Derechos Humanos
Cuba en las votaciones del Consejo de DDHH
En polémicas cuestiones como la guerra en Siria, la invasión a Crimea o la Internet como derecho, La Habana ha asumido una postura contraria a la de mayoría de los estados miembros.
Siria
En octubre del 2016 la Comisión de Investigación de la ONU sobre los crímenes cometidos en Siria decidió abrir una investigación sobre las atrocidades cometidas en la ciudad de Alepo. El acuerdo tuvo la mayoría de votos en el Consejo de Derechos Humanos con 24 votos a favor, 16 abstenciones y el voto en contra de Rusia, Cuba, Argelia, Bolivia, Venezuela y Burundi. La resolución fue presentada por Reino Unido, con el apoyo de Alemania, Arabia Saudí, Catar, Estados Unidos, Francia, Italia, Jordania, Kuwait, Marruecos y Turquía.
Internet
El 1 de julio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó por mayoría de votos una resolución que declara que los derechos humanos deben ser protegidos en el ámbito digital, y promovidos en la misma medida y con el mismo compromiso que los derechos humanos en el mundo físico.
Cuba se negó a aprobar el documento que "condena inequívocamente las medidas para prevenir o interrumpir el acceso o la difusión de información digital intencionalmente" y que establece que "los derechos de las personas también deben estar protegidos en internet, en particular la libertad de expresión", de conformidad con el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Tampoco lo apoyaron varios países, de los cuales muchos imponen la censura en internet, Rusia, Bolivia, Ecuador, Sudáfrica, Bangladesh, India, Venezuela, Qatar o Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Burundi, Kenia, República del Congo e Indonesia.
Corea del Norte
Sobre la situación de los DDHH en Corea del Norte en marzo del 2014 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU condenó las masivas y sistemáticas violaciones de los derechos básicos del pueblo perpetradas por el Gobierno comunista de Corea del Norte.
"Es un voto que demuestra que no se toleran los crímenes contra la humanidad y que los responsables de esos atropellos deben ser llevados a la justicia", indicó entonces Amnistía Internacional.
En aquella ocasión votaron en contra de la resolución Cuba, Venezuela, China y tres naciones más.
Crimea
En 2014, Ucrania presentó una resolución que condenaba la violencia y abusos cometidos por grupos armados ilegales "con apoyo externo" en las regiones del este de Ucrania (Donetsk y Luhansk). La misma fue aprobada por 23 votos a favor, 3 en contra (Rusia, China y Cuba).
Ucrania retiró la referencia a Crimea como un territorio "temporalmente ocupado", de todos modos, Moscú consideró la resolución de desequilibrada.
El texto adoptado condena las violaciones a los derechos, concretamente los "secuestros, detenciones ilegales, asesinatos, torturas, malos tratos, desapariciones y acoso de periodistas y observadores internacionales" en el oriente de Ucrania.
La resolución urgía a las partes a ejercer "moderación", abstenerse de "acciones unilaterales" y "retórica incendiaria" y encontrar una solución pacífica a través de un diálogo político "directo" y llamaba a los países a desistir de acciones que busquen "quebrantar" la integridad territorial de Ucrania, "incluido cualquier intento de modificar sus fronteras bajo la amenaza del uso de la fuerza".
Libia
En el 2011, Naciones Unidas readmitió a Libia en Consejo de Derechos Humanos y el voto de Cuba en un inicio fue de abstención, pero 24 horas después la cancillería cubana quiso cambiar el mismo por uno en contra.
"Durante el día de hoy, la Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas está dando los pasos necesarios para rectificar el voto y que así figure en las actas de la Asamblea General", afirmaba un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La declaración oficial indica que "la delegación cubana se abstuvo ante dicho proyecto, cuando la intención de voto de la República de Cuba era la de votar en contra".
Vea todas las noticias de hoy
Informe descalifica candidatura de Cuba al Consejo de Derechos Humanos
Una semana antes de la inauguración de la Asamblea General de la ONU, importantes organizaciones internacionales de derechos humanos han revelado un informe que descalifica a Rusia, China, Cuba, Burundi y Kuwait para ser electas al Consejo de Derechos Humano de este organismo mundial.
En las próximas elecciones de octubre de 2023, los 193 estados miembros de la Asamblea General de la ONU deberán elegir 15 de los 47 puestos del Consejo de Derechos Humanos para el período 2024-2026.
Los abusos cometidos por esos cinco candidatos se detallan en un informe conjunto elaborado por las organizaciones no gubernamentales independientes UN Watch, Human Rights Foundation (la Fundación de Derechos Humanos) y el Centro Raoul Wallenberg para los Derechos Humanos, con sede en Suiza, Estados Unidos y Canadá, respectivamente.
"Instamos a los Estados miembros a que se abstengan de votar a favor de Rusia, China, Cuba, Burundi y Kuwait", indica el texto, que argumenta que los antecedentes de estos candidatos sobre el respeto derechos humanos en sus respectivos países y en las votaciones de la ONU no cumplen con los criterios de la ONU para ser miembro del Consejo.
"Elegir a las dictaduras de China, Rusia y Cuba como jueces de derechos humanos de la ONU es como convertir a una banda de pirómanos en los bomberos", dijo Hillel Neuer, director ejecutivo de UN Watch, un grupo independiente no gubernamental de derechos humanos con sede en Ginebra.
"Será una bofetada para sus miles de prisioneros políticos, y para millones de otros ciudadanos sometidos a represión, si la ONU convierte a los agresores flagrantes en jueces y guardianes globales de los derechos humanos", dijo Neuer.
En el caso del régimen de La Habana, que actualmente es miembro del Consejo de Derechos Humano, el informe plantea:
"Cuba comete graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones ilegales o arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, por parte del gobierno; tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia disidentes políticos, detenidos y presos por fuerzas de seguridad; duras condiciones carcelarias y potencialmente mortales; arrestos y detenciones arbitrarias; prisioneros políticos; represión transnacional contra individuos en otro país; problemas serios con la independencia del poder judicial; arbitrario o interferencia ilegal con la privacidad; graves restricciones a la libertad de expresión y de medios de comunicación; serias restricciones a la libertad en Internet; sustancial interferencia con los derechos de reunión pacífica y libertad de asociación; restricciones severas sobre la libertad religiosa; restricciones a la libertad de circulación y residencia dentro del país y en el derecho a salir del país; incapacidad de los ciudadanos cambiar su gobierno pacíficamente mediante elecciones libres y justas; restricciones a la participación política; grave corrupción gubernamental; falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia de género, incluyendo
feminicidio; trata de personas, incluida la trata forzosa mano de obra; y la ilegalización de los sindicatos independientes".
Por otra parte el reporte recuerda que "Cuba es un Estado comunista autoritario, antidemocrático y de partido único" donde el régimen "continúa aplastando toda disidencia, prohibiendo medios independientes y restringiendo severamente las libertades civiles".
El informe destaca que en junio de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el régimen cubano fue responsable de la muerte en julio de 2012 del destacado disidente Oswaldo Payá y que Reporteros sin Fronteras sitúa a Cuba como el país con la peor calificación de libertad de prensa en América Latina, donde los medios de comunicación e Internet están bajo un estricto control y vigilancia estatal.
Además menciona que "periodistas independientes, blogueros, disidentes y artistas son rutinariamente acosados y amenazados, son objeto de detenciones arbitrarias, amenazas de encarcelamiento, agresiones públicas, allanamientos de viviendas y confiscación y destrucción de equipos".
Las organizaciones recuerdan también que en mayo de 2022, el
gobierno cubano aprobó una enmienda al código penal que prohibía efectivamente la financiación extranjera para periodistas independientes y que el derecho de los cubanos a la libertad de reunión es severamente restringido.
"Las reuniones pacíficas son a menudo dispersadas violentamente por agentes del gobierno. En julio 2021, miles de cubanos protestaron en 50 ciudades durante la peor crisis económica en décadas. Las autoridades arrestaron violentamente a más de 1.000 manifestantes, acusándolos de diversos delitos y desde entonces, cerca de 500 personas han sido condenadas".
Por otra parte, el informe alude a la trata de personas como "un grave problema de derechos humanos" y menciona el esquema de trata de personas que utiliza profesionales médicos enviados al extranjero a más de 150 países como herramientas de propaganda, mientras aplica medidas coercitivas y de represalia para evitar que deserten.
"En el último informe sobre trata de personas de Estados Unidos, Cuba tiene la clasificación más baja posible (Nivel 3), lo que significa que no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico y no está haciendo un esfuerzo significativo para hacerlo".
En el registro de votación de Cuba como miembro del Consejo de Derechos Humanos, el informe recuerda que el gobierno comunista se opuso a las resoluciones a favor de las víctimas de derechos humanos en Irán, Siria, Bielorrusia, Burundi, Nicaragua y Venezuela, entre otros; que apoyó resoluciones que socavaron los derechos humanos individuales o abordó cuestiones más allá de la competencia del Consejo.
Como parte de la Asamblea General, Cuba votó en contra
resoluciones que hablaban en favor de las víctimas de
derechos humanos en Irán, Siria, Crimea y Georgia y fracasó
apoyar resoluciones en favor de los derechos humanos
de la víctimas en Ucrania.; también apoyó resoluciones contraproducentes que socavaban los derechos individuales al elevar conceptos vagos e indefinidos como el “derecho a la paz” por encima de los derechos humanos individuales universalmente reconocidos, y protegió a violadores de los derechos humanos a través de una resolución que niega el derecho a sancionar a tales regímenes y se opuso a una resolución sobre la responsabilidad de prevenir el genocidio.
La semana pasada decenas de organizaciones y miembros de la sociedad civil cubana rechazaron en una declaración la recién anunciada candidatura de Cuba. Los firmantes, 21 grupos y 31 activistas, sostienen que el Estado cubano incumple con sus obligaciones en materia de derechos humanos y que ha habido un retroceso extremo en el ejercicio efectivo de estos derechos en Cuba.
Robles lleva más de tres semanas esperando su traslado a régimen de menor severidad
El preso político Luis Robles Elizástegui continúa en la cárcel de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana, a pesar de que hace más de tres semanas le fue aprobado el traspaso a un régimen de mínima severidad.
El joven guantanamero que vivía en La Habana Vieja fue condenado a 5 años de privación de libertad por cargos de supuesta “propaganda enemiga” y “desobediencia”, tras manifestarse con un cartel y de forma pacífica en diciembre de 2020, en el céntrico boulevard de San Rafael, en Centro Habana.
Este miércoles, Yindra Elizástigui dijo a Martí Noticias que en la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones, ubicada en 15 y K, en el Vedado, le informaron el martes que aún está pendiente una evaluación del expediente.
“Ayer fui a 15 y K y allí se me atendió porque estaba yo con la inquietud de que, todavía, aún no se le ha hecho el traslado a Luis para su campamento. Entonces me explicaron que el expediente estaba ahí, en la dirección de 15 y K y que estaban esperando que se aprobara. Fui porque tenía esa inquietud”, relató la madre del joven preso político.
Según la señora, le explicaron que “tenía que esperar a que se reuniera el ‘órgano’, que es el que evalúa ese expediente, es decir, que dice la última palabra”.
“Luis está muy preocupado por todo esto porque, según él me dice, hay otras personas que igual ya se les aprobó y que ya se trasladaron para su campamento y entonces eso a él lo tiene un poco preocupado”, dijo la mujer.
Familiares han presentado reiteradas denuncias de malos tratos y otros abusos contra el preso político durante su encarcelamiento. En agosto de 2022, el paso a régimen de mínima severidad le fue denegado debido a una sanción tras un altercado con oficiales del penal, del que Robles se declaró inocente.
Ese mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 41/22, mediante la cual otorgó medidas cautelares de protección a su favor, tras considerar que se encuentra actualmente privado de libertad en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba.
(Con reporte de Ivette Pacheco para Martí Noticias)
"Me voy a plantar”, advierte Lizandra Góngora a autoridades carcelarias si limitan sus derechos
La presa política Lizandra Góngora advirtió que podría plantarse si las autoridades de la prisión Los Colonos, en la Isla de la Juventud, limitan los derechos que le pertenecen como reclusa.
Así lo dijo a través de la grabación de una llamada telefónica que hizo a su esposo Ángel Delgado el pasado jueves, enviada a nuestra redacción este lunes.
“Mi nombre es Lizandra Góngora Espinoza, yo estoy recluida en la prisión de mujeres de la Isla de la Juventud y yo estoy denunciando que no tengo privacidad para hablar con mi esposo, ni con nadie, las cosas que yo necesito porque, como yo estoy presa, yo tengo que hablar y decir por teléfono lo que la directora de esta prisión quiera y me permita que yo pueda decir. Ella dice que ya está autorizada a colgarme mi teléfono y a quitarme mi teléfono. Yo quiero que el mundo entero sepa que, si a mí se me priva de las cosas que me pertenecen como reclusa, yo me voy a plantar”, afirmó la opositora.
Góngora, de 38 años, fue condenada en abril de 2022 a 14 años de prisión, acusada por los supuestos delitos de “sabotaje”, “robo con fuerza” y “desorden público”, por participar en Güira de Melena, Artemisa, donde reside su familia, en las protestas que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021.
A finales de marzo de 2023, la opositora fue trasladada desde la prisión de mujeres del Guatao, en La Habana, hacia la cárcel Los Colonos, en la Isla de la Juventud, donde se encuentra actualmente.
Desde ese centro penitenciario, Góngora ha denunciado acoso y frases intimidatorias por parte de una reclusa que cumple prisión preventiva por delitos de malversación y robo y que, además, porta un cuchillo bajo consentimiento de las autoridades por ser la encargada de hacer trabajos de jardinería en el lugar.
La situación también ha sido denunciada por Ángel Delgado, esposo de Góngora, quien ahora asegura que en el cubículo donde convive con prisioneras que cumplen altas condenas, la opositora presenta afectaciones de salud por el hacinamiento en el que se encuentra.
“Lizandra se siente mal porque tiene catarro y tiene la nariz tupida porque dice que hay muchas presas que ahí fuman, y ella no fuma ni nada de eso, y ella es alérgica. Entonces ella está pidiendo que le pongan una cama para al lado de una ventana y ellos no quieren”.
La prisionera política ha sido amenazada por la Seguridad del Estado, según ha denunciado con anterioridad su esposo, con ser enviada a una cárcel en la provincia Pinar del Río, o en el oriente del país, por pedir su traslado a una prisión donde pueda ser visitada con frecuencia por sus hijos, algunos menores de edad que, por los problemas de transporte para llegar a la Isla de la Juventud, pueden pasarse meses sin verla.
“Aquí yo tengo que hablar lo que ellos quieran y hasta que ellos quieran y lo que decidan que yo debo hablar”, concluyó Góngora su denuncia.
Decenas de grupos de la sociedad civil se oponen a que Cuba continúe en el Consejo de Derechos Humanos
Decenas de organizaciones y miembros de la sociedad civil cubana han rechazado en una declaración la recién anunciada candidatura de Cuba como estado miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para el período 2024-2026.
Los firmantes, 21 grupos y 31 activistas, sostienen que el Estado cubano incumple con sus obligaciones en materia de derechos humanos y que ha habido un retroceso extremo en el ejercicio efectivo de estos derechos en Cuba.
Además, recuerdan que en la Constitución de 2019 se mantiene el sistema de partido único y no se permite la libre competencia electoral y que varias de las disposiciones normativas aprobadas luego de la última reforma constitucional son particularmente restrictivas de los derechos humanos, constituyen métodos de control social y desarticulación de la sociedad civil independiente, como son los casos del Código Penal y los decretos leyes No. 370 y 35.
Sobre este aspecto, el expreso político Librado Linares, desde Villa Clara, comentó a Martí Noticias que en el artículo 4 "se habilita a los partidarios del régimen a que cometan todos los desmanes, inclusive, hasta la violencia, en defensa del sistema socialista".
"En el artículo 5, se habilita un solo partido, se convierte al Partido Comunista en el soberano y obviamente no al ciudadano, que es quien debe ser el soberano, también en el artículo 42 hay once prohibiciones de discriminación, sin embargo, no aparece la de por motivos políticos y filosóficos, entonces, por omisión, hay una discriminación, un apartheid en Cuba para los que piensan diferente”, alegó Linares.
Los firmantes de la declaración señalan que cuando el régimen de La Habana se niega a ratificar los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, y sus protocolos facultativos, están impidiendo "el efecto vinculante de las decisiones y pronunciamientos de los órganos de tratados y las derivadas de las visitas de expertos independientes para verificar la situación real del país en materia de derechos humanos".
La sindicalista independiente María Elena Mir Marrero, una de las firmantes de este documento dijo a Martí Noticias que “está demostrado que Cuba sí tiene secuestradas a personas, sin poderlas dejar salir, bajo la condición de que no pueden regresar a la isla" y que está demostrado que expresarse libremente "en cualquier situación está censurado por el Gobierno de Cuba".
El activista Manuel Cuesta Morúa, quien reside en la capital de Cuba, fue enfático al declarar que “Cuba no debe repetir dentro del consejo de Derechos Humanos”.
El líder opositor declaró a Martí Noticias que en el tiempo en que La Habana ha sido miembro de dicho Consejo “los derechos humanos en Cuba lo único que hacen es empeorar".
"Incluso, si uno sigue la lógica y la mentalidad del gobierno cubano, de que los derechos humanos deben ir mejorando progresivamente, esta lógica habría que aplicarla a la inversa, ha habido una regresión en el comportamiento del gobierno respecto a los derechos humanos”, indicó Cuesta Morúa.
DECLARACIÓN. Rechazamos la candidatura de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU
El pasado 2 de septiembre, autoridades cubanas anunciaron su candidatura para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante el periodo 2024-2026. El gobierno aseguró que respetará los principios de universalidad, indivisibilidad, objetividad, no politización y no selectividad. Además, agregó que respaldará iniciativas y mandatos en temas de interés para los países en desarrollo, así como espacios para la genuina y eficaz interacción en esta esfera entre los Estados, la sociedad civil y otros actores. Por ello, cumplirá con las obligaciones adquiridas en virtud de los 44 instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, de los cuales es Estado parte.
Recientemente, el presidente cubano, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, se reunió con el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, durante la III cumbre de líderes de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. El Jefe de Estado de Cuba ratificó entonces la voluntad de continuar fortaleciendo los lazos de cooperación con la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los mecanismos de derechos humanos de esta organización sobre la base del diálogo respetuoso y constructivo.
Sin embargo, las organizaciones que suscriben esta declaración manifiestan que el Estado cubano incumple con sus obligaciones en materia de derechos humanos, tal y como se ha destacado en varios informes presentados este año en el marco del Examen Periódico Universal de la República de Cuba. Dicho incumplimiento ha ocasionado un retroceso extremo en el ejercicio efectivo de los derechos humanos. En la Constitución de 2019 se mantiene el sistema de partido único y no se permite la libre competencia electoral.
A esto se suma la no ratificación de los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, ni sus protocolos facultativos. Ello impide el efecto vinculante de las decisiones y pronunciamientos de los órganos de tratados y las derivadas de las visitas de expertos independientes para verificar la situación real del país en materia de derechos humanos. Varias de las disposiciones normativas aprobadas luego de la última reforma constitucional son particularmente restrictivas de los derechos humanos, constituyen métodos de control social y desarticulación de la sociedad civil independiente, como son los casos del Código Penal y los decretos leyes No. 370 y 35.
Luego de las protestas de julio del año 2021, aumentó la represión en Cuba. Como consecuencia de esto existen personas detenidas por motivos políticos que fueron juzgadas y sancionadas sin que se hayan cumplido los principios del debido proceso y producto de la falta de independencia de los órganos judiciales. Por otra parte, las más recientes medidas económicas han generado el aumento de la inflación, la pobreza y la desigualdad, sin que el gobierno haya mostrado capacidad de solucionar la crisis actual.
Con base en este orden de cosas consideramos que no hay razones que fundamenten la candidatura de la República de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Por tanto, las organizaciones y personas firmantes de esta declaración rechazan dicha candidatura.
Organizaciones
Asociación Cubanos Libres en Zaragoza
Asociación Francesa por la Democracia en Cuba
Asociación Pro Libertad de Prensa
C3 Coalición de Cuentapropistas Cubanos
Club de Escritores Independientes
Colectivo +Voces
Compromiso Democrático
Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba
Consejo para la Transición Democrática en Cuba
Cuba en Familia
Cuba Próxima
Cultura Democrática
D´Frente
Federalismo y Libertad
Instituto de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR)
Liberty+ Foundation
Mujeres Democristianas
Partido Demócrata Cristiano de Cuba
Red Femenina de Cuba
Solidaridad de Trabajadores Cubanos STC
Transparencia Electoral
Personas
Armando Chaguaceda Noriega
Asuncion Carrillo
Carolina Barrero Ferrer
Daylin Leiva Barceló
Diana Carmen Oseguera Acevedo
Dunia Medina
Elena Larrinaga de Luis
Ileana de la Guardia Fernández
Ileana Pérez Drago
Ivette García González
Jorge Luis Valdés
Jorge Masetti
José Casares Soto
Kirenia Carbonell Dieguez
Librado R. Linares García
María Elena Mir Marrero
María Isabel Puerta Riera
Marthadela Tamayo
Maybelin Ramos
Mayté Suárez Luaces
Miryorly García Prieto
Rafael de Jesús Prada Alfonso
Raimet Martínez Ávila
Ricardo González Alfonso
Sergio Miguel Castillo Díaz
Solveig Font Martínez
Tania Bruguera
Yahima Díaz Barrabes
Yanelys Nuñez Leyva
Yanet Rosabal Navarro
Yoel Armenteros
Niegan cambio a régimen de menor rigor a tres presos políticos cubanos
Las autoridades judiciales continúan negando los beneficios estipulados por las leyes cubanas a los presos políticos, de acuerdo a las denuncias de sus familiares.
Abogados independientes afirman que, aunque el tribunal de ejecución penal es el que debe otorgar los “beneficios” a los reclusos, son los funcionarios del Ministerio del Interior (MININT) los que determinan el tránsito de un régimen de mayor rigor a otro de menor severidad, los castigos o cualquier tipo de excarcelación anticipada prevista en la legislación penal.
Asimismo, consideran que el tránsito de los presos políticos a un régimen menos riguroso lo establece la Seguridad del Estado.
El pasado 26 de agosto le fue entregada la denegación de un cambio a un régimen de menor rigor al manifestante del 11 de julio de 2021 en Colón, Matanzas, César Adriam Delgado Correa, sentenciado a cinco años de privación de libertad que cumple en la prisión cerrada de Agüica, en la misma provincia.
“Mi esposo ya lleva dos años y un mes cumplidos, el 26 de agosto lo denegaron otra vez, el derecho a campamento. Ya es como la tercera vez que le niegan el campamento. La respuesta es que no está listo para incorporarse a la sociedad y que es un peligro”, indicó su esposa Roxana García Pedraza.
A Delgado Correa, licenciado en Cultura Física, el tribunal lo encontró culpable de los delitos de Desórdenes Públicos y Desacato. El joven de 28 años se sumó a las protestas de Colón y publicó en sus redes sociales un video de lo que sucedía: "El pueblo entero en la calle, esto es histórico".
Según la Ley de ejecución penal, la duración de la pena impuesta resultará dividida en fases o grados con modalidades de ejecución de distinta intensidad en cuanto a sus efectos restrictivos.
“Ya es para que estuviera en la calle con la libertad condicional porque él es primario, tiene buena conducta, le tocaba el tercio de la sanción”, explicó García Pedraza.
“Hasta cuándo van a tener a esos muchachos del 11 de julio esperando, cumpliendo condenas que no merecen, solamente por expresarse. Yo voy a seguir denunciando hasta que me lo liberen”, recalcó.
.
De igual modo las autoridades impugnaron la petición de libertad condicional para Reyna Yacnara Barreto Batista, sancionada tras participar en las manifestaciones del 11 de julio, a cuatro años de trabajo correccional con internamiento en el “campamento” Anoncillo de la provincia Camagüey
“Le denegaron la libertad condicional. Yo puse el proceso el 22 de marzo y me dieron respuesta ahora, la semana pasada, el día 25 de agosto”, informó su madre Reyna Batista.
“La abogada me dice que se la denegaron por ‘connotación y peligrosidad del delito’, lamentó la madre.
La joven de 23 años fue detenida el 19 de julio, bajo los cargos de desórdenes públicos y atentado, enfrentando inicialmente una petición fiscal de 5 años de privación de libertad. Según ha explicado, el cargo de atentado le fue impuesto por responder a la agresión de un agente policial durante la protesta popular del 11 de julio de 2021.
También al preso político camagüeyano Ediyersy Santana Jouz, sancionado a dos años y tres meses de prisión, le fue objetada la petición de libertad condicional en la prisión cerrada Kilo 9 de Camagüey, donde cumple su sentencia por cargos de Resistencia y Desacato
El día 23 de agosto le dieron el papel de la denegación por 6 meses, primero se la denegaron por 3 meses y ahora por seis”, explicó Lourdes Duque de Estrada, su esposa.
El activista, uno de los asistentes a las protestas populares del 11 de julio de 2021 que resultó absuelto, fue condenado en mayo de 2022 por criticar en Facebook, una venta de bebidas alcohólicas el 1º. de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.
El independiente Centro Cubano de Derechos Humanos informó el pasado agosto que al menos 22 de los manifestantes del 11 de julio están en régimen de mínima severidad que les permite trabajar y autoriza breves estancias en sus hogares (pases).
Foro