Derechos Humanos
Cuba bajo la lupa de las organizaciones de Derechos Humanos en 2017
A punto de concluir el 2017, el gobierno cubano sigue sin ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ni el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ni el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
La situación de los Derechos Humanos en Cuba ha continuado durante este año llamando la atención de gobiernos y organismos internacionales que han sumado sus voces a las denuncias desde la isla sobre las reiteradas violaciones del régimen castrista al ejercicio de las libertades civiles e individuales.
“Hoy el gobierno cubano recurre en una medida menor, en comparación con épocas anteriores, a penas de prisión prolongadas para castigar a sus críticos. Pero las detenciones arbitrarias por períodos breves de defensores de derechos humanos, periodistas independientes y activistas han aumentado en los últimos años. Otras tácticas represivas incluyen golpizas, denigración pública y el despido”, señaló Human Rigths Watch en su informe anual de 2017 sobre los derechos humanos en el mundo.
Esas detenciones arbitrarias y las nuevas tácticas represivas del régimen, son denunciadas y documentadas desde Cuba por activistas y organizaciones de derechos humanos como las Damas de Blanco y la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, (CCDHRN), entre otras.
La CCDHRN, que publica cada mes el resultado del monitoreo a las violaciones de derechos humanos en Cuba, ha documentado un promedio de 454 detenciones mensuales, en el periodo comprendido entre enero y noviembre de este año, con una cifra máxima de 578 detenciones el pasado mes de octubre.
Durante el pasado mes de noviembre la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, CCDHRN, pudo registrar por lo menos 302 detenciones arbitrarias temporales, por motivos políticos, de pacíficos disidentes cubanos, la segunda cifra más baja en lo que va del año 2017.
Al propio tiempo, la Comisión verificó 7 casos de agresiones físicas y 25 acciones de hostigamiento contra disidentes, acciones ejecutadas en todos los casos, por la policía política secreta del régimen comunista.
El gobierno no ha cesado de hostigar y reprimir a las Damas de Blanco, que cada domingo acuden a los templos y salen a las calles para exigir la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos.
En octubre, el gobierno impidió viajar fuera del país a la dirigente de las Damas de Blanco, Berta Soler. Fue la cuarta ocasión en lo que va de año en que las autoridades prohíben la salida de la opositora.
La organización, que tiene un sitio web en Internet, mantiene una detallada información semanal sobre el acoso y las detenciones arbitrarias a sus miembros.
“La violencia contra la mujer se agudiza y se extiende a todo el país. Las damas de blanco son detenidas violentamente por oficiales militares del Departamento Seguridad del Estado (policía política), la Policía Nacional Revolucionaria, las Brigadas de Respuesta Rápida y otras organizaciones represivas del Ministerio del Interior, para impedir asistan a la Misa dominical y lleven a cabo la campaña #TodosMarchamos por la Libertad de los presos políticos”, denunciaron las Damas de Blanco en una carta entregada en la Fiscalía General de la República en marzo.
Durante el 2017 la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHRC) establecida en 1992, con sede en Miami, publicó varios documentos sobre la situación de derechos humanos en Cuba entre los que se destacan el hostigamiento del gobierno a los cuenta propistas, y las condiciones de trabajo impuestas a los médicos y profesionales de la salud que el régimen envía a trabajar en el exterior.
La FDHC mantiene un contacto regular con los defensores de los derechos humanos y activistas cívicos que están trabajando para el cambio en Cuba a través de medios no violentos, y contactos con las organizaciones internacionales de derechos humanos.
Este año Archivo Cuba, con sede en Miami, preparó un informe sobre violaciones al derecho a la vida perpretradas por el gobierno cubano, que presentó el pasado 5 de octubre al Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas en conjunto con la Fundación de Derechos Humanos, de Nueva York, y Cubalex, de Tennessee, hasta hace poco radicada en Cuba.
La gestión procura que el Grupo de Trabajo de la ONU aborde el tema para el próximo Examen Periódico Universal (EPU) de Cuba en mayo próximo (2018).
El informe de 10 páginas resume el desprecio sistemático a la vida humana reflejado en las leyes y prácticas del Estado cubano y hace referencia al trabajo en progreso de Archivo Cuba, que documenta muertes o desapariciones.
Otras dos organizaciones vinculadas a los opositores y activistas cívicos cubanos que durante 2017 han continuado su monitoreo el de la situación de los derechos humanos en Cuba, son el Centro para una Cuba Libre, con sede en Washington D.C,y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid.
El OCDH denunció que se han producido 4.665 "detenciones arbitrarias" en Cuba desde enero de 2017, 306 de ellas en el mes de noviembre, en la mayoría de los casos (211) mujeres.
"El gobierno cubano persiste en su dinámica represiva" señaló la organización en una nota de prensa difundida el pasado 4 de diciembre en Madrid.
A punto de concluir el 2017 el gobierno cubano sigue sin ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ni el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —ambos firmados en febrero de 2008—, ni el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Tampoco ha reconocido la competencia del Comité contra la Tortura ni del Comité contra la Desaparición Forzada, ambos de las Naciones Unidas, para recibir y examinar comunicaciones presentadas por víctimas o por otros Estados miembros.
En los últimos diez años Cuba sólo ha permitido, la visita del Relator de Naciones Unidas sobre la Alimentación, Jean Ziegler (2007) y las relatoras sobre la Trata de Personas, y otro sobre Cooperación Internacional, ambas en este año.
A pesar de que Cuba invitó en el 2009 al Relator contra la Tortura, Manfred Nowak, el experto concluyó su mandato sin poder viajar la isla. La invitación fue reiterada hace cinco años al nuevo Relator, Juan A. Méndez, quien todavía espera la fecha del viaje.
Maria Grazia Giammarinaro, visitó a Cuba del 10 al 14 de abril de este año para evaluar la situación de la trata de personas, especialmente la de mujeres y niños. Su visita fue la primera realizada a la isla por un experto independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la última década.
Por su parte la relatora de la ONU sobre derechos humanos y solidaridad internacional, Virginia Dandan, viajó a Cuba para evaluar, los programas de cooperación que mantiene el gobierno cubano en el exterior.
Los resultados y recomendaciones de ambas visitas serán incluidos en sus respectivos informes especiales que se presentarán al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2018.
Para el Departamento de Estado de Estados Unidos, en Cuba tiene un gobierno un gobierno autoritario, que arresta arbitrariamente a activistas y opositores y limita libertades fundamentales.
La afirmación está contenida en el informe anual sobre derechos humanos en el mundo que elabora el Departamento de Estado, publicado en marzo de 2017.
Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI), entre otras, han denunciado el acoso y la represión a los disidentes, y en especial los casos de varios opositores que fueron arrestados tras la muerte de Castro.
En un comunicado emitido en marzo AI afirmó que la sentencia de tres años de cárcel al disidente cubano Eduardo Cardet por críticas a Fidel Castro tras su muerte es una “clara ilustración” de las restricciones a la libertad de expresión en Cuba.
No hay duda de que Cardet es un prisionero de conciencia que está tras las rejas por expresar sus ideas; no debe pasar un segundo más en prisión”, sostuvo Amnistía.
Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), fue sentenciado el 20 de marzo a tres años de prisión por sus críticas a Castro y continúa encarcelado.
Este año el caso cubano fue abordado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo de la OEA, como parte de su 161 Período de Sesiones.
Por otra parte la situación de los derechos humanos de los afrodescendiente en Cuba fue presentado en ante la CIDH por activistas del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, con sede en La Habana, que viajaron desde Cuba y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, con sede en Washington.
En su informe anual sobre los derechos humanos Human Rights Watch destacó que el gobierno restringe el desplazamiento de ciudadanos dentro de Cuba mediante la aplicación de una ley de 1997 conocida como Decreto 217, que tiene como propósito limitar la migración a La Habana.
“El decreto ha sido usado para hostigar a disidentes e impedir que personas de otras regiones de Cuba viajen a La Habana para asistir a reuniones”, subrayó HRW.
La Red de Cultura Inclusiva de Cuba, con sede en la isla, documentó casos de vulneración contra los derechos de las personas con discapacidad cometidos por el Estado cubano los cuales presentó ante la CIDH en México.
En septiembre, los activistas Rolando Ferrer, Juan Goberna, Acelia Carvajal y César Méndoza, miembros de la Red, viajaron a la capital azteca para denunciar al gobierno cubano que empeñado en no afectar sus estadísticas de mortalidad infantil "opta por no registrar a estos niños cuando presentan un alto riesgo de morir".
Freedom House y Amnistía Internacional, publicaron a principios de noviembre sendos informes relacionados con la situación de los derechos humanos en Cuba.
Freedom House clasificó a Cuba como el país con más censura sobre Internet en este Hemisferio y alertó de la situación de periodistas independientes, las "detenciones periódicas" que sufren.
Por su parte AI denunció que los críticos del gobierno se enfrentan a un futuro de acoso en el empleo, ya que las autoridades utilizan su control sobre el mercado laboral como herramienta adicional de represión.
Muchas personas en Cuba se sienten asfixiadas por unos mecanismos de control estatal sobre su vida cotidiana. Parte de ese control es: si quieres mantener un empleo, tienes que estar de acuerdo con todo lo que diga el gobierno”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Ahora que Raúl Castro se dispone a abandonar su cargo en febrero de 2018, Cuba tiene la oportunidad de iniciar un diálogo significativo sobre derechos humanos. Es imperativo que el país empiece a hacer los cambios necesarios para que la libertad de expresión se convierta en una realidad para la población”, destacó el informe.
(Resumen elaborado a partir de artículos publicados en Martí Noticias)
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Informe revela secretismo en las elecciones municipales en Cuba
A lo largo de los primeros meses de 2024, tuvieron lugar en Cuba numerosas elecciones para cubrir vacantes en las Asambleas Municipales del Poder Popular, en un proceso electoral poco transparente, revela un informe de Transparencia Electoral publicado por DemoAmLat.
Entre enero y febrero de 2024 se reportó la realización de numerosas elecciones para cubrir escaños municipales, sin poner a disposición del público los reportes de las asambleas de nominación que especifiquen lugar, fecha y hora; nombres y apellidos de los miembros de la Comisión Electoral de Circunscripción que actuaron en la asamblea; número de electores del área y número de los asistentes; candidatos que fueron propuestos, con expresión de sus nombres y apellidos, así como de cada uno de ellos, su edad, sexo, estado civil, último grado de escolaridad vencido, estudios que realiza, calificación profesional, ocupación actual, organizaciones a las que pertenece, lugar de su residencia y número de votos obtenidos; nombres y apellidos del candidato nominado y constancia de que aceptó la nominación; y firmas de los miembros de la Comisión Electoral de Circunscripción y del candidato nominado.
"La organización de las votaciones fue aún más opaca: no hubo prácticamente aviso previo, no se reportó una campaña para pedir el voto en los medios de comunicación, ni tampoco la legalmente obligatoria publicación de las biografías de los candidatos (confeccionadas por las Comisiones de Candidaturas) para su distribución a la vista del público. En última instancia, el único reporte de que estos procesos tuvieron lugar se vio en las publicaciones en redes sociales por parte del ente electoral durante la realización de la votación misma y después, sin que siquiera se reportaran los resultados", denuncia la investigación.
El Consejo Electoral Nacional (CEN) en Cuba incurrió en "graves deficiencias en cuanto a la transparencia, la independencia y la legitimidad de los procesos electorales".
Entre los múltiples errores en este proceso el informe destaca la llamada "influencia vertical del régimen sobre la gestión electoral", por la falta de separación entre el Estado, el Partido Comunista de Cuba y las autoridades electorales. También la falta de observación electoral independiente, de libertades políticas durante los procesos electorales y de transparencia en la comunicación sobre las vacantes producidas y los procesos electorales subsiguientes.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia aumento de la represión tras protestas del 17M
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció un aumento de las acciones represivas en el mes de marzo contra intelectuales y periodistas independientes en la isla y miembros de la sociedad civil en general.
“Nos preocupa, tremendamente, el aumento de la represión que se está viendo en las últimas semanas, incluso con el empleo de violencia en contra de académicos, activistas, prisioneros políticos y periodistas independientes”, indicó a Martí Noticias Yaxis Cires, director de Estrategias de la entidad con sede en Madrid, España.
“Nos unimos a la preocupación que manifiesta la iglesia en cuanto a la gravedad de la situación socioeconómica del país. En ningún caso la respuesta está en la represión y la violación a los derechos humanos", dijo Cires e hizo referencia a la importancia de que se produzcan "cambios políticos, económicos y sociales" que garanticen al pueblo "desarrollar su vida en libertad y con prosperidad”.
A finales de marzo, la Seguridad del Estado citó y amenazó con encarcelar al secretario General de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), el preso político en licencia extrapenal Iván Hernández Carrillo, por “poner en peligro el orden constitucional y mercenarismo”.
Asimismo, sucedió con el ex preso político Luis Darién Reyes Romero, intimidado con una pistola en plena calle de La Habana Vieja por un agente vestido de civil.
El Observatorio también resaltó los casos de los periodistas independientes José Luis Tan Estrada, multado con 3,000 pesos por “violar el Decreto Ley 370” y de Camila Acosta detenida el domingo en Cárdenas, provincia de Matanzas, cuando se dirigía a visitar a familiares de presos políticos.
“No hablaron conmigo, no me dieron explicación, simplemente me montaron en la patrulla en Cárdenas y me dijeron que me mandaban para La Habana”, señaló Acosta tras ser liberada.
Otro de los casos recientes fue el arresto arbitrario de la académica Alina Bárbara López Hernández, a quien le diagnosticaron una “luxación humeral derecha (esguince del hombro derecho)” y una “subluxación en el pulgar de la mano izquierda”.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos reportó, recientemente, que la represión en Cuba repuntó durante el mes de marzo, principalmente luego de las protestas del día 17.
La organización detalló que, en el transcurso del mes, se registraron un total de 374 hechos represivos, casi cien más que las ocurridas durante febrero.
Denuncian humillante registro a preso político Félix Navarro en Agüica
Mandos de la prisión matancera Agüica practicaron un registro corporal “humillante” al preso político Félix Navarro, denunció su esposa Sonia Álvarez Campillo a Martí Noticias.
Antes de salir a encontrarse con su familia en la visita reglamentaria que le correspondió este martes, el Segundo Jefe de Orden Interior, Noslén Pedroso Sotolongo, requisó de forma degradante al preso político de 70 años:
“Le quitó dos pomos plásticos, y lo peor y más humillante, fue que lo hizo desnudarse. Le mandó a quitarse la prótesis dental, a abrir la boca, levantar los brazos para revisarle las axilas y quitarse los zapatos para revisarle la planta de los pies”.
Naciones Unidas ha convocado a los Estados Partes a que se aseguren de que, en sus territorios, las personas privadas de libertad, que son especialmente vulnerables, no sean sometidas a la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El centro de asesoramiento legal Cubalex ha alertado que el Reglamento del Sistema Penitenciario de Cuba, no tiene una prohibición expresa de la tortura por lo que los reclusos están sujetos al fuero militar y al uso excesivo de la fuerza y la violencia física y verbal.
“Al regresar al interior del penal, este mismo militar le quitó a Félix un pedazo de papel sanitario que llevaba en el bolsillo”, lamentó Álvarez Campillo.
Navarro, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue sentenciado tras las protestas del 11 de julio de 2021, a 9 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado y desorden público.
Álvarez Campillo ha entregado varias quejas a los órganos responsables sobre el tratamiento que dan las autoridades de la cárcel a su esposo, pero el propio Navarro ha denunciado, en numerosas ocasiones, los procedimientos denigrantes del personal penitenciario con los reclusos, así como los abusos ejecutados con la complicidad de la Fiscalía Militar.
“Este militar es un abusador, golpea a los presos, hace todo lo que le da su antojo y en cualquier momento puede matar a cualquiera, pero está apadrinado por el teniente coronel Emilio Cruz, Jefe de la prisión”, indicó la esposa.
De igual modo, la familia ha reclamado ante la Fiscalía, una atención médica adecuada para Navarro, enfermo de diabetes y ha responsabilizado del riesgo que corre el preso político “a la Seguridad del Estado, al régimen y al jefe de la prisión de Agüica, Emilio Cruz”.
No obstante, los responsables del establecimiento penitenciario no han garantizado la asistencia de salud que requiere el prisionero: “sigue muy delgado con sus problemas de la diabetes”, afirmó Álvarez.
En los meses de octubre y noviembre pasados, Navarro sufrió pérdidas de conocimiento, presuntamente, producidas por hipoglicemias.
Junto a Félix fue presa su hija Saily Navarro, sancionada a ocho años de prisión tras las marchas del 11 de julio de 2021.
Consejo de Relatores de Derechos Humanos en Cuba denuncia el caso de tres presos políticos
El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, a través del abogado Juan Carlos González Leyva, ha denunciado la situación de tres presos políticos: Taimir García Meriño, Eglis Heredia Rodríguez y Jorge Cervantes.
La presa política, residente de Victoria de las Tunas, fue condenada en el mes de marzo de 2022 a cinco años de prisión por los presuntos delitos de atentado, desórdenes públicos y desacato. La mujer encarcelada por respaldar a un trabajador independiente, a quien inspectores estatales y agentes policiales imponían una elevada multa por vender plantas medicinales, se encuentra recluida en la prisión Granja Cinco en Camagüey.
“Taimir padece de seis enfermedades en estos momentos, muchas de ellas en crisis casi el mes completo. El año anterior fue diagnosticada con la vesícula acodada y ahí estamos esperando todavía que a la dictadura le dé la gana de llevarla a un salón de operaciones. Y bueno de las otras enfermedades, de la presión, de la diabetes... El medicamento hemos tenido que comprarlo en la calle, a altos precios, para poder mantenerla a ella con vida ahí en prisión, debido a que ellos no tienen medicamentos para los encarcelados”, advirtió Holmis Rivas Carmenate, el esposo de la activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).
En el caso de Eglis Heredia Rodríguez, recluido en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba, tras ser condenado en 2014 por el delito de atentado, el relator dijo que estaba "muy enfermo y sin asistencia médica para un cáncer de garganta muy avanzado que le impide hablar".
"Está extremadamente delgado debido a la hambruna y sufriendo malos tratos a manos de la guarnición de ese centro carcelario", agregó González Leyva.
Heredia Rodríguez había sido excarcelado con una licencia extrapenal por un cáncer que sufre en la laringe, pero esta medida fue revocada porque continuó con su activismo.
De acuerdo con el reporte de varios familiares y compañeros de prisión, la policía política le impide las visitas familiares.
También el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba denunció que el opositor de la UNPACU, Jorge Cervantes, fue trasladado de la cárcel de Aguadores, en Santiago de Cuba, para la prisión de máxima seguridad de Boniato, en la misma provincia, luego de protestar en huelga de hambre por varios días.
Cervantes está detenido desde el 12 de marzo y actualmente está bajo investigación por delitos contra la Seguridad del Estado.
En su caso aún no se ha hecho una petición fiscal.
"Jorge no acepta abogados porque él dice que eso es por gusto, al pasarse de los 10 días en huelga de hambre en Aguadores lo pasaron para Boniato”, dijo Gretchen Alfonso Torres, esposa del activista.
Denuncian "práctica represiva amplia y diversificada" en Cuba en marzo
Cuba registró en marzo pasado 388 incidentes de hostigamiento por parte de las autoridades, reportó la asesoría jurídica Cubalex, la cifra más alta desde agosto de 2022, cuando la organización comenzó a documentar cada mes las violaciones de derechos humanos en la isla.
"Durante el mes de marzo, Cuba fue testigo de las primeras protestas masivas del año 2024. A pesar de que el régimen cubano negó la represión, los hechos demuestran una práctica represiva amplia y diversificada", señaló la ONG en un informe publicado el martes.
El grupo con sede en Estados Unidos afirmó que algunos de los 388 incidentes de hostigamiento que registró su equipo de monitoreo estuvieron directamente relacionados con la represión de las protestas populares.
Según Cubalex, los incidentes se distribuyeron por todas las provincias y 59 municipios, incluyendo la Isla de la Juventud. En La Habana, Santiago de Cuba y Matanzas se registró el mayor número de actos represivos.
En el informe, Cubalex identificó los patrones de represión en relación con las protestas de marzo y cómo estas prácticas represivas "constituyen violaciones flagrantes de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución nacional, como la libertad de expresión, reunión, manifestación y asociación para fines lícitos y pacíficos", señala una nota de la organización.
La ONG precisó que para la elaboración del reporte se analizaron 719 registros que incluyen 331 noticias sobre el contexto y 388 eventos de represión ocurridos del 1 al 31 de marzo de 2024, y que los datos se obtuvieron principalmente de publicaciones en Facebook (333), sitios web de noticias (178), la red social X (135) y aportes directos a Cubalex (44).
La organización explicó que la represión en marzo se produjo en un contexto de crisis generalizada, en el que la población cubana volvió a sufrir apagones de más de 15 horas, el deterioro de los servicios públicos como el abasto de agua, el sistema de salud, la recogida de basura y la distribución normada de alimentos "que aparecen cuando las personas se lanzan a la calle a protestar". Mientras, señaló, el régimen invirtió "cuantiosos recursos para organizar eventos de propaganda internacionales, como el Coloquio Patria".
A principios de abril, Cubalex dijo en un comunicado que varios cubanos han sido detenidos, interrogados y amenazados por sus publicaciones en redes sociales tras las protestas de marzo en varias provincias del país.
"Registramos acciones represivas contra ciudadanos y activistas por sus publicaciones en redes sociales. Tales acciones contra la libertad de expresión representan una violación flagrante de los derechos humanos, evidenciando una alarmante tendencia de intimidación por parte del régimen, con el objetivo de silenciar las voces disidentes", señaló la ONG.
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