En el marco de los encuentros entre miembros de la élite castrista y de la administración de Estados Unidos, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) exigió un lugar protagónico para la sociedad civil de la isla en las posibles negociaciones.
La coalición, integrada por más de 50 partidos y grupos opositores, hizo pública una carta en la que se esbozan un conjunto de estrategias y acciones para transitar hacia la democracia, de forma pacífica e inclusiva, proceso en el que sean incluidos todos los cubanos.
La Agenda Mínima titulada “Por un nuevo comienzo” está constituida por varias propuestas la de una Ley de Amnistía y Despenalización del Disenso, la de garantías básicas para sectores excluidos, y de derechos sindicales, la Ley de Garantías de los Derechos Fundamentales Constitucionalizados.
En conversación con Martí Noticias, Manuel Cuesta Morúa, presidente de la organización, indicó que “Por un nuevo comienzo” pretende delinear un plan estructurado para la transición, “para navegar en un mar de obstáculos, de incertidumbres, al mismo tiempo de trampas hacia el puerto de la democracia”.
Para ello esgrime dos conceptos fundamentales: “Primero, hay que colocar a la ciudadanía en el centro del futuro de Cuba. Eso es un mandato casi absoluto que tenemos en el Consejo para la Transición Democrática en Cuba”.
“Segundo, debemos utilizar inteligentemente todas las herramientas con las que contamos en la sociedad cubana para hacer una transición pacífica, inclusiva y que al mismo tiempo que logre asumir y asimilar para los cubanos la necesidad de utilizar y poner la ley por encima del gobierno, poner la ley como ese punto supremo que rige la vida de todos, ciudadanos y gobierno, gobernados y gobernantes, y en ese sentido, el nuevo comienzo tiene la perspectiva de recuperar el concepto de ir de la ley a la ley para llegar a la democracia”, precisó Cuesta Morúa.
La iniciativa impulsa las Asambleas Ciudadanas, la solicitud y obtención de la Certificación Acreditativa de la Condición de Elector y la reforma del Artículo 5 de la Constitución que impone al comunista como partido único.
De igual modo, formula una estrategia global contra la violencia, la promoción de los derechos de la diáspora cubana dentro de la isla y la estimulación de la conversación pública y nacional entre la diversidad de sectores de la sociedad civil.
El Consejo considera que antes de competir por el poder, es necesario un nuevo marco democrático que dé poder a la gente y para eso propone la Acción Constitucional Ciudadana en la que se validen los derechos fundamentales y los derechos de acción política ciudadana reconocidos en la Constitución.
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