Derechos Humanos
Mujeres opositoras: El lado más oscuro de la represión en Cuba
Las patean en el suelo, son arrestadas sin órdenes de detención, vejadas en calabozos policiales, y solo en raras ocasiones los tribunales y fiscalías en Cuba reciben sus quejas debidamente. Para el régimen, estas mujeres "apestan" ideológicamente.
Son activistas de derechos humanos, por ello quedan fuera de las campañas oficialistas sobre la violencia contra la mujer: otras mujeres las golpean también.
“Me llevaron hasta una patrulla, pero en el camino me iban dando patadas, me llevaron arrastrada y me iban dando golpes”, así describió la Dama de Blanco Yamilé Garro Alfonso la detención de la que fue objeto en la mañana del 6 de abril de 2017.
En el arresto, explicó Garro, participaron féminas vestidas completamente de uniforme verdeolivo, y otras de civil.
Descabezar el foco de protesta
Ningún grupo opositor en la isla realiza actividades cívicas semanales que reporten una cifra de medio centenar de arrestos como promedio. Desde el 20 de marzo de 2016, cuando el entonces presidente de EEUU Barack Obama visitó Cuba, las merecedoras del Premio Sajarov 2005 no han podido llegar nuevamente hasta la Iglesia de Santa Rita, en La Habana.
Al morir Laura Pollán en 2011, Berta Soler Fernández tomó el batón de relevo, y llevó al grupo a una escala distinta.
Liberado el total de presos políticos de la Causa de los 75, las mujeres siguieron abogando por otras libertades, y por todos los presos políticos.
Tres años después, unas treinta integrantes, entre las que se encontraba Belkis Cantillo -una de sus fundadoras y exesposa del opositor José Daniel Ferrer- decidieron abandonar la organización y crear el grupo Ciudadanas por la Democracia.
Como Garro Alfonso otras en el país han sufrido violencia de género desde sus funciones como periodistas independientes, integrantes de la sociedad civil o simplemente por ser esposas o familiares de disidentes que cumplen prisión por oponerse abiertamente al gobierno cubano.
Lamentablemente, las jornadas científicas, los talleres comunitarios e incluso los convenios firmados entre instituciones que implican a la Fiscalía y organizaciones de masas como la oficialista Federación de Mujeres Cubanas (FM) no reflejan ni las cifras ni el impacto de la violencia ejercida desde el poder contra las mujeres que buscan un espacio de libertad y lo expresan públicamente.
La amenaza, más allá de los golpes
No siempre los golpes o los abusos físicos son el recurso utilizado para reducir a las que alcen la voz para denunciar la falta de libertades en Cuba.
Yaremis Buqueriget Socías es una joven guantanamera que integra el grupo audiovisual independiente Palenque Visión. Ha sido arrestada en varias ocasiones, le han confiscado los equipos de trabajo, pero en el último arresto, el pasado 13 de noviembre, la amenaza fue con despojarla de la Patria potestad.
“[Me dijeron] En relación al tema de mis hijos (…) que podían quitármelos y mandarlos a lo que aquí llaman ‘La Casa de la Patria’, que son como orfanatos”, explicó.
La joven periodista había sido arrestada en otras ocasiones, pero ese día le ocuparon además una cámara de video, un micrófono profesional y un trípode.
Por lo general, acotó la joven, "pasamos semanas, a veces meses, para poder obtener nuevos equipos para trabajar y sustentar a la familia".
Doble rasero mientras se intensifica el hostigamiento
En 2016 la prensa oficial cubana anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) firmaron un acuerdo “con el objetivo de darle más garantías a los derechos de las ciudadanas y ciudadanos”.
El contrato en cuestión, explicó la funcionaria Raquel Rodríguez Fraga, consistió en la creación de dos comisiones: una para la ciudadanía en general y otra “especializada para la protección de la familia y asuntos jurisdiccionales, que se vinculen a los menores de edad, violencia contra la mujer, protección al adulto mayor, entre otros temas sensibles”.
Sin embargo, ninguna de esas gestiones se traduce en la protección de quienes son acosadas por el propio aparato de Seguridad del Estado.
Precisamente en 2016, Martí Noticias documentó el más alto número de opositoras encarceladas –condenadas o pendientes- en varias cárceles de la isla.
Dieciséis mujeres presas por motivaciones políticas: entre ellas una portadora de VIH-SIDA (Jackeline Heredia Morales) que sufrió además varias golpizas.
Otro de los métodos que ha usado la policía política desde hace varios años, con el apoyo de las Brigadas de Respuesta Rápida y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), ha sido el cerco de las viviendas de opositores, en el que han llevado a estas fuerzas represivas a maltratar físicamente a no pocas mujeres delante de hijos y otros familiares.
Los opositores Sonia de la Caridad González Mejías y Yuri Sollet Soto fueron detenidos el 25 de julio en el barrio del Vedado, de La Habana, y golpeados de manera brutal por la policía, tal como indicó este medio.
“Me dieron piñazos, patadas con botas, con las ‘tonfas’ me dieron en la rodilla, que es la que tengo más lesionada, la tengo inflamada”, contó González Mejía, activista de Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).
La opositora dijo que al llegar a la parada del bus, se dieron cuenta de que habían estado vigilados, porque inmediatamente llegó la policía con el pretexto de saber sus identidades y la emprendieron a golpes contra ambos.
Multas: de la inhabilitación pública a la cárcel
Luego de ser detenidas, activistas que incluso integran otros movimientos opositores han sufrido la nueva modalidad represiva.
Las multas por los supuestos delitos de ‘desorden público’, ‘desacato’, ‘atentado’ o 'afear el ornato público' intentan detener las protestas cívicas, los reclamos ante las detenciones arbitrarias de algunos de sus familiares o incluso por distribuir octavillas en las calles.
El decreto No. 141, sobre las Contravenciones de las Regulaciones del Orden Interior, contiene lo relacionado al Orden Público, la Seguridad Colectiva, el Régimen de la Propiedad, la Economía Nacional, el del Carné de Identidad y registro de población, la Licencia de Conducción y otros.
FOTOGALERIA: Multas a las Damas de Blanco
Martí Noticias tuvo acceso en marzo de 2017 a un extenso listado proporcionado por las Damas de blanco que relaciona a 21 mujeres miembros del grupo que habían sido sancionadas, incluso más de una vez, con multas que van desde $7.50 pesos en moneda nacional hasta 1.500 pesos.
Dos de estas "penalizadas" por su activismo -Berta Soler y Leticia Ramos Herrería- al negarse apagar lo que definen como "un gesto arbitrario de la Seguridad del Estado" tienen "restricción de salidad del país", los que les impide además hacer denuncias de los actos que sufren, ante organismos internacionales de Derechos Humanos.
Entre las multadas con mayor cuantía aparecen la vocera de la organización, Soler Fernández, Maylen González González, Lismeyris Quintana Ávila y María Josefa Acón Sendiña –las tres primeras con 1.500 y la última con 1.000 pesos en moneda nacional.
Al momento de redactar este reportaje, para algunas de ellas la cuantía monetaria de la penalidad había subido hasta los 3.000 pesos en moneda nacional.
En el mes de marzo, la Dama de Blanco Lismery Quintana fue juzgada por el Tribunal Municipal de Marianao, en La Habana, y trasladada a una cárcel de mujeres de la capital donde le impusieron una sanción de seis meses de privación de libertad por el delito de "impago de multas".
Varios días después, Quintana, que sufre Hepatitis B, fue trasladada a una prisión de mujeres en Sancti Spíritus, a centenares de kilómetros de la capital cubana: estaba ya lejos de la posibilidad de ser visitada por sus dos hijos menores de edad, tal como señaló su esposo, el periodista independiente Enrique Díaz.
Díaz informó a Radio Martí que su esposa había sido trasladada sin ninguna seguridad para su salud. “Me comunicó que desde ayer está sin ingerir alimento alguno, es portadora de la Hepatitis B y está sin ingerir su medicación, no se lo han dado y ya fue amenazada por la Seguridad del Estado”.
De todos modos, mujeres de varias organizaciones opositoras salen a protestar cada vez que sus pares sufren una detención, y el resultado va desde el bullying que las Brigadas de Respuesta Rápida les organizan, hasta las golpizas sistemáticas dirigidas por las fuerzas del orden público.
La política gubernamental cubana parece ir en otro rumbo, mirar al otro lado. Mariela Castro, la hija del general que administra el país, habló a la prensa nacional en abril pasado en los términos que siguen:
“El bullying es el acoso o maltrato que se le realiza a otra persona cualquiera desde un grupo, desde sus coetáneos. Son formas del lenguaje que conforman la violencia verbal, acciones sicológicas, violencia física o sexual, incluso se ha tratado desde las redes sociales. Lo constituye la humillación, el desprestigio, la disminución, las ofensas, y el maltrato a otra persona que por determinado rasgo no es aceptada.
“Hay que superar esas actitudes salvajes en todos los contextos sociales. Este es un problema mundial, solo que desde los años 70 se visibiliza más en estudios y asociaciones académicas de forma más completa. Desde el ámbito de la UNESCO se buscan estrategias efectivas para estudiar y enfrentar el bullying en su propio contexto geográfico", concluyó Castro, también diputada a la Asamblea Nacional, quien obviamente no se refería al constante abuso del que son víctimas las opositoras al régimen en Cuba.
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"Mi familia está devastada", dice el hermano de uno de los cubanos presos tras las protestas del 17M
Asdrúbal Kindelán Garbey, uno de los cubanos que salió a las calles a protestar el pasado 17 de marzo en Santiago de Cuba, lleva más de una semana detenido tras acudir a una citación a la Unidad de la Policía El Palacete, en Santiago de Cuba.
"Mi familia está devastada", dijo su hermano Randy Kindelán a Martí Noticias. Para él, lo que le están haciendo a Asdrúbal es una muestra más de las injusticias que comete el régimen con quienes piensan diferente.
"Mi mamá no sale de la depresión. Desde que todo esto empezó no ha tenido fuerzas para ir a trabajar y mira que yo le doy ánimos y le digo que tiene que levantarse, que tenemos que seguir para transmitirle la fuerza a mi hermano. Pero ella está devastada, igual que su esposa y su hija. La niña tiene un teléfono de juguete y todos los días pregunta papá, papá, dónde tú estás, papá, ven", explica.
Kindelán fue arrestado por primera vez varios días después de las protestas, cuando los oficiales se llevaron preso a su hijo de 18 años, Cristian Osmauri Kindelán, y él hizo una directa denunciando lo sucedido.
“Ellos van a hacer lo que quieran conmigo. Me pueden detener, me pueden quitar hasta la vida, pero por la libertad de mi hijo yo voy a luchar hasta el final”, aseguró a nuestra redacción poco después de que lo liberaran con una multa de 50 mil pesos.
El pasado 3 de abril lo volvieron arrestar y su hermano dice que ahora lo acusan de "atentado".
"No puede ser otra cosa que no sea represalia, porque el no cometió ningún delito de atentado. Para eso lo primero que hay que hacer es agredir a alguien. Lo que le duele a la Seguridad del Estado, en particular el mayor Oscar, y a su jefe, el teniente coronel Abel, es la directa que hizo", explica.
Según cuenta, a Asdrúbal le dijeron que había tomado "un mal camino al denunciar" y querían que se retractara. En el video el cubano explicaba que había estado junto a su hijo, y su niña de tres años en brazos, durante la manifestación y que la Policía intentaba culpar al joven de delitos que no cometió.
"Mi familia nunca ha estado en una situación de este tipo porque nosotros siempre hemos sido personas correctas. Con nuestro pensamiento, con nuestros ideales, pero es que tener pensamiento e ideales no es un delito en ninguna parte del mundo, solamente en Cuba".
Randy Kindelán cree que la justicia les está fallando. "Cuando tú entras una prisión ya no sabes lo que pueda pasar con tu vida". No obstante, aclara, "queremos denunciar lo que está ocurriendo para que el mundo tenga otra prueba más de todas las injusticias que se cometen en Cuba".
"Algún día, cuando lleven a los dirigentes a a una Corte Internacional, tendrán una prueba más. Quiero que el mundo entero vea que nosotros, los ciudadanos de a pie que no tenemos cargo, que no tenemos familiares militares, que no tenemos nadie que nos respalde, estamos desnudos con las leyes que inventa la dictadura".
CIDH otorga medidas cautelares a favor de activista cubano Julio César Góngora
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó el jueves medidas cautelares en favor del activista pinareño Julio César Góngora Millo, colaborador del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba.
El organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) solicita al Estado de Cuba que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal del opositor; que adopte las medidas de protección que resulten necesarias para que pueda continuar realizando sus labores de defensa de derechos humanos, sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos, y actos de violencia, entre ellas, que el Estado le brinde las atenciones médicas correspondientes para que pueda realizar sus labores, entre otras disposiciones.
Desde el occidente cubano, Góngora agradeció la gestión de la CIDH: "Significa muchísimo, no solo para mí, somos muchos con situaciones precarias de salud en Cuba sin asistencia médica".
"Estoy reclamando porque no me cierran la herida, me han negado todos los tratamientos quirúrgicos, estoy postrado en una cama, inválido con una cistostomía hecha, yo fui al hospital nada más que por un absceso y ellos me picaron todo eso y se llevaron la uretra, la vejiga y me tuvieron que poner una manguera por la barriga. Esa herida tenían que cerrarla ellos desde los seis meses y se me niega todo tipo de operación, con esa herida abierta con riesgo para la vida, con una pelvis expuesta, me tienen sancionado a muerte aquí en mi casa, lentamente, porque simplemente no hacen nada absolutamente nada, esa herida como único se corrige es con un tratamiento quirúrgico y sin embargo el sistema cubano dice que no me opera, me han negado la operación", detalló.
"Incluso me han trancado en una consulta para interrogarme al lado de la dirección del hospital Abel Santamaría de Pinar del Río -el oficial Otoniel, Alejandro de nombre operativo y Yoel-, enfermo con una herida abierta con toda mi situación, se me han negado y decomisado los medicamentos. Yo estoy en estos momentos curándome con los apósitos que necesito porque la herida es muy grande, gracias al Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH)", aseguró el activista cubano.
También en la capital pinareña, el opositor José Rolando Cásares, confirmó el acoso en contra de Julio César que ha incluido hasta la confiscación de las ayudas.
“Hace dos meses y medio fui a llevarle unos medicamentos, fue después que vine de la visita a los Estados Unidos, llegando aquí a Pinar del Río fui con mi esposa y fuimos detenidos y nos quitaron los medicamentos”, explicó el también comunicador independiente.
Por su parte el abogado Yaxis Cires, asesor de estrategia del OCDH, agradeció a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la gestión a favor del activista.
“Nosotros agradecemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creemos que la resolución que ha dictado la CIDH en favor de Julio César es muy clara, en la exigencia del cese de la represión por parte de la policía política, en la exigencia de una atención médica adecuada, para que la salud de Julio César, no se vea todavía más deteriorada de la situación en la que se encuentra en estos momentos”, concluyó el asesor del OCDH.
Alcohol, drogas y extorsión al interior de las prisiones de Cuba, revela informe
Entre 2023 y lo que va de 2024, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) ha registrado decenas de denuncias de corrupción en centros penitenciarios de casi todo el país y advierte que este número puede ser mayor.
El abogado Juan Carlos González Leyva, presidente del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, dijo a esa organización que una forma de corrupción muy presente en los penales “es la introducción por parte de los guardias de alcohol, drogas ilícitas y medicamentos que están calificados como drogas, para ofrecerlas a los presos a cambio de dinero y favores”.
Otras denuncias de esta investigación publicada inicialmente en Diario de Cuba indican que guardias y directivos de prisiones roban alimentos, medicinas y otros bienes personales o que estaban destinados a toda la población penal.
Además, existen alianzas entre guardias y presos comunes con cargos disciplinarios para vender minutos de llamadas telefónicas, conceder horas de visita y pabellón matrimonial o tiempo para tomar el sol.
“La corrupción en el régimen carcelario es parte de una corrupción general en todo el país. Los bienes de la prisión, sobre todo los alimentos de los presos, son sustraídos en primer lugar por el jefe del penal, que usualmente es un teniente coronel del MININT, y también por otros funcionarios de menor rango. Esto conlleva a que los presos no se puedan alimentar bien”, afirmó González Leyva.
“Muchos jefes de prisiones tienen cochiqueras de cerdos que mantienen con la comida de los reclusos. Además, trafican con los medicamentos de la prisión y hacen casas con el trabajo esclavo de los presos”, dijo el activista.
El Centro de Documentación menciona testimonios de reclusos del Combinado del Este, en La Habana; Las Mangas, provincia de Granma y Kilo 8, en Camagüey, acerca de que las autoridades de prisión exigen a los reclusos que compren armas de fuego en el mercado negro y las entreguen como condición para recibir los beneficios que les corresponden.
De acuerdo con un informe reciente de la organización independiente de asesoría legal Cubalex, esta práctica “no solo somete a prisioneros y familiares a los peligros y los elevados costos que implica conseguir un arma en un país donde su tenencia está sumamente restringida, sino que también pudiera ser parte de un mercado ilegal de armas con autoridades penitenciarias en su centro, debido a la ausencia total de transparencia que acompaña este tipo de acciones”.
González Leyva mencionó además que las autoridades corruptas utilizan su poder para decidir “el pase a un régimen de menor severidad, el otorgamiento de la progresión del régimen carcelario y otros beneficios que son otorgados a los reclusos muy obedientes, a quienes están trabajando de manera esclava para estos jefes y no dicen nada”.
En noviembre de 2023, representantes del régimen de La Habana afirmaron ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que en los últimos cinco años, se había sancionado a "144 funcionarios de prisiones por extralimitarse en el ejercicio de sus funciones".
Además dijeron que "la mejora del sistema penitenciario cubano seguía siendo una prioridad y que se habían adoptado numerosas medidas para garantizar unas condiciones de vida dignas, de conformidad con las normas internacionales".
En el más reciente informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal de Cuba consta que la delegación cubana aseguró que sus propias autoridades habían realizado 6.400 inspecciones de centros penitenciarios.
El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas advierte que las modalidades de corrupción están normalizadas en el sistema penitenciario cubano.
Otero Alcántara se prepara en prisión “para protestas más fuertes”
Tras más de dos semanas sin noticias del prisionero político Luis Manuel Otero Alcántara, en un post publicado en las redes sociales la curadora de arte y activista Yanelis Núñez informó haber recibido una llamada telefónica del joven artista explicando las razones de su silencio.
“Se debía a una protesta que estaba realizando dentro de la prisión de Guanajay”, explicó Núñez.
“Luis Manuel no se resigna a este presidio político que ya dura 2 años y 9 meses; y sólo gestos como las huelgas de hambre o el negarse a recibir visitas y alimentos de sus familiares; y recientemente el no hacer uso de sus llamadas reglamentarias, es lo que le hace sentirse un poco vivo y en rebelión”, dijo la activista residente en Madrid.
El creador del Movimiento San Isidro fue encarcelado el 11 de julio de 2021, luego de sumarse a las protestas antigubernamentales que se dieron en toda la isla. Al año siguiente fue condenado a cinco años de prisión por desórdenes públicos, desacato y ultraje a los símbolos de la Patria, tras un juicio celebrado a puerta cerrada. Desde entonces permanece encarcelado en la Prisión de Máxima Seguridad de Guanajay.
Según Núñez la incomunicación con el exterior de Otero Alcántara se debe a un entrenamiento voluntario para fortalecer su capacidad de resistencia. “Luis Manuel dijo que este gesto de “desconexión con el exterior” constituía un episodio de preparación para otras protestas más fuertes”.
La curadadora confesó el temor por la vida y la salud mental de Otero Alcántara que sienten todos sus amigos y seguidores que exigen su liberación inmediata.
En febrero el Tribunal Provincial Popular de Artemisa desestimó una solicitud de libertad condicional a favor del preso político porque las autoridades judiciales cubanas consideraron que con Otero Alcántara "no se han alcanzado los fines de la pena" y que el preso político de 36 años de edad "no está en condiciones de enfrentarse a la reinserción social de una manera positiva ante la familia y la sociedad, máximo cuando se trata de un delito regulado en la instrucción 273 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular" por lo que determinan que debe "permanecer en prisión”.
El prisionero político, reconocido como preso de conciencia por Amnistía Internacional, fue seleccionado por la revista Time como “una de las 100 personas más influyentes de 2021” y también fue galardonado con el prestigioso Premio Príncipe Klaus, entre otras distinciones.
La Habana guarda silencio sobre propuesta de amnistiar a los presos políticos
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) informó que el régimen de La Habana no respondió a la petición de reacción, cursada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el mes de enero de este año, sobre las vías legales existentes para liberar o excarcelar a los presos políticos de la isla.
“Hemos estado dando seguimiento a este asunto, y ya vencido el plazo que la CIDH otorgó al Estado cubano, no se ha recibido ninguna respuesta de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba”, afirmó desde Madrid, Yaxis Cires, jefe de Estrategias del OCDH.
En declaraciones a Martí Noticias el jefe de Estrategias de OCDH manifestó preocupación por el silencio del régimen de la isla, que a su juicio "demuestra la falta de voluntad política del Estado cubano para liberar a los prisioneros políticos y de conciencia”.
La liberación de los más de mil prisioneros políticos que hay en estos momentos en Cuba ha sido una petición recurrente en las esferas políticas y de defensa de los derechos humanos en el mundo, recordó Cires: "La han pedido instituciones internacionales, personalidades internacionales y organizaciones de derechos humanos, tanto del ámbito nacional como internacional y, en segundo lugar, también demuestra el desapego del régimen cubano a lo que dicen las instituciones internacionales en materia de derechos humanos, a pesar de la imagen que dan de que siempre cumplen con el Derecho Internacional”.
“Lamentablemente, eso no es así y, este asunto, ya hemos reiterado que es de índole ya incluso humanitaria, todo lo que tiene que ver con la grave situación de los prisioneros políticos y de conciencia que, además de soportar una condena injusta, después de no cumplirse los principios del Debido Proceso y de ser condenados por el ejercicio de sus derechos humanos, también están en condiciones humanitariamente muy cuestionables y muy deterioradas en el sistema carcelario cubano”, concluyó el activista.
La propuesta de Ley de Amnistía, que fuera confeccionada por OCDH y entregada al canciller cubano Bruno Rodríguez en enero, detalla todas las vías legales de acuerdo a la Constitución y al Código Penal vigente en Cuba que hacían factible la liberación de los prisioneros políticos.
La iniciativa tenía en cuenta que una Ley de Amnistía: podría ser aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular para excarcelar a los prisioneros por motivos políticos o de conciencia; que los Indultos, contemplados en el Código Penal, servirían para excarcelar al 100% de los presos y condenados por motivos políticos o de conciencia; que la Licencia Extrapenal, incluida en la nueva Ley de Ejecución Penal, puede conceder, por causas humanitarias y previa solicitud, licencia extrapenal al 100% de los condenados, en virtud de problemas de salud, por resultar miembros de familias vulnerables que requieren ayuda de los poderes e instituciones sociales y del Estado; que la libertad condicional ordinaria o extraordinaria está contemplada en la nueva Ley de Ejecución Penal, lo mismo que la Sustitución de la sanción de privación temporal de libertad por sanciones alternativas.
El régimen cubano sostiene que en la isla no hay presos políticos y que no hay nadie privado de libertad por sus opiniones políticas o por motivos ideológicos, según reiteraron recientemente ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
(Con reporte de Ariane González para Martí Noticias)
![En la imagen aparece el matrimonio cubano, ambos esposados, tras ser detenidos en Rumanía, sitio al que llegaron en un bote inflable. [Foto: Cortesía de la Policía de Rumanía]](https://gdb.martinoticias.com/01000000-0aff-0242-78a0-08dc5bc79599_cx2_cy9_cw85_w100_r1.png)
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