El gobierno cubano prepara una nueva estocada para coartar los derechos concedidos a las cooperativas no agrícolas (CNA) de producción, específicamente las dedicadas al sector de la construcción.
De acuerdo con información obtenida por Martí Noticias, el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros elabora un conjunto de nuevas normativas jurídicas con vistas a controlar el auge de este tipo de asociaciones no agrícolas de producción. Uno de los pasos estaría destinado a complicar el proceso para la constitución de estos consorcios.
“Las CNA no aparecieron en el escenario cubano como un fenómeno natural regido por las leyes del mercado, sino como resultado de una estrategia de emergencia para atenuar los efectos de la constante crisis nacional”, dijo desde La Habana una fuente vinculada al proceso penal contra el dueño de una de estas asociaciones privadas. “Pero algunos de los socios de este tipo de sociedad andan en autos rentados, y la dirección del país pretende ponerles un freno mediante instrumentos legales que asfixien esta iniciativa”.
La fuente recordó que el Consejo de Estado implementó, con carácter experimental, los decretos leyes No 305 y 306, el No 309 del Consejo de Ministros, y otra serie de regulaciones para la constitución, registro, funcionamiento y extinción de las cooperativas de producción no agrícola y de servicios en 222 actividades privadas.
La escasa rentabilidad y la falta de autonomía de las empresas estatales, entre otros factores, provocaron que, en breve período de tiempo, las entidades privadas lograran verdadera importancia en el sistema empresarial. Laboran con efectividad, pero constituyen un impedimento para la empresa estatal, porque dan muestras de bienestar, y exhiben sin miedo la riqueza adquirida.
El pasado 12 de diciembre apareció en la Gaceta Oficial Extraordinaria No.58, un conjunto de normativas jurídicas con las cuales se pretendía avanzar en el perfeccionamiento del sistema empresarial y concedía a las empresas del Estado una mayor autonomía. Aun así, la producción estatal no ha reaccionado de la manera esperada porque, incluso aumentando la pujanza, son incapaces de garantizar el servicio, la calidad y los plazos de entrega, según reconocen las propias autoridades gubernamentales.
Sin embargo, el sector no estatal consigue incrementar visiblemente la productividad del trabajo y la disciplina laboral, razón por la que han ganado en convocatorias públicas, importantes contratos de diseño y remodelación para hoteles de turismo, por encima de las ya anquilosadas empresas del Estado.
“Estas corporaciones tienen mejores albañiles, hacen mejor trabajo y, en determinados casos, consiguen permisos para importar maquinarias desde China u otros países. No obstante, la forma en que originalmente fueron diseñadas y el carácter experimental de toda la base legal, representa la peor limitación”, argumentó un abogado que pidió anonimato.
El letrado explicó que no existe manera legal para que dos cooperativas privadas se unan con el objetivo de organizar actividades complementarias que sean afines para agregar valor a sus productos o servicios; tienen que adquirir todo a través de las empresas del estado, y esto no sucede.
“Los obligan a violar las reglas al no ampliar el marco legal. ¿Cómo van a comprar la materia prima necesaria como el cemento, la arena, la gravilla, el mármol para pisos, o madera para encofrar?”, se cuestionó el abogado.
De esta manera fraudulenta –agregó- controlan a los cooperativistas sometiéndolos a constantes auditorías fiscales que son prácticamente imposibles de rebasar. Ya han cerrado algunas y sus integrantes están a disposición de los tribunales.
“Esperemos que eso cambie, o pronto veremos el fin de la iniciativa privada”, concluyó el testimoniante.
El pasado agosto, el Ministerio de Finanzas y Precios revocó la constitución concedida a la Cooperativa Scenius, dedicada a dar servicios contables, y aprobó su extinción por “las reiteradas violaciones cometidas por la cooperativa en el cumplimiento del alcance social aprobado”.
La experiencia de las CAN se inició en 2013, y actualmente existen un total de 429 en todo el país, según cifras oficiales.