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Derechos Humanos

Mujeres opositoras: El lado más oscuro de la represión en Cuba

Mujeres uniformadas arrestan con violencia a Damas de Blanco en Lawton, La Habana. (Foto: Angel Moya)
Mujeres uniformadas arrestan con violencia a Damas de Blanco en Lawton, La Habana. (Foto: Angel Moya)

Las patean en el suelo, son arrestadas sin órdenes de detención, vejadas en calabozos policiales, y solo en raras ocasiones los tribunales y fiscalías en Cuba reciben sus quejas debidamente. Para el régimen, estas mujeres "apestan" ideológicamente.

Son activistas de derechos humanos, por ello quedan fuera de las campañas oficialistas sobre la violencia contra la mujer: otras mujeres las golpean también.

“Me llevaron hasta una patrulla, pero en el camino me iban dando patadas, me llevaron arrastrada y me iban dando golpes”, así describió la Dama de Blanco Yamilé Garro Alfonso la detención de la que fue objeto en la mañana del 6 de abril de 2017.

En el arresto, explicó Garro, participaron féminas vestidas completamente de uniforme verdeolivo, y otras de civil.

Descabezar el foco de protesta

Ningún grupo opositor en la isla realiza actividades cívicas semanales que reporten una cifra de medio centenar de arrestos como promedio. Desde el 20 de marzo de 2016, cuando el entonces presidente de EEUU Barack Obama visitó Cuba, las merecedoras del Premio Sajarov 2005 no han podido llegar nuevamente hasta la Iglesia de Santa Rita, en La Habana.

Al morir Laura Pollán en 2011, Berta Soler Fernández tomó el batón de relevo, y llevó al grupo a una escala distinta.

Liberado el total de presos políticos de la Causa de los 75, las mujeres siguieron abogando por otras libertades, y por todos los presos políticos.

Tres años después, unas treinta integrantes, entre las que se encontraba Belkis Cantillo -una de sus fundadoras y exesposa del opositor José Daniel Ferrer- decidieron abandonar la organización y crear el grupo Ciudadanas por la Democracia.

Como Garro Alfonso otras en el país han sufrido violencia de género desde sus funciones como periodistas independientes, integrantes de la sociedad civil o simplemente por ser esposas o familiares de disidentes que cumplen prisión por oponerse abiertamente al gobierno cubano.

Dama de Blanco, Yamilé Garro.
Dama de Blanco, Yamilé Garro.

Lamentablemente, las jornadas científicas, los talleres comunitarios e incluso los convenios firmados entre instituciones que implican a la Fiscalía y organizaciones de masas como la oficialista Federación de Mujeres Cubanas (FM) no reflejan ni las cifras ni el impacto de la violencia ejercida desde el poder contra las mujeres que buscan un espacio de libertad y lo expresan públicamente.

La amenaza, más allá de los golpes

No siempre los golpes o los abusos físicos son el recurso utilizado para reducir a las que alcen la voz para denunciar la falta de libertades en Cuba.

Yaremis Buqueriget Socías es una joven guantanamera que integra el grupo audiovisual independiente Palenque Visión. Ha sido arrestada en varias ocasiones, le han confiscado los equipos de trabajo, pero en el último arresto, el pasado 13 de noviembre, la amenaza fue con despojarla de la Patria potestad.

“[Me dijeron] En relación al tema de mis hijos (…) que podían quitármelos y mandarlos a lo que aquí llaman ‘La Casa de la Patria’, que son como orfanatos”, explicó.

Yaremis Buqueriget, periodista independiente | Palenque Visión.
Yaremis Buqueriget, periodista independiente | Palenque Visión.

La joven periodista había sido arrestada en otras ocasiones, pero ese día le ocuparon además una cámara de video, un micrófono profesional y un trípode.

Por lo general, acotó la joven, "pasamos semanas, a veces meses, para poder obtener nuevos equipos para trabajar y sustentar a la familia".

Doble rasero mientras se intensifica el hostigamiento

En 2016 la prensa oficial cubana anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) firmaron un acuerdo “con el objetivo de darle más garantías a los derechos de las ciudadanas y ciudadanos”.

El contrato en cuestión, explicó la funcionaria Raquel Rodríguez Fraga, consistió en la creación de dos comisiones: una para la ciudadanía en general y otra “especializada para la protección de la familia y asuntos jurisdiccionales, que se vinculen a los menores de edad, violencia contra la mujer, protección al adulto mayor, entre otros temas sensibles”.

Sin embargo, ninguna de esas gestiones se traduce en la protección de quienes son acosadas por el propio aparato de Seguridad del Estado.

Precisamente en 2016, Martí Noticias documentó el más alto número de opositoras encarceladas –condenadas o pendientes- en varias cárceles de la isla.

Dieciséis mujeres presas por motivaciones políticas: entre ellas una portadora de VIH-SIDA (Jackeline Heredia Morales) que sufrió además varias golpizas.

Otro de los métodos que ha usado la policía política desde hace varios años, con el apoyo de las Brigadas de Respuesta Rápida y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), ha sido el cerco de las viviendas de opositores, en el que han llevado a estas fuerzas represivas a maltratar físicamente a no pocas mujeres delante de hijos y otros familiares.

Los opositores Sonia de la Caridad González Mejías y Yuri Sollet Soto fueron detenidos el 25 de julio en el barrio del Vedado, de La Habana, y golpeados de manera brutal por la policía, tal como indicó este medio.

Me dieron piñazos, patadas con botas, con las ‘tonfas’ me dieron en la rodilla, que es la que tengo más lesionada, la tengo inflamada”, contó González Mejía, activista de Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

La opositora dijo que al llegar a la parada del bus, se dieron cuenta de que habían estado vigilados, porque inmediatamente llegó la policía con el pretexto de saber sus identidades y la emprendieron a golpes contra ambos.

Multas: de la inhabilitación pública a la cárcel

Luego de ser detenidas, activistas que incluso integran otros movimientos opositores han sufrido la nueva modalidad represiva.

Las multas por los supuestos delitos de ‘desorden público’, ‘desacato’, ‘atentado’ o 'afear el ornato público' intentan detener las protestas cívicas, los reclamos ante las detenciones arbitrarias de algunos de sus familiares o incluso por distribuir octavillas en las calles.

El decreto No. 141, sobre las Contravenciones de las Regulaciones del Orden Interior, contiene lo relacionado al Orden Público, la Seguridad Colectiva, el Régimen de la Propiedad, la Economía Nacional, el del Carné de Identidad y registro de población, la Licencia de Conducción y otros.

Martí Noticias tuvo acceso en marzo de 2017 a un extenso listado proporcionado por las Damas de blanco que relaciona a 21 mujeres miembros del grupo que habían sido sancionadas, incluso más de una vez, con multas que van desde $7.50 pesos en moneda nacional hasta 1.500 pesos.

Dos de estas "penalizadas" por su activismo -Berta Soler y Leticia Ramos Herrería- al negarse apagar lo que definen como "un gesto arbitrario de la Seguridad del Estado" tienen "restricción de salidad del país", los que les impide además hacer denuncias de los actos que sufren, ante organismos internacionales de Derechos Humanos.

Entre las multadas con mayor cuantía aparecen la vocera de la organización, Soler Fernández, Maylen González González, Lismeyris Quintana Ávila y María Josefa Acón Sendiña –las tres primeras con 1.500 y la última con 1.000 pesos en moneda nacional.

Al momento de redactar este reportaje, para algunas de ellas la cuantía monetaria de la penalidad había subido hasta los 3.000 pesos en moneda nacional.

En el mes de marzo, la Dama de Blanco Lismery Quintana fue juzgada por el Tribunal Municipal de Marianao, en La Habana, y trasladada a una cárcel de mujeres de la capital donde le impusieron una sanción de seis meses de privación de libertad por el delito de "impago de multas".

Varios días después, Quintana, que sufre Hepatitis B, fue trasladada a una prisión de mujeres en Sancti Spíritus, a centenares de kilómetros de la capital cubana: estaba ya lejos de la posibilidad de ser visitada por sus dos hijos menores de edad, tal como señaló su esposo, el periodista independiente Enrique Díaz.

Díaz informó a Radio Martí que su esposa había sido trasladada sin ninguna seguridad para su salud. “Me comunicó que desde ayer está sin ingerir alimento alguno, es portadora de la Hepatitis B y está sin ingerir su medicación, no se lo han dado y ya fue amenazada por la Seguridad del Estado”.

La Dama de Blanco Lismary Quintana, sancionada a 6 meses de cárcel por "impago de multas"..
La Dama de Blanco Lismary Quintana, sancionada a 6 meses de cárcel por "impago de multas"..

De todos modos, mujeres de varias organizaciones opositoras salen a protestar cada vez que sus pares sufren una detención, y el resultado va desde el bullying que las Brigadas de Respuesta Rápida les organizan, hasta las golpizas sistemáticas dirigidas por las fuerzas del orden público.

La política gubernamental cubana parece ir en otro rumbo, mirar al otro lado. Mariela Castro, la hija del general que administra el país, habló a la prensa nacional en abril pasado en los términos que siguen:

“El bullying es el acoso o maltrato que se le realiza a otra persona cualquiera desde un grupo, desde sus coetáneos. Son formas del lenguaje que conforman la violencia verbal, acciones sicológicas, violencia física o sexual, incluso se ha tratado desde las redes sociales. Lo constituye la humillación, el desprestigio, la disminución, las ofensas, y el maltrato a otra persona que por determinado rasgo no es aceptada.

“Hay que superar esas actitudes salvajes en todos los contextos sociales. Este es un problema mundial, solo que desde los años 70 se visibiliza más en estudios y asociaciones académicas de forma más completa. Desde el ámbito de la UNESCO se buscan estrategias efectivas para estudiar y enfrentar el bullying en su propio contexto geográfico", concluyó Castro, también diputada a la Asamblea Nacional, quien obviamente no se refería al constante abuso del que son víctimas las opositoras al régimen en Cuba.

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"Seguiremos de pie, porque somos resistencia", prometen los presos del 11J en Placetas

Los presos políticos Arianna López, Loreto Hernández y Donaida Pérez. (Collage de fotos tomas de redes sociales)
Los presos políticos Arianna López, Loreto Hernández y Donaida Pérez. (Collage de fotos tomas de redes sociales)

Desde la prisión de Guamajal, en Villa Clara, los presos políticos Donaida Pérez, Loreto Hernández y Arianna López envían una carta al pueblo cubano en la que ratifican sus posiciones políticas como opositores que buscan "un futuro mejor para sus hijos y nietos"

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Los presos políticos del 11J Arianna López Roque, Donaida Pérez Paseiro y Loreto Hernández García subscribieron una carta en la que afirman que seguirán adelante en su lucha por construir un futuro mejor para sus hijos y nietos en Cuba.

Loreto Hernández y su esposa, Donaida Pérez, ambos integrantes de la asociación "Yorubas Libres de Cuba", fueron sentenciados a siete y ocho años de cárcel respectivamente por manifestarse en Placetas, Villa Clara, durante las protestas del 11 de julio de 2021.

Por el mismo motivo López Roque cumple ocho años de privación de libertad. Los tres cumplen su condena en la cárcel de Guamajal, en Villa Clara.

Desde Miami, donde reside, el expreso político Jorge Luis García Pérez, conocido como “Antúnez”, hermano de Loreto Hernández, dio a conocer parte del contenido de la misiva.

“A nuestro pueblo lo convocamos a encontrar y sacar afuera esa sangre mambisa que todos llevamos dentro para terminar de una vez y por todas con tantos años de sufrimiento (...) Seguiremos adelante porque tenemos la esperanza de poder construir un futuro mejor para nuestros hijos y nietos, pero primero debemos acabar con esa empresa criminal conjunta que desgobierna nuestra patria”, afirmó.

Loreto Hernández, Donaida Pérez y Arianna López envían desde prisión carta al pueblo de Cuba
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“En esa carta ellos ratifican su condición de presos políticos plantados, es decir: que continúan rehusándose a formar parte, a participar en el programa de adoctrinamiento y mal llamada reeducación, programa ese concebido para delincuentes comunes”, explica Antúnez.

“Ellos continúan rechazando el sinnúmero de ofertas vergonzosas que les han hecho en varias oportunidades a cambio de que, si ellos desisten de su postura política, pueden ser liberados”, agregó el opositor exiliado en EEUU.

Exponen casos de violencia institucional en Cuba ante la CIDH

Los panelistas de la audiencia de la CIDH "Cuba: Violaciones a los Derechos Humanos en el contexto de la violencia institucional".
Los panelistas de la audiencia de la CIDH "Cuba: Violaciones a los Derechos Humanos en el contexto de la violencia institucional".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos escuchó numerosos testimonios de cómo el Estado cubano ejerce la violencia contra la ciudadanía

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Las diferentes formas de violencia institucional en Cuba fueron el tema de una audiencia este jueves en el 190 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

Camila Rodríguez, que dirige el grupo de Trabajo sobre detenciones por motivos políticos Justicia 11J, dijo que de acuerdo a su registro, al menos 1.584 personas fueron detenidas en las protestas del 11 de julio del 2021 y que 669 permanecen tras las rejas.

Añadió que “entre inicios del mes de julio de 2023 y este 8 de julio, al menos 240 personas privadas de libertad por participar en las protestas del 11J han sido víctimas de incidentes represivos o violatorios de sus derechos en las cárceles del país”

“En esta audiencia expresamos nuestra preocupación por la salud, e integridad de todas las personas privadas de libertad en Cuba, en especial de los manifestantes del 11J, quienes se enfrentan a condenas privativas de libertad que en algunos casos superan los 20 años”, expresó.

Muertes bajo custodia

Sobre el tema de la muerte bajo custodia habló Giselle Morfi, jefa del equipo legal de Cubalex.

Morfi dijo que su organización ha hecho un análisis de los patrones represivos identificados que abarcan la muerte en custodia policial y las de los reclutas del Servicio Militar en Cuba, durante el periodo del 1ro de enero del 2022 al 31 de enero del 2024.

“Cubalex registró 56 muertes bajo custodia. Este conteo incluye que personas detenidas por resolución judiciales, detenciones temporales por la policía, reclutas en Servicio Militar y dos mujeres víctimas de feminicidio por inacción de funcionarios que debían proporcionarles protección estatal específica”, explicó.

Entre los patrones de causa de muerte que pudieron identificar están la negación de atención médica, el suicidio, el uso excesivo de la fuerza, la huelga de hambre y accidentes laborales en centros penitenciarios, entre otros.

“Los patrones identificados por Cubalex reflejan profundas deficiencias en el sistema de custodia y detención en Cuba, evidenciando la necesidad urgente de reformas para mejorar las condiciones de detención, asegurar el acceso a atención médica adecuada y garantizar la protección y seguridad de todos los individuos bajo custodia del Estado, especialmente aquellos en situaciones de vulnerabilidad extrema”, expresó la experta.

Afrodescendientes en el sistema carcelario

Por su parte, María Matienzo, del Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género, presentó cuatro patrones fundamentales que caracterizan a la perfilación racial en Cuba: disparidad racial y discriminación sistémica; un patrón de muerte significativa debido a la violencia policial contra afrodescendientes; leyes que teóricamente garantizan la igualdad pero no se implementan efectivamente para proteger a los afrodescendientes; y la criminalización y marginalización.

“Los afrodescendientes que representan un 9.3% de la población y los mestizos, el 26.6%, están sobrerrepresentados en el sistema carcelario y en las víctimas de la violencia policial”, dijo Matienzo.

Feminicidios

Los feminicidios frente a la negligencia estatal fue el tema presentado por Yanelys Nuñez Leiva, del Observatorio de Género Alas Tensas.

La activista señaló que entre 2019 y 2023, según registros parciales de su organización, “208 mujeres fueron asesinadas, con al menos 24 de ellas habiendo denunciado a sus agresores, en su mayoría parejas y exparejas. Se constató un historial de violencia de género en, al menos, 22 de estos casos”.

“Ante estos crímenes, el gobierno cubano ha negado siempre su responsabilidad, argumentando que existe una voluntad política y un interés estatal en eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres. Sin embargo, la ausencia de refugios y de sistemas de rescate para mujeres y sus hijas en peligro, la no tipificación del feminicidio dentro del Código Penal, la falta de preparación del personal jurídico y policial y la inexistencia de medidas integrales de atención a la violencia de género sólo confirman la complicidad del Gobierno frente a esta problemática social y lanza un mensaje de impunidad a los agresores”, dijo Nuñez Leiva.

La Dama de Blanco, Leticia Ramos, denunció la continua represión y la persecución por parte del gobierno cubano hacia los miembros de esa organización, que incluye detenciones arbitrarias y amenazas constantes contra ellas y sus familiares.

Ramos señaló además que cinco Damas de Blanco están en prisión injusta debido a su activismo y su defensa de los derechos humanos.

Por último, Yanitza Sánchez, del Programa para América Latina del Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos, presentó varias peticiones a la CIDH, entre ellos, que se exija la liberación inmediata de las personas privadas de libertad por motivos políticos, antes y después de las manifestaciones del 11 de julio de 2021; que se clasifiquen las muertes de reclutas del Servicio Militar como muertes en custodia y que se exija al Estado cubano el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de sus obligaciones para preservar la vida de las y los ciudadanos y más si se encuentran bajo custodia policial o en instalaciones del Estado.

También pidieron que se exija al Estado cubano detener todas las formas de represión y violencia contra las personas defensoras de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, violencia física y tortura, estableciendo un mecanismo nacional independiente de protección de activistas, periodistas y otros actores de la sociedad civil.

Además, instan al Estado cubano a implementar medidas concretas para erradicar la discriminación racial y de género; promulgar una Ley Integral sobre la Violencia de Género y asegurar que todas las formas de violencia contra la mujer sean sancionadas de manera adecuada.

Familiares de José Daniel Ferrer piden apoyo internacional por la libertad del líder opositor

El opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).
El opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

La esposa de José Daniel Ferrer García pide ayuda a la comunidad internacional para exigir fe de vida del prisionero político, quien debió ser liberado el 1º de abril por cumplimiento de condena.

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Familiares del preso político José Daniel Ferrer García solicitan el apoyo de la comunidad internacional en una campaña para exigir fe de vida del líder opositor, a quien desde hace más de un año le niegan las visitas en la cárcel de Mar Verde, en Santiago de Cuba y quien debió ser liberado el pasado 1º de abril.

El preso político de 53 años era el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba cuando fue arrestado el 11 de julio de 2021, junto a su hijo José Daniel Ferrer Cantillo, en el momento en que ambos se sumaron al levantamiento popular en la ciudad de Santiago de Cuba.

Tras esta detención, al exprisionero de la Causa de los 75 le fue revocada una sanción de 4 años y 14 días que cumplía sin internamiento.

Desde Santiago de Cuba, la doctora Nelva Ismaray Ortega Tamayo explicó a Martí Noticias: "Yo, como esposa, en nombre de toda la familia Ferrer y de la organización de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), hago un llamado a la comunidad internacional; a todas aquellas personas, organizaciones, instituciones amantes de la libertad y la democracia, a que nos apoyen en una campaña que hemos iniciado exigiendo fe de vida de mi esposo".

"Desde el 1º de abril de este año, desde ese día, nadie de la familia ha tenido contacto, nadie ha recibido una llamada (...) desde marzo del año pasado, no le han dado derecho a llamadas telefónicas; no le han dado derecho a, ni siquiera, poderse sentar con nosotros en una visita familiar ni matrimonial", denuncia la esposa del opositor.

Inician campaña exigiendo fe de vida del prisionero político José Daniel Ferrer
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"Todos sus derechos están siendo violados, por eso, no solamente fe de vida, sino (pedimos) la restitución de todos sus derechos carcelarios, pero también los derechos humanos", afirmó la esposa de Ferrer.

"Agradecemos a todos los que quieran apoyar, no es necesario que salgan con un cartel. Si desean hacerlo, muy bien, aquellos que no puedan hacerlo con un cartel, hacerlo con un video de menos de un minuto. Exigir fe de vida. El 1º de abril era el cierre de la sanción de mi esposo; desde el 1º de abril tuvo que haber regresado para nuestro hogar y no sabemos nada de él", concluyó Ortega.

Ferrer ha sido reconocido por la Fundación Víctimas del Comunismo con la Medalla de la Libertad Truman-Reagan, entre otras distinciones por su defensa de los derechos humanos en Cuba.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Martí Noticias)

CIDH otorga medidas cautelares a favor del manifestante del 11J, Julián Manuel Mazola Beltrán

El manifestante del 11 de julio de 2021, Julián Manuel Mazola Beltrán, recluido en la prisión de Guanajay, La Habana.
El manifestante del 11 de julio de 2021, Julián Manuel Mazola Beltrán, recluido en la prisión de Guanajay, La Habana.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del preso político cubano Julián Manuel Mazola Beltrán tras contemplar que ha sufrido actos de violencia y agresión física, y que se encuentra desprotegido por parte de las autoridades penitenciarias.

La entidad continental considera que Mazola Beltrán está en una situación de gravedad y “sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Cuba”.

“Es muy importante que [la CIDH] haya tomado el caso, que le hayan prestado atención. Estas medidas cautelares de la CIDH dan visibilidad a mi hermano y lo ayudan a soportar el dolor de estar encarcelado injustamente, ya que él no cometió ningún crimen, solo manifestarse y pedir cambios, que, en ese momento, le hacían tanta falta al pueblo”, indicó a Martí Noticias, Yismely Morales Beltrán, la hermana del prisionero político.

El joven de 24 años fue apresado en las protestas del 11 de julio de 2021 en San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, y sentenciado a cinco años de privación de libertad por atentado, desacato y desórdenes públicos.

“Yo pienso que debería hacerse con todos los presos encarcelados por esta misma causa, que la gran parte de los que están presos políticos hoy en día por el 11 son manifestantes que salieron a la calle para pedir cambios, medicinas y comida, ya que Cuba estaba en una situación bastante crítica y hoy seguimos igual y lo único que han hecho es tomar represalias con ellos”, dijo Morales Beltrán.

La Comisión, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos aceptó como verdaderas las alegaciones de que durante su detención fue sometido a una golpiza "brutal" y sujeto a la tortura conocida como "la bicicleta".

El 22 de marzo de 2024, se reportó el intento de violación de un recluso común contra el prisionero político que está recluido “con personas de alta peligrosidad”, lo que califica como una "forma de castigo" o "negligencia", de acuerdo a la organización.

Las autoridades cubanas sometieron a un nuevo proceso penal al agresor de Mazola, “pero no han comunicado cuando se va a hacer el juicio”, relató Morales Beltrán.

“Intentó violar a mi hermano, lo agredió con un hacha y lo mordió en varias partes del cuerpo y está preso por violación”, agregó.

Yismely Morales Beltrán fue advertida por agentes de la Seguridad del Estado que cese sus denuncias en redes sociales sobre la situación de su hermano, bajo la amenaza de que tales acciones podrían agravar sus condiciones en prisión.

En consecuencia, con las informaciones recibidas, la CIDH solicitó al gobierno cubano que investigue los presuntos hechos relatados en la resolución, que “implemente las medidas necesarias para que las condiciones de detención” de Mazola Beltrán se ajusten a los estándares internacionales y que se asegure que el preso político “no sea objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos o actos de violencia”.

Asimismo, pidió que comunique las acciones que tomen en el sentido de proteger la integridad física de Mazola Beltrán. Sin embargo, el Estado cubano no ha respondido a las preguntas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Rosa María Payá ante la Asamblea General de la OEA: "las dictaduras solo responden a la presión"

La 54 Asamblea General de la OEA en Asunción, Paraguay, el 27 de junio de 2024. (Daniel Duarte/AFP).
La 54 Asamblea General de la OEA en Asunción, Paraguay, el 27 de junio de 2024. (Daniel Duarte/AFP).

La activista cubana de los derechos humanos, Rosa María Payá, habló el jueves ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, sobre la responsabilidad que tienen los Estados miembros del organismo hemisférico para proteger la democracia en todo el continente, “especialmente en Cuba, Nicaragua y Venezuela, las tres dictaduras”.

Payá, integrante de la Fundación para la Democracia Panamericana, pronunció su discurso ante la Asamblea General en Asunción, Paraguay, en nombre de la Coalición Democracia, Libertad, Justicia y Renovación Política.

“Denunciamos el vergonzoso aumento de las detenciones arbitrarias y los más de 1.600 presos políticos en América latina, al menos 1.100 de ellos cubanos, como el periodista independiente Carlos Michael Morales, que hoy cumple 7 días en huelga de hambre”, afirmó Payá.

También recordó el caso de Olesia Muñoz en Nicaragua, "arrestada por cantar en el coro de la Iglesia", y el arresto de la defensora de los derechos humanos de Venezuela, Rocío San Miguel.

“Los invitamos a exigir que los venezolanos puedan hacer campaña y votar sin ser criminalizados en las elecciones del 28 de julio”, dijo Payá, al recordar que el régimen de Nicolás Maduro está obstaculizando el derecho al voto de “más de cinco millones de venezolanos en el exterior”.

Acerca del éxodo de ciudadanos cubanos a América del Norte, denunció que la dictadura de Miguel Díaz-Canel usa este fenómeno “en una estrategia de desestabilización regional que inició en noviembre del 2021 en una operación fabricada por los gobiernos de Cuba y Nicaragua, cuando este último retiró la restricción de visa para los ciudadanos cubanos, abriendo la posibilidad a los esquemas actuales de extorsión y tráfico de personas desde Managua hasta la frontera sur de Estados Unidos”.

En dos años, más de 535.000 cubanos han sido registrados cruzando esa frontera, precisó la activista, hija del fallecido opositor e impulsor del Proyecto Varela, Oswaldo Payá Sardiñas.

Acerca de la situación en la isla, aseveró que las políticas del régimen han agudizado los problemas económicos y de índole social. Hoy, el Estado cubano “es incapaz de garantizar los servicios básicos al pueblo”, dijo.

En ese contexto, Payá declaró que “los cubanos sabemos que la única salida de la crisis es la salida de la dictadura y estamos exigiendo el cambio democrático, como lo demuestran las miles de protestas de los últimos años”.

Sin embargo, la activista argumentó que el pueblo cubano "está abandonado" por los Estados de las Américas y “las consecuencias han sido devastadoras”.

Al final de su discurso, dijo que el régimen cubano está involucrado en el envío “de al menos 3.000 cubanos a la guerra de agresión rusa contra Ucrania”, y mantiene relaciones con “organizaciones terroristas como Hamás y permiten bases de espionaje China”.

“El régimen no solamente aplica el terrorismo de Estado todos los días contra sus ciudadanos, sino que patrocina el terrorismo internacional, poniendo en riesgo la seguridad de toda la región, como la demostró la presencia de buques de guerra y submarinos nucleares rusos en Cuba”, sostuvo.

“Les pedimos que apoyen la realización de un plebiscito vinculante con estrictas precondiciones democráticas para apoyar el cambio de sistema en Cuba hacia la democracia”, dijo. “Es hora de que los Estados de las Américas se unan contra los dictadores. Los invitamos a exigirle a las dictaduras que eliminen todas las formas de violencia política y a exigir la inmediata e incondicional liberación de todos los prisioneros y prisioneras políticos en todos los países de las Américas”.

“Las dictaduras solo responden a la presión y ustedes tienen las responsabilidades ejercerla para impedir el avance del autoritarismo en América Latina”, concluyó la activista cubana.

Otras declaraciones de la sociedad civil en la OEA

La Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de las Américas, en el marco de la Asamblea General de la OEA, expresó en su intervención su preocupación por las restricciones a la sociedad civil y prensa independiente en Cuba y otros países del continente.

Hay “un grave contexto” de cierre del espacio cívico y de deterioro de la institucionalidad democrática en la región, lo que genera severos impactos “en la vigencia de derechos internacionalmente reconocidos”, aseveró la Coalición.

También llamó la atención sobre las acciones que fomentan “la impunidad” en casos de violaciones de derechos humanos, y que limitan “el trabajo de la sociedad civil y prensa independiente” en Cuba, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela.

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