El ejercicio del periodismo en Venezuela continúa marcado por la incertidumbre, la presión institucional y múltiples limitaciones que afectan tanto la labor informativa como la vida cotidiana de los comunicadores.
Así lo advierte Édgar Cárdenas, secretario general del seccional Caracas del Colegio Nacional de Periodistas, quien asegura que los reporteros siguen cumpliendo su trabajo en medio de un ambiente de constante tensión.
“El periodista sigue saliendo a la calle preocupado de cumplir con su labor porque siente que hay una presión permanente”, afirma.
Cárdenas también cuestiona la aplicación de mecanismos legales como la Ley de Amnistía, señalando que su implementación ha sido discrecional, poco transparente y sin criterios claros.
“Ha sido muy discrecional, no muy clara… al final ha demostrado ser selectiva, lenta y sin transparencia”, explica.
El señalamiento forma parte del balance presentado por el Colegio Nacional de Periodistas sobre la situación de la libertad de expresión en Venezuela durante el primer trimestre de 2026.
El gremio documentó más de 70 agresiones contra periodistas y medios de comunicación entre enero y marzo: 18 detenciones arbitrarias, 16 impedimentos de cobertura, 15 deportaciones de corresponsales extranjeros, 10 casos de borrado de material periodístico, nueve hostigamientos, cuatro intimidaciones y el cierre de cuatro emisoras de radio.
Además, el CNP denunció que al menos 20 periodistas y trabajadores de la prensa permanecen en un “limbo jurídico”, sometidos a medidas cautelares y procesos que no avanzan, aun cuando no existen decisiones definitivas en sus expedientes. Según el gremio, esta situación limita su movilidad, sus derechos civiles y mantiene un mecanismo de presión permanente sobre quienes ejercen el periodismo.
A esto se suma una situación que va más allá del ejercicio profesional: periodistas y trabajadores de la prensa enfrentan obstáculos administrativos que limitan su acceso a derechos básicos.
Según el dirigente gremial, hay comunicadores que no pueden tramitar documentos esenciales como la cédula de identidad, debido a registros en sistemas policiales o a medidas cautelares que, aunque no siempre están formalmente establecidas, se aplican en la práctica.
“Hay periodistas que no pueden registrar un documento… no pueden sacar una cédula de identidad porque se les impide o aparecen registrados en el SIPOL”, denuncia.
Este contexto genera un efecto directo dentro del propio gremio: el silencio y la autocensura.
El temor a represalias, detenciones o nuevas restricciones lleva a muchos periodistas a limitar sus opiniones incluso dentro de espacios profesionales, debilitando el debate interno y la capacidad de denuncia.
“El uso del sistema de justicia se ha transformado en una herramienta de hostigamiento silencioso que busca paralizar la labor informativa”, sostiene el balance del CNP.
El informe agrega que más de 50 medios digitales permanecen bloqueados en Venezuela y alerta sobre la aparición de falsos noticieros generados con inteligencia artificial para desplazar la información independiente
Foro