El nuevo gobierno de Costa Rica anunció recientemente una alternativa legal para que solicitantes de asilo o a quienes se les haya rechazado su solicitud puedan acceder a permisos de residencia y empleo. La noticia ha generado sorpresa, esperanza y cautela en la exilio nicaragüense, la población extranjera más grande que reside en ese país.
Miles de nicaragüenses, pero también venezolanos, cubanos y colombianos que se encuentran en Costa Rica podrán acceder a la residencia legal y al mercado laboral desde septiembre de este año bajo la nueva “Categoría Especial Temporal”, anunciada por la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica.
La medida beneficiará a quienes solicitaron refugio entre el primero de junio del 2014 y el 7 de mayo de 2026 y que la resolución esté pendiente o haya sido rechazada.
En declaraciones a Martí Noticias, Jhoswel Martínez, exiliado nicaragüense en Costa Rica, señaló que el anuncio se recibió “con bastante alegría porque era algo que se necesitaba con carácter de urgencia puesto que el sistema de refugio en Costa Rica se encuentra colapsado y rebasado en estos momentos”.
Martínez, quien tuvo que salir de Nicaragua con tan solo 16 años debido a la represión desatada en 2018 por el régimen de los Ortega Murillo, explicó que “hay miles de personas a las que se le ha negado el refugio por por no haber cumplido todos los requisitos para el trámite. Incluso hay muchos que no fueron a su entrevista de elegibilidad y eso también hizo que se las negara el refugio”.
“Esta categoría especial viene a aliviar un poco el sistema de refugio y a su vez a resolverle un problema muy grave a muchas personas” señaló Martínez, quien al mismo tiempo explicó que “son miles los que quedaron en esa situación sin poder regularizarse lo que provocó un limbo y un estatus migratorio irregular”.
Por su parte, Marco Aurelio Peña, economista nicaragüense residente en Costa Rica, explicó a Martí Noticias que este anuncio es “una sorpresa positiva de parte de la nueva administración porque se pone otra vez sobre el tapete el tema migratorio y descarta los temores de que se tomen medidas desfavorables para la comunidad nicaragüense”.
“Lo recibimos como una bocanada de aire porque el gobierno actual mantiene esa política de Estado de una Costa Rica amigable que institucionaliza un procedimiento que pueden utilizar las personas migrantes para regularizar su estatus y permanecer en Costa Rica”, apuntó Peña.
Sin embargo, el economista nicaragüense valoró que “este estatus no le conviene a las personas con perfil medio alto de activistas y opositores que en realidad lo que necesitan es una resolución de personas refugiadas y por tanto estar dentro del régimen de protección internacional en el marco del Derecho Internacional Humanitario”. Conviene más, acotó, a la inmigrantes económicos que están en el sector servicios y de la construcción por ejemplo.
“Hay una presencia nicaragüense muy fuerte en la población económicamente activa de Costa Rica principalmente en actividad comercial en tiendas o almacenes y en el servicios de hoteles, bares y restaurantes”, explicó el economista a Martí Noticias.
También comentó que esta evidente presencia de trabajadores nicaragüenses en las cocinas justifica el comentario popular de que “cuando se come bien en Costa Rica es porque ese servicio de comida fue preparado por mano nicaragüense”.
En este sentido, Peña destacó que la regularización permitirá “una migración segura y ordenada” y desde el punto de vista económico “permitirá que nicaragüenses que ya residen en Costa Rica contribuyan a la producción interior del país ya que este estatus les va a permitir acceder a un empleo formal y cotizar en la Caja del Seguro Social y eso les da la oportunidad de ser bancarizados y ser sujetos de crédito”.
Peña estima que “los migrantes en Costa Rica podrían estar contribuyendo con al menos el 10 % del PIB costarricense y probablemente la comunidad nicaragüense lo haga en al menos el 8 % ya que supera el medio millón de personas y algunas estimaciones la elevan al millón de personas en un país donde la población total es de cinco millones de habitantes”.
Posibles obstáculos
La regularización anunciada por las autoridades costarricenses establece, sin embargo, algunas restricciones para acceder a esta estatus temporal. Entre otros requisitos los solicitantes no deben de tener otra categoría migratoria vigente ni estar involucrado en otros procesos de regularización distinto al trámite de refugio, por otro lado, se rechazarán a quienes representen una amenaza a la Seguridad Pública y que hayan sido condenados por delitos dolosos en los últimos 10 años.
Martínez, quien ahora en el exilio está al frente una organización de derechos humanos, advierte que para acceder a la categoría especial y beneficiarse de ella “los solicitantes tienen que cumplir con todos los requisitos que se les piden de lo contrario se les rechazará de plano”.
En este sentido, miles de nicaragüenses podrían tener dificultades para cumplir todo los requisitos sobre todo a los referidos a documentos expedidos por Nicaragua.
Miguel López Baldizón, médico nicaragüense residente en Costa Rica, dijo a Martí Noticias que “hay muchas personas a las que les están negando el pasaporte y los antecedentes penales, sobre todo, a quienes participaron en las protestas de 2018 o han sido críticos al régimen”.
López Baldizón agregó como otra barrera de entrada al nuevo estatus migratorio “el costo de una póliza de seguro médico durante el periodo de residencia” que exigen las autoridades costarricenses “cuando lo que se debería exigir es que el empleador lo contrate y le pague el seguro social, igual, si es trabajador independiente, debería tener acceso a un seguro voluntario que sería de menor costo”.
Finalmente, López Baldizón advirtió que “posterior a esta apertura a la regularización migratoria hay una iniciativa de ley en la Asamblea Legislativa de Costa Rica que va a endurecer las medidas contra los extranjeros, es decir que probablemente vendrá una etapa en la que se solicite, en áreas de trabajo donde más hay concentración de extranjeros, documento que demuestre el estatus legal”.
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