La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó una medida cautelar a favor del preso político cubano Yosvany Rosell García Caso, condenado a 15 años de prisión por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.
La decisión fue adoptada el 21 de enero de 2026 mediante la Resolución número 7/2026, al amparo del artículo 25 del Reglamento de la CIDH, tras considerar que el beneficiario se encuentra en una situación de riesgo grave y urgente que compromete sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud mientras permanece bajo custodia del Estado cubano.
Según la resolución, la Comisión valoró que Rosell García Caso no estaría recibiendo atención médica adecuada ni tendría acceso regular a medicamentos o a su documentación clínica, pese a las múltiples gestiones realizadas por su familia ante las autoridades penitenciarias.
Su esposa, Mailín Rodríguez Sánchez, confirmó a Martí Noticias que la notificación de la CIDH representa un paso importante para la familia, aunque no albergan expectativas de cooperación por parte del régimen cubano.
“Para nosotros es un gran avance que la OEA haya aprobado esta medida cautelar. Sabemos cómo actúa el gobierno cubano y que muchas veces no responde, pero al menos fuimos escuchados y recibimos una respuesta sobre el caso de mi esposo”, afirmó.
La CIDH subrayó además que no recibió información suficiente por parte del Estado cubano que permita apreciar qué acciones se estarían tomando para atender o mitigar la situación de riesgo del prisionero, lo que podría provocar un agravamiento progresivo de su estado de salud.
Rosell García Caso padece varias enfermedades crónicas, entre ellas hipertensión arterial y afecciones cardíacas, y ha protagonizado huelgas de hambre durante su encarcelamiento. Su esposa ha denunciado reiteradamente que se le ha impedido entregar medicamentos y obtener información médica clara sobre su condición.
“He hecho todas las gestiones posibles para conseguir su documentación médica y llevarle los medicamentos que necesita, pero todo me ha sido negado”, declaró Rodríguez Sánchez. “Ni siquiera he tenido acceso real para saber cómo está”.
En su resolución, la CIDH solicitó a La Habana que adopte de manera inmediata las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, la integridad personal y la salud del beneficiario; que garantice que sus condiciones de detención sean compatibles con los estándares internacionales; y que realice una valoración médica integral de su estado físico y mental, asegurando atención y tratamiento médico especializado y oportuno.
El organismo también exigió que se garantice el acceso a alimentos adecuados y agua potable de forma continua, que las medidas sean concertadas con el beneficiario y sus representantes, y que el Estado informe sobre las acciones adoptadas para investigar los hechos que dieron lugar a la resolución y evitar su repetición.
El Estado cubano dispone de un plazo de 15 días para informar a la CIDH sobre la implementación de estas medidas.
Para la familia, la decisión representa un respaldo internacional en medio de años de denuncias sin respuesta. “A pesar de todo lo que hemos pasado, esta noticia nos da fuerzas. Pedimos libertad para todos los presos políticos y libertad para el pueblo cubano”, expresó Rodríguez Sánchez.
La CIDH aclaró que el otorgamiento de la medida cautelar no constituye un prejuzgamiento sobre una eventual petición de fondo ante el sistema interamericano, pero refuerza la documentación de posibles violaciones a los derechos humanos.
García Caso es uno de los cientos de cubanos encarcelados tras las protestas del 11 de julio de 2021, consideradas las mayores manifestaciones antigubernamentales en décadas. Organizaciones de derechos humanos han denunciado condenas desproporcionadas, falta de garantías procesales y condiciones carcelarias inhumanas para los detenidos.
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