La represión estatal en Cuba continúa escalando y alcanzó en noviembre de 2025 un nuevo umbral alarmante. Ese mes, Prisoners Defenders (PD) incorporó 19 nuevos presos políticos a su lista, elevando el total a 1.192 personas encarceladas o sometidas a medidas de restricción de libertad por motivos políticos.
Para la organización, este fenómeno confirma que la represión “no solo no disminuye, sino que se consolida como política de Estado”.
“El régimen cubano ha institucionalizado el castigo político como herramienta de control social. La detención arbitraria, las desapariciones forzadas y la violación sistemática del debido proceso ya no son excepciones, sino la norma”, afirmó a Radio Martí Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
Un patrón de persecución cada vez más amplio
Los nuevos casos incluyen activistas, ciudadanos comunes, trabajadores, profesionales e incluso personas con enfermedades mentales o condiciones de vulnerabilidad.
Según PD, este patrón demuestra que la represión no se dirige solo a la disidencia organizada, sino al malestar social generalizado, en un país golpeado por apagones, colapso sanitario, pobreza extrema y descontento masivo.
“En Cuba ya no se castiga solo la protesta: se castiga la queja, la opinión y hasta el suspiro público del ciudadano que expresa hartazgo. El objetivo es sembrar miedo y paralizar a toda la sociedad”, explicó Larrondo.
Los arrestos de noviembre reproducen mecanismos represivos reiterados:
detenciones sin orden judicial, incomunicación total, desapariciones forzadas, temporales, interrogatorios sin abogado, presiones para firmar advertencias, uso de delitos vagos como “desobediencia”, “desacato” o “desórdenes públicos”.
Para la organización, estas prácticas configuran un modelo de represión estructural que viola de manera frontal los estándares internacionales de derechos humanos.
Una crisis que desborda a la ciudadanía
Mientras los cubanos enfrentan una crisis económica y sanitaria sin precedentes, el Estado responde con más control y más castigo. “Las cifras revelan un colapso absoluto del Estado de derecho. La represión no es una reacción improvisada: es el último pilar que sostiene a un sistema que ya no tiene capacidad de gobernar sin ejercer terror”, señala Larrondo.
La represión se extiende también a personas con padecimientos de salud mental, adultos mayores, jóvenes y trabajadores sin militancia política. Para PD, el mensaje del régimen es claro: ninguna expresión de descontento será tolerada.
Un récord histórico de persecución
Prisoners Defenders subraya que Cuba se mantiene como el primer país del mundo en número de detenciones arbitrarias verificadas ante Naciones Unidas, y uno de los países con mayor número de desapariciones forzadas registradas por los procedimientos especiales de la ONU.
Desde julio de 2021 hasta noviembre de 2025, la organización ha documentado 1.925 personas encarceladas por motivos políticos, un volumen que no se veía desde los momentos más duros de la historia represiva del castrismo.
“Estamos ante la mayor ola represiva en seis décadas. Cuba vive hoy un terrorismo de Estado que se aplica de forma sistemática, organizada y con total impunidad”, denunció Larrondo.
Un llamado urgente a la comunidad internacional
Prisoners Defenders sostiene que la comunidad internacional, especialmente la Unión Europea, debe revisar de inmediato su política hacia Cuba. Según Larrondo, el apoyo diplomático y financiero otorgado durante años al régimen ha contribuido a profundizar la represión.
“Europa no puede seguir mirando hacia otro lado. No puede financiar a un Estado que encarcela a psiquiatras por opinar en la calle, a adolescentes por protestar y a ciudadanos por escribir en Facebook. Es urgente rectificar”, concluyó.
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