Treinta años después del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, el estado de Florida ha dado un nuevo paso judicial contra Raúl Castro Ruz. El fiscal general James Uthmeier anunció este lunes, durante una conferencia de prensa en la Universidad Internacional de Florida (FIU), una orden de arresto contra el dictador cubano por su presunta participación en una conspiración para cometer asesinato en primer grado.
La orden, emitida sin derecho a fianza, fue firmada el viernes por Ariana Fajardo Orshan, jueza presidenta del Undécimo Circuito Judicial de Florida, luego de una investigación que involucra al Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) y a la Oficina de la Fiscalía Estatal.
Durante la conferencia, en la que también participaron el fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, y la Sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, Uthmeier defendió la decisión de llevar el caso ante la justicia estatal.
Para las autoridades, el ataque ocurrido el 24 de febrero de 1996 no fue un enfrentamiento militar accidental, sino el resultado de una operación planificada que terminó con la muerte de cuatro hombres que participaban en misiones humanitarias.
Las víctimas fueron Mario de la Peña, de 24 años; Carlos Costa y Pablo Morales, ambos de 29; y Armando Alejandre Jr., de 45. Tres eran ciudadanos estadounidenses y el cuarto tenía residencia permanente legal en Estados Unidos.
Los cuatro viajaban en dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate, una organización fundada en Miami que realizaba vuelos sobre el estrecho de Florida para localizar a cubanos que intentaban abandonar la isla por mar.
Aquel 24 de febrero, tres aeronaves despegaron del aeropuerto de Opa-locka. Dos fueron destruidas por misiles disparados desde aviones de combate MiG de las Fuerzas Armadas cubanas. Una tercera aeronave logró escapar.
Aunque el régimen de La Habana defendió entonces la operación alegando violaciones de su espacio aéreo, investigaciones internacionales concluyeron que las avionetas fueron derribadas sobre aguas internacionales.
Las operaciones de espionaje que sustentan la acusación
Uno de los aspectos más relevantes de esta nueva acción judicial es el argumento utilizado por Florida para establecer su jurisdicción sobre un ataque ocurrido fuera de su territorio.
Según la declaración jurada que sustenta la orden de arresto, parte de la presunta conspiración se desarrolló en el sur del estado, donde agentes de la inteligencia cubana habrían infiltrado la organización Hermanos al Rescate para recopilar información sobre sus operaciones.
Los investigadores señalan que dos agentes vinculados con la llamada Red Avispa operaban en los condados de Miami-Dade y Monroe, donde obtuvieron información relacionada con los vuelos y realizaron actividades de vigilancia.
La documentación judicial sostiene que estos agentes transmitían información a las autoridades cubanas, incluidos datos sobre las operaciones aéreas de la organización.
Otro elemento recogido en la investigación es que la red de espionaje habría advertido a sus integrantes que no abordaran las avionetas de Hermanos al Rescate entre el 24 y el 27 de febrero de 1996.
Para la Fiscalía estatal, estas actuaciones permiten establecer que parte de la presunta conspiración tuvo lugar en Florida, aunque el ataque contra las aeronaves se produjo sobre aguas internacionales.
La declaración jurada también atribuye a Raúl Castro, quien entonces era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, responsabilidad dentro de la cadena de mando que habría autorizado el uso de fuerza letal contra las avionetas.
Una investigación que continúa abierta
El fiscal general de Florida había anunciado a principios de este año la reapertura de la investigación estatal, que durante décadas permaneció sin una acusación contra Raúl Castro en los tribunales de Florida.
La nueva orden de arresto no sustituye el proceso federal iniciado en mayo, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Castro y otras cinco personas vinculadas con los hechos.
En aquella ocasión los cargos federales incluyeron asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves.
La diferencia es que Florida ahora impulsa un procedimiento penal propio, sustentado en las actividades de espionaje presuntamente realizadas dentro del estado.
Además, la Fiscalía estatal ha dejado abierta la posibilidad de ampliar el proceso judicial. En su comunicado oficial, las autoridades señalaron que la investigación permanece activa y que podrían presentarse cargos adicionales.
El desafío de llevar a Castro ante la justicia
Aunque la orden autoriza la detención de Raúl Castro, su ejecución enfrenta importantes dificultades debido a que el exgobernante permanece en Cuba.
Durante su intervención en FIU, Uthmeier sostuvo que la medida tiene consecuencias legales y que Castro podría enfrentar una detención si viajara a un país donde fuera posible ejecutar la orden mediante los mecanismos de cooperación judicial correspondientes.
La Fiscalía de Florida también ha manifestado su intención de solicitar la extradición del acusado si llegara a ser detenido fuera del estado. Sin embargo, la emisión de la orden no supone que Castro vaya a comparecer inmediatamente ante un tribunal estadounidense.
Para los familiares de las víctimas, el caso representa una espera que se ha prolongado durante tres décadas. Las nuevas actuaciones judiciales reabren la posibilidad de exigir responsabilidades penales por un ataque que continúa siendo una de las tragedias más recordadas por el exilio cubano.
Foro