El régimen cubano comunicó a la Iglesia Católica su decisión de no renovar la residencia temporal del sacerdote mexicano José Ramírez, miembro de la Congregación de la Misión, como represalia por haber tocado las campanas del templo de La Milagrosa, en Santos Suárez, mientras vecinos protestaban por los prolongados apagones en La Habana, confirmó una fuente eclesiástica a Martí Noticias.
La fuente, que pidió el anonimato por no estar autorizada a hablar públicamente sobre asuntos internos de la Iglesia, explicó que el sacerdote tañó las campanas como gesto de solidaridad con la población tras más de 12 horas sin servicio eléctrico. Aunque la funcionaria Caridad Diego, jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central, evitó hablar abiertamente de expulsión —“sería un escándalo”, dijo la fuente—, sí dejó claro que la residencia del sacerdote no será renovada, lo que implica su salida obligatoria del país una vez expire su documentación.
De acuerdo con fuentes dentro de la propia Iglesia, agentes de la Seguridad del Estado presionaron directamente al sacerdote, quien deberá abandonar Cuba y regresar a México este jueves.
Tensión con la Iglesia
La expulsión de facto de José Ramírez ocurre en un contexto de creciente fricción entre el régimen y voces críticas dentro de la Iglesia Católica. Sacerdotes como Lester Zayas, Alberto Reyes, Kenny Fernández Delgado y José Conrado Rodríguez Alegre, así como religiosas como Sor Nadiezka Almeida, han denunciado la crisis nacional y la falta de libertades, interpretando el evangelio desde la realidad cubana y provocando irritación en el gobierno.
En 2022, el régimen expulsó al sacerdote dominicano David Pantaleón, superior de los jesuitas en Cuba por sus críticas a la dictadura y su trabajo pastoral.
“Lamentamos que el gobierno cubano, en uso de sus facultades de poderío dictatorial, sin principios ni valores, le obliga a abandonar el país: temen a la verdad, temen al rostro del bien y quieren deshacerse de lo que les molesta, es su único modo de proceder”, escribió en aquel momento en Facebook la monja Sor Ariagna Brito Rodríguez, de las Hermanas de la Caridad del Cardenal Sancha.
Caridad Diego —señalada por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC) como responsable de la represión religiosa en la isla— ha sido acusada en repetidas ocasiones de utilizar visas y residencias temporales como mecanismo de presión contra sacerdotes, religiosas y laicos. “Es una práctica sistemática para silenciar a los agentes de pastoral”, afirmó a Martí Noticias Luis Domínguez, miembro de la FHRC.
Protestas masivas y represión
El incidente con el sacerdote ocurrió en medio de una ola de protestas entre la noche del lunes y la madrugada del martes, una de las más extensas en meses. En La Habana, vecinos de Diez de Octubre combinaron cacerolazos con el repique de las campanas de La Milagrosa, mientras en Marianao bloquearon calles con calderos y escombros, enfrentándose a fuerzas policiales. Usuarios denunciaron además cortes de internet en zonas donde crecían las concentraciones, una práctica habitual del régimen ante manifestaciones.
Las protestas también se extendieron a localidades de Guantánamo como Cabacú y Jamal, en un país sumido en una de sus peores crisis en décadas: apagones diarios, escasez severa de alimentos y medicinas, y un sistema sanitario colapsado por la circulación de varios virus. Según el Observatorio Cubano de Conflictos, noviembre cerró con 1.326 protestas, la cifra mensual más alta registrada por esa organización.
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