Cuba
Laritza Diversent: “Nunca pensé que por defender los DDHH tuviera que pasar por todo esto”
Destrozaron la puerta de entrada del patio e ingresaron a la vivienda luego de forzar la puerta de la cocina. Ya en el interior, se llevaron cinco computadoras, siete teléfonos móviles, un servidor, seis cámaras de seguridad, tres impresoras, soportes digitales, archivos y dinero.
La Habana, Cuba - Luego de pasar el crucero de La Palma, a dos kilómetros del antiguo paradero de Mantilla, se encuentra enclavado El Calvario, un distrito de casas bajas, caminos sin asfaltar y una multitud de perros sin dueños.
Al final de un callejón angosto radica la sede del Centro de Información Legal Cubalex, una casa biplanta construida con recursos propios que sirve a la vez de oficina de atención al público en la planta baja y vivienda en el piso superior.
Allí, en el verano de 2011, la abogada Laritza Diversent, 36 años, fundó un bufete de asesoría jurídica que presta atención ciudadana sin cobrar un centavo ni importar la posición ideológica de la persona.
“El año pasado atendimos más de 170 casos. La mayoría gente pobre y sin recursos que se siente desamparadas por la maquinaria jurídica del Estado. Asesoramos homicidios, casos de violencia a la mujer, drogas, prostitución y también atendemos a cualquier disidente que lo necesite”, indica Laritza, sentada en un pequeño patio techado al fondo de su casa.
El analfabetismo jurídico en Cuba es lamentable. Muy pocos conocen cual es la Ley Fundamental de la República o los procedimientos que deben cumplir las fuerzas policiales durante los registros, decomisos o cuando hacen una simple citación.
Desde 2009, abogados como Laritza Diversent venían ofreciendo charlas a blogueros, periodistas independientes y opositores, para que supieran cómo comportarse en el momento de una detención.
Pero las leyes en Cuba son una abstracción. Hay un conjunto de mamotretos legales que supuestamente deben ser respetados por las autoridades. Pero las fuerzas represivas son los primeros en quebrantarlas.
Desde 2009, abogados como Laritza Diversent venían ofreciendo charlas a blogueros, periodistas independientes y opositores, para que supieran cómo comportarse en el momento de una detención.
Lo ocurrido el viernes 23 de septiembre es un ejemplo. Cuenta Laritza que “varios vecinos nos habían puesto en alerta sobre un operativo que la Seguridad venía gestando. En la oficina se presentaron una veintena de agentes uniformados, algunos con pistolas en la cintura, así como funcionarios de diversas instituciones del Estado. Traían una orden de registro que no cumplía los requerimientos establecidos por la ley. Cuando se lo hicimos saber recurrieron a la fuerza y violentaron la entrada de la sede de Cubalex, que a su vez es mi domicilio”.
Destrozaron la puerta de entrada del patio e ingresaron a la vivienda luego de forzar la puerta de la cocina. Ya en el interior, se llevaron cinco computadoras, siete teléfonos móviles, un servidor, seis cámaras de seguridad, tres impresoras, soportes digitales, archivos y dinero.
“Actuaron con total impunidad y prepotencia. Las autoridades asumen que ellos están por encima de la ley. Todo lo filmaron. Después nos desnudaron uno por uno y nos cachearon de forma degradante. Fue algo humillante”, señala Laritza.
Se llevaron detenidos al abogado Julio Ferrer Tamayo y al activista Dayán Alfredo Pérez, a quien liberaron doce horas después. Ferrer se encuentra confinado en la unidad policial de Zanja y Dragones, muy cerca del Barrio Chino de La Habana.
Laritza presume que el régimen verde olivo puede enviar a prisión a Julio Ferrer. “Por informaciones de familiares, supimos que en un par de días, Julio va ser presentado en la Sala Segunda de lo Penal. Haremos todo lo que este a nuestro alcance para impedirlo”.
Ferrer Tamayo, quizás uno de los juristas cubanos mejor preparados, fue fiscal en el municipio Guanabacoa y posteriormente abogado defensor. Conoce como pocos la corrupción, el nepotismo y tráfico de influencias en las alcantarillas del sistema legal.
Posee pruebas que señalan a varios magistrados. Cuando decidió convertirse en abogado independiente, sufrió toda clase de acoso por parte de la Seguridad del Estado. Y en una turbia trama legal, lo condenaron a 3 años de privación de libertad. Pero sus conocimientos legales obligaron a la autocracia verde olivo a cambiar de medida y liberarlo, sin haber cumplido la sanción.
Ahora, todo indica que le van a enjuiciar y encarcelarlo nuevamente. La coacción de los servicios especiales no tiene límites en la Isla. Marienys Pavó Oñate, también abogada y esposa de Ferrer, desde el 31 de julio de 2012 se encuentra recluida en la prisión de mujeres Manto Negro, en un caso que él considera una conspiración.
Cubalex, como otros bufetes y agrupaciones al margen del Estado, operan en un auténtico limbo jurídico. De una forma u otra, han intentado inscribirse en el registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia. Pero, o no han tenido respuesta, o le han denegado el derecho a asociarse legalmente.
Al respecto, Laritza expresa que ese status indefinido o semi clandestino, fue el pretexto perfecto para lanzar el violento operativo contra Cubalex el viernes 23 de septiembre.
“Al frente del registro estaba el teniente coronel Juan Carlos Delgado Casanova y la fiscal Beatriz Peña de la Hoz. Pero para darle un barniz de legalidad, participaron, entre otros, funcionarios del Instituto de Planificación Física, la Oficina Nacional de Administración Tributaria y de la DIS (Dirección Integral de Supervisión), un cuerpo de inspección que forma parte del Consejo de Administración Provincial”, apunta la abogada habanera.
Al equipo de Cubalex le preocupa las acciones legales que pueda emprender el Estado contra Jorge Amado Iglesias, colaborador de la oficina, pues tiene licencia de trabajador por cuenta propia y pudieran imponerle una multa de 1,500 pesos. Por su parte, Laritza sospecha que Planificación Física iniciará un proceso para confiscar la sede y su propia vivienda. Al estar en un proceso de investigación que puede demorar meses, Cubalex no puede atender ningún caso.
Laritza Diversent está devastada. Cree que el operativo que sufrió la oficina, sumado a otros casos de detenciones y decomisos a opositores y periodistas alternativos, puede ser el inicio de una inminente ola represiva contra la disidencia a nivel nacional. “Nunca pensé que por defender los derechos humanos tuviera que pasar por todo esto”, dice.
Y es que la nueva vuelta de rosca represiva recuerda demasiado aquella primavera negra de 2003. Lo único que cambia en el modus operandis es la estación del año. De hacerse realidad, sería en otoño.
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Decenas de cubanos que emprendieron viaje ilegal a EEUU son devueltos a la isla

La Guardia Costera de Estados Unidos informó este martes que 32 inmigrantes fueron repatriados a Cuba y 15 fueron transferidos a Bahamas.
De acuerdo a la información divulgada en redes sociales por esta agencia federal, los inmigrantes fueron interceptados en tres operaciones ilegales.
Una nota del Ministerio del Interior de Cuba precisó que los cubanos devueltos por los guardacostas estadounidenses llegaron por el Puerto de Orozco en Bahía Honda, provincia de Artemisa.
Además las autoridades cubanas informaron que otros 10 inmigrantes fueron regresados a Cuba desde Islas Caimán por vía aérea.
"Suman 105 retornos con 4 341 personas desde distintos países en 2023", indicó en Ministerio del Interior.
De acuerdo a cifras oficiales, en lo que va de año fiscal 2023, los equipos de la Guardia Costera de EEUU han interceptado a 6.999 inmigrantes cubanos que usaron la vía marítima para llegar a EEUU.
De manera general, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) certificó el viernes pasado el arribo de 12.697 cubanos en el mes de agosto.
El número representa un drástico ascenso respecto al mes anterior, cuando certificaron que 7.486 ciudadanos de Cuba fueron registrados por las autoridades fronterizas de los distintos puestos de entrada a ese país.
Con esta cifra, asciende a 184.643 el número de inmigrantes cubanos detectados en el periodo fiscal 2023.
Dama de Blanco: “Es muy doloroso que nos priven de nuestro de derecho de llegar a la iglesia”

Por varias horas estuvieron detenidos el domingo 24 de septiembre los padres de la presa política Sissi Abascal Zamora tras intentar llegar a misa en una iglesia de la localidad de Carlos Rojas, en Matanzas.
Ania Zamora dijo a Martí Noticias que es muy doloroso que el régimen les arrebate el derecho de pedir a Dios la libertad de su hija, condenada por los supuestos delitos de “atentado”, “desacato” y “desorden público”, por preguntar, junto a otros activistas, por el estado de algunos detenidos durante las protestas del 11 de julio de 2021 en la estación policial de Carlos Rojas.
“Aquí, en mi poblado, hay una pequeña iglesia, muy bonita, donde las personas nos quieren mucho y nos apoyan y nunca nos dejan (la policía política) llegar a misa, ningún domingo nos dejan llegar a misa”, lamenta la Dama de Blanco, madre de la joven opositora de 26 años condenada a seis años de cárcel.
“Somos detenidos en la vía pública por un operativo donde hay policías vestidos de uniformes y oficiales de la Seguridad del Estado”, explicó Zamora, refiriéndose al domingo número 66 de represión contra miembros de las Damas de Blanco y otros activistas que las acompañan.
“Nos llevan a la estación de la policía y ahí nos tienen por varias horas. Es muy doloroso que nos priven de nuestro derecho de ir a la iglesia, de pedirle a Dios, de rezar por la libertad de Cuba, por la libertad de nuestros hijos y eso es todos los domingos, con nosotros y con muchas Damas de Blanco aquí, en la provincia de Matanzas y en todo el país también”, concluyó Zamora.
Varios informes sobre libertad religiosa en Cuba señalan como una violación a este derecho los sistemáticos operativos de seguridad para detener y multar a las Damas de Blanco y a otros activistas que las acompañan cada domingo cuando intentan asistir a misa para rezar por la libertad de los presos políticos.
Activista de UNPACU se declara en huelga de hambre en cárcel de Baraguá

El preso político Roilán Zárraga Ferrer, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) está en huelga de hambre, de acuerdo a la denuncia de su tía, Marta Hechavarría Castellanos, quien lo atiende en la prisión.
“Está plantado en huelga de hambre en la prisión de Baraguá, del municipio santiaguero de Mella, desde el día 21, en reclamo por atención médica”, afirmó Hechavarría Castellanos a Martí Noticias.
“Tiene problemas estomacales, tiene sangrado en las heces y el médico no ha querido atenderlo, no ha querido llevarlo a hacer un ultrasonido. Él me llamó y me dijo que a partir de ese día iba a hacer huelga de hambre y entonces él dejó mi [número de] teléfono a un compañero para cualquier cosa me avisara. Me llamó y me dijo que lo había sacado el jefe para hablar con él, pero que sigue en su huelga”, dijo la mujer.
“Plantea también que el agua es muy escasa, que a veces no tienen ni para tomar o para lavar la ropa. A veces pasan días sin poder lavar la ropa. Los reclusos confinados en el destacamento 610 están llenos de sarna”, relató Hechavarría, citando a su sobrino.
El activista fue detenido el día 2 de octubre de 2019 en su casa de El Caney en Santiago de Cuba por tres agentes de la policía política. Estuvo incomunicado y en paradero desconocido durante 35 días.
Más adelante fue puesto en libertad limitada hasta que, en noviembre de 2021, un juez de ejecución del tribunal municipal de Santiago de Cuba revocó la medida cautelar que tenía impuesta por poner carteles antigubernamentales en su vivienda y exigir “libertad” en la calle. Fue internado en la prisión Aguadores.
A principios de 2021, las autoridades lo pasaron a un régimen de menor severidad y lo ubicaron en un centro correccional con internamiento. Esa medida también se le invalidó, cuando llegó tarde al establecimiento penitenciario, luego de un pase a su casa por varios días. Fue recluido en el penal Mar Verde y varios meses después, el 16 de septiembre de 2023 a la cárcel Baraguá.
Zárraga Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando Vaillant fueron los tres activistas que junto al líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer García, fueron sancionados en febrero de 2020 por los cargos de “lesiones y privación de libertad”, debido a la acusación de otro opositor.
Amnistía Internacional,Naciones Unidas, Freedom House y otras entidades y gobiernos, se han pronunciado a favor de la restauración de sus derechos.
Organizaciones advierten que mipymes son una argucia del gobierno para aparentar existencia de sector privado

Tres organizaciones opositoras cubanas se unieron para llamar la atención sobre la “treta” que está utilizando el régimen de promocionar un “sector privado” artificial que está, en realidad, bajo los mandos en el poder.
“Vemos con estupor cómo el gobierno intenta crear un supuesto sector privado bajo su control a fin de presentarlo como una apertura y evadir las sanciones externas al sector estatal”, asegura el comunicado suscripto por la Liga de Campesinos Independientes, la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) y la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR).
“Intentan [los gobernantes] vender al mundo unas mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) como supuesta apertura de una economía de mercado. Nada más lejos de la realidad. No son un paso hacia la libertad económica, sino otra treta para evitarla”, advierten.
En el manifiesto, los firmantes recuerdan que desde hace más de un lustro el régimen ha venido asfixiando “a decenas de miles de cuentapropistas”.
Avisan que “las mipymes -con una larga cadena de filtros y autorizaciones para registrarlas que garantiza la discriminación ideológica - no son siquiera un primer paso en la dirección correcta”.
Varios medios de Estados Unidos han informado que la Administración Biden podría adoptar medidas que autoricen préstamos a estas empresas.
A la pregunta de Martí Noticias, el Departamento de Estado no confirmó ni negó la información, aunque reiteró la voluntad de Estados Unidos de apoyar al pueblo cubano en su búsqueda de libertad, prosperidad y un futuro de mayor dignidad.
“Aunque limitado, se trataría de un paso que nada favorecería al sufrido pueblo cubano, si tenemos en cuenta que la inmensa mayoría de estas mipymes están en manos de la alta cúpula de la dictadura o tiene conexiones con ella”, subrayó el secretario general de la ASIC, Iván Hernández Carrillo, desde Colón, Matanzas.
“Seguimos insistiendo que, si de verdad el Gobierno de los Estados Unidos desea ayudar al pueblo cubano, tiene que poner los recursos directamente en sus manos. Y un ejemplo, si de verdad existe esa voluntad, sería ayudar a los trabajadores por cuenta propia, por tanto, no vemos el lado positivo de estas nuevas medidas cuando favorecen a una dictadura”, recalcó el líder sindical.
Las organizaciones opositoras señalan que no se necesitan “empresas importadoras de alimentos de GAESA y sus mipymes, sino libertad económica para producirlos en Cuba”.
Por ello, las tres entidades contestatarias piden a las autoridades de La Habana la legalización e institucionalización de cinco libertades y derechos económicos básicos para todos los cubanos, residentes en el territorio nacional o en el exterior:
1. Registrar de forma directa, sin autorizaciones estatales selectivas y excluyentes, las propiedades privadas de sus tierras, emprendimientos y negocios con personalidad jurídica propia
2. Decidir sobre lo que va a cosechar, en qué cantidades y si alguna parte lo va a transformar y vender en productos manufacturados, así como el derecho a vender su producción de manera directa, sin intermediarios, a clientes nacionales o extranjeros.
3. Decidir sobre la selección de socios e inversionistas, contratación de empleados, crecimiento y expansión de la (o las) empresa (s), precios y comercialización dentro y fuera del territorio nacional.
4. Participar en procesos de subasta de medios básicos en pie de igualdad y transparencia. Cero piñatas con tierras, industrias y maquinarias agrícolas.
5. Tener garantías contra expropiaciones de bienes o capitales por lo que cualquier conflicto legal tendría que ser juzgado por tribunales económicos y comerciales independientes.
Asimismo, reclaman “la liberación inmediata e incondicional de los ciudadanos que salieron el 11 de julio 2021 precisamente a exigir estos y otros derechos humanos imprescindibles”.
“Todo esto está asociado a la campaña Sin campo, no hay país, que llevamos desde el 2020, exigiéndole al régimen que haga cambios en la política de la agricultura, ya que la agricultura lleva un peso esencial en lo que realmente está sucediendo en el país”, indicó el presidente de la Liga de Campesinos, Esteban Ajete, asentado en Los Palacios, San Diego de los Baños, Pinar del Río.
La primera medida se refiere al hecho de que “las tierras son de quienes las trabajan, los campesinos y, sin embargo, más de un 78% de las tierras hoy está en manos de del Ministerio de la Agricultura y regidas por acopio y por otras organizaciones empresariales que en vez de ayudar al campesino lo que hacen es quitarle lo poco que tienen”, apuntó Ajete.
“Otras disposiciones que debería el Estado cubano adoptar sería la de otorgarle al campesino una personalidad jurídica propia y que también puedan decidir lo que van a cosechar. Hoy, el campesino tiene que cosechar lo que quiera el gobierno”, dijo el trabajador agrícola.
Se espera que la Administración Biden anuncie medidas que permitan a los estadounidenses ayudar directamente a las micro, pequeñas y medianas empresas en Cuba (mipymes), incluso que autorice préstamos a estas compañías, según varios reportes de prensa que así lo indican.
El gobernante Miguel Díaz-Canel, desde Nueva York, invitó a los exiliados a invertir en el desarrollo económico de Cuba y aseguró que todos los que quieran contribuir con el país "serán bienvenidos".
Tres presos del 11J rechazan pasar a régimen de menor severidad por considerarlo indigno

Los presos políticos Loreto Hernández García, Donaida Pérez Paseiro y Arianna López Roque se han negado a aceptar el paso a un régimen de menor severidad por considerar este beneficio humillante e indigno.
Desde Miami, el opositor Jorge Luis García Pérez, conocido por Antúnez, hermano de Loreto Hernández, comunicó la decisión a Martí Noticias.
“El viernes 22 de septiembre fueron visitados, fueron interrogados por un alto oficial de la policía política, quienes vinieron proponiéndoles régimen de mínima severidad con el consiguiente derecho a recibir pase, o sea, visitas a sus casas. Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro rechazaron esta propuesta. Pérez Paseiro aclaró que ella como madre y familia deseaba de todo corazón abrazar a sus hijos y disfrutar con la familia, pero por cuestiones de principio prefería esperar a cumplir su condena de 8 años de privación de libertad”.
Loreto Hernández García y su esposa, la activista Donaida Pérez Paseiro, integrantes de la asociación “Yorubas Libres de Cuba”, fueron sentenciados a 7 y 8 años de cárcel, respectivamente, por manifestarse en Placetas, Villa Clara durante las protestas del 11 de julio de 2021.
“Ellos desde el principio dijeron que ellos no iban a aceptar beneficios. Ellos saben que están presos injustamente”, dijo desde Placetas Rosabel Sánchez, hija de Loreto Hernández.
Rosabel indicó además que se siente orgullosa de su padre, quien se mantiene firme en sus ideas, a pesar de presentar una delicada situación de salud que lo llevó a un reciente ingreso en el hospital provincial de Santa Clara, debido a una neuropatía diabética.
“Yo los apoyo en lo que ellos decidan y eso me enorgullece también porque no todo el mundo es el que se niega”, precisó.
Tanto Loreto como su esposa Donaida cumplen sus condenas en la cárcel de Guamajal, donde también cumple sentencia la opositora Arianna López Roque, sancionada en 2022 a 8 años de cárcel bajo los cargos de desórdenes públicos, desacato y atentado, por su participación en Placetas, Villa Clara, en las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021.
Por otra parte, Antúnez ofreció se refirió a la repuesta que dio Arianna López a las autoridades cubanas al recibir la propuesta.
“Loreto y Donaida también en llamada telefónica a Rosabel, hija de Loreto, le aclararon que la líder opositora Arianna López Roque también había rechazado contundentemente esta propuesta, y les había dicho textualmente: Conmigo no quiero ni jueguitos, que yo soy una opositora y una presa plantada de pies a cabeza, dijo Ariana que, aunque no vuelva jamás a ver a sus hijos, no va a ceder”.
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