Un informe publicado el martes por las organizaciones Democratic Spaces y Human Rights Action Group exige a Canadá que abandone su enfoque excepcionalista hacia La Habana y alinee su estrategia exterior con la defensa coherente de los derechos humanos y la seguridad democrática global.
El análisis pone bajo la lupa la influencia del régimen cubano en la estabilidad global, calificándolo como una pieza central de poder autocrático que amenaza la seguridad y la democracia en el hemisferio occidental y Europa.
Prueba “cómo el régimen cubano forma parte de una red autoritaria global junto a Rusia, China y Venezuela”, dijo a Martí Noticias Michael Lima, Presidente de Democratic Spaces.
El expediente “Cuba y el nexo autoritario: represión interna, agresión externa y alianzas liberales” (en inglés Authoritarian Nexus: Internal Repression, External Aggression, and liberal Partnerships) demuestra con nuevas evidencias cómo La Habana se ha extendido más allá de sus fronteras para inmiscuirse en conflictos internacionales y fortalecer regímenes represivos.
La investigación, liderada por Michael Lima, Isabelle Terranova y Sarah Teich, detalla la participación directa de Cuba en tres frentes críticos: el apoyo activo a la invasión rusa a Ucrania mediante el reclutamiento de ciudadanos cubanos para las fuerzas militares de Moscú; el servicio de la isla al espionaje internacional sirviendo como base para operaciones de inteligencia rusas y chinas y la exportación de la represión a países como Venezuela donde Cuba actuó como soporte fundamental para el sostenimiento de Nicolás Maduro.
“El informe busca contrarrestar narrativas propagandísticas promovidas por el régimen cubano y sus seguidores en Canadá que intentan vender la idea de que sus alianzas con Rusia y China no tienen implicaciones geopolíticas. Demostramos que sí las tienen y que afectan directamente la paz, la seguridad y la democracia en el hemisferio”, indicó Lima.
El régimen cubano facilita el reclutamiento de mercenarios para la guerra de Rusia en Ucrania, alberga operaciones vinculadas a inteligencia rusa y china y ha contribuido a sostener el aparato represivo en Venezuela.
Uno de los puntos más críticos del informe es la denuncia de una notable inconsistencia en la política exterior de Ottawa. Los autores resaltan una contradicción difícil de justificar: mientras Canadá ha sancionado a más de 150 funcionarios de Venezuela y Nicaragua por violaciones a los derechos humanos, ni un solo funcionario cubano ha sido objeto de sanciones similares.
Esta disparidad se extiende al ámbito mediático. Mientras que los medios estatales rusos están prohibidos en Canadá por su papel en la desinformación, el canal estatal Cubavisión Internacional se transmite libremente en los hogares canadienses, sirviendo como plataforma para la propaganda del régimen.
El informe concluye con un decálogo de recomendaciones para el gobierno canadiense, entre las que destacan: imponer a Cuba la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos, es decir sanciones contra individuos responsables de torturas, detenciones arbitrarias y persecución política.
Del mismo modo reclaman que se retire la licencia de emisión a Cubavisión Internacional en territorio canadiense y exigen al gobierno canadiense un compromiso genuino con la sociedad civil independiente, así como priorizar la defensa de los presos políticos cubanos.
Canadá y Cuba mantienen relaciones diplomáticas ininterrumpidas desde 1945, caracterizadas por fuertes lazos comerciales, inversiones significativas en minería y petróleo, y el turismo.
“En momentos en que Canadá anuncia ocho millones de dólares en ayuda humanitaria a Cuba, una recomendación clave es que esa ayuda llegue directamente al pueblo cubano y no se convierta en un salvavidas para una dictadura que depreda los derechos humanos”, recalcó el activista cubano canadiense.
De acuerdo a las autoridades del país norteño, los fondos se canalizarán a través de agencias de la ONU (como el Programa Mundial de Alimentos y UNICEF) para asegurar que lleguen directamente a la población vulnerable y no a través del gobierno cubano.
“Este es el momento para que Canadá apoye el llamado a la legalización de las ONGs y las organizaciones independientes en Cuba que conocen sus comunidades y pueden distribuir la ayuda con transparencia. Canadá no puede defender la democracia en las Américas mientras aplica un estándar distinto al régimen cubano”, enfatizó.
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