La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lanzó el martes una nueva advertencia a las personas beneficiadas por la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.
Durante un encuentro celebrado en el Palacio de Miraflores con representantes del Foro Interreligioso, aseguró que algunos de los liberados estarían promoviendo nuevamente la confrontación política.
“Hay personas que han sido beneficiadas por la Ley de Amnistía o beneficiadas por otros mecanismos de medidas judiciales que permitieron su libertad y están planificando el conflicto”, afirmó Rodríguez.
La sustituta de Maduro agregó que, a su juicio, desde el 3 de enero “no hay extremismo, radicalismo ni conflicto” en Venezuela, y sostuvo que el país no debe regresar a un escenario de polarización.
Sin embargo, la advertencia de Rodríguez ocurre en medio de cuestionamientos sobre la propia Ley de Amnistía.
Mientras el oficialismo asegura que más de 8.400 personas han sido beneficiadas desde febrero, organizaciones como Foro Penal sostienen que todavía permanecen detenidos al menos 490 presos políticos, entre ellos 303 civiles y 187 militares.
También denuncian que el gobierno no ha publicado una lista oficial de amnistiados ni los criterios utilizados para determinar quiénes reciben la medida.
La norma, aprobada por la Asamblea Nacional el 19 de febrero, fue presentada por Rodríguez como un mecanismo para “cerrar el ciclo de confrontación” iniciado desde 1999.
Sin embargo, familiares de presos políticos, periodistas, dirigentes opositores y organizaciones de derechos humanos han denunciado que muchas excarcelaciones han sido parciales, acompañadas de medidas cautelares, prohibiciones de declarar a la prensa o restricciones para salir del país.
Las nuevas declaraciones también contrastan con el tono que Rodríguez mantuvo en años anteriores.
En noviembre de 2024, cuando aún era vicepresidenta, calificó públicamente a María Corina Machado de “terrorista” y “criminal”, en una de las etapas de mayor confrontación política con la oposición.
Asimismo, en mayo de 2024 acusó al gobierno de Estados Unidos de estar detrás de las riquezas minerales y petroleras de Venezuela, y en agosto de 2025 advirtió a los “halcones” estadounidenses que el país estaba “preparado” para responder.
Desde enero de 2026, no obstante, Rodríguez ha intentado proyectar una relación distinta con Washington, ha respaldado públicamente a la administración de Donald Trump y sostuvo reuniones con funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario de Energía Chris Wright, con quien discutió la recuperación del sector petrolero venezolano.
La semana pasada, además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos eliminó a Rodríguez de la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida como OFAC, donde figuraba desde 2018.
La medida fue interpretada por analistas como parte de la estrategia de Washington para facilitar una eventual transición política en Venezuela.
En paralelo, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha insistido en que cualquier proceso político venezolano debe desembocar en elecciones “libres, justas y transparentes”.
Desde Caracas, el politólogo y ex preso político Nicmer Evans advirtió que para lograr ese escenario es indispensable renovar las autoridades del Consejo Nacional Electoral y garantizar una verdadera separación de poderes. Evans también planteó que, tras más de tres meses sin una definición institucional sobre la ausencia presidencial, debe declararse la vacante absoluta o activarse la prórroga constitucional para convocar elecciones.
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