Estados Unidos anunció este jueves una nueva ronda de sanciones dirigidas a figuras clave en el sostenimiento de la dictadura cubana.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció nuevas sanciones relacionadas con Cuba bajo la Orden Ejecutiva 14404, incorporando a seis funcionarios cubanos y cinco entidades estatales a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN).
Al hacer el anuncio, el Secretario de Estado Marco Rubio, argumentó que "el régimen comunista cubano es un Estado patrocinador del terrorismo que espía a Estados Unidos, arma a radicales de izquierda violentos, difunde una ideología marxista nociva y sirve de plataforma de operaciones para Rusia, China e Irán a tan solo 90 millas de nuestras costas".
"Hoy he sancionado a cinco entidades cubanas y a ocho personas vinculadas a la adquisición de armas para el régimen. Como ha dicho el presidente Trump: Estados Unidos no tolerará que un Estado canalla albergue operaciones militares, de inteligencia y terroristas hostiles a las puertas de nuestro país", agregó el cubanoamericano.
El también asesor de Seguridad Nacional advirtió que "cualquiera que apoye, patrocine o preste servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionado también. Los bancos extranjeros y otras empresas que presten servicios a estas entidades, o que custodien fondos de las mismas, deben poner fin a dichas actividades de inmediato".
Los individuos sancionados son:
Oscar Enrique Biosca Gallego, de 68 años y residente en Cuba, es general de brigada y responsable de las finanzas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
Mónica Milián Gómez, de 62 años y residente en Moscú, Rusia, es coronel del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) y se desempeña como agregada militar, naval y aérea de Cuba en Rusia.
Waldo Pérez Cortés, de 61 años y residente en Pekín, China, es coronel del MINFAR y actúa como agregado militar de Cuba en China.
José Antonio Remón Rodríguez, de 65 años y residente en Cuba, es el jefe de la Dirección de Relaciones Exteriores del MINFAR y se encarga de la cooperación militar extranjera.
Heriberto Sánchez Alleyne, de 59 años y residente en La Habana, Cuba, es general de brigada, director de la Unión de Industrias Militares (UIM) y está vinculado a la Empresa Cubana Importadora y Exportadora de Productos Técnicos.
Roberto Jesús Viciana Mousset, de 62 años y residente en La Habana, Cuba, es un oficial vinculado al aparato militar de las FAR y a sus empresas industriales asociadas.
Además, fueron designadas las empresas estatales Tecnotex S.A. (Empresa Cubana Exportadora e Importadora de Servicios, Artículos y Productos Técnicos Especializados), Tecnoimport (Empresa Cubana Importadora y Exportadora de Productos Técnicos), la Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin, la sociedad mercantil DUNA S.A. y la Unión de Industrias Militares (UIM).
OFAC también amplió las sanciones previamente impuestas al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro Victoriano López Miera, y al general Roberto Legrá Sotolongo, jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Cuba, agregándoles la designación bajo la Orden Ejecutiva 14404 además de las medidas que ya enfrentaban.
Según el gobierno estadounidense, estas acciones buscan aumentar la presión sobre el aparato militar y empresarial controlado por el Estado cubano, especialmente aquellas entidades vinculadas a las Fuerzas Armadas y al sector de defensa, al considerar que contribuyen al sostenimiento económico y operativo del régimen cubano.
La inclusión en la lista SDN implica el bloqueo de bienes e intereses bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a ciudadanos y empresas de Estados Unidos realizar transacciones con las personas y entidades sancionadas.
Las sanciones de hoy son parte de una serie de medidas adoptadas por la Administración del presidente Donald Trump para frenar las vías de ingreso del régimen de Cuba, que han abarcado más de dos docenas de personas y organizaciones en los primeros meses de implementación, con anuncios de nuevas medidas adicionales en las semanas siguientes, como parte de una campaña continua de presión económica y política.
Hasta el 6 de agosto de 2026, en el segundo mandato de Donald Trump, iniciado el 20 de enero de 2025, la administración ha emitido dos órdenes ejecutivas principales específicamente relacionadas con Cuba.
La primera es la Orden Ejecutiva 14380, firmada el 29 de enero de 2026, que declara una emergencia nacional respecto a las amenazas que representa el gobierno cubano para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, y autoriza la imposición de aranceles adicionales a los bienes de países que suministren petróleo, directa o indirectamente, a la isla.
La segunda es la Orden Ejecutiva 14404, del 1 de mayo de 2026, que amplía el régimen de sanciones bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Esta última establece un marco para designar y bloquear a personas y entidades extranjeras que operen en sectores clave de la economía cubana (como energía, defensa, minería, servicios financieros y seguridad), que apoyen al aparato de seguridad o al gobierno cubano, o que estén involucradas en corrupción o violaciones graves de derechos humanos, e introduce riesgos de sanciones secundarias para instituciones financieras y actores no estadounidenses.
Además de estas dos órdenes ejecutivas, el 30 de junio de 2025 se emitió el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 5 (NSPM-5), que reafirma y actualiza la política de máxima presión hacia Cuba.
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