En su primera sesión ordinaria de 2026, el Consejo Permanente de la OEA analizó la situación de los presos por razones políticas en Venezuela, al presentar dos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que generaron un debate entre los representantes permanentes.
En la reunión, la comisionada Gloria Monique de Mees, relatora para Venezuela de la CIDH, aseguró que hasta diciembre de 2025 cerca de mil personas permanecen detenidas arbitrariamente por motivos políticos en prisiones todo el país.
La Relatora también recordó la muerte en custodia de las autoridades venezolanas de los presos políticos Reinaldo Araujo, Lindomar Jesús Amaro Bustamante y Alfredo Javier Díaz Figueroa, quienes se suman a la lamentable lista de fallecidos en manos del régimen desde 2015.
Si bien celebró las recientes excarcelaciones en Venezuela, De Mees alertó que decenas de familiares de detenidos permanecen frente a las prisiones en espera de la liberación de sus seres queridos, que no marcha al ritmo esperado.
A su juicio, es esencial una transición pacífica que garantice el respeto de los Derechos Humanos en el país, donde la persistencia de falta de legitimidad del régimen y la ausencia de la separación de poderes hace más difícil la situación.
Entretanto, Edgar Stuardo Ralón Orellana, relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y para la Prevención y Lucha contra la Tortura de la CIDH, denunció las detenciones arbitrarias y el uso del Derecho Penal en contra de las voces críticas en Venezuela.
Ralón Orellana aseguró que en Venezuela no existe un poder judicial independiente, por lo cual los presos políticos están expuestos a condiciones carcelarias deplorables, sometidos a un trato diferenciado en su contra, en muchos casos sin información sobre dónde están encarcelados.
De acuerdo con el funcionario, la Comisión ha podido verificar información que indica que los presos políticos pasan días en aislamiento, sin atención médica ni acceso a agua potable, con restricciones de visitas familiares, sufriendo torturas y tratos crueles.
“Y es bueno aclarar que las recientes ‘liberaciones’ se trata de excarcelaciones, pues sus procesos penales siguen abiertos, no pueden salir del país y se deben presentar frente a jueces que no son independientes”, enfatizó Ralón Orellana, quien también es Segundo Vicepresidente de la CIDH.
El embajador de EEUU. Leandro Rizzuto, replicó un informe de la CIDH sobre las “graves violaciones al debido proceso, incluyendo la prolongada detención preventiva, la falta de acceso a asistencia legal, procesos judiciales cerrados o irregulares y tribunales influenciados políticamente”.
“Asimismo, ha advertido que la detención en régimen de incomunicación y la falta de información a las familias pueden constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes y, en algunos casos, desaparición forzada conforme al derecho internacional”, destacó Rizzuto sobre la advertencia de la CIDH.
Por su parte, Carlos Bernardo Cherniak, embajador de Argentina ante la OEA, aseguró que las excarcelaciones en Venezuela son un primer paso en la dirección correcta y reiteró el reclamo reciente del presidente Javier Milei, quien pidió la liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo.
“El régimen de Maduro impuso un régimen de terrorismo de Estado, llevando adelante desapariciones, detenciones arbitrarias y torturas. Han sido años difíciles para los venezolanos que se quedaron en el país, pero también para los extranjeros que viven allí y para los 8 millones que emigraron”, dijo.
La representante de Panamá Ana Irene Delgado, trajo ante el organismo casos relevantes de presos políticos, entre ellos Kennedy Tejeda, abogado del Foro Penal y Emirlendris Benítez, condenada a 30 años y que fue torturada embarazada, por lo que perdió a su bebé y hoy está en silla de ruedas.
“Gabriel Rodríguez, de 17 años que cumple 10 años por un video en su teléfono; Maykelis Borges dio a luz en prisión; Merys Torres, educadora de 71 años de edad fue arrestada para presionar a su hijo y Omar Escalante, de 75 años y diabético, recibió 30 años violando la ley que prohíbe encarcelar ancianos”, agregó Delgado.
Perú, Chile, Paraguay, Uruguay, República Dominicana, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Canadá y Ecuador expresaron su solidaridad con los presos políticos y reconocieron que las excarcelaciones son un paso determinante, pero mostraron sus preocupaciones por quienes aún guardan prisión política.
Los representantes de países Observadores Permanentes de la OEA, como Italia, Francia y Portugal, también hicieron uso de la palabra para pedir la liberación de todos los presos políticos. La delegación italiana celebró la liberación de cinco ciudadanos italianos en Venezuela en las últimas semanas.
En sus conclusiones, el Secretario General de la OEA, Albert R. Ramdin, hizo un llamado a las autoridades venezolanas a seguir con las liberaciones, como muestra de su “disposición a participar en un proceso que conduzca a la estabilidad política, una señal positiva en favor de la democracia”, afirmó.
Las delegaciones permanentes de Argentina, Antigua y Barbuda, Bolivia, Canadá, Costa Rica, Panamá, Perú y República Dominicana solicitaron incluir la situación de los presos políticos en Venezuela en el orden del día de esta primera Sesión Ordinaria del Consejo Permanente de OEA en 2026.
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