A continuación, un editorial que refleja los puntos de vista del Gobierno de los Estados Unidos:
Algunos abogados de inmigración en Estados Unidos que representan a extranjeros en situación irregular suelen aconsejar a sus clientes que oculten su pasado e incluso que mientan deliberadamente en sus solicitudes de asilo. Se trata de una práctica que la administración del presidente Donald Trump está decidida a acabar.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) publicó una nueva directiva el 26 de mayo en la que instruye al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) a tomar medidas adicionales para acabar con las solicitudes de asilo fraudulentas.
El DHS ordenó al ICE que desarrollara políticas contra el fraude que refuercen aún más la legislación estadounidense que establece sanciones por infracciones relacionadas con el fraude documental. Como resultado de esta directiva, los abogados del ICE tienen mayor autoridad para hacer cumplir esta ley, incluidas las medidas coercitivas contra los abogados de inmigración que presentan solicitudes de asilo falsas ante un tribunal de inmigración.
“Durante muchos años, millones de extranjeros ilegales han cometido fraude en nuestro sistema de inmigración. En ningún lugar es esto más rampante que en los tribunales de inmigración”, afirmó el consejero general del DHS, James Percival.
“Las solicitudes de protección, como el asilo, están destinadas a cubrir circunstancias únicas y específicas, pero es una práctica habitual que los abogados de inmigración que representan a extranjeros ilegales afirmen que prácticamente todos los extranjeros ilegales van a ser perseguidos o torturados en su país de origen”, añadió.
“Históricamente, ICE ha dependido de la disciplina de los jueces de inmigración y de la aplicación de las leyes penales contra el fraude para disuadir esta conducta, pero el ICE cuenta con sus propias herramientas. Ahora, gracias a esta directiva, los abogados del ICE tienen mayor autoridad para hacer cumplir la ley y poner fin al abuso de nuestro sistema de asilo por parte de los extranjeros ilegales y los abogados”.
En marzo de 2025, el presidente Trump emitió un memorándum en el que señalaba que “el colegio de abogados de inmigración y los poderosos bufetes de grandes firmas que prestan servicios pro bono suelen aconsejar a sus clientes que oculten su pasado o mientan sobre sus circunstancias al presentar sus solicitudes de asilo, todo ello en un intento de eludir las políticas de inmigración promulgadas para proteger nuestra seguridad nacional y engañar a las autoridades de inmigración y a los tribunales para que les concedan un amparo inmerecido”.
El memorándum establece que los abogados y los bufetes de abogados “que participen en acciones que violen las leyes de los Estados Unidos o las normas que rigen la conducta de los abogados deben rendir cuentas de manera eficiente y eficaz. La rendición de cuentas es especialmente importante cuando la conducta indebida de los abogados y los bufetes de abogados amenaza nuestra seguridad nacional, la seguridad interior, la seguridad pública o la integridad electoral”.
El memorándum del presidente Trump afirma que “los bufetes de abogados y los abogados a título individual tienen un gran poder, y la obligación, de servir al Estado de derecho, la justicia y el orden”. Se defenderá el Estado de derecho.
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