Prisoners Defenders informó que Cuba cerró el año 2025 con un total de 1.197 prisioneros políticos y de conciencia, tras sumar 134 nuevos casos durante los últimos doce meses.
Solo en el mes de diciembre se registraron 10 nuevos encarcelamientos, la mayoría en el oriente del país, que han sido acusados del delito de "propaganda contra el orden constitucional".
Según declaró a Martí Noticias Javier Larrondo, presidente de la organización, estas cifras confirman que la persecución y la privación de libertad se mantienen como herramientas para silenciar a la ciudadanía.
Larrondo detalló que entre las personas identificadas hay 128 mujeres y 32 prisioneros que fueron detenidos siendo menores de edad.
Además, la organización ha identificado a 464 presos con patologías médicas graves y 42 con trastornos de salud mental, quienes carecen de tratamiento adecuado en centros penitenciarios.
El informe precisa que 219 manifestantes cumplen condenas por "sedición", con un promedio de 10 años de privación de libertad, incluyendo a 16 personas que eran menores al momento de su arresto.
Los datos presentados por la entidad con sede en España clasifican a los prisioneros en tres grupos: 716 convictos de conciencia, 445 condenados de conciencia con limitación de libertad y 36 casos en la categoría de otros presos políticos.
Larrondo afirmó que todos los integrantes de la lista han sido sometidos a torturas y que se han documentado 15 patrones de maltrato, entre los que destacan la privación de atención médica, las agresiones físicas, el aislamiento y el uso de posturas forzadas.
El informe también vincula la represión en Cuba con la situación en Venezuela, donde Prisoners Defenders asegura fallecieron más de 64 militares cubanos, la mayoría pertenecientes al anillo de seguridad de Nicolás Maduro.
Larrondo denunció que agentes cubanos diseñan y ejecutan torturas en territorio venezolano, replicando exactamente los métodos aplicados en la isla.
Asimismo, el documento señala que Cuba ha exportado a Venezuela el uso de "excarcelaciones fraudulentas" para simular aperturas políticas que no implican una libertad real para los detenidos.
Larrondo sostuvo que las recientes liberaciones anunciadas por el gobierno interino venezolano son en realidad mecanismos de control policial extremo y amenazas, donde los excarcelados mantienen sus cargos penales vigentes.
La organización instó a la Unión Europea y a los gobiernos democráticos a exigir la aplicación de normas internacionales y medidas concretas, advirtiendo que, ante la inacción, el ser humano tiene el derecho a la rebelión frente a la tiranía.
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