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Derechos Humanos

Cuba bajo la lupa de las organizaciones de Derechos Humanos en 2017

Represión contra las Damas de Blanco. (Archivo)
Represión contra las Damas de Blanco. (Archivo)

A punto de concluir el 2017, el gobierno cubano sigue sin ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ni el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ni el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

La situación de los Derechos Humanos en Cuba ha continuado durante este año llamando la atención de gobiernos y organismos internacionales que han sumado sus voces a las denuncias desde la isla sobre las reiteradas violaciones del régimen castrista al ejercicio de las libertades civiles e individuales.

“Hoy el gobierno cubano recurre en una medida menor, en comparación con épocas anteriores, a penas de prisión prolongadas para castigar a sus críticos. Pero las detenciones arbitrarias por períodos breves de defensores de derechos humanos, periodistas independientes y activistas han aumentado en los últimos años. Otras tácticas represivas incluyen golpizas, denigración pública y el despido”, señaló Human Rigths Watch en su informe anual de 2017 sobre los derechos humanos en el mundo.

Esas detenciones arbitrarias y las nuevas tácticas represivas del régimen, son denunciadas y documentadas desde Cuba por activistas y organizaciones de derechos humanos como las Damas de Blanco y la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, (CCDHRN), entre otras.

La CCDHRN, que publica cada mes el resultado del monitoreo a las violaciones de derechos humanos en Cuba, ha documentado un promedio de 454 detenciones mensuales, en el periodo comprendido entre enero y noviembre de este año, con una cifra máxima de 578 detenciones el pasado mes de octubre.

Durante el pasado mes de noviembre la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, CCDHRN, pudo registrar por lo menos 302 detenciones arbitrarias temporales, por motivos políticos, de pacíficos disidentes cubanos, la segunda cifra más baja en lo que va del año 2017.

Al propio tiempo, la Comisión verificó 7 casos de agresiones físicas y 25 acciones de hostigamiento contra disidentes, acciones ejecutadas en todos los casos, por la policía política secreta del régimen comunista.

El gobierno no ha cesado de hostigar y reprimir a las Damas de Blanco, que cada domingo acuden a los templos y salen a las calles para exigir la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos.

En octubre, el gobierno impidió viajar fuera del país a la dirigente de las Damas de Blanco, Berta Soler. Fue la cuarta ocasión en lo que va de año en que las autoridades prohíben la salida de la opositora.

La organización, que tiene un sitio web en Internet, mantiene una detallada información semanal sobre el acoso y las detenciones arbitrarias a sus miembros.

“La violencia contra la mujer se agudiza y se extiende a todo el país. Las damas de blanco son detenidas violentamente por oficiales militares del Departamento Seguridad del Estado (policía política), la Policía Nacional Revolucionaria, las Brigadas de Respuesta Rápida y otras organizaciones represivas del Ministerio del Interior, para impedir asistan a la Misa dominical y lleven a cabo la campaña #TodosMarchamos por la Libertad de los presos políticos”, denunciaron las Damas de Blanco en una carta entregada en la Fiscalía General de la República en marzo.

Carta entregada por las Damas de Blanco en la Fiscalía General de la República
Carta entregada por las Damas de Blanco en la Fiscalía General de la República

Durante el 2017 la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHRC) establecida en 1992, con sede en Miami, publicó varios documentos sobre la situación de derechos humanos en Cuba entre los que se destacan el hostigamiento del gobierno a los cuenta propistas, y las condiciones de trabajo impuestas a los médicos y profesionales de la salud que el régimen envía a trabajar en el exterior.

La FDHC mantiene un contacto regular con los defensores de los derechos humanos y activistas cívicos que están trabajando para el cambio en Cuba a través de medios no violentos, y contactos con las organizaciones internacionales de derechos humanos.

Este año Archivo Cuba, con sede en Miami, preparó un informe sobre violaciones al derecho a la vida perpretradas por el gobierno cubano, que presentó el pasado 5 de octubre al Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas en conjunto con la Fundación de Derechos Humanos, de Nueva York, y Cubalex, de Tennessee, hasta hace poco radicada en Cuba.

La gestión procura que el Grupo de Trabajo de la ONU aborde el tema para el próximo Examen Periódico Universal (EPU) de Cuba en mayo próximo (2018).

El informe de 10 páginas resume el desprecio sistemático a la vida humana reflejado en las leyes y prácticas del Estado cubano y hace referencia al trabajo en progreso de Archivo Cuba, que documenta muertes o desapariciones.

Otras dos organizaciones vinculadas a los opositores y activistas cívicos cubanos que durante 2017 han continuado su monitoreo el de la situación de los derechos humanos en Cuba, son el Centro para una Cuba Libre, con sede en Washington D.C,y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid.

El OCDH denunció que se han producido 4.665 "detenciones arbitrarias" en Cuba desde enero de 2017, 306 de ellas en el mes de noviembre, en la mayoría de los casos (211) mujeres.

"El gobierno cubano persiste en su dinámica represiva" señaló la organización en una nota de prensa difundida el pasado 4 de diciembre en Madrid.

A punto de concluir el 2017 el gobierno cubano sigue sin ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ni el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —ambos firmados en febrero de 2008—, ni el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Tampoco ha reconocido la competencia del Comité contra la Tortura ni del Comité contra la Desaparición Forzada, ambos de las Naciones Unidas, para recibir y examinar comunicaciones presentadas por víctimas o por otros Estados miembros.

En los últimos diez años Cuba sólo ha permitido, la visita del Relator de Naciones Unidas sobre la Alimentación, Jean Ziegler (2007) y las relatoras sobre la Trata de Personas, y otro sobre Cooperación Internacional, ambas en este año.

A pesar de que Cuba invitó en el 2009 al Relator contra la Tortura, Manfred Nowak, el experto concluyó su mandato sin poder viajar la isla. La invitación fue reiterada hace cinco años al nuevo Relator, Juan A. Méndez, quien todavía espera la fecha del viaje.

Maria Grazia Giammarinaro, visitó a Cuba del 10 al 14 de abril de este año para evaluar la situación de la trata de personas, especialmente la de mujeres y niños. Su visita fue la primera realizada a la isla por un experto independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la última década.

Maria Grazia, Relatora especial de la ONU
Maria Grazia, Relatora especial de la ONU

Por su parte la relatora de la ONU sobre derechos humanos y solidaridad internacional, Virginia Dandan, viajó a Cuba para evaluar, los programas de cooperación que mantiene el gobierno cubano en el exterior.

Los resultados y recomendaciones de ambas visitas serán incluidos en sus respectivos informes especiales que se presentarán al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2018.

Para el Departamento de Estado de Estados Unidos, en Cuba tiene un gobierno un gobierno autoritario, que arresta arbitrariamente a activistas y opositores y limita libertades fundamentales.

La afirmación está contenida en el informe anual sobre derechos humanos en el mundo que elabora el Departamento de Estado, publicado en marzo de 2017.

Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI), entre otras, han denunciado el acoso y la represión a los disidentes, y en especial los casos de varios opositores que fueron arrestados tras la muerte de Castro.

En un comunicado emitido en marzo AI afirmó que la sentencia de tres años de cárcel al disidente cubano Eduardo Cardet por críticas a Fidel Castro tras su muerte es una “clara ilustración” de las restricciones a la libertad de expresión en Cuba.

AI colecta firma a favor de la libertad de Eduardo Cardet
AI colecta firma a favor de la libertad de Eduardo Cardet

No hay duda de que Cardet es un prisionero de conciencia que está tras las rejas por expresar sus ideas; no debe pasar un segundo más en prisión”, sostuvo Amnistía.

Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), fue sentenciado el 20 de marzo a tres años de prisión por sus críticas a Castro y continúa encarcelado.

Este año el caso cubano fue abordado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo de la OEA, como parte de su 161 Período de Sesiones.

Por otra parte la situación de los derechos humanos de los afrodescendiente en Cuba fue presentado en ante la CIDH por activistas del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, con sede en La Habana, que viajaron desde Cuba y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, con sede en Washington.

Madrazo Luna toma la palabra en la audiencia de la CIDH. FOTO CIDH
Madrazo Luna toma la palabra en la audiencia de la CIDH. FOTO CIDH

En su informe anual sobre los derechos humanos Human Rights Watch destacó que el gobierno restringe el desplazamiento de ciudadanos dentro de Cuba mediante la aplicación de una ley de 1997 conocida como Decreto 217, que tiene como propósito limitar la migración a La Habana.

“El decreto ha sido usado para hostigar a disidentes e impedir que personas de otras regiones de Cuba viajen a La Habana para asistir a reuniones”, subrayó HRW.

La Red de Cultura Inclusiva de Cuba, con sede en la isla, documentó casos de vulneración contra los derechos de las personas con discapacidad cometidos por el Estado cubano los cuales presentó ante la CIDH en México.

En septiembre, los activistas Rolando Ferrer, Juan Goberna, Acelia Carvajal y César Méndoza, miembros de la Red, viajaron a la capital azteca para denunciar al gobierno cubano que empeñado en no afectar sus estadísticas de mortalidad infantil "opta por no registrar a estos niños cuando presentan un alto riesgo de morir".

Freedom House y Amnistía Internacional, publicaron a principios de noviembre sendos informes relacionados con la situación de los derechos humanos en Cuba.

Freedom House clasificó a Cuba como el país con más censura sobre Internet en este Hemisferio y alertó de la situación de periodistas independientes, las "detenciones periódicas" que sufren.

Por su parte AI denunció que los críticos del gobierno se enfrentan a un futuro de acoso en el empleo, ya que las autoridades utilizan su control sobre el mercado laboral como herramienta adicional de represión.

Muchas personas en Cuba se sienten asfixiadas por unos mecanismos de control estatal sobre su vida cotidiana. Parte de ese control es: si quieres mantener un empleo, tienes que estar de acuerdo con todo lo que diga el gobierno”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Ahora que Raúl Castro se dispone a abandonar su cargo en febrero de 2018, Cuba tiene la oportunidad de iniciar un diálogo significativo sobre derechos humanos. Es imperativo que el país empiece a hacer los cambios necesarios para que la libertad de expresión se convierta en una realidad para la población”, destacó el informe.

(Resumen elaborado a partir de artículos publicados en Martí Noticias)

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Castigan a joven que escribió "Patria y Vida" con sangre en las paredes del Combinado del Este

Onaikel Infante Abreu
Onaikel Infante Abreu

Onaikel Infante Abreu fue detenido después que desplegara una sábana en la azotea de su casa con expresiones contra el régimen.

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Las autoridades del Combinado del Este castigaron al preso político Onaikel Infante Abreu por escribir con su sangre en una de las paredes de la celda que comparte con otros reclusos frases pidiendo libertad.

“Desde el domingo me lo tienen con las ‘shakiras’ puestas porque escribió con la sangre del dedo - que se cortó el dedo- y escribió ‘Patria y Vida’, ‘libertad para los presos políticos’, ‘no más hambre para pueblo’", relató a Martí Noticias, la esposa Sujai Acosta Toscano.

‘Shakira’ se le llama en Cuba a una forma de tortura usada por las autoridades penitenciarias para restringir la movilidad de los reos que consiste en una cadena que se coloca alrededor de la cintura, a la cual se esposan las manos y se une con otra cadena a esposas colocadas en los tobillos.

“Él dice que ya no aguanta más, que está mirando que se están muriendo las personas de hambre. Allí, ahora mismo están tomando col hervida con sal. Cada día se mueren 3 o 4 de hambre ahí en la prisión”, señaló Acosta Toscano.

Encarcelado desde el 27 de octubre de 2023, Infante Abreu, de 35 años, está bajo un proceso de investigación penal presuntamente por los delitos de Alteración del orden público y Portación de armas.

Fue detenido por efectivos de las Tropas Especiales después que, encaramado en la azotea de su vivienda del municipio capitalino Playa; desplegara una sábana con las expresiones "Patria y Vida", "Libertad", "Abajo Díaz-Canel", "Abajo los Castro" y "Comida para el pueblo".

Luego de ser interrogado por varios días en el cuartel general de la Seguridad del Estado, conocido como Villa Marista, Infante fue internado en prisión preventiva en el Combinado del Este de La Habana.

“No le dicen si tiene juicio, no le dan ningún papel, no aclaran bien de qué lo acusan. En Villa Marista le enseñaron las fotos de dos muchachas y un muchacho y le dijeron que ellos eran los que le estaban pagando para hacer lo que hizo”, lamentó la mujer.

El Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) divulgó lo ocurrido al joven habanero y recordó que “el uso de carteles como forma de expresión de disenso es una de las libertades más perseguidas por el régimen cubano”.

"Seguiremos de pie, porque somos resistencia", prometen los presos del 11J en Placetas

Los presos políticos Arianna López, Loreto Hernández y Donaida Pérez. (Collage de fotos tomas de redes sociales)
Los presos políticos Arianna López, Loreto Hernández y Donaida Pérez. (Collage de fotos tomas de redes sociales)

Desde la prisión de Guamajal, en Villa Clara, los presos políticos Donaida Pérez, Loreto Hernández y Arianna López envían una carta al pueblo cubano en la que ratifican sus posiciones políticas como opositores que buscan "un futuro mejor para sus hijos y nietos"

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Los presos políticos del 11J Arianna López Roque, Donaida Pérez Paseiro y Loreto Hernández García subscribieron una carta en la que afirman que seguirán adelante en su lucha por construir un futuro mejor para sus hijos y nietos en Cuba.

Loreto Hernández y su esposa, Donaida Pérez, ambos integrantes de la asociación "Yorubas Libres de Cuba", fueron sentenciados a siete y ocho años de cárcel respectivamente por manifestarse en Placetas, Villa Clara, durante las protestas del 11 de julio de 2021.

Por el mismo motivo López Roque cumple ocho años de privación de libertad. Los tres cumplen su condena en la cárcel de Guamajal, en Villa Clara.

Desde Miami, donde reside, el expreso político Jorge Luis García Pérez, conocido como “Antúnez”, hermano de Loreto Hernández, dio a conocer parte del contenido de la misiva.

“A nuestro pueblo lo convocamos a encontrar y sacar afuera esa sangre mambisa que todos llevamos dentro para terminar de una vez y por todas con tantos años de sufrimiento (...) Seguiremos adelante porque tenemos la esperanza de poder construir un futuro mejor para nuestros hijos y nietos, pero primero debemos acabar con esa empresa criminal conjunta que desgobierna nuestra patria”, afirmó.

Loreto Hernández, Donaida Pérez y Arianna López envían desde prisión carta al pueblo de Cuba
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“En esa carta ellos ratifican su condición de presos políticos plantados, es decir: que continúan rehusándose a formar parte, a participar en el programa de adoctrinamiento y mal llamada reeducación, programa ese concebido para delincuentes comunes”, explica Antúnez.

“Ellos continúan rechazando el sinnúmero de ofertas vergonzosas que les han hecho en varias oportunidades a cambio de que, si ellos desisten de su postura política, pueden ser liberados”, agregó el opositor exiliado en EEUU.

Exponen casos de violencia institucional en Cuba ante la CIDH

Los panelistas de la audiencia de la CIDH "Cuba: Violaciones a los Derechos Humanos en el contexto de la violencia institucional".
Los panelistas de la audiencia de la CIDH "Cuba: Violaciones a los Derechos Humanos en el contexto de la violencia institucional".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos escuchó numerosos testimonios de cómo el Estado cubano ejerce la violencia contra la ciudadanía

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Las diferentes formas de violencia institucional en Cuba fueron el tema de una audiencia este jueves en el 190 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

Camila Rodríguez, que dirige el grupo de Trabajo sobre detenciones por motivos políticos Justicia 11J, dijo que de acuerdo a su registro, al menos 1.584 personas fueron detenidas en las protestas del 11 de julio del 2021 y que 669 permanecen tras las rejas.

Añadió que “entre inicios del mes de julio de 2023 y este 8 de julio, al menos 240 personas privadas de libertad por participar en las protestas del 11J han sido víctimas de incidentes represivos o violatorios de sus derechos en las cárceles del país”

“En esta audiencia expresamos nuestra preocupación por la salud, e integridad de todas las personas privadas de libertad en Cuba, en especial de los manifestantes del 11J, quienes se enfrentan a condenas privativas de libertad que en algunos casos superan los 20 años”, expresó.

Muertes bajo custodia

Sobre el tema de la muerte bajo custodia habló Giselle Morfi, jefa del equipo legal de Cubalex.

Morfi dijo que su organización ha hecho un análisis de los patrones represivos identificados que abarcan la muerte en custodia policial y las de los reclutas del Servicio Militar en Cuba, durante el periodo del 1ro de enero del 2022 al 31 de enero del 2024.

“Cubalex registró 56 muertes bajo custodia. Este conteo incluye que personas detenidas por resolución judiciales, detenciones temporales por la policía, reclutas en Servicio Militar y dos mujeres víctimas de feminicidio por inacción de funcionarios que debían proporcionarles protección estatal específica”, explicó.

Entre los patrones de causa de muerte que pudieron identificar están la negación de atención médica, el suicidio, el uso excesivo de la fuerza, la huelga de hambre y accidentes laborales en centros penitenciarios, entre otros.

“Los patrones identificados por Cubalex reflejan profundas deficiencias en el sistema de custodia y detención en Cuba, evidenciando la necesidad urgente de reformas para mejorar las condiciones de detención, asegurar el acceso a atención médica adecuada y garantizar la protección y seguridad de todos los individuos bajo custodia del Estado, especialmente aquellos en situaciones de vulnerabilidad extrema”, expresó la experta.

Afrodescendientes en el sistema carcelario

Por su parte, María Matienzo, del Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género, presentó cuatro patrones fundamentales que caracterizan a la perfilación racial en Cuba: disparidad racial y discriminación sistémica; un patrón de muerte significativa debido a la violencia policial contra afrodescendientes; leyes que teóricamente garantizan la igualdad pero no se implementan efectivamente para proteger a los afrodescendientes; y la criminalización y marginalización.

“Los afrodescendientes que representan un 9.3% de la población y los mestizos, el 26.6%, están sobrerrepresentados en el sistema carcelario y en las víctimas de la violencia policial”, dijo Matienzo.

Feminicidios

Los feminicidios frente a la negligencia estatal fue el tema presentado por Yanelys Nuñez Leiva, del Observatorio de Género Alas Tensas.

La activista señaló que entre 2019 y 2023, según registros parciales de su organización, “208 mujeres fueron asesinadas, con al menos 24 de ellas habiendo denunciado a sus agresores, en su mayoría parejas y exparejas. Se constató un historial de violencia de género en, al menos, 22 de estos casos”.

“Ante estos crímenes, el gobierno cubano ha negado siempre su responsabilidad, argumentando que existe una voluntad política y un interés estatal en eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres. Sin embargo, la ausencia de refugios y de sistemas de rescate para mujeres y sus hijas en peligro, la no tipificación del feminicidio dentro del Código Penal, la falta de preparación del personal jurídico y policial y la inexistencia de medidas integrales de atención a la violencia de género sólo confirman la complicidad del Gobierno frente a esta problemática social y lanza un mensaje de impunidad a los agresores”, dijo Nuñez Leiva.

La Dama de Blanco, Leticia Ramos, denunció la continua represión y la persecución por parte del gobierno cubano hacia los miembros de esa organización, que incluye detenciones arbitrarias y amenazas constantes contra ellas y sus familiares.

Ramos señaló además que cinco Damas de Blanco están en prisión injusta debido a su activismo y su defensa de los derechos humanos.

Por último, Yanitza Sánchez, del Programa para América Latina del Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos, presentó varias peticiones a la CIDH, entre ellos, que se exija la liberación inmediata de las personas privadas de libertad por motivos políticos, antes y después de las manifestaciones del 11 de julio de 2021; que se clasifiquen las muertes de reclutas del Servicio Militar como muertes en custodia y que se exija al Estado cubano el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de sus obligaciones para preservar la vida de las y los ciudadanos y más si se encuentran bajo custodia policial o en instalaciones del Estado.

También pidieron que se exija al Estado cubano detener todas las formas de represión y violencia contra las personas defensoras de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, violencia física y tortura, estableciendo un mecanismo nacional independiente de protección de activistas, periodistas y otros actores de la sociedad civil.

Además, instan al Estado cubano a implementar medidas concretas para erradicar la discriminación racial y de género; promulgar una Ley Integral sobre la Violencia de Género y asegurar que todas las formas de violencia contra la mujer sean sancionadas de manera adecuada.

Familiares de José Daniel Ferrer piden apoyo internacional por la libertad del líder opositor

El opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).
El opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

La esposa de José Daniel Ferrer García pide ayuda a la comunidad internacional para exigir fe de vida del prisionero político, quien debió ser liberado el 1º de abril por cumplimiento de condena.

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Familiares del preso político José Daniel Ferrer García solicitan el apoyo de la comunidad internacional en una campaña para exigir fe de vida del líder opositor, a quien desde hace más de un año le niegan las visitas en la cárcel de Mar Verde, en Santiago de Cuba y quien debió ser liberado el pasado 1º de abril.

El preso político de 53 años era el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba cuando fue arrestado el 11 de julio de 2021, junto a su hijo José Daniel Ferrer Cantillo, en el momento en que ambos se sumaron al levantamiento popular en la ciudad de Santiago de Cuba.

Tras esta detención, al exprisionero de la Causa de los 75 le fue revocada una sanción de 4 años y 14 días que cumplía sin internamiento.

Desde Santiago de Cuba, la doctora Nelva Ismaray Ortega Tamayo explicó a Martí Noticias: "Yo, como esposa, en nombre de toda la familia Ferrer y de la organización de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), hago un llamado a la comunidad internacional; a todas aquellas personas, organizaciones, instituciones amantes de la libertad y la democracia, a que nos apoyen en una campaña que hemos iniciado exigiendo fe de vida de mi esposo".

"Desde el 1º de abril de este año, desde ese día, nadie de la familia ha tenido contacto, nadie ha recibido una llamada (...) desde marzo del año pasado, no le han dado derecho a llamadas telefónicas; no le han dado derecho a, ni siquiera, poderse sentar con nosotros en una visita familiar ni matrimonial", denuncia la esposa del opositor.

Inician campaña exigiendo fe de vida del prisionero político José Daniel Ferrer
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"Todos sus derechos están siendo violados, por eso, no solamente fe de vida, sino (pedimos) la restitución de todos sus derechos carcelarios, pero también los derechos humanos", afirmó la esposa de Ferrer.

"Agradecemos a todos los que quieran apoyar, no es necesario que salgan con un cartel. Si desean hacerlo, muy bien, aquellos que no puedan hacerlo con un cartel, hacerlo con un video de menos de un minuto. Exigir fe de vida. El 1º de abril era el cierre de la sanción de mi esposo; desde el 1º de abril tuvo que haber regresado para nuestro hogar y no sabemos nada de él", concluyó Ortega.

Ferrer ha sido reconocido por la Fundación Víctimas del Comunismo con la Medalla de la Libertad Truman-Reagan, entre otras distinciones por su defensa de los derechos humanos en Cuba.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Martí Noticias)

CIDH otorga medidas cautelares a favor del manifestante del 11J, Julián Manuel Mazola Beltrán

El manifestante del 11 de julio de 2021, Julián Manuel Mazola Beltrán, recluido en la prisión de Guanajay, La Habana.
El manifestante del 11 de julio de 2021, Julián Manuel Mazola Beltrán, recluido en la prisión de Guanajay, La Habana.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del preso político cubano Julián Manuel Mazola Beltrán tras contemplar que ha sufrido actos de violencia y agresión física, y que se encuentra desprotegido por parte de las autoridades penitenciarias.

La entidad continental considera que Mazola Beltrán está en una situación de gravedad y “sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Cuba”.

“Es muy importante que [la CIDH] haya tomado el caso, que le hayan prestado atención. Estas medidas cautelares de la CIDH dan visibilidad a mi hermano y lo ayudan a soportar el dolor de estar encarcelado injustamente, ya que él no cometió ningún crimen, solo manifestarse y pedir cambios, que, en ese momento, le hacían tanta falta al pueblo”, indicó a Martí Noticias, Yismely Morales Beltrán, la hermana del prisionero político.

El joven de 24 años fue apresado en las protestas del 11 de julio de 2021 en San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, y sentenciado a cinco años de privación de libertad por atentado, desacato y desórdenes públicos.

“Yo pienso que debería hacerse con todos los presos encarcelados por esta misma causa, que la gran parte de los que están presos políticos hoy en día por el 11 son manifestantes que salieron a la calle para pedir cambios, medicinas y comida, ya que Cuba estaba en una situación bastante crítica y hoy seguimos igual y lo único que han hecho es tomar represalias con ellos”, dijo Morales Beltrán.

La Comisión, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos aceptó como verdaderas las alegaciones de que durante su detención fue sometido a una golpiza "brutal" y sujeto a la tortura conocida como "la bicicleta".

El 22 de marzo de 2024, se reportó el intento de violación de un recluso común contra el prisionero político que está recluido “con personas de alta peligrosidad”, lo que califica como una "forma de castigo" o "negligencia", de acuerdo a la organización.

Las autoridades cubanas sometieron a un nuevo proceso penal al agresor de Mazola, “pero no han comunicado cuando se va a hacer el juicio”, relató Morales Beltrán.

“Intentó violar a mi hermano, lo agredió con un hacha y lo mordió en varias partes del cuerpo y está preso por violación”, agregó.

Yismely Morales Beltrán fue advertida por agentes de la Seguridad del Estado que cese sus denuncias en redes sociales sobre la situación de su hermano, bajo la amenaza de que tales acciones podrían agravar sus condiciones en prisión.

En consecuencia, con las informaciones recibidas, la CIDH solicitó al gobierno cubano que investigue los presuntos hechos relatados en la resolución, que “implemente las medidas necesarias para que las condiciones de detención” de Mazola Beltrán se ajusten a los estándares internacionales y que se asegure que el preso político “no sea objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos o actos de violencia”.

Asimismo, pidió que comunique las acciones que tomen en el sentido de proteger la integridad física de Mazola Beltrán. Sin embargo, el Estado cubano no ha respondido a las preguntas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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