El ministro de Relaciones Exteriores de España destaca que en el acuerdo suscrito con Cuba se establece que no se pueden discutir los hechos probados por sentencia.
El canciller de España, José Manuel García-Margallo le lavó las manos a su gobierno al desentenderse este martes de la solicitud de indulto al joven español Ángel Carromero, condenado en Cuba por la muerte de los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero.
García-Margallo declaró en el Foro España Internacional en Madrid que el otorgamiento de indulto corresponde al ministro de Justicia y que han sido precisamente la Fiscalía y la Audiencia Nacional las que determinaron que tal paso “no procede”.
Según el ministro, su gobierno es “exquisitamente respetuoso” con las decisiones que toman los organismos del Estado competentes en una materia, aunque dejó abierta la posibilidad de actuar “en consecuencia” si la Audiencia Nacional accede a abrir una investigación sobre la muerte de Payá como han pedido los familiares del cubano.
No obstante, aclaró que en el caso de Carromero hay un acuerdo suscrito con Cuba que hizo posible su traslado a España a fin de cumplir allí su condena y que "establece que no se puede discutir la naturaleza de la pena ni los hechos probados por sentencia”.
"Los convenios están para ser cumplidos", recalcó el canciller.
De modo que si quisiéramos hacerlo, agregó, “tendríamos que denunciar el convenio en su totalidad, lo cual colocaría a los tres españoles que están pendientes de sentencia firme (en la isla) en una situación extraordinariamente complicada".
García-Margallo puso de relieve que el paso dado por su gobierno permitió a Carromero regresar en poco tiempo a su país tras ser condenado en Cuba, sin tener que “pagar ninguna contraprestación política" porque la Posición Común de la Unión Europea con La Habana—destacó— sigue inalterable.
García-Margallo declaró en el Foro España Internacional en Madrid que el otorgamiento de indulto corresponde al ministro de Justicia y que han sido precisamente la Fiscalía y la Audiencia Nacional las que determinaron que tal paso “no procede”.
Según el ministro, su gobierno es “exquisitamente respetuoso” con las decisiones que toman los organismos del Estado competentes en una materia, aunque dejó abierta la posibilidad de actuar “en consecuencia” si la Audiencia Nacional accede a abrir una investigación sobre la muerte de Payá como han pedido los familiares del cubano.
No obstante, aclaró que en el caso de Carromero hay un acuerdo suscrito con Cuba que hizo posible su traslado a España a fin de cumplir allí su condena y que "establece que no se puede discutir la naturaleza de la pena ni los hechos probados por sentencia”.
"Los convenios están para ser cumplidos", recalcó el canciller.
De modo que si quisiéramos hacerlo, agregó, “tendríamos que denunciar el convenio en su totalidad, lo cual colocaría a los tres españoles que están pendientes de sentencia firme (en la isla) en una situación extraordinariamente complicada".
García-Margallo puso de relieve que el paso dado por su gobierno permitió a Carromero regresar en poco tiempo a su país tras ser condenado en Cuba, sin tener que “pagar ninguna contraprestación política" porque la Posición Común de la Unión Europea con La Habana—destacó— sigue inalterable.