Cuba
Julio Ferrer: “En esta confrontación pacífica estamos demostrando la inoperancia del sistema”
La Habana - Para llegar a la casa del abogado disidente Julio Ferrer Tamayo, 58 años, la concurrida Esquina de Tejas, a diez minutos en automóvil del centro de La Habana, puede servir como punto de referencia. En la famosa esquina convergen cuatro arterias principales de la ciudad: Monte, Infanta y las Calzadas del Cerro y Diez de Octubre.
Caminando por un portal sucio de baldosas rotas, luego de pasar San Joaquín y Romay, en una minúscula casa cuya puerta da a la calle Monte, reside Ferrer, quien me recibe con un short negro y un pulóver azul. Su domicilio es una habitación calurosa con una 'barbacoa' que sirve de dormitorio y baño. La pequeña sala está ocupada por un sofá y dos butacones tapizados en colores ocres. En un multimueble, un equipo de música estéreo y un televisor antiguo.
Tras once meses encarcelado el pasado 25 de agosto, Julio Ferrer fue liberado. Es un hombre libre. O al menos eso supone. Seis días después, en la mañana del jueves 31 recibió una grata noticia. “En un juicio que le realizaron a mi esposa, el tribunal dictaminó que debía ser absuelta. No creo que la excarcelen pronto, pero espero que antes de finalizar el año pueda estar de nuevo en nuestro hogar ”, dice Ferrer.
Desde el 31 de julio de 2012, hace cinco años y un mes, la abogada Marienys Pavó Oñate duerme con un traje gris de reclusa en una cárcel de mujeres ubicada al oeste de la capital. “Los procesos orquestados por la maquinaria jurídica contra ella y contra mí, se han montado con evidencias falsas. Detrás hay una cacería de brujas hacia mi persona, porque desde 2009 me afilié a organizaciones de juristas independientes”, señala Ferrer en tono pausado.
Sus discrepancias con el gobierno comenzaron mucho antes. Natural de Santiago de Cuba, a 957 kilómetros al este de La Habana, Julio fue educado por sus padres con una máxima: la dignidad no se negocia.
Como la mayoría de los cubanos, aplaudió a los que ofrecían discursos de prosperidad y soberanía. Pero siempre mantuvo sus criterios propios. Al graduarse de Derecho, de primera mano conoció la corrupta maquinaria jurídica cubana.
Llegó a convertirse en uno de los más respetados jueces y en un abogado de calibre dentro de un régimen totalitario, donde el conjunto de leyes que norma a la sociedad, suele ser letra muerta.
En 1993 decidí dejar de ejercer como juez y comencé a laborar como abogado en un bufete colectivo.
“Hasta 1993 fui juez del tribunal municipal de Guanabacoa. Cuando ocupé el puesto, había decenas de casos archivados y otras irregularidades que junto al equipo que trabajaba conmigo, logré poner al día. Siempre he mantenido un precepto cardinal: respetar el imperio de las leyes, propiciar un juicio justo y con garantías procesales y cuidar que las diferentes instituciones, ya sea la Fiscalía o la instrucción policial, documenten correctamente cada acusación. Pero muchas veces, los encargados de administrar la justicia incumplían ese precepto. Las causas del incumplimiento eran diversas e iban desde el mal trabajo hasta lo más peligroso: falsificar testimonios para incriminar a un inocente”, explica Ferrer.
Y pone de ejemplo “el caso de una persona que cumplía prisión preventiva y ni siquiera existía la documentación en el tribunal. Ese ciudadano debió ser liberado de inmediato. Para justificar las arbitrariedades jurídicas se construyó el caso, falsificando incluso el libro de registro del juzgado”.
En su opinión, “los tribunales en Cuba no tienen autonomía. El sistema de justicia es manejado a su antojo por los gobernantes y sus instituciones policiales. Existen sutiles mecanismos de coacción para que un juez se pliegue a los intereses del partido municipal, provincial o autoridades policiales. Durante las fiestas de La Tutelar, que se celebran el 15 de agosto en honor de Nuestra Señora de la Asunción, patrona de Guanabacoa, la policía mandaba al tribunal un camión lleno de detenidos por supuesta presunción delictiva con la intención de que efectuáramos juicios exprés y los encarceláramos. Como juez, al ver que se quebrantaban los procedimientos penales, los liberaba. Eso me granjeó antipatías dentro del Ministerio del Interior, la Fiscalía y el Partido Comunista”.
En Cuba, la autonomía por cuenta propia tiene su precio. Existe una frontera invisible, donde nadie sabe cuál es el límite de lo permisible, pero que no se puede franquear. Y el jurista Julio Ferrer la traspasó.
“Tuve expedientes de personas sancionadas que, por diversas irregularidades, fueron absueltas y tuvieron que devolverles sus propiedades. Recuerdo el caso de una empresa fantasma que dirigía el Consejo de Estado e incumplía abiertamente todas las leyes vigentes. Un trabajador fallece por un accidente laboral y la Fiscalía acusa a un electricista como presunto culpable. Luego de estudiar toda la documentación, pedí que comparecieran como acusados el director de la empresa y el jefe de recursos humanos con el objetivo de esclarecer los hechos. El mismísimo José Luis Toledo Santander, entonces fiscal del Tribunal Provincial y decano de la Facultad de Derecho, hoy al frente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, se llegó a mi oficina para intentar persuadirme. Al no convencerme, sencillamente anularon el juicio”, rememora Ferrer.
Amistades cercanas a Julio le hicieron saber de la animadversión hacia él que sentían las autoridades políticas y policiales del municipio habanero de Guanabacoa. Lo tenían en el punto rojo del colimador.
Existen sutiles mecanismos de coacción para que un juez se pliegue a los intereses del partido municipal, provincial o autoridades policiales.
“Mucho antes de entrar en la disidencia, estaba marcado como un tipo 'conflictivo'. Trataron de comprarme por diversas vías y me mantuve firme. La mayoría de los jueces y fiscales que atienden casos de interés del Estado, colaboran con la Seguridad y eso jamás lo iba aceptar. En 1993 decidí dejar de ejercer como juez y comencé a laborar como abogado en un bufete colectivo. Nunca me pillaron en nada sucio. Era el primero en llegar a mi puesto de trabajo y el último en marcharme. Siempre me mantuve estudiando, superándome, actualizándome. Me especialicé en derecho penal, administrativo y militar. Pero ya yo era un estorbo”, confiesa Ferrer.
Y llegó el momento de pasarle la cuenta. Ocurrió en 2009, cuando primero ingresó en la Asociación Jurídica Cubana, y después en Cubalex, dos organizaciones consideradas ilegales por el régimen. Comenzó entonces la cruzada contra el matrimonio de abogados formado por Julio Ferrer Tamayo y Marienys Pavó Oñate. Cubalex, una consultoría que dirigía Laritza Diversent, el 23 septiembre de 2016 fue disuelta a la fuerza por la Seguridad del Estado.
Todos los que desobedecen al castrismo, saben que una de las estrategias favoritas de los servicios especiales para plegar a un opositor es utilizar a la familia. Y Marienys, la esposa de Ferrer, fue la primera víctima. “La acusaron de cohecho y supuesta falsificación de documentos de su propia casa. Luego la sancionaron por estafa a nueve años de privación libertad. Y posteriormente, en una conjunta, la condena se quedó en siete años. Todo es un invento. Su caso no resiste el más mínimo análisis jurídico. Incluso la jefa del penal ha pedido diferentes documentaciones a los tribunales y la respuesta ha sido el silencio. Mi esposa es un rehén. Una estrategia para doblegarme”.
El propio Julio ha sido inculpado por el régimen de diversos delitos. Pero al final las autoridades terminan liberándolo. “Cuando el 23 de septiembre, de manera arbitraria me detuvieron en las oficinas de Cubalex, en cinco unidades policiales no quisieron recibirme por las evidentes irregularidades del caso. Todo este proceso es un montaje de ellos”, término que Ferrer utiliza para referirse a la policía política y el sistema jurídico cubano.
"Mi esposa es un rehén. Una estrategia para doblegarme”
Julio Ferrer cumplió once meses de privación de libertad en la prisión 1580, situada en San Miguel del Padrón, al sureste de La Habana. "¿Quién paga por esos errores judiciales?", le pregunto. “En Cuba existe una norma de compensación ante cualquier arbitrariedad legal. Pero nunca se hace efectiva, y menos con alguien que consideran enemigo de la revolución”, contesta el abogado independiente, que aún mantiene su pleito desigual contra el Estado despótico.
“Voy a presentar en los tribunales una demanda contra el canciller Bruno Rodríguez por las falsedades y calumnias que contra mi persona presentaron en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra”, acota Ferrer.
"¿Qué gana con esa querella? ¿No se da cuenta que Cuba es una auténtica dictadura?", le vuelvo a preguntar. “Tener un conocimiento de las leyes imperantes te ponen en una mejor situación. Ni siquiera el gobierno cumple con sus propias legislaciones. En esta confrontación pacífica estamos demostrando la inoperancia del sistema. El arma que nos puede dar la victoria es poseer más conocimientos legales que los funcionarios del gobierno”, responde.
La noche comienza a caer en El Pilar, popular barrio de El Cerro donde reside el incansable abogado disidente. De fondo se escucha el bullicio de una cuartería aledaña a su vivienda y un reguetón a todo volumen.
Voy a presentar una demanda contra el canciller Bruno Rodríguez
Julio Ferrer prende el viejo televisor. Quiere ver un partido de béisbol de la Serie Nacional. Luego llama por teléfono a su hija Carla y charlan un rato. Un día cualquiera de octubre o noviembre espera que su esposa toque a la puerta.
El futuro a mediano plazo del matrimonio Ferrer-Pavó probablemente sea emigrar a Estados Unidos como refugiados políticos. No ven otra salida. Han sufrido un brutal acoso del régimen. Y en Cuba se encuentran en tierra de nadie.
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Los Santos de Hialeah: La iglesia Lukumí cubana que llegó a la Corte Suprema (VIDEO)
Los Santos de Hialeah es una serie audiovisual que narra la batalla legal que enfrentó durante la década del 90' a la Iglesia Lukumí Babalú Ayé contra el gobierno de la ciudad de Hialeah y otros grupos protectores del bienestar animal como PETA y Humane Society.
Los practicantes de la religión Lukumí buscaban defender su derecho a sacrificar animales como parte de sus rituales religiosos. Sin embargo, las leyes de Hialeah les prohibían esta práctica, considerándola como un acto de crueldad animal.
La iglesia desafió esta prohibición, argumentando que violaba su derecho a la libertad religiosa, protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza que el Congreso no puede crear ninguna ley que establezca una religión oficial o prohibir el libre ejercicio de una religión en particular. Esta enmienda protege la libertad de expresión, de prensa, de reunión, y el derecho de solicitar al gobierno compensación por agravios.
El caso de los santeros cubanos llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1993, donde se dictaminó a favor de la iglesia lukumí (también se escribe lucumí), sentando un precedente importante para la protección de la libertad religiosa.
La serie cuenta con los valiosos testimonios de los protagonistas implicados en el caso: Oba Ernesto Pichardo, cofundador y presidente de la Iglesia Lukumí Babalú Ayé en Hialeah; Lázaro Cuesta, sacerdote de la religión Lukumí; Jorge Duarte, abogado del caso, Thomas Wenski, arzobispo de Miami; y Raúl Martínez, ex alcalde de Hialeah entre 1981 y 2005.
La investigación de Martí Noticias incorpora el valioso aporte de las periodistas Ileana Bravo y Aminda (Mindy) Marqués; quienes cubrieron esta disputa legal desde su desarrollo inicial hasta su triunfo en la Corte Suprema de los Estados Unidos.
La victoria del caso Church of Lukumi Babalu Aye, Inc. v. City of Hialeah es un ejemplo de cómo las comunidades minoritarias pueden luchar por sus derechos y lograr cambios en los Estados Unidos.
Niegan régimen de mínima severidad al joven preso del 11J Ángel Jesús Veliz Marcano
Las autoridades del penal de Kilo 9, en la provincia de Camagüey, negaron el cambio a un régimen de menor severidad al preso político cubano Ángel Jesús Veliz Marcano.
Su madre, Ailex Marcano, dijo a Martí Noticias que ni a ella ni a su hijo le han dado una explicación sobre las razones de la negativa. "Ellos siempre dicen que tiene un comportamiento adecuado, que está tranquilo", comentó.
Hace más de una semana, Veliz Marcano tuvo una visita en el penal y los oficiales quedaron en darles una respuesta pero hasta el momento no han dicho nada.
En octubre pasado al joven también le fue negado el cambio de medida por una supuesta indisciplina.
Ángel Jesús Veliz Marcano, de 29 años, fue condenado a seis años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021.
Su madre ha denunciado en múltiples ocasiones malos tratos contra su hijo en la cárcel y negación de atención médica cuando la ha necesitado, además de amenazas por parte de los oficiales del penal.
Ailex Marcano también ha sido objeto de hostigamiento por exigir la libertad de su hijo. En varias ocasiones la policía la ha detenido y amenazado.
Esta semana también le fue negado el cambio a régimen de mínima seguridad al preso político José Alejandro Rodríguez Gelín, de 24 años.
El joven cumple una sanción de cinco años de privación de libertad por cargos de instigación a delinquir y desorden público tras su participación en las protestas en Jovellanos, provincia de Matanzas.
Al cierre del mes de marzo, la organización Prioners Defenders registraba 1092 prisioneros ppolíticos y de conciencia en la isla.
Consejo de Relatores de Derechos Humanos en Cuba denuncia el caso de tres presos políticos
El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, a través del abogado Juan Carlos González Leyva, ha denunciado la situación de tres presos políticos: Taimir García Meriño, Eglis Heredia Rodríguez y Jorge Cervantes.
La presa política, residente de Victoria de las Tunas, fue condenada en el mes de marzo de 2022 a cinco años de prisión por los presuntos delitos de atentado, desórdenes públicos y desacato. La mujer encarcelada por respaldar a un trabajador independiente, a quien inspectores estatales y agentes policiales imponían una elevada multa por vender plantas medicinales, se encuentra recluida en la prisión Granja Cinco en Camagüey.
“Taimir padece de seis enfermedades en estos momentos, muchas de ellas en crisis casi el mes completo. El año anterior fue diagnosticada con la vesícula acodada y ahí estamos esperando todavía que a la dictadura le dé la gana de llevarla a un salón de operaciones. Y bueno de las otras enfermedades, de la presión, de la diabetes... El medicamento hemos tenido que comprarlo en la calle, a altos precios, para poder mantenerla a ella con vida ahí en prisión, debido a que ellos no tienen medicamentos para los encarcelados”, advirtió Holmis Rivas Carmenate, el esposo de la activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).
En el caso de Eglis Heredia Rodríguez, recluido en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba, tras ser condenado en 2014 por el delito de atentado, el relator dijo que estaba "muy enfermo y sin asistencia médica para un cáncer de garganta muy avanzado que le impide hablar".
"Está extremadamente delgado debido a la hambruna y sufriendo malos tratos a manos de la guarnición de ese centro carcelario", agregó González Leyva.
Heredia Rodríguez había sido excarcelado con una licencia extrapenal por un cáncer que sufre en la laringe, pero esta medida fue revocada porque continuó con su activismo.
De acuerdo con el reporte de varios familiares y compañeros de prisión, la policía política le impide las visitas familiares.
También el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba denunció que el opositor de la UNPACU, Jorge Cervantes, fue trasladado de la cárcel de Aguadores, en Santiago de Cuba, para la prisión de máxima seguridad de Boniato, en la misma provincia, luego de protestar en huelga de hambre por varios días.
Cervantes está detenido desde el 12 de marzo y actualmente está bajo investigación por delitos contra la Seguridad del Estado.
En su caso aún no se ha hecho una petición fiscal.
"Jorge no acepta abogados porque él dice que eso es por gusto, al pasarse de los 10 días en huelga de hambre en Aguadores lo pasaron para Boniato”, dijo Gretchen Alfonso Torres, esposa del activista.
Un total de 19.571 cubanos entraron por frontera a EEUU en marzo
Un total de 19.571 migrantes cubanos llegaron a la frontera de Estados Unidos en marzo pasado, una ligera disminución respecto a febrero (20.815), según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de EEUU (CBP por sus siglas en inglés).
La mayoría de los migrantes, 13.411, entraron por los diferentes puntos de la frontera sur; y el resto por vía marítima.
Solo México (67.026) y Venezuela (21.367) superaron a Cuba en la entrada de migrantes en ese periodo. El éxodo masivo de ciudadanos de la isla que comenzó en diciembre de 2021, cuando Nicaragua eliminó el requisito de visado para los cubanos, se ha mantenido imparable desde entonces.
Según CBP, en marzo llegaron 110 menores cubanos no acompañados, la menor cifra registrada desde septiembre de 2023. En los últimos seis meses, el total ha ascendido a 791.
"CBP continúa trabajando estrechamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE. UU. (ICE) y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU. (USCIS) para procesar rápidamente a las personas encontradas en la frontera y expulsar a aquellos que no establecen una base legal para permanecer en los Estados Unidos", recoge el comunicado.
La llegada de migrantes cubanos en el primer semestre del actual año fiscal, que comenzó en octubre pasado, alcanzó los 126.517.
Además de las detenciones en frontera, los datos de CBP recoge el número de cubanos que llegó a Estados Unidos a través del programa de parole humanitario, aprobado por Joe Biden en enero de 2023.
"Hasta finales de marzo, un total de 404.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos llegaron legalmente en vuelos comerciales y se les concedió la libertad condicional bajo estos procesos", destaca el documento. En el caso de los cubanos, fueron aprobados hasta esa fecha 86.000.
“Le colocan un machete en el cuello y le quitan la mochila": activistas denuncian agresión y robo a su hijo
El 2024 despunta como otro año marcado por la inseguridad ciudadana y las quejas de la población por la indolencia policial ante los delitos, afirmó este miércoles a Martí Noticias la activista Marthadela Tamayo, cuyo hijo fue agredido con el propósito de robarle la mochila que portaba.
El adolescente de 16 años, Miguel Alfredo Santana Tamayo, fue amenazado con un machete, alrededor de las 2 de la tarde de este miércoles, muy cerca de su casa ubicada en el Reparto Casino del municipio habanero Cerro.
“Le colocan un machete en el cuello y le quitan la mochila. El ladrón se dio a la fuga”, relató Osvaldo Navarro, esposo de Marthadela Tamayo y padrastro del muchacho atacado.
“Nos dirigimos a la estación más cercana, la que queda en Calle Blanquita y Entrada en Casino Deportivo”, añadió.
El oficial alegó que esa unidad se había convertido en un centro de reunión de los jefes de sectores, que no registra denuncias, por lo que debían dirigirse a la 4ª. unidad del Cerro.
“La 4ª. del Cerro es bastante lejos de aquí, de la casa, aproximadamente unos 25 minutos en transporte público y en La Habana no hay transporte público”, precisó Tamayo.
La familia que acudió a las autoridades policiales a reportar el asalto, lejos de ver atendida su demanda, se sintió en peligro:
“Nosotros insistimos que al menos habría que tramitar algo referente a lo que había pasado, en una llamada o un documento, llamar a una patrulla, pero en vano. Se acaloró la discusión, fuimos maltratados. [El oficial] trató de intimidarnos con levantarnos un acta de advertencia a cada uno, incluyendo a Miguel Alfredo que, según dijo, ya tiene edad para responder ante la Ley”, aseveró Navarro.
“Todos presenciamos la dejadez con la que el [agente policial] trató el asunto y esa es la realidad de este país. Actualmente recurrir a cualquier instancia policial equivale a poca atención o casi ninguna. Los asaltos siguen en aumento y nosotros en este momento lo estamos viviendo en carne propia, aunque somos conscientes y venimos denunciando desde hace mucho tiempo toda la violencia que está presente en las calles, en los barrios, en las comunidades a lo largo y ancho de la isla”, recalcó Navarro.
No obstante, el régimen indica que “la difusión de información y noticias falsas” pretende crear una percepción de inseguridad en la población”, que no es real.
En ese sentido, la feminista subrayó: “Estoy no solo hablando como activista, estoy hablando como madre. Mi hijo fue víctima de un acto violento ocurrido en los bajos de nuestra casa, y nosotros fuimos maltratados por el policía al que acudimos buscando protección, pero que se puede esperar si dentro de una estación de policía ocurrió un feminicidio”.
En febrero de 2023, Leidy Bacallao, de 17 años, fue asesinada a machetazos en una estación de policía adonde había acudido a refugiarse en el poblado Camalote, del municipio camagüeyano Nuevitas.
Más tarde, la familia se presentó en la 4ª. unidad de la Policía, donde le tomaron declaraciones y le solicitaron a Miguel Alfredo hacer un retrato hablado porque pareciera que [el delincuente] es alguien del barrio.
“Y eso es lo que sí me preocupa, porque si es una gente de la zona se llevó la libreta de abastecimiento que identifica a uno, y eso sí me inquietaría muchísimo más”, lamentó Tamayo.
Una encuesta de la revista oficialista Bohemia reveló en noviembre de 2023 que no todos los perjudicados hacen denuncias en la policía, y que la mayoría de las reclamaciones no se han solucionado favorablemente.
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