La esposa del preso político cubano Yosvany Rosell García Caso denunció este martes nuevos actos de hostigamiento y posibles agresiones en su contra dentro de la prisión provisional de Holguín, tras la interrupción de una llamada telefónica este lunes.
En declaraciones a Martí Noticias, Mailín Rodríguez Sánchez relató que la comunicación con su esposo fue abruptamente cortada por un guardia, presuntamente por órdenes de la jefatura del penal.
“En la llamada telefónica yo escuché la discusión, porque el guardia le colgó supuestamente mandado por la jefatura, que él no puede hablar de política”, afirmó.
Según explicó, la conversación giraba en torno a las recientes excarcelaciones anunciadas por el régimen cubano, específicamente sobre quiénes habían sido liberados en la provincia de Holguín.
“Al colgar la llamada y no volver a realizarla, yo me quedo muy preocupada. Temo por la vida de Yosvany, si ha sucedido cualquier cosa”, expresó visiblemente angustiada.
Condenado a 15 años de prisión por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, el caso de este preso político ha sido considerado de alto riesgo por organismos internacionales. Este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares al considerar que enfrenta una situación grave y urgente que pone en peligro su vida, integridad personal y salud mientras permanece bajo custodia del Estado cubano.
Hoy su esposa denunció que los guardias han mantenido actitudes violentas contra el preso político y responsabilizó directamente a las autoridades del sistema penitenciario y de la Seguridad del Estado por cualquier daño que pueda sufrir.
“Estoy desesperada por la vida de mi esposo”, dijo Rodríguez Sánchez.
El incidente ocurre en medio del anuncio del régimen de La Habana de excarcelar a 51 reclusos en los próximos días, en lo que describió como un gesto de “buena voluntad” vinculado a sus relaciones con el Vaticano y en un contexto de crecientes presiones internacionales.
El Ministerio de Relaciones Exteriores no precisó si los beneficiados incluyen a presos políticos, mientras organizaciones de derechos humanos han expresado dudas sobre la transparencia del proceso.
Uno de los excarcelados, Juan Pablo Martínez, de 32 años, dijo a Martí Noticias que fue liberado bajo libertad condicional tras cumplir casi cinco años de una condena de 11 por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021.
Martínez denunció que, como condición para su salida, tuvo que firmar un acta que le prohíbe expresarse en redes sociales y relacionarse con personas consideradas “delincuentes”.
La denuncia de su esposa se suma a los reportes de familiares y activistas que alertan sobre condiciones de represión, vigilancia y violencia dentro del sistema penitenciario en la isla.
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