El líder indígena y exdiputado nicaragüense Brooklyn Rivera Bryan murió en Managua mientras permanecía hospitalizado bajo custodia del régimen sandinista que lo detuvo el 29 de septiembre de 2023 y lo acusó en noviembre de 2024 por “traición, conspiración y socavamiento de la integridad nacional”.
A lo largo de casi tres años de reclusión ilegal, dado que el régimen nunca presentó una acusación formal en su contra ni lo sometió a un juicio público, nunca se le permitió ser visitado por sus familiares. Finalmente, Rivera Bryan murió a los 73 años en un hospital de Managua el pasado domingo 31 de mayo.
Desde el exilio la hija del dirigente, Tininiska Rivera, había solicitado al régimen de Nicaragua que le permitiera regresar para despedirlo conforme a las "tradiciones" del pueblo miskitu. Sin embargo esta petición fue ignorada y Rivera Bryan fue sepultado en Managua sin presencia de su hija.
Un líder indígena histórico
El político nicaragüense fundó el partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama que significa 'Hijos de la Madre Tierra', en lengua miskita) a mediados de los años ochenta mientras Nicaragua estaba bajo el primer régimen sandinista. En esa época Rivera Bryan fue un firme defensor de los derechos de su comunidad y se enfrentó a la deriva autoritaria de Ortega en aquellos años.
Tras el retorno de la paz y la democracia en 1990, Yatama, liderado por Rivera Bryan y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) suscribieron una alianza electoral con la que Ortega logró regresar al poder en 2007. Los sandinistas les prometieron avanzar en el proceso de titulación y saneamiento de los territorios indígenas y afrodescendientes, una petición histórica de las comunidades de la Costa Caribe de Nicaragua.
La alianza no duró mucho tiempo y Rivera Bryan denunció públicamente en 2012 el incumplimiento de los acuerdos y en 2018, durante el estallido social de la llamada Rebelión de Abril, se unió a las protestas masivas contra el régimen de los Ortega y Murillo.
Una “pasada de cuentas”
Manuel Prado, miembro de Yatama y representante ante Miskitu American Organization (MAO), señaló a Martí Noticias que “Ortega tenía un odio visceral, rencor y envidia contra Brooklyn” porque “es un hombre que levantó las armas, tiene pueblo y defendió heroicamente a sus comunidades”.
Prado recordó que en los años ochenta “cuando los sandinistas entraron a nuestra zona no le fue bien. La maquinaria marxista de mercenarios rusos y cubanos se encontraron con un grupo de reverendos moravos que entregaron sus túnicas, tomaron las armas y formaron parte de los primeros 6.000 combatientes de la contrarrevolución y lograron en un año y siete meses expulsar por completo a los sandinistas de nuestra región”.
“El error más grande que Ortega pudo hacer fue darle vida eterna a Brooklyn al asesinarlo negándole acceso a medicamentos y tratamientos pues de lo contrario él estaría vivo”, apuntó Prado, quien al mismo tiempo es categórico en señalar que “lo que vemos hoy es una pasada de cuentas por haberse levantado contra Ortega”.
Prado prometió “levantar la voz para decir lo que en realidad sucedió, mostrar lo cobarde que es Ortega y las mentiras del sandinismo” y confió que “la justicia llegará, tal vez no mañana, pero finalmente llegará y parte de la justicia será aclarar la historia y determinar el cobarde legado de Ortega”.
“Acto de tortura” y “Salvajismo” del régimen
Para el especialista nicaragüense en derechos humanos, Uriel Pineda, “cuando una persona muere en prisión, de conformidad al protocolo de Minnesota que establece los lineamientos de investigación cuando una persona muere en manos de autoridades o privadas de su libertad, se presume una muerte ilícita”.
Pineda explicó a Martí Noticias que la presunción de muerte ilícita implica “que las causas de la muerte son atribuibles al Estado y para deslindar esa presunción es imperativo que la familia lo demande”.
Tomando en cuenta que los familiares “ya han alzado la voz contra las condiciones de salud que en su momento tenía Brooklyn Rivera, es lógico pensar que impulsarán una investigación imparcial”.
“Pero hay algo más grave”, apuntó Pineda, y es el hecho de que “la detención por razones políticas de Brooklyn Rivera seguida de la persistente negativa de atención médica o una atención médica inadecuada hace suponer que puede haber elementos de tortura que derivaron en su muerte”.
“Estaríamos en presencia de la existencia de una negativa de atención médica como acto de tortura y eso es bastante grave y muestra el salvajismo, la indolencia y la inhumanidad del régimen” concluyó Pineda.
Para Edgard Genie, abogado nicaragüense experto en derecho internacional, “una vez más se repite el patrón criminal de la dictadura Ortega Murillo con el único objetivo de eliminar cualquier oposición a su régimen” y consideró que “la muerte y asesinato velado de Brooklyn Rivera es un magnicidio ante el cual la Comunidad Internacional debe actuar”.
“En Nicaragua, se tortura diariamente, hay ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y todavía no hay ningún Estado miembro de la OEA que denuncie estos crímenes ante una instancia jurídica como sería la Corte Penal Internacional”, anotó Genie al tiempo que recordó que “Nicaragua es parte de la Convención contra la Tortura y tiene obligaciones ante la Comunidad Internacional”.
EE.UU. y la ONU se pronuncian
El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, se pronunció en una publicación en X en la que señaló que “la dictadura de Ortega-Murillo en Nicaragua es responsable de la muerte de Brooklyn Rivera [quien] murió este fin de semana como prisionero del régimen después de 3 años de trato inhumano, detención injusta y desaparición forzada”.
“Estados Unidos se solidariza con aquellos, como Brooklyn, comprometidos con una Nicaragua libre. Descansa en paz/Que en paz descanse Ta Upla Rivera” agregó Landau.
Por su parte, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua pidió “llevar a cabo una investigación independiente sobre la muerte en custodia de Brooklyn Rivera, garantizar una autopsia transparente, devolver sus restos mortales a su familia sin retraso, y garantizar la rendición de cuentas por su desaparición forzada y otras violaciones de derechos humanos”.
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