Cuba
Arquitectos cubanos usan licencias de decorador y artesano para poder trabajar
En Cuba no está permitido que los arquitectos monten una oficina. Los profesionales independientes no han logrado licencias para su desempeño como particulares.
PINAR DEL RÍO - La avenida central de Pinar del Río recrea un arroyo zigzagueante de aguas azules rodeado de plantas frondosas que miles de personas atraviesan cada día.
La urbe engalanó su avenida principal y, como no había sucedido en medio siglo, el diseño estuvo a cargo de tres jóvenes arquitectos que abrieron una suerte de estudio privado.
Los casos de éxito de jóvenes que ofrecen sus servicios al Estado desde el ámbito privado para una obra pública son casi una excepción en Cuba. En la isla el sector público acapara su trabajo con cierta exclusividad y a pesar de algunas reformas que han permitido ampliar el número de cubanos que abrieron emprendimientos privados, los profesionales independientes no han logrado licencias para su desempeño como particulares.
Los universitarios que apuestan a quedarse en la isla pero aspiran a obtener mejores salarios que los estatales deben sortear las limitaciones impuestas por la ley y la falta de oportunidades es uno de los motivos por el cual miles de jóvenes emigran del país que presume una de las educaciones más prestigiosas del continente.
“Éramos unos jóvenes con muchas inquietudes en relación a la ciudad”, recordó a The Associated Press Oriesky Bencomo, uno de los arquitectos de “Ágora”, como denominaron a su bufete informal dado que en Cuba no está permitido que los arquitectos monten una oficina.
Los tres arquitectos promovieron su trabajo ante el gobierno en 2014, cuando el paso de huracanes dejó a la urbe de 150.000 habitantes en mal estado y bajo el aliento de la entrega de nuevos permisos muchas personas comenzaron a reparar casas y locales para arrendarlos.
“Nos acercamos al gobierno porque sabíamos que habría intervenciones y les propusimos el concepto”, agregó su colega Yasser Jiménez.
En sólo dos años, su estudio desarrolló unos 60 proyectos; una docena para el Estado y -de manera casi excepcional- el resto para particulares.
Su caso dista de la realidad que viven otros universitarios que no tienen autorización para ejercer sus profesiones sino en el marco del Estado u organizaciones afines con sueldos menores a los del sector privado, orillando a los que se quedan en el país a buscar puestos en sectores emergentes, como los restaurantes o el turismo, o a registrarse como practicantes de un oficio que no corresponde a sus habilidades.
De hecho, para desarrollar Ágora, los treintañeros Jiménez, Bencomo y José Luis Valdés tuvieron que inscribirse como “decoradores” y “artesanos”.
Para remodelar la Calle Martí, en Pinar del Río, los arquitectos trabajaron con una empresa de servicios comunales y gracias a ello ésta logró librarse de la burocracia que podría haber demorado las obras durante meses si utilizaba otra firma del Estado. Sin embargo, debido a las limitaciones a sus licencias, el estudio de los jóvenes no logró llevar a cabo la ejecución completa.
Aunque ésta obra representó un avance en su carrera, estos arquitectos no podrán desarrollar todo su potencial mientras siga sin existir una autorización que les permita trabajar por completo de manera privada o instalar una cooperativa.
“Nosotros somos los jóvenes que optamos por quedarnos, vivir acá (en Cuba) y realmente quisiéramos hacer más... proyectos de todo tipo, contratar servicios de ingenieros, hacer un edificio desde cero”, explicó Jiménez ilusionando.
A partir de 2010, el gobierno dio curso a un paquete de medidas que contemplaba permisos impensables hasta entonces, como comprar y vender casas o automóviles, instalar restaurantes y permitir arrendamientos de viviendas a turistas, entre otros.
Según cifras oficiales, los trabajadores independientes alcanzaron los 535.000 a fines de 2016 en las 200 categorías permitidas, un salto cualitativo contra los 140.000 reportados en 2009. Además se autorizó la apertura de cooperativas no agropecuarias -actualmente unas 400- en áreas como la construcción o el reciclamiento de basura.
Sin embargo, un conjunto disposiciones anunciadas por las autoridades recientemente suspendieron la entrega de nuevas licencias en rubros como el alquiler de habitaciones a turistas o bares, entre las más rentables.
Aunque esta medida no afectó directamente a profesionales como estos arquitectos, abogados, informáticos o médicos entre otros --carecen de las autorizaciones para ejercer de manera privada-- la coyuntura provocó dudas sobre el panorama futuro entre ellos.
Irina García egresó como jurista de la Universidad de La Habana en 2009 y aunque se desempeñó como fiscal terminó como asesora jurídica de una asociación ligada a la Iglesia Católica.
“La mayoría que entra a esta carrera quiere ejercer el Derecho... y la mejor manera es teniendo tu propia firma con un grupo de personas”, indicó García, al tiempo que aclaró que no puede tener su propio bufete porque de las licencias aprobadas “ninguna está prevista para los servicios legales”.
Ella y otros profesionales sostienen que el gobierno teme que la apertura vacíe las instituciones estatales.
“Cuando (los profesionales) realmente se sientan estimulados no todos se van a ir a hacer un negocio privado. No todo el mundo tiene la disposición, los fondos o la valentía, porque hay quien prefiere la estabilidad”, dijo García.
Un sueldo estatal promedio puede llegar al equivalente de 20 a 60 dólares, a lo cual deben sumarse los subsidios del modelo a toda su población como a la alimentación, a la salud o los servicios básicos. En contraste, un puesto en lugares privados tiene ingresos superiores.
El costo de este fenómeno para el país es alto, advirtieron especialistas.
Para el economista cubano Omar Everleny Perez la falta de una normativa para servicios profesionales “produce descalificación” -cuando estas personas dejan sus profesiones para irse a otros sectores- o favorece la emigración.
Según su colega isleño Pavel Vidal, profesor en la Universidad Javeriana Cali en Colombia, pese a éstas y otras limitaciones para los autorizados, el empleo en el sector privado en la isla creció 7% en 2016 en contraste con la contracción del Producto Interno Bruto de la economía de 0,9%.
“Estás moviendo al sector privado una fuerza de trabajo calificada”, dijo Vidal a la AP y advirtió que aunque para los profesionales que trabajan en restaurantes o de taxistas sus desempeños significan un aumento en sus ingresos familiares, “no tiene sentido haber invertido miles de millones en educación y enviarlos a un área de bajo valor agregado”.
Algunos son optimistas y esperan que la apertura de la pequeña y mediana empresa prometida por Castro y la dirección del Partido Comunista permitan el desarrollo de estos profesionales.
Otros, no obstante, lo ven como algo en un horizonte lejano.
“Hace muchos años que se funciona de un modo y esas transiciones son lentas”, explicó la abogada García. “No lo veo en un futuro inmediato, me encantaría equivocarme”.
[Agencia AP]
Vea todas las noticias de hoy
Los Santos de Hialeah: La iglesia Lukumí cubana que llegó a la Corte Suprema (VIDEO)
Los Santos de Hialeah es una serie audiovisual que narra la batalla legal que enfrentó durante la década del 90' a la Iglesia Lukumí Babalú Ayé contra el gobierno de la ciudad de Hialeah y otros grupos protectores del bienestar animal como PETA y Humane Society.
Los practicantes de la religión Lukumí buscaban defender su derecho a sacrificar animales como parte de sus rituales religiosos. Sin embargo, las leyes de Hialeah les prohibían esta práctica, considerándola como un acto de crueldad animal.
La iglesia desafió esta prohibición, argumentando que violaba su derecho a la libertad religiosa, protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza que el Congreso no puede crear ninguna ley que establezca una religión oficial o prohibir el libre ejercicio de una religión en particular. Esta enmienda protege la libertad de expresión, de prensa, de reunión, y el derecho de solicitar al gobierno compensación por agravios.
El caso de los santeros cubanos llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1993, donde se dictaminó a favor de la iglesia lukumí (también se escribe lucumí), sentando un precedente importante para la protección de la libertad religiosa.
La serie cuenta con los valiosos testimonios de los protagonistas implicados en el caso: Oba Ernesto Pichardo, cofundador y presidente de la Iglesia Lukumí Babalú Ayé en Hialeah; Lázaro Cuesta, sacerdote de la religión Lukumí; Jorge Duarte, abogado del caso, Thomas Wenski, arzobispo de Miami; y Raúl Martínez, ex alcalde de Hialeah entre 1981 y 2005.
La investigación de Martí Noticias incorpora el valioso aporte de las periodistas Ileana Bravo y Aminda (Mindy) Marqués; quienes cubrieron esta disputa legal desde su desarrollo inicial hasta su triunfo en la Corte Suprema de los Estados Unidos.
La victoria del caso Church of Lukumi Babalu Aye, Inc. v. City of Hialeah es un ejemplo de cómo las comunidades minoritarias pueden luchar por sus derechos y lograr cambios en los Estados Unidos.
Niegan régimen de mínima severidad al joven preso del 11J Ángel Jesús Veliz Marcano
Las autoridades del penal de Kilo 9, en la provincia de Camagüey, negaron el cambio a un régimen de menor severidad al preso político cubano Ángel Jesús Veliz Marcano.
Su madre, Ailex Marcano, dijo a Martí Noticias que ni a ella ni a su hijo le han dado una explicación sobre las razones de la negativa. "Ellos siempre dicen que tiene un comportamiento adecuado, que está tranquilo", comentó.
Hace más de una semana, Veliz Marcano tuvo una visita en el penal y los oficiales quedaron en darles una respuesta pero hasta el momento no han dicho nada.
En octubre pasado al joven también le fue negado el cambio de medida por una supuesta indisciplina.
Ángel Jesús Veliz Marcano, de 29 años, fue condenado a seis años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021.
Su madre ha denunciado en múltiples ocasiones malos tratos contra su hijo en la cárcel y negación de atención médica cuando la ha necesitado, además de amenazas por parte de los oficiales del penal.
Ailex Marcano también ha sido objeto de hostigamiento por exigir la libertad de su hijo. En varias ocasiones la policía la ha detenido y amenazado.
Esta semana también le fue negado el cambio a régimen de mínima seguridad al preso político José Alejandro Rodríguez Gelín, de 24 años.
El joven cumple una sanción de cinco años de privación de libertad por cargos de instigación a delinquir y desorden público tras su participación en las protestas en Jovellanos, provincia de Matanzas.
Al cierre del mes de marzo, la organización Prioners Defenders registraba 1092 prisioneros ppolíticos y de conciencia en la isla.
Consejo de Relatores de Derechos Humanos en Cuba denuncia el caso de tres presos políticos
El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, a través del abogado Juan Carlos González Leyva, ha denunciado la situación de tres presos políticos: Taimir García Meriño, Eglis Heredia Rodríguez y Jorge Cervantes.
La presa política, residente de Victoria de las Tunas, fue condenada en el mes de marzo de 2022 a cinco años de prisión por los presuntos delitos de atentado, desórdenes públicos y desacato. La mujer encarcelada por respaldar a un trabajador independiente, a quien inspectores estatales y agentes policiales imponían una elevada multa por vender plantas medicinales, se encuentra recluida en la prisión Granja Cinco en Camagüey.
“Taimir padece de seis enfermedades en estos momentos, muchas de ellas en crisis casi el mes completo. El año anterior fue diagnosticada con la vesícula acodada y ahí estamos esperando todavía que a la dictadura le dé la gana de llevarla a un salón de operaciones. Y bueno de las otras enfermedades, de la presión, de la diabetes... El medicamento hemos tenido que comprarlo en la calle, a altos precios, para poder mantenerla a ella con vida ahí en prisión, debido a que ellos no tienen medicamentos para los encarcelados”, advirtió Holmis Rivas Carmenate, el esposo de la activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).
En el caso de Eglis Heredia Rodríguez, recluido en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba, tras ser condenado en 2014 por el delito de atentado, el relator dijo que estaba "muy enfermo y sin asistencia médica para un cáncer de garganta muy avanzado que le impide hablar".
"Está extremadamente delgado debido a la hambruna y sufriendo malos tratos a manos de la guarnición de ese centro carcelario", agregó González Leyva.
Heredia Rodríguez había sido excarcelado con una licencia extrapenal por un cáncer que sufre en la laringe, pero esta medida fue revocada porque continuó con su activismo.
De acuerdo con el reporte de varios familiares y compañeros de prisión, la policía política le impide las visitas familiares.
También el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba denunció que el opositor de la UNPACU, Jorge Cervantes, fue trasladado de la cárcel de Aguadores, en Santiago de Cuba, para la prisión de máxima seguridad de Boniato, en la misma provincia, luego de protestar en huelga de hambre por varios días.
Cervantes está detenido desde el 12 de marzo y actualmente está bajo investigación por delitos contra la Seguridad del Estado.
En su caso aún no se ha hecho una petición fiscal.
"Jorge no acepta abogados porque él dice que eso es por gusto, al pasarse de los 10 días en huelga de hambre en Aguadores lo pasaron para Boniato”, dijo Gretchen Alfonso Torres, esposa del activista.
Un total de 19.571 cubanos entraron por frontera a EEUU en marzo
Un total de 19.571 migrantes cubanos llegaron a la frontera de Estados Unidos en marzo pasado, una ligera disminución respecto a febrero (20.815), según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de EEUU (CBP por sus siglas en inglés).
La mayoría de los migrantes, 13.411, entraron por los diferentes puntos de la frontera sur; y el resto por vía marítima.
Solo México (67.026) y Venezuela (21.367) superaron a Cuba en la entrada de migrantes en ese periodo. El éxodo masivo de ciudadanos de la isla que comenzó en diciembre de 2021, cuando Nicaragua eliminó el requisito de visado para los cubanos, se ha mantenido imparable desde entonces.
Según CBP, en marzo llegaron 110 menores cubanos no acompañados, la menor cifra registrada desde septiembre de 2023. En los últimos seis meses, el total ha ascendido a 791.
"CBP continúa trabajando estrechamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE. UU. (ICE) y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU. (USCIS) para procesar rápidamente a las personas encontradas en la frontera y expulsar a aquellos que no establecen una base legal para permanecer en los Estados Unidos", recoge el comunicado.
La llegada de migrantes cubanos en el primer semestre del actual año fiscal, que comenzó en octubre pasado, alcanzó los 126.517.
Además de las detenciones en frontera, los datos de CBP recoge el número de cubanos que llegó a Estados Unidos a través del programa de parole humanitario, aprobado por Joe Biden en enero de 2023.
"Hasta finales de marzo, un total de 404.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos llegaron legalmente en vuelos comerciales y se les concedió la libertad condicional bajo estos procesos", destaca el documento. En el caso de los cubanos, fueron aprobados hasta esa fecha 86.000.
“Le colocan un machete en el cuello y le quitan la mochila": activistas denuncian agresión y robo a su hijo
El 2024 despunta como otro año marcado por la inseguridad ciudadana y las quejas de la población por la indolencia policial ante los delitos, afirmó este miércoles a Martí Noticias la activista Marthadela Tamayo, cuyo hijo fue agredido con el propósito de robarle la mochila que portaba.
El adolescente de 16 años, Miguel Alfredo Santana Tamayo, fue amenazado con un machete, alrededor de las 2 de la tarde de este miércoles, muy cerca de su casa ubicada en el Reparto Casino del municipio habanero Cerro.
“Le colocan un machete en el cuello y le quitan la mochila. El ladrón se dio a la fuga”, relató Osvaldo Navarro, esposo de Marthadela Tamayo y padrastro del muchacho atacado.
“Nos dirigimos a la estación más cercana, la que queda en Calle Blanquita y Entrada en Casino Deportivo”, añadió.
El oficial alegó que esa unidad se había convertido en un centro de reunión de los jefes de sectores, que no registra denuncias, por lo que debían dirigirse a la 4ª. unidad del Cerro.
“La 4ª. del Cerro es bastante lejos de aquí, de la casa, aproximadamente unos 25 minutos en transporte público y en La Habana no hay transporte público”, precisó Tamayo.
La familia que acudió a las autoridades policiales a reportar el asalto, lejos de ver atendida su demanda, se sintió en peligro:
“Nosotros insistimos que al menos habría que tramitar algo referente a lo que había pasado, en una llamada o un documento, llamar a una patrulla, pero en vano. Se acaloró la discusión, fuimos maltratados. [El oficial] trató de intimidarnos con levantarnos un acta de advertencia a cada uno, incluyendo a Miguel Alfredo que, según dijo, ya tiene edad para responder ante la Ley”, aseveró Navarro.
“Todos presenciamos la dejadez con la que el [agente policial] trató el asunto y esa es la realidad de este país. Actualmente recurrir a cualquier instancia policial equivale a poca atención o casi ninguna. Los asaltos siguen en aumento y nosotros en este momento lo estamos viviendo en carne propia, aunque somos conscientes y venimos denunciando desde hace mucho tiempo toda la violencia que está presente en las calles, en los barrios, en las comunidades a lo largo y ancho de la isla”, recalcó Navarro.
No obstante, el régimen indica que “la difusión de información y noticias falsas” pretende crear una percepción de inseguridad en la población”, que no es real.
En ese sentido, la feminista subrayó: “Estoy no solo hablando como activista, estoy hablando como madre. Mi hijo fue víctima de un acto violento ocurrido en los bajos de nuestra casa, y nosotros fuimos maltratados por el policía al que acudimos buscando protección, pero que se puede esperar si dentro de una estación de policía ocurrió un feminicidio”.
En febrero de 2023, Leidy Bacallao, de 17 años, fue asesinada a machetazos en una estación de policía adonde había acudido a refugiarse en el poblado Camalote, del municipio camagüeyano Nuevitas.
Más tarde, la familia se presentó en la 4ª. unidad de la Policía, donde le tomaron declaraciones y le solicitaron a Miguel Alfredo hacer un retrato hablado porque pareciera que [el delincuente] es alguien del barrio.
“Y eso es lo que sí me preocupa, porque si es una gente de la zona se llevó la libreta de abastecimiento que identifica a uno, y eso sí me inquietaría muchísimo más”, lamentó Tamayo.
Una encuesta de la revista oficialista Bohemia reveló en noviembre de 2023 que no todos los perjudicados hacen denuncias en la policía, y que la mayoría de las reclamaciones no se han solucionado favorablemente.
Foro