaguirre espera juicio por el supuesto delito de usurpación de funciones públicas. "Dicen que se atribuye funciones públicas al entrevistar a personas que han dicho delante de una cámara, o delante de un móvil, que apoyan a Cuba Decide", explicó Ferrer.

Cuba Decide es una plataforma ciudadana que busca un plebiscito vinculante en la isla, que restituya al pueblo el derecho a elegir directamente a sus gobernantes.

Ferrer señaló que este tipo de acción represiva es una "nueva modalidad" de la Seguridad del Estado para controlar el activismo político opositor.

La pasada semana, el fotógrafo y opositor Claudio Fuentes, del proyecto independiente Estado de Sats, pasó 24 horas incomunicado en una unidad policial de la capital por publicar en las redes sociales videos críticos sobre el nuevo gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.

Durante el arresto fue amezanado con la cárcel como castigo por su activismo contra el régimen cubano.

El opositor Zaqueo Báez, coordinador de UNPACU en la capital, dijo que también en La Habana varios opositores han sido multados por el mismo supuesto delito.

Varios activistas que reparten discos en las calles e impresos para llevar información a la población, entre ellos Maria Josefa Acón Sardiñas, Ismael Boris Reñí y el propio Báez, han sido multados por una suma de 1.500 pesos cubanos, indicó Báez.

Con las multas, alerta Báez, el régimen busca "socavar a la oposición, y que no llegue la información a la población".

Boris Reñí y su esposa, Aimara Nieto Muñoz, llevan meses detenidos a la espera de juicio. En el caso del opositor, estaría enfrentando su cuarta condena por motivos políticos. Entre 2016 y 2017 cumplió un año de cárcel por repartir impresos y discos en las calles.

Ahora UNPACU, antes fue La Hora de Cuba

No es la primera vez que las autoridades cubanas utilizan este tipo de figuras delictivas para detener, multar y presionar a periodistas independientes y opositores que buscan llevar información a una población carente de ella, y expuesta a una férrea censura.

Antes la emprendieron contra los reporteros de "La Hora de Cuba". Su director, Henry Constantín Ferreiro, fue acusado en 2017 del supuesto delito de “usurpación de capacidad legal”, por ejercer el periodismo libre.

Luego la Seguridad del Estado puso en su mira a Sol García Basulto e Iris Meriño, ambas colaboradoras de la publicación, fueron acusadas del mismo supuesto delito achacado a Constantín Ferreiro, y aunque sus casos están sobreseídos, sobre ellos pende una prohibición de viaje al exterior, lo que les impide asistir a eventos y cursos de periodismo.

Pero "La Hora de Cuba" sigue adelante su próposito de informar a la población. " Hemos estado haciendo un periodismo que a los del freno puesto en la boca de la libertad, les duele en el alma", escribió Constantín Ferreiro tras conocer la decisión de las autoridades.

(A partir de un reporte de Idolidia Darias y Archivo Martí Noticias)

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