El opositor cubano Fidel Mojena Rivero, de 67 años, cumple este jueves diez días encarcelado bajo una investigación penal por "Propaganda contra el orden constitucional", un delito utilizado para criminalizar el disenso que contempla penas de hasta diez años de privación de libertad.
El pasado 19 de mayo, Mojena fue citado para un interrogatorio en la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) de la ciudad de Artemisa. Sin embargo, el proceso desembocó en su traslado inmediato a la Unidad Provincial de Operaciones de la Seguridad del Estado, conocida como el Técnico de Guanajay, donde se encuentra hasta el momento.
Su situación legal se agravó este martes, cuando se le permitió una "visita de aseo", lo que familiares y expertos interpretan como un indicativo de que permanecerá bajo arresto preventivo prolongado.
Su hermano, Félix Mojena, denunció en declaraciones a Martí Noticias que durante el encuentro las autoridades prohibieron expresamente hablar sobre la causa que se le imputa o sobre los interrogatorios a los que ha sido sometido.
El arresto ocurre tras meses de constante hostigamiento por parte del aparato represivo. En junio de 2025, Mojena recibió en su domicilio en Artemisa al jefe de la Misión Diplomática de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer. Días después de este encuentro, la Seguridad del Estado lo amenazó y lo acusó falsamente de involucrarse en terrorismo internacional contra Cuba.
Mojena es un veterano opositor que ha militado por décadas en el movimiento disidente cubano, desempeñándose primero como delegado del Partido 30 de Noviembre en su municipio.
La propagando contra el orden constitucional, que contempla penas de tres a diez años de prisión, se utiliza para criminalizar la oposición al poder político, sancionando a quienes expresen ideas críticas hacia el Estado o promuevan un cambio en el sistema político y social establecido en la Constitución de 2019.
Las autoridades cubanas aplican esta figura legal por emitir opiniones críticas contra el gobierno o hacer transmisiones en directo en plataformas digitales, manifestarse públicamente, exigir derechos humanos o denunciar la crisis frente a instituciones gubernamentales, colocar carteles con mensajes considerados subversivos o contrarios al sistema socialista y promover o recibir instrucciones y o financiamiento del exterior para realizar actos que el gobierno califica de subversivos dentro del país.
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